Aunque en medios de comunicación y redes sociales a veces se visibiliza el tremendo impacto que tuvo la cuarentena obligatoria en cuanto al cierre de espacios culturales en general (estadios, teatros, cines, centros culturales, museos, ferias, librerías, galerías, etc.), lo cierto es que esta angustiante parálisis no puede esconder el hecho de que lxs artistas y trabajadores de la cultura ya nos encontrábamos en situaciones críticas de vulnerabilidad desde mucho antes, en un contexto laboral de absoluta precarización laboral e inestabilidad legal.
Como sucedió con muchos otros sectores sociales, para la cultura la epidemia sólo vino a profundizar tendencias, contradicciones y crisis preexistentes, llevando a la quiebra a numerosxs artistas y a casi todos los espacios antes mencionados y dejando un miles de trabajadorxs del sector (en un sentido que incluye a iluminadorxs, bailarinxs, vestuaristas, camarógrafxs, músicxs, librerxs y decenas de otras profesiones vinculadas a la industria cultural) en una situación de absoluta indefensión. En la mayoría de estos trabajos la relación contractual, cuando no es “de palabra”, es por la vía de la facturación como monotributista, por lo que no hay ningún contrato o resguardo laboral al que acogernos ante la clausura de los espacios laborales habituales. No nos llegan la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) ni los hipotéticos acuerdos antidespido, dejando la generación de los ingresos vitales en manos de la propia iniciativa, lo que abre un inmenso abanico de desigualdades derivadas de la situación económica de base, los contactos previos, la familiaridad con los recursos tecnológicos, etcétera.
En ese contexto desesperante, sólo algunxs pocxs afortunadxs pudieron obtener el dichoso Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos; mientras que buena parte del sector intenta garantizarse la subsistencia (en los casos en los que la formación o la disciplina lo permiten) a través de cursos o talleres por teleconferencia. Pero gran parte de lxs trabajadorxs de la cultura ni siquiera cuentan con estas posibilidades y se ven obligados a buscar ingresos por medio de muy improbables changas por fuera de sus rubros.
En las últimas semanas, distintxs funcionarixs públicxs caracterizaron a la situación del sector como un verdadero “estado de emergencia”. El propio Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, la reconoció como “desesperante”. Ante esa realidad, el Ministerio de Cultura, en articulación con otros organismos estatales a nivel nacional, lanzó distintas iniciativas para paliar la situación de centro culturales, personas físicas y proyectos sociales vinculados con la producción cultural. Aunque estos programas pueden ayudar a lxs pocxs que logren acceder a ellos, se trata de apenas del intento de poner paños fríos a una coyuntura apremiante sin que pueda adivinarse ningún proyecto de fondo en el discurso oficial hacia el sector.
Bauer sostiene sin pudor en una entrevista reciente: “Decidimos que la palabra ´cultura´ estuviera muy presente en todas las medidas del gobierno, como el ingreso familiar de emergencia de Anses, la prórroga del contrato de alquiler, la tarjeta alimentaria”. Entendemos que estas medidas, tan reivindicables como insuficientes, apuntan a destinatarios específicos que no son precisamente lxs trabajadorxs de la cultura. La necesidad de reivindicar esas medidas como políticas hacia el sector cultural muestra con toda claridad la ausencia casi total de iniciativas específicas.
Desde el inicio de la cuarentena, muchas editoriales (grandes y pequeñas), productoras audiovisuales y cooperativas teatrales tuvieron el gesto solidario de liberar contenidos online en forma gratuita, en una actitud que fue reivindicada por gobiernos de nivel nacional, provincial o municipal, que no se cansan de remarcar la importancia de la “industria cultural” en el contexto de encierro. Pero las iniciativas son todas desde abajo, mientras que los aportes estatales para el sector resultan casi inexistentes.
Como ejemplos de medidas puntuales se pueden mencionar proyectos tales como el denominado “Cultura Argentina en casa”, por el cual ¡300! artistas cobrarían un ingreso de monto indefinido, así como un incierto número de becas de 20 mil pesos del Fondo Nacional de las Artes destinadas a “mitigar los efectos sociales y económicos durante la cuarentena”. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico y con mayor actividad cultural del país, apenas puede presumir de una “Noche de los balcones” que transcurrió sin pena ni gloria el pasado 22 de mayo.
En el mismo sentido va el “Fondo Desarrollar”, un fondo concursable destinado a brindar apoyo económico a espacios culturales con sede en cualquier punto del país. El objetivo del programa es apoyar el sostenimiento operativo de los espacios culturales con una ayuda económica que podrá destinarse a la cancelación de gastos corrientes u operativos. Para esto el Fondo puede aportar entre 100 y 200 mil pesos por única vez, según la capacidad del espacio. Aunque parezca un número más respetable que los 10 mil del IFE, basta con hacer algunas cuentas elementales para reconsiderarlo. Una boleta de electricidad de cualquiera de estos espacios (que en muchos casos no pudieron pagar siquiera las de febrero y marzo, cuando aún estaban en funcionamiento) puede llegar a 50 mil pesos y a esto hay que sumarle otros servicios, gastos de mantenimiento y salarios. Así, el fondo apenas aporta al pago de cuentas durante algo más de un mes, lo que no garantiza ni de lejos la subsistencia de los centros culturales, algo que también se traducirá en nuevas pérdidas de puestos de trabajo.
Por otro lado, la mayoría de los espacios culturales de toda índole tienen contratos de locación cada vez más difíciles de afrontar. Abogados culturales especializados en el tema denuncian que “mientras duran las medidas preventivas de aislamiento social, los espacios culturales tenemos contratos de locación vigentes y debemos revisar si corresponde el pago del alquiler mientras dure la situación de emergencia”. Aunque se anunciaron medidas para la suspensión de los aumentos, los alquileres -aun congelados- resultan imposibles de afrontar sin el funcionamiento de los espacios habituales de financiamiento (salas, bares, etc.). Ni que hablar de las personas que dependen de estos espacios para dictar sus clases, que en muchos casos también empiezan a deber sus propios alquileres por haber dejado de percibir ingresos.
Esta anemia de políticas públicas para el sector ya generó pronunciamientos de diversas organizaciones y agrupamientos de trabajadorxs del arte y la cultura (teatrerxs, músicxs, trabajadorxs audiovisuales y otrxs). La mayoría de los planteos coinciden en la necesidad de ampliar las políticas de apoyo, financiamiento y asignación de recursos al sector, considerando incluso la implementación de subsidios extraordinarios de 30 mil pesos mensuales hasta el fin de la cuarentena. También se aprecia un consenso en la necesidad de declarar la “emergencia cultural” como forma de habilitar beneficios específicos para artistas, cooperativas, centros culturales y otros espacios de arte y cultura. Más en general, resulta compartida la reivindicación de extender el IFE a lxs millones que quedaron fuera del mismo (también ampliándolo a otras categorías del monotributo más allá de las A y B), así como una cantidad de reclamos particulares de cada sector (por ejemplo, algunos musicxs proponen monetizar los shows vía streaming como alternativa ante la falta de recitales).
La profundización de la crisis llevó a miles de artistas y espacios a migrar de sus actividades a otras más redituables, en una dinámica que no sólo destruye el riquísimo entramado cultural del país sino que también establece una suerte de censura indirecta al ahogar las posibilidades expresivas de quienes ya no pueden llevar adelante sus proyectos artísticos y culturales por el cierre de todos los espacios. Luego de la cuarentena, el ecosistema cultural del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el más golpeado por ser donde más se extenderán las medidas de aislamiento, resultará irreparablemente dañado, considerando además que la crisis económica y social derivada de la epidemia planteará seguramente otro tipo de prioridades que harán que la industria cultural sea una de las últimas en reactivarse. Según todos los pronósticos, los recitales, el teatro, el cine o cualquier otro evento que pueda implicar aún pequeñas concentraciones de público quedarán suspendidas hasta fin de año, prolongando la gravísima crisis del sector más allá del fin de la cuarentena.
Lxs trabajadorxs de la cultura tenemos la obligación de señalar esta evidente contradicción entre un discurso oficial que no se cansa de destacar la importancia vital de nuestras producciones en este contexto de emergencia y la absoluta falta de políticas específicas de protección coyuntural, garantía de supervivencia y proyectos de mediano plazo. Desde esta toma de posición podremos contribuir a fortalecer los reclamos para que la asistencia deje de ser discursiva y repensar las condiciones particulares de nuestro quehacer cultural, hundido en la precarización desde hace ya demasiados años.
