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Este martes Juntos por el Cambio se negó a dar quórum en la Cámara de Diputados e hizo fracasar la sesión especial convocada por el oficialismo para debatir el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que venía con media sanción del Senado. La indefendible estrategia parlamentaria opositora sólo revela la profundidad y el poder del millonario lobby de las empresa alimenticias, que se resisten a la aprobación de la ley.

Consideramos que este proyecto no debe perder estado parlamentario (lo que sucedería en noviembre, si Diputados no convierte la iniciativa en Ley) ya que, aunque limitado, constituye un primer paso para dinamizar y amplificar al conjunto de la sociedad una serie de debates vinculados con nuestra alimentación. Si no discutimos estos problemas de accesibilidad y derecho a la información sobre lo que comemos, estaríamos perdiendo una vez más frente al lobby de los grandes pulpos de la industria alimentaria que prefieren mantener ocultos estos datos sobre lo insalubre de sus productos.

En este contexto es importante resaltar que estas grandes corporaciones (muchas de ellas multinacionales) invierten millones para intentar legitimar sus posiciones sin base científica alguna, intentando comprar apoyos en los distintos eslabones de la cadena productiva y chantajeando con la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo (aunque ya numerosos estudios sobre iniciativas de este tipo que se aplicaron en Chile o Uruguay desmienten este tipo de impactos negativos en el empleo).

Estando la Unión Industrial Argentina (UIA) presidida por el también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) Daniel Funes de Rioja, se daba por descontada su oposición férrea al proyecto. Las críticas fueron de todo tipo, cuestionando desde el tamaño de las etiquetas negras que se propone ubicar en el frente de los paquetas y hasta la decisión de utilizar los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más exigentes que los que establece la ley nacional, para definir los niveles “críticos” de azúcares o grasas. El empresariado busca que no se avance con la iniciativa hasta no consensuar una política común a nivel Mercosur, lo que directamente implica condenarla al olvido. “Todo este proceso deja en evidencia la dificultad de mantener un debate con coherencia cuando hay un prejuicio ideológico por encima de la necesidad de informar certeramente al consumidor, lo que llevaría a una ley apresurada sin reales beneficios al propio consumidor”, llegó a plantear Funes de Rioja.

Más allá de la debilidad de los argumentos, este martes su lobby empresarial se anotó otra pequeña victoria, logrando que el proyecto no se discuta y poniendo en riesgo su aprobación antes de noviembre, en el marco de una campaña electoral ya lanzada. Ayer hasta el diputado del FdT Leonardo Grosso denunció que detrás de la estrategia parlamentaria de la oposición se traslucían intereses empresariales: “En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio. El proyecto es para sancionar una ley que buscar regular el acceso público a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quieren discutir”. Y agregó: “No pueden votar esta ley porque las grandes empresas alimentarias están haciendo un lobby feroz, y si de lobby se trata, son los primeros en levantar la mano para hacerse eco”.

También la candidata a diputada porteña por el Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman apuntó en en mismo sentido: “Hay un lobby muy grande, de empresarios con nombre y apellido. El hecho de que desde Jujuy no hayan prestado quorum, ni los de Juntos por el Cambio ni el diputado Martiarena del Frente de Todos significa que Blaquier hizo un apriete total. Las azucareras son las que más tienen que perder con esta ley, y son las que siempre se dijo en los pasillos del Congreso que eran las que venían trabando la ley. Cuando yo hablé con mi compañero de Jujuy, Alejandro Vilca, cuando vi lo que estaba pasando, me dijo que en la provincia había un revuelo bárbaro con esta ley y Blaquier como siempre logró encolumnar a las dos fuerzas principales de Jujuy detrás de sus intereses”.

Luego la referente del FIT-U respondió uno de los argumentos más ridículos de la derecha que juega para las empresas, que buscó ridiculizar el proyecto como una iniciativa marginal contra la obesidad en un país donde reina el hambre: “La baja calidad de los alimentos lo que más afecta son a las clases populares. Son las mamás, porque que no pueden con la Tarjeta Alimentar comprar en cualquier lado, otra de las grandes discusiones que hay del funcionamiento de la tarjeta alimentaria, y se termina yendo al consumo de los grandes supermercados, en vez de poder ir a una granja orgánica”.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de numerosas fundaciones y especialistas vinculados a la salud, entre los que se cuentan la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo, además de 160 mil firmas recogidas por una petición en una plataforma online, donde se plantea: “Las estadísticas de enfermedad provocadas por la mala alimentación en Argentina son terribles. Vivimos en uno de los países con mayor número de muertes atribuibles directamente al consumo de bebidas azucaradas (74 muertes por millón). Alrededor de 10 niños cada 100 mil en nuestro país desarrollarán diabetes y el 80% de los niños tienen caries”.

Frente a este escenario es necesario plantear estas discusiones para ampliar nuestras bases de derechos a la información como al acceso a una alimentación sana y nutritiva. Pero, más allá de la necesaria aprobación de la ley, sabemos que con esto no alcanza (sobre todo porque si no hay controles rigurosos, las leyes quedan en papel mojado). En este sentido también es necesario ir más allá, planteando algunos interrogantes de largo alcance: ¿Cómo se cruzan las discusiones en torno a la reducción del hambre en un mundo que ya lleva 40 años de la “revolución verde” con la ley de etiquetado frontal? ¿Cómo vamos a pensar una articulación productiva con los distintos sectores de la agricultura familiar para conseguir una alimentación a la altura de las necesidades de los distintos territorios? ¿Qué ten cerca estamos de producir una conquista ecosocialista que permita una proceso de producción de alimentos que no se traduzca automáticamente en calentamiento climático e impactos negativos para la salud de las grandes mayorías?