Desde hace meses, Perú vive tiempos convulsionados. La combinación de crisis económica e institucional, junto con la pandemia del Covid-19, provocaron que la brecha de desigualdad aumente aún más, en uno de los países más grandes de nuestro continente. Para poder adentrarnos en la coyuntura peruana, y conocer más de cerca el proceso político y social que se abre con la asunción del flamante presidente Pedro Castillo, conversamos con Johnatan Fuentes, sociólogo, militante de la Corriente Amaru y colaborador de Jacobin América Latina.
-La demora de casi dos meses entre el triunfo de Pedro Castillo en el ballotage contra Keiko Fujimori y su asunción efectiva, demorada por una serie de planteos judiciales, apelaciones electorales sin fundamento y amenazas desestabilizadoras, ¿constituyó una apuesta del fujimorismo y la derecha para desgastar su gestión incluso antes de que asuma formalmente la Presidencia?
-El 19 de julio, Pedro Castillo fue declarado Presidente Electo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 43 días después del balotaje debido a la estrategia golpista de la triada ultraderechista, el fujimorismo y sus aliados políticos (Renovación Popular y Avanza País), que consistió en pulsear la indefinición del fallo hasta el 28 de julio, fecha de la asunción presidencial, a través de argucias legales alegando fraude electoral en mesa y desconociendo el voto popular del sur andino y la sierra central a Perú Libre. Su objetivo era que la máxima autoridad del nuevo congreso asuma la primera magistratura transitoriamente ante la indefinición del organismo electoral hasta la realización de nuevas elecciones. Recurrieron incluso a llamados delirantes de ex integrantes de la Marina a las fuerzas armadas para que intervengan en la crisis política y una comisión multipartidaria encabezada por Fuerza Popular a la que sumó el APRA, exponente de la vieja partidocracia que perdió representación parlamentaria, se trasladó a Washington para solicitar a la OEA una auditoria internacional del proceso electoral, siguiendo el ejemplo boliviano.
Todas esas maniobras golpistas y fraudulentas fracasaron una tras una, pero el desgaste del oficialismo es también otro de sus objetivos de mediano plazo en la medida que le permita generar las mejores condiciones para perpetrar un golpe institucional a través del congreso, vacancia presidencial, al nuevo gobierno. La correlación de fuerzas en el congreso actual es favorable a las derechas a pesar de la dispersión de las fuerzas políticas. Considerando que para la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por el congreso en noviembre del 2020, convergieron centralmente la ultraderecha (Fuerza Popular y la facción conservadora de Acción Popular) y la derecha emergente (Alianza para el Progreso y Podemos Perú), y en la actualidad esta convergencia podría reeditarse para destituir al presidente Pedro Castillo, ante la vigencia en el nuevo congreso, presidida por una parlamentaria conservadora de Acción Popular, de estos partidos caracterizados por su antiliberalismo y macartismo, que incluso podrían sumar a la derecha liberal o centrista (Somos Perú y el Partido Morado) para conseguir los votos que requiere la vacancia, si es que reajustan su política de alianzas.
-Considerando que Perú Libre solo tiene la primera minoría en el Parlamento y que Castillo anunció que mantendrá la independencia del Banco Central, entre otros gestos para sumar gobernabilidad, ¿te parece que hay algún cambio en los ejes programáticos respecto de las promesas de campaña? ¿Se puede analizar algo más a partir de esos anuncios iniciales?
-La promesa central e irrenunciable de Pedro Castillo durante toda su campaña electoral fue la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente para redactar una nueva Constitución que recupere la soberanía del país. En la segunda vuelta, Castillo tuvo que recurrir a alianzas con otras fuerzas de izquierda antineoliberal y, en menor medida, con sectores de centro derecha, de modo que le permita ampliar su votación, pero a la vez tuvo que atenuar su programa original que se expresó en el denominado Plan Bicentenario, elaborado principalmente por Perú Libre y Juntos por el Perú (coalición integrada por Nuevo Perú). Pedro Francke, actual ministro de Economía y militante de Nuevo Perú, es partidario de la participación de tecnócratas neoliberales en algunas entidades del estado como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o el Banco Central de Reserva (BCR). De cierta forma se ha encargado de tranquilizar parcialmente al capital internacional y esto se explica no solo por su trayectoria académica o prestigio técnico, sino además por su participación en gobiernos neoliberales (Gestión de Alejandro Toledo) y social-liberales (Gestión de Susana Villarán), es decir por su grado de integración a la élite tecnocrática blanca. Declaró en diversos medios periodísticos y económicos que el gobierno de Castillo no realizará expropiaciones, respetará la propiedad privada y no habrá generación de empresas estatales. Ha sostenido el papel fuertemente regulador del estado o lo que suelen llamar una nueva relación entre estado y mercado, que buscará aumentar la presión tributaria a las grandes empresas, combatir la elusión y evasión tributaria, otorgar créditos a las microempresas, y la recuperación del gas.
El presidente Pedro Castillo, en su discurso de asunción de mando del 28 de julio, planteó el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades campesinas respecto a los proyectos extractivos que puedan implementarse en sus territorios, buscando la sostenibilidad ambiental y apoyo comunitario. Impulsará un sistema nacional de cuidados en el marco de las políticas de género, propuesta recuperada del programa de Juntos por el Perú (JP), y además señaló el carácter paritario, plurinacional y popular de la asamblea constituyente que propone y considerando la hegemonía del conservadurismo social en Perú Libre, se ha suscitado un cierto avance programático en materia de género. A modo provisional considero que el programa de cambios adquirió un enfoque ligeramente integral en desmedro de una política económica que plantee cambios estructurales y comience a cuestionar las relaciones sociales de producción y que no se limite a la renegociación de los contratos con las compañías trasnacionales. La atenuación del programa original de Perú Libre no significa una capitulación o humalización, pero si una adaptación a la correlación de fuerzas en la sociedad peruana que de prevalecer este giro táctico reeditaría las experiencias progresistas de corte social-liberal que acontecieron en el Brasil de Lula o el Uruguay de Mujica, o en caso contrario ensayaría un novedoso proceso de cambio que configure un gobierno anti-oligarquico y plurinacional inspirado en el proceso boliviano, pero enraizado en las tradiciones indígenas y populares del Perú.
-La movilización fue clave para apoyar la victoria electoral y defender la democracia ¿Cual es hoy el estado de movilización y qué lugar creés que tendría con Castillo ya en el poder? ¿Se podrá reeditar en caso de comenzar a cumplir el programa electoral?
-Las movilizaciones sociales protagonizadas por las rondas campesinas (organización comunitaria del campesinado dedicada a la seguridad) y el movimiento magisterial fueron fundamentales para la derrota del primer capitulo de la estrategia golpista de la ultraderecha y su narrativa del fraude, pero no se contó con el liderazgo de Castillo en la mayoría de las acciones de calle, a pesar de las caravanas que impulsaba la ultraderecha en el centro de Lima, en las que concursaba lo más desteñido de la vieja partidocracia, influencers conservadores, hispanistas y grupos neofascistas.
Si algo ha caracterizado al capital social del presidente Castillo, es su experiencia de lucha en el movimiento magisterial que lideró en el 2017 y su extracción de clase popular y campesina, ajena a la rancia oligarquía, que le permitió empalmar con los sectores más oprimidos y excluidos del Perú durante la campaña electoral. Conoce de primera mano el mundo popular andino y en esa medida es posible que recurra a la movilización para sostener cambios más profundos que requiere el país, siempre y cuando cumpla con las promesas establecidas con el pueblo. Para esto último es central la autoorganización de la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, que supere los límites del proceso de cambio y impulse al gobierno hacia transformaciones mayores e integrales.