Introducción

A casi un año de la llegada al gobierno con la promesa de legalizar el aborto, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) envió al Congreso su proyecto de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. Al mismo tiempo, envió el proyecto “de los 1000 días” que declara garantizar atención y cuidado integral del embarazo y la primera infancia. Sabemos que la posibilidad de que el proyecto de IVE se apruebe depende de conservar la unidad construida por el movimiento feminista así como la radicalidad y masividad del reclamo y de las movilizaciones. Mientras la derecha cuenta con el lobby del poder, nosotras contamos con la fuerza que nos da la historia de las luchas de la clase trabajadora y todos los sectores populares. En el día Internacional de Lucha contra las violencias hacia las Mujeres, la posibilidad de aprobación de la IVE es un paso adelante para las trabajadoras de nuestro país, que se universalizó como reclamo en distintos sectores sociales, contra el machismo y el patriarcado que se apropian de nuestras vidas y nuestros cuerpos.

El proyecto enviado por el Ejecutivo

Supimos de qué se trataba el proyecto una vez presentado por el presidente en conferencia de prensa. Hasta entonces, el movimiento feminista se preguntaba qué diría y qué no, y cuáles serían los puntos centrales que hacían que el gobierno decida presentar uno alternativo al construido por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Si bien no fue un proyecto elaborado por quienes vienen trabajando en el tema hace décadas, ni consultado con la Campaña, sin dudas es efecto de la organización y la movilización de los últimos años. Por otra parte, si bien el proyecto del PEN no dista mucho del aprobado en 2018 en Diputades, conserva algunas diferencias centrales con dicho proyecto y con el presentado en 2019 por la Campaña.

El proyecto del PEN legaliza, como el de la Campaña, el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación inclusive, para toda persona, sea en la adultez, la infancia o la adolescencia, con o sin capacidad restringida. También conserva el acceso por las “causales” de violación o riesgo de vida para la persona gestante, más allá de las 14 semanas. A su vez, incorpora la práctica como parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), debiendo ser cubierta por los sectores público, privado y de obras sociales que conforman el sistema de salud en nuestro país.

Las condiciones en que se llevaría a cabo la práctica incluyen, como aspectos positivos del proyecto, el trato digno y de calidad, la confidencialidad y privacidad, la autonomía de las personas gestantes (todo lo cual permite limitar la injerencia de las organizaciones anti-derechos) y el acceso a la información. Nos parece importante, sin embargo, que a diferencia del proyecto de la Campaña, el del PEN no explicita que dicha información debe ser laica. A su vez, mientras que correctamente aclara que el acceso a esa información por parte de quien requiere la IVE no es una condición necesaria para que se garantice la práctica (eludiendo así una posible traba), tampoco el proyecto parece obligar a los Estados a destinar los recursos para asegurar el acceso a la información.

El elemento central que hoy ponemos bajo la lupa en la comparación entre este proyecto del PEN y los anteriores es la “objeción de conciencia” (OC) y los límites que impone para el acceso irrestricto a la IVE. El proyecto del PEN instituye la posibilidad de que el personal de salud se niegue a garantizar el derecho por “objeción de conciencia” (que es una manera de nombrar y encubrir a la obstaculización del acceso a un derecho), de manera individual, aunque señala que esta posibilidad no rige para el tratamiento post-aborto. El artículo plantea que sólo en caso de inminente riesgo de muerte la IVE debe ser garantizada a pesar de la OC, abriendo paso a que se exponga la integridad de las mujeres. Ninguna ley que piense en términos de salud integral puede legislar que recién al correr riesgo la vida, es obligatoria la atención. Esta debe ser garantizada en todos los momentos de la vida de una persona y la legislación debe abogar por las buenas prácticas, no asumir la situación de obstrucción de derechos. Entendemos que la responsabilidad institucional en este punto es central. Pero el proyecto dice de la OC institucional, tampoco la declara ilegal. La gran diferencia con el proyecto de 2018 reside en que este planteaba la responsabilidad institucional en la garantía de la práctica, es decir que no podía existir la objeción institucional. El presentado por el PEN plantea que debe ser lx profesional quien derive “de buena fe” a la persona a otrx profesional, no mencionando en qué institución, qué papel jugarían estas, ni el circuito que evite la victimización de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Con estos espacios en blanco se presume que la OC institucional podría existir, legalmente o de hecho, y que los circuitos de derivación podrían entrampar el ejercicio del derecho.

Además, extiende el plazo para garantizar la IVE a 10 días, mientras en el proyecto de la Campaña es de 5. Otra diferencia con el proyecto de la Campaña es que el del PEN no incorpora a la IVE como contenido de la Educación Sexual Integral (ESI), aunque sí impone en todos los niveles estatales la implementación de la ESI y la capacitación del personal de salud en los contenidos de la ley de IVE.

En torno a la criminalización del aborto, el proyecto enviado despenaliza la tentativa pero no la interrupción voluntaria de un embarazo por fuera de las 14 semanas o las causales, como sí lo hace el proyecto de la Campaña.

Desde nuestro punto de vista, es importante apoyarse en los puntos más progresivos del proyecto del PEN para no retroceder en aspectos que se lograron con la lucha de todo el movimiento de mujeres y disidencias sexo-género políticas, pero también es fundamental atacar con profundidad las diferencias que hacen a que el proyecto que hoy mejor nos permite frenar las muertes por abortos clandestinos y las prácticas que violentan nuestros cuerpos y nuestra subjetividad es el construido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Estar en las calles es nuestra única garantía para ello, y para incluir los aspectos señalados que lo diferencian del de la Campaña. Es también la única garantía que tendremos, incluso si se aprobara la ley más progresiva, para que el derecho se cumpla. Será necesario no bajar la guardia y participar activamente de su reglamentación e implementación. Una buena ley es una necesidad pero ninguna garantía de que se cumplan los derechos.

Los mil días

Como mencionamos antes, en un típico juego de compensaciones que ya hemos visto de parte de este gobierno, el PEN envió junto al proyecto de IVE otro que establece fundamentalmente una asignación de dinero para las personas gestantes y sus hijxs en los primeros años de vida, como un guiño para los sectores anti-derechos.

Nosotras no oponemos el derecho al aborto al de una maternidad deseada y las condiciones para ella. Estamos a favor de que quien desee maternar tenga todas las garantías para hacerlo con dignidad y libertad. Sin embargo, nos interesa señalar algunos aspectos a atender con respecto a cómo se compone el proyecto “de los mil días” con el efectivo acceso a la IVE y con una orientación emancipatoria en lo que respecta a la xarentalidad.

En primer lugar, creemos que la información sobre los derechos a las condiciones adecuadas para maternar no debe “competir” con la información sobre el derecho a la IVE. El proyecto “de los mil días” enfatiza fuertemente el compromiso estatal en todos sus niveles con la información acerca de las cuestiones sobre la asignación y la maternidad, mientras que no encontramos el mismo énfasis en el proyecto de IVE. Todas las personas con capacidad de gestar deben recibir información no religiosa ni moral sobre su derecho a decidir interrumpir su embarazo. Cuidar las maternidades deseadas no puede significar una instigación a maternar por sobre la autonomía informada.

En segundo lugar queremos señalar que nuestras xarentalidades, y muy especialmente las maternidades en la clase trabajadora, necesita un sistema integral de socialización de cuidados, que no subsidie la privatización de la reproducción social, sino que se haga cargo de ella con políticas públicas acordes. Esto implica fortalecer las instituciones de educación infantil desde los llamados “jardines maternales”, en los que faltan vacantes cada año, mejorar estructuralmente el sistema de salud pública y de cuidados de adultxs mayores, entre otras medidas imprescindibles. 

Todas las políticas públicas para un verdadero cambio en las condiciones de la reproducción social requieren de recursos y presupuesto acorde al inmenso desafío que suponen, y en torno a ello creemos que el Congreso se debe un debate serio sobre a cuánto destinará a que estas políticas impliquen un cambio real en la vida cotidiana de lxs sujetxs feminizadxs. Para ello será necesario profundizar los debates al interior del movimiento feminista, y construir, una vez más, la fuerza, contundencia y amplitud que ponga en la agenda pública nuestros intereses.

El tratamiento legislativo y la presencia en las calles

El tratamiento legislativo puede estar planteado como una “negociación”, pero creemos que esa idea distorsiona la cuestión que opera realmente, que es la fuerza que podamos construir sobre la base de la unidad, la organización y la radicalidad del movimiento. El lobby de los sectores anti-derechos y sus poderosas instituciones será feroz, y habrá quienes quieran convencernos de que para conseguir un voto en el senado tenemos que “ceder” derechos. Nosotras decimos que no es así, porque la experiencia nos demuestra lo contrario.

En el 2018, al calor de las inmensas movilizaciones y la radicalización de miles de jóvenes, 11 diputadxs que anteriormente se habían pronunciado en contra, finalmente votaron a favor. De esos 11 votos, 4 se lograron en las última semana, cuando más fuerza tuvo el movimiento. Lo que puede conseguir los votos para garantizar nuestros derechos es la construcción de hegemonía alrededor de la imperiosa necesidad de su aprobación. Ceder a la derecha solo la fortalece. Tenemos que ganar las calles para conseguir una ley que sea una herramienta para garantizar el acceso a la IVE para todas las personas gestantes.

Por eso es importante no bajarse de las 14 semanas ni de las garantías institucionales para que la IVE se cumpla. Entre las personas más vulneradas en sus condiciones de vida, la detección tardía de los embarazos tienen más incidencia que en cualquier otro sector de la sociedad. Las 14 semanas son necesarias para que el derecho lo tengamos todes.

Es fundamental que esté excluida cualquier posibilidad de que se obstruya el derecho por parte de instituciones de salud. La supuesta “objeción de conciencia” es una manera de obstaculizar derechos. Todes tenemos una conciencia, ideas, convicciones, ¿vulneramos derechos con ellas? No. La conciencia no vulnera derechos, y sabemos que la “objeción” sí lo hace, como pasa en pueblos enteros de países donde la IVE está legalizada. La ley tiene que explicitar la obligatoriedad de toda institución de garantizar la IVE, así sea obligando a contar con personal “no objetor” para realizar una práctica que estará garantizada por el PMO.

Un paso adelante de la clase trabajadora

Para nosotras la IVE es una reivindicación de clase. Las trabajadoras sostenemos no sólo la producción de todo lo que consumimos y usamos para vivir, sino también la reproducción de la vida. Nos referimos a todo lo que hacemos para que la sociedad y su cuerpo de trabajadores y trabajadoras siga existiendo con el correr de las generaciones: la reproducción biológica acompañada siempre por las tareas de cuidado, enseñanza, socialización y otras. Buena parte de las actividades necesarias para la reproducción social son realizadas en el ámbito privado, comunmente llamado doméstico, no son remuneradas y están a cargo de mujeres e identidades feminizadas, que cargan con una parte proporcionalmente mayor de trabajo precarizado y no reconocido como tal, a menudo como única opción. El capital requiere de este trabajo y a través de las esferas públicaprivada garantizadas por el Estado, obtiene los frutos del mismo, manteniéndolo fuera del ámbito de la producción capitalista reconocida, des-historizandolo, des-economizándolo y des-sexualizándolo; y conservándolo por tanto fuera del reconocimiento social. La posibilidad de elegir interrumpir un embarazo representa para las personas gestantes una manera de tomar parcialmente control sobre ese proceso de reproducción no reconocido en nuestra sociedad, cortando con el biologicismo que impera sobre los cuerpos y llevando dicho debate a la esfera pública.

A su vez, como ya se señaló numerosas veces, entre las personas que deciden interrumpir un embarazo en la clandestinidad, son las trabajadoras quienes están más expuestas a todo tipo de riesgos. Esto es lo que sucede en tantos ámbitos de la vida en el capitalismo: algunas vidas parecen valer menos que otras. 

Con una ley de IVE damos un paso contra la desigualdad en nuestra sociedad.

El ajuste en curso en perspectiva de género

No se nos escapa que ese paso contra la desigualdad lo estaremos dando en un escenario de múltiples muestras de un ajuste en curso.

Crece la desigualdad y se deteriora la vida de quienes sufrieron durante décadas de su vida estar al servicio de la producción capitalista cuando se impone una fórmula jubilatoria sin piso, con el único objetivo de pagar menos de ese salario diferido que es la jubilación. Las mujeres están sobre-representadas entre quienes reciben el haber mínimo respecto de quienes reciben las jubilaciones más altas, profundizando la feminización de la pobreza al cobrar ingresos que ya hace años no alcanzan para una vida digna.

El ajuste fiscal sobre lo público es también un ataque a la esfera de la reproducción social y por tanto una sobrecarga del trabajo mayormente feminizado. Los acuerdos internacionales que a veces tan lejanos parecen se materializan hoy en que las mujeres son las principales afectadas por las fumigaciones, la mega minería y los diferentes acuerdos con multinacionales que responden a la injerencia del FMI y el Banco Mundial en nuestro país.

Desde nuestras organizaciones, entendemos que es a partir de un análisis integral de la realidad que atraviesan hoy las mujeres y las disidencias sexo-género políticas que hay que discutir ampliamente la orientación del Estado y la política pública, logrando hacer de ella una herramienta de transformación de esas condiciones y no un mero reflejo de luz que ilumine pero no encienda.

La política que durante este año ha tenido el Ministerio en manos de Elizabeth Gómez Alcorta ha mostrado los límites que un gobierno que navegue la crisis sin tocar intereses de las clases dominantes, impone a cualquier transformación profunda. Un ejemplo poco mediatizado pero bastante paradigmático fue el proyecto de resolución que otorgara licencias a trabajadorxs con niñxs a cargo (sin escuela presencial por el aislamiento), que la ministra firmó y los lobbies empresariales no dejaron avanzar. Otro caso fue la toma en Guernica, donde se constituyó una asamblea feminista que le envió dos cartas a la ministra que nunca respondió. Es imposible garantizar una vida sin violencias cuando no se tiene casa ni techo, por eso los feminismos bancamos la toma.

A su vez, la mayoría de los programas que hoy se plantean reconocer a las mujeres en el lugar de cuidadoras que tienen socialmente asignados, incluyendo el proyecto “de los mil días”, poco interceden en la transformación de dicho lugar y en la socialización de los cuidados que ya mencionamos. Días atrás se anunció la conformación de una comisión redactora para un anteproyecto de ley que crearía un Sistema Nacional de Cuidados. Para ser solvente, además de las virtudes políticas del proyecto debe contarse con un presupuesto que tendrá que arrancarse a quienes nunca dejan de ganar a costa del trabajo productivo y reproductivo ajeno.

Como polémica fundamental del movimiento feminista con la política del gobierno con respecto a (y en) este ministerio, tenemos que plantear que durante la primer mitad del año se desarrolló sin presupuesto asignado y, una vez que lo tuvo, lo subejecutó. Mientras esto pasaba, las cifras de femicidios, travesticidios, crímenes de odio y de muertas por abortos clandestinos en el país no hicieron cuarentena, y profundizaron la brecha que existe en la determinación social de la vida entre las identidades feminizadas de los sectores populares y las de los sectores medios y altos.

Sólo será de la mano de una discusión amplia y masiva, como con la que construimos el proyecto de aborto legal de la Campaña, que la política de géneros en el país pueda dar un salto e interceda de forma determinante entre los sectores populares y el ajuste, la degradación y la explotación que hoy está en marcha.

Por eso llamamos a no abandonar las calles, por el aborto legal y también contra el ajuste y por un sistema público de cuidados que reconozca el trabajo reproductivo y apueste a la construcción de autonomía de todas las mujeres y disidencias sexuales para decidir sobre sus vidas.