Analisis de Democracia Socialista frente a la actual situación política y el proceso electoral
Las elecciones de medio término, donde somos convocadxs a votar por la renovación de un tercio de la Cámara de Senadores y medio de la de Diputados, nos encuentran cursando una serie de crisis que confluyen en ámbitos fundamentales de nuestras vidas.
El gobierno del Frente de Todos asumió en diciembre de 2019 con una alta expectativa popular, basada en una esperanza de cambio de 180 grados respecto del ajuste, el endeudamiento y la represión que caracterizaron a los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Coalición Cívica). Aunque la llegada de la pandemia de coronavirus sin dudas modificó los planes originales que tenía el gobierno encabezado por Alberto Fernández, los resultados actuales evidencian una continuidad del ajuste sobre el pueblo en todos los índices fundamentales de la vida, mientras que las diversas fracciones concentradas del capital sostienen su nivel de ganancias habitual o lo aumentan.
El Gobierno hoy centra su acción en atravesar la pandemia sin realizar grandes modificaciones de fondo respecto de la herencia macrista, renegociando la deuda externa y garantizando una mínima contención social a través de los sindicatos y los movimientos sociales. El mandato popular surgido de las urnas hoy ha sido en gran parte dejado de lado en pos de un programa que intenta relanzar la economía por medio de un fuerte recorte del déficit fiscal, la caída de los salarios reales, una creciente explotación medioambiental y la perspectiva de negociar la intensidad de la triple reforma que necesitan: fiscal, previsional y laboral.
Las derechas continúan siendo la apuesta del gran capital para un gobierno propio. Juntos por el Cambio aún paga el costo del fracaso de la administración encabezada dejando tras sí sectores ultraliberales y reaccionarios que los critican por derecha y pretenden disputar el mismo espacio político.
Por otro lado, las izquierdas perdieron relevancia política, al tiempo que las propias limitaciones le impiden intervenir decididamente en el actual escenario de crisis social, sanitaria y económica. Por primera vez en años existe la posibilidad de que la izquierda revolucionaria pierda representación parlamentaria, lo cual abrirá un nuevo escenario para el conjunto del espacio.
Es una necesidad imperiosa construir herramientas política de intervención propias, que superen los marcos de las organizaciones y permitan poner en pie una fuerza estructurada de carácter nacional, ecosocialista, feminista y anclada en los territorios. Mientras ese espacio continúe vacante, consideramos que un voto crítico a la izquierda es hoy necesario, pese a sus múltiples déficits y limitaciones
Aceptar la herencia, gestionar lo posible
La economía argentina sufre un estancamiento desde 2012 y experimenta una crisis abierta desde 2018. Los últimos años del kirchnerismo incubaron algunos de los problemas típicos de una economía dependiente: dificultades en lograr mayor nivel de redistribución de riquezas y una crónica falta de dólares. Este escenario se agravó con la liberalización de la economía durante los dos primeros años del macrismo, acelerando las peores tendencias a la crisis y haciendo retroceder los índices macroeconómicos que permitían sostener el discurso de una economía nacional supuestamente saludable. Durante los dos últimos años de Cambiemos el resultado fue el previsible: la agudización de la crisis y la carestía general de la vida. Entre 2018 y 2019 se consolidó una pérdida de salario real en torno al 20%, mientras que la desocupación superó el 10%. Esto se correlaciona con el 40% de pobreza y el 10,5% de indigencia que sufrimos en la actualidad, según las últimas cifras disponibles del INDEC.
El advenimiento de la pandemia, con sus necesarias restricciones mientras se acondicionaba un desfinanciado sistema de salud y se estudiaba el modo de propagación del virus, golpearon muy duramente al conjunto de la población por la falta de políticas estatales de contención. Esto impactó especialmente en quienes sufren el desempleo, las formas de contrataciones precarias, la ausencia de obra sociales y las extensas jornadas de trabajo por sueldos que no superan la línea de la pobreza, menos aún una canasta básica. En cuanto al sistema de salud, la reorganización para enfrentar la pandemia se basó mayormente en el movimiento de fondos dentro del presupuesto asignado, lo cual repercutió gravemente en el cuidado de otras enfermedades que se cobraron numerosas vidas en el último año y medio.
Además, la pandemia profundizó la crisis de salud mental preexistente. A la dramática situación en términos económicos, ecológicos, sociales y sanitarios debemos sumarle una profunda crisis subjetiva. Nuestros estados de ánimos se deterioraron ante la incertidumbre, el desgaste y el estrés laboral, el confinamiento, el temor al contagio, las violencias domésticas y barriales, la crisis de la reproducción y de los cuidados. La pandemia intensificó los colapsos y bloqueos afectivos, aumentando las experiencias de aturdimiento y cansancio, ansiedad y depresión, insomnio y angustia. Estos son “síntomas políticos” encarnados en nuestras vidas personales, con efectos desiguales en nuestros cuerpos y mentes por factores de género, clase y racialización, entre otros. En este marco, tanto los progresismos como las derechas y las industrias farmacéuticas, expulsan, culpabilizan y criminalizan a las personas con malestar. Pero esta coyuntura, por el contrario, reclama una respuesta anticapitalista, desde la cual impugnar la explotación, la precariedad y la desigualdad como determinantes de la crisis de nuestra salud mental. Necesitamos revertir la mercantilización de la salud mental y tratarla como un problema político integral.
La política de contención social específica para la pandemia fue muy acotada y no permitió llevar adelante el aislamiento necesario para “no salir a buscar al virus”. La esperada tercera edición del magro Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) nunca existió, en un marco de emergencia sanitaria y con restricciones de movilidad que ya tienen más de un año y medio de duración. Estos momentos de espera fueron acompañados por una dirigencia sindical que siempre desmovilizó, permitiendo que el primer año del Frente de Todos cierre con un nuevo golpe a lxs trabajadorxs: un retroceso de 2,9% del salario real. Asimismo, el fin del IFE y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, esas ayudas estatales para que las empresas completen el pago de los salarios), consolidaron un giro ortodoxo en términos fiscales: el déficit fiscal se redujo y la recaudación aumentó. Pero el Gobierno en vez de utilizar ese aumento para atenuar la grave crisis económica, decidió reducir la inversión social en uno de los peores momentos económicos y sanitarios. Los movimientos sociales nuevamente mostraron su trascendente rol de organización, así como de contención social (especialmente los oficialistas) en los momentos más duros de la crisis. El reconocimiento de las tareas de cuidado colectivo reclamado en la campaña “Somos esenciales” dió cuenta de una agenda ofensiva posible. Sin embargo, hoy las organizaciones, oficialistas o no, reciben un ataque por parte del nuevo ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, punta de lanza de la pretensión del Frente de Todos para canalizar la inversión social a través de los intendentes y no de organizaciones que no controlan directamente.
Durante el 2020 también tuvimos que observar cómo el derecho a la vivienda era baleado en Guernica. Las fuerzas represivas nuevamente hicieron uso y abuso de su poder gracias al rol protagónico que se les asignó como agentes de control de la movilidad, con numerosos casos de violencia policial, siendo la desaparición y asesinato de Facundo Castro el caso más visibilizado. También recrudecieron los femicidios y travesticidios.
Las conquistas obtenidas durante este período fueron fruto de movimientos preexistentes y superiores a los marcos de la alianza entre el kirchnerismo, el massismo y los gobernadores peronistas: tanto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como el cupo laboral trans son resultado de décadas de construcción por abajo, basadas en una militancia que a fuerza de organización y movilización impuso nuevas miradas a quienes hoy se embanderan de logros en derechos que antes ignoraban, desmerecían o boicoteaban.
Mención aparte merece el caso Vicentín, signado por el rápido retroceso del gobierno ante las presiones de propios y ajenos contra la posibilidad de estatizar una empresa quebrada fraudulentamente y con una deuda multimillonaria con el Estado que hubiera permitido intervenir y regular un mercado tan fundamental para el país como la producción y distribución de granos. También el control del tránsito fluvial por el Río Paraná, bajo el nombre de “hidrovía”, pasó de la promesa inicial de creación de una empresa estatal federal al anuncio de una nueva licitación abierta a las empresas transnacionales, evocando las mismas imágenes de gobernabilidad de lo existente.
Todo este escenario expresa la distancia entre el mandato popular surgido de las urnas de detener el ajuste del macrismo y revertir sus principales efectos y el accionar del Frente de Todos en el gobierno: la gestión “responsable” de la crisis económica y social vía la renegociación de la deuda con el FMI y la consecuente presión para avanzar con la triple reforma (fiscal, previsional y laboral), con un esquema de contención social garantizado por los movimientos sociales afines. El desánimo social existente es resultado del rumbo elegido por el elenco gobernante y también una excepción en un escenario latinaomericano plagado de levantamientos e insurrecciones frente a la carestía de la vida. Esto ha tenido también su traducción en las recientes elecciones de Salta y Corrientes, y previsiblemente se traslade a las PASO y las elecciones generales: la abstención y el voto en blanco pueden ser la novedad más relevante de este ciclo electoral.
La esperanza oficial descansa en lo que al mismo tiempo es la clausura del futuro más próximo: la depredación ambiental como condición de posibilidad del relanzamiento de la economía argentina. Vaca Muerta, la revitalización del precio de los commodities (especialmente la soja y el trigo transgénico) y los salarios que continúan perdiendo contra la inflación son la tríada sobre la cual el capitalismo argentino espera relanzar un nuevo ciclo de acumulación. Mientras tanto, entre movimientos sísmicos e incendios de pozos en Neuquén, la quema y destrucción de humedales y el consumo de agrotóxicos por habitante más grande del mundo, los cuerpos y los territorios sufren marcas difíciles de revertir.
La gestión de la pandemia tiene un saldo mixto. Las más de 110 mil muertes implican sin dudas una derrota inesquivable, al tiempo que la gestión de las vacunas y las apuestas tempranas a algunas de ellas parecen haber dado rédito, al menos con la información actualmente disponible. El reforzamiento del sistema de salud no fue suficiente para contrarrestar años de desfinanciamiento y gestión privada de salud con las ganancias como único eje de desarrollo. Al mismo tiempo, los años de ajuste dejaron una población vulnerable, especialmente quienes tenían padecimientos médicos previos que se intersectan con la angustiante realidad de los altos índices de desempleo, pobreza e indigencia.
Si el Frente de Todos asumió con el mandato de revertir el ajuste macrista, hoy podemos decir que no fue el programa que aplicó. Para después de las elecciones se prepara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a cimentar una deuda ilegal e ilegítima que limitará fuertemente la capacidad de crecimiento durante los próximos años. De consolidarse este escenario, corremos el riesgo de que la desilusión generalizada en amplios sectores de la población se transforme en una resignación pasiva que pavimente el retorno de la derecha al gobierno. Es imprescindible la construcción de una alternativa.
Negacionismo, odio de clase y el programa del gran capital
La derecha, aún transitando la vergonzosa salida del gobierno de Mauricio Macri, persiste con el programa de ajuste que la movilización popular de diciembre de 2017 no le permitió concretar. Aunque el Frente de Todos privilegió la ganancia empresaria por sobre los salarios de lxs trabajadorxs, numerosos sectores de las clases dominantes no lo reconocen como un gobierno plenamente propio y apuestan a Juntos por el Cambio como instrumento político para reintentar una nueva ofensiva general para instalar las versiones más radicalizadas de la triple reforma. El recambio en la dirección del PRO, con Larreta como nueva cara visible a nivel nacional, intenta recomponer la imagen tras el mal gobierno macrista pero sin cambios programáticos de relevancia.
La pandemia representó para la derecha un momento de auge. Con llamados abiertos a ignorar las medidas sanitarias, varias veces incursionaron en el negacionismo y el darwinismo social, llamando a que “se mueran los que se tengan que morir” (quienes tuvieran que salir a ganarse el mango para sobrevivir, nunca los poderosos) y rechazando las pocas ayudas que el Estado envió. También realizaron numerosas manifestaciones, dando aire a teorías conspiracionistas y realizando demandas judiciales que rozaban el “terraplanismo político”, fomentadas a nivel internacional por los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Con el crecimiento de casos y muertes por la pandemia, cambiaron su eje discursivo a la apertura de escuelas, instrumentalizando cínicamente el sufrimiento de lxs niñxs en cuarentena, cuando durante su gobierno permanentemente desfinanciaron la educación, atacaron las condiciones laborales y salariales de lxs docentes y buscaron imponer un paradigma educativo neoliberal y para la desigualdad.
La radicalización del discurso de la alianza derechista tuvo frutos: personajes marginales como los economistas José Luis Espert o Javier Milei comenzaron a tener mayor presencia mediática y hoy compiten con las candidaturas de Juntos por el Cambio. Aunque aún resta por verse cuánto de su capital mediático se transforma en electoral, la derecha ultraliberal y conservadora representa por primera vez post 2001 una opción con chances efectivas de lograr bancas. La frustración de sectores del empresariado con la alianza gobernante durante 2015 y 2019 garantiza un apoyo económico decisivo para amplificar estas voces y fortalecer la campaña de un sector político antes ocupado por el nazismo vernáculo, que nunca tuvo chances electorales serias. La presentación de estos ultraliberales como “rebeldes” contrasta con su programa de capitalismo salvaje y con el financiamiento del que gozan. Este fenómeno no puede ser minimizado, ya que el clima internacional es aún favorable a estas candidaturas, pese a la derrota de Trump y la baja popularidad de Bolsonaro. El combate contra las derechas es una tarea siempre presente. Nunca se derrotó a la derecha cediendo, corriéndose al centro, moderándose, bajando banderas o gestionando el ajuste. Asumimos el enfrentamiento a las derechas de la única forma que puede permitirnos derrotarlas: construyendo cultura de izquierdas y fomentando el anticapitalismo, ejerciendo la solidaridad de clase, combatiendo la violencia machista y la dominación patriarcal sin sectarismos y construyendo movilización unitaria cada vez que estén amenazados derechos fundamentales.
Las izquierdas en su laberinto
Contrariamente a las formulaciones catastrofistas que forman parte de un imaginario regresivo en algunos sectores de izquierda, el actual escenario no ha sido favorable para el avance de alternativas anticapitalistas. Y gran parte de esa responsabilidad cae en las propias fuerzas que componemos ese abanico. El FIT-U continúa siendo la principal fuerza del espacio a 10 años de su fundación y, a pesar de su reciente ampliación (y la ruptura dentro del Partido Obrero que dió nacimiento a Política Obrera), arrastra los mismos déficits políticos, estratégicos y organizativos de siempre.
Enfrentaron la pandemia con pedidos de mayor intervención estatal pero cometieron errores tan grandes como la abstención en el limitado proyecto de “Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”. Más allá de las justas críticas a tan acotado “aporte”, el sentido del voto fue entendido por grandes sectores de la población como una izquierda que no apoya impuestos a los millonarios, algo vergonzoso e inaceptable.
La estrategia de construcción del FIT-U le impide convertirse en una herramienta amplia de izquierdas que logre albergar a las distintas expresiones políticas y sociales de las luchas de estos tiempos. La constante delimitación de cualquier fuerza o corriente, aún al interior de la propia izquierda revolucionaria, configura una política sectaria autoafirmativa de las posiciones de cada partido. Estos partidos anteponen y jerarquizan la propia línea en los sectores a los que pretenden interpelar, menoscabado, sin registro de ello, los intereses y las problemáticas particulares nacidas originales de los mismos, lo que da como resultado una dificultad para dialogar con las problemáticas concretas de las mayorías. Esto también lleva a formar un tipo de militante más interesado en la discusión entre los partidos que componen al FIT-U que en construir un programa amplio con el cual interpelar a cada vez más trabajadorxs.
Por último, el frente se mantiene como un instrumento estrictamente electoral de conveniencia entre los partidos integrantes, pero sin la perspectiva de conformar un proyecto político que les brinde una unidad potencialmente hegemónica. Es decir, se consolida una lógica sectaria y autolimitante, donde la unidad es puramente instrumental para la conveniencia de cada partido (brindándoles visibilidad y eventualmente bancas), pero sin expresar un proyecto de sociedad alternativo ni representar un peligro para la derecha o el Frente de Todos. Al día de hoy, un militante que quiere llevar adelante la campaña del FIT-U debe hacerlo en uno de sus partidos, siendo parte de sus extenuantes luchas intestinas, sin un marco unitario que contenga a más amplias sensibilidades. Todo esto marca un acercamiento a lo electoral puramente instrumental, solo como tribuna y sin una estrategia de poder que lo articule, instancia a la que ni siquiera han podido llegar con una lista conjunta.
En la misma línea que el FIT-U se enmarcan las organizaciones del Nuevo MAS y Política Obrera, la ruptura del PO a la que luego su ex organización vetó como posible integrante del FIT-U. La tendencia al faccionalismo en pos de la disputa por imponer la propia línea, sin generar puntos de acuerdo con otras tendencias y corrientes de la izquierda, es un punto nodal que les impide constituirse como una herramienta política para transformar la realidad.
Las tareas pendientes y nuestra apuesta a futuro
En nuestro país existe una gran diversidad de tradiciones de lucha y de organización política por parte de quienes queremos eliminar este sistema de opresiones que nos domina, y cada una de ellas ha tenido aciertos y desaciertos a lo largo de su historia. Pero la tarea de unx militante comprometidx con la transformación de la realidad no puede ser el permanente pase de facturas a otra organización sino que debe privilegiar los puntos en común y reconocer los aportes de cada fuerza para construir una alternativa de poder, sin dejar de transformar la realidad cotidiana en cada aspecto. La construcción de una herramienta amplia, articuladora de distintas sensibilidades, con espacios democráticos de decisión, que supere a las organizaciones político partidaria, construya un proyecto de sociedad, una estrategia de poder para la etapa y se presente en todos los frentes de batalla, incluido el electoral, es todavía una deuda. Como Democracia Socialista hemos encarado este proceso construyendo el Proyecto Político Emancipatorio en conjunto con varias organizaciones y militantes independientes. Nos proponemos impulsar una construcción sustancial, de militancia conjunta real, con inserción en procesos de lucha, al servicio de las miles de organizaciones sectoriales que buscan una plataforma política digna de habitar, con debates fraternos y sororos, que prefigure el modelo de sociedad que queremos y proponga una estrategia de poder para alcanzarlo. Sabemos que no es la primera vez que se enuncian este tipo de articulaciones, pero consideramos que se puede aprender de esas experiencias para evitar viejos errores y recuperar aciertos. Por ello el Proyecto Político Emancipatorio está abierto a una enorme pluralidad de organizaciones y activistas, que mantengan la intención de una herramienta propia de lxs de abajo, con su propia alternativa electoral, pero sin subordinarse a lógica electoralista o al poroteo de cargos. No nos urge el cortoplacismo y no vamos a poner el calendario electoral por delante de la construcción de consensos. Sin embargo, creemos que se podría apuntar a consolidar esta fuerza y a construir una plataforma visible para 2023. Por esto convocamos a organizaciones sociales, ambientales, feministas, de la disidencia sexual, los pueblos originarios, la economía popular, la desmanicomialización, la salud mental integral y las luchas antirracistas a construir una herramienta política que nos contenga y nos permita hacer de nuestras luchas un proyecto de sociedad para cambiarlo todo. Creemos que un mundo ecosocialista y feminista es una urgencia que no puede tener más dilación.
Mientras tanto, enfrentadxs al riesgo de que la izquierda del espectro político pierda toda representación legislativa, en sintonía con un desvanecimiento de su rol en el debate público, y sosteniendo las diferencias mencionadas, creemos que hoy debemos votar críticamente a esas izquierdas que luchan contra el ajuste, por la suspensión del pago de la deuda y su investigación, por el pleno cumplimiento de los derechos conquistados por años de lucha de la clase trabajadora, de los feminismos y las disidencias, contra la depredación del medioambiente y el derecho a una vida digna.