En un contexto de fuertes expectativas populares tras la derrota de Cambiemos, el Frente de Todes (FdT) ya lleva diez meses de gestión, casi siete de ellos en un contexto signado por la epidemia de COVID-19. Llegado este punto, con un marcado deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, consideramos necesario encarar un balance político del desempeño del gobierno de Alberto Fernández. En vista de los numerosos debates que hoy atraviesan a la militancia, también nos proponemos discutir las diversas orientaciones encarnadas desde la izquierda y presentar algunos elementos que, para nosotres, abren un camino posible para avanzar en este momento histórico.
La construcción de una orientación socialista y feminista para la actual coyuntura exige una lectura de nuestro presente. Por ello, en este texto ofreceremos una somera descripción del reciente período, intentando caracterizar los movimientos del gobierno de Alberto Fernández, dejando para una segunda entrega el desarrollo de orientaciones para consolidar una alternativa anticapitalista y antipatriarcal, ajena a todo sectarismo pero con una clara autonomía política respecto de ese posibilismo progresista que tan inconducente se ha mostrado para satisfacer las más básicas expectativas populares.
A diez meses de gobierno, un balance necesario.
En un contexto de crisis inédita a nivel mundial, que en nuestro país combina las consecuencias de la situación económica heredada del macrismo con los efectos de la pandemia, el Gobierno hubiera podido tomar medidas también inéditas que avancen con reformas progresivas. Aunque algunas de estas medidas fueron anunciadas y cuentan – según las encuestas- con amplio apoyo popular, ninguna fue llevada adelante o sostenida a fondo. En cambio, el Gobierno ha tendido a ceder frente a las presiones de los grupos económicos más poderosos y a la ofensiva derechista, como estrategia para intentar amortiguar sus embates. Sin embargo, cada concesión es una victoria que estos sectores capitalizan para redoblar y fortalecer sus ataques. Esta lógica tiende a espiralizarse, en detrimento del halo progresista de un gobierno que queda cada vez más debilitado e incapaz de llevar adelante algún proyecto a favor de los sectores populares. La decisión de avanzar con medidas significativas exigía ir contra las clases dominantes, ya que no es posible que todes ganen y que, sobre todo en este contexto de profunda crisis, tenga alguna verosimilitud la esperanza en un capitalismo que beneficie a toda la población. La decisión de no dar pasos en ese sentido, además, ya empieza a horadar el apoyo de quienes depositaron sus votos y esperanzas en el FdT, en una situación política y social que se torna dramática, con niveles récord en la caída del PBI, de desempleo y de pobreza, con casi la mitad de la población sin llegar siquiera a una canasta básica.
Recambio electoral y crisis abierta
El 10 de diciembre del 2019, luego de 4 años de embestida de Cambiemos contra las clases populares, la derrota electoral impidió, al menos en el corto plazo, que la derecha consolidara su hegemonía. La debacle de la fórmula encabezada por Mauricio Macri fue la culminación de 4 años de lucha y resistencia frente al intento oficial de concretar una reforma estructural del sistema laboral, tributario y previsional que hubiera consagrado una nueva relación de fuerzas entre las clases sociales para un largo período.
En medio del creciente pero incompleto descrédito popular del macrismo, el FdT apareció como el instrumento electoral a mano para evitar ese triunfo neoliberal. La coalición reunía a peronistas conservadores, burócratas sindicales, referentes del feminismo en la lucha por la legalización del aborto, sectores anti-derechos ligados a la Iglesia, dirigentes de los movimientos sociales, sectores progresistas de la órbita del kirchnerismo y organizaciones de la izquierda popular o centro-izquierda que hasta el momento se habían mantenido independientes del peronismo. De esta manera, si bien el FdT permitió transformar el freno parcial logrado en las calles en una derrota en las urnas, el pertinente debate sobre la integración a dicho espacio, tomó fuerza y aún se encuentra abierto: ¿Acaso este instrumento permitiría el desarrollo de políticas fundamentalmente orientadas a las necesidades y aspiraciones de los sectores populares y subalternizados? ¿O, por el contrario y en el mejor de los casos, las políticas que surgieran de esta coalición serían el resultante de la interacción entre diversas fracciones y tendencias, algunas con intereses anti-populares, sintetizadas bajo la lógica centrista del “albertismo”?
En primer lugar, debemos hacer un balance crítico de la llegada de Cambiemos al gobierno. Lejos de las apreciaciones que sobreestiman el poder de los medios o machacan con la fórmula matemáticamente errónea de responsabilizar al voto en blanco, creemos que el peso de la responsabilidad recae sobre dos elementos fundamentales: el fracaso del modelo de “capitalismo serio con inclusión social” (o neodesarrollismo) y la propia disputa al interior del frente gobernante hasta 2015, que fue generando rupturas sucesivas desde la crisis de 2008. Primero el desprendimiento del sector K del radicalismo y después del Frente Renovador, del que formaron parte nada menos que Alberto Fernández y Sergio Massa. El volumen de votos derivado de esas rupturas debe ser puesto en la balanza. Los sectores más condescendientes con el Gobierno también tienden a dejar de lado los análisis sobre las limitaciones estructurales de un modelo basado fundamentalmente en la expansión del agronegocio y la reprimarización de la economía.
El “volvimos mejores” del FdT ¿incluye algún balance sobre estas cuestiones? Pareciera que no. Alberto Fernández insiste retóricamente con la idea de “un capitalismo donde todos ganen”, mientras impulsa furiosamente las políticas extractivistas. A la soja, la megaminería y el fracking, se le sumó en los últimos meses el plan para instalar mega granjas industriales para la cría de cerdos, en asociación con China.
El presidente intentó presentarse desde el inicio como líder del gobierno que iba a “poner el país de pie”, pero comenzó su gestión con una polémica suspensión de la movilidad jubilatoria que terminó convirtiéndose en un ajuste sobre las jubilaciones. En el mes de marzo, la llegada de la pandemia produjo un cimbronazo cuyos efectos y extensión aún son difíciles de calibrar. En consonancia con el ánimo de algunos sectores durante aquellos primeros meses, cuando todavía se señalaba la oportunidad que el inédito escenario le brindaba a los gobiernos para fortalecer las políticas de seguridad social contra las políticas neoliberales aplicadas en los últimos 40 años, el Gobierno procuró dar señales en sentido progresivo. Así, se pronunció por la consideración de la vida sobre las ganancias empresarias, promulgó el IFE, procuró ganar tiempo con una cuarentena estricta para mejorar las instalaciones hospitalarias, decidió respaldar el gasto y la emisión monetaria que implicaba la crisis sanitaria más grande de la historia argentina e incluso propuso financiar algunas de estas medidas sociales de emergencia con un impuesto a los grandes patrimonios y la expropiación del grupo agroexportador Vicentin. En el contexto de gigantesca crisis sanitaria y económica que se atraveba, estas medidas eran -aunque moderadas- necesarias.
Sin embargo, el Gobierno no se plantó con decisión para avanzar en dichas medidas, que no solo estaban justificadas por el contexto sino que además contaban con un masivo apoyo popular. Por el contrario, optó por dejar insatisfechas la mayoría de sus promesas electorales para llevar adelante un ajuste objetivo sobre el poder adquisitivo de quienes vivimos de nuestro trabajo: retrocedió con la expropiación de Vicentin, demoró y modificó el progresivo, aunque limitado y escaso aporte extraordinario de las grandes fortunas (ya no impuesto), no avanzó en la legalización del aborto, ajustó salario de estatales y jubilades, limitó el IFE y estiró sus plazos hasta convertirlo en un aporte bimestral miserable que ahora se eliminaría. Mientras tanto crecieron la pobreza, la desocupación y la carestía de las viviendas por el incumplimiento de la prohibición de despidos y de desalojos. A su vez, la violencia contra las mujeres no paró de crecer, sin políticas suficientes para afrontarla, y el aborto sigue siendo clandestino en nuestro país. Este escenario nos enfrenta a un triple problema: la falta de voluntad política para avanzar con medidas progresivas por parte de un gobierno elegido por grandes sectores como un “freno a la derecha”, el empoderamiento de una clase dominante envalentonada que siente que cada presión sobre el Gobierno se traduce en una nueva victoria y un constante ajuste contra la clase trabajadora.
La decisión de pagar la deuda externa que multiplicó en tiempo récord el gobierno de Cambiemos, sin intentar auditoría o investigación alguna sobre su legitimidad es uno de los más graves y estratégicos errores de este gobierno. Las cantidades ingentes de dinero que implica el pago de esa deuda para las arcas estatales cobran dimensión si pensamos en la posibilidad de destinarlas a resolver necesidades imperiosas e impostergables de las grandes mayorías empobrecidas y desocupadas, dando una nueva confirmación de los intereses que priman en el bloque de gobierno. En un horizonte cada vez más cercano están también las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comprenden los montos más elevados de deuda. Las decisiones oficiales no hacen más que renovar el dramático sistema de la “deuda perpetua”, padre de la dependencia, el subdesarrollo, el ajuste y la miseria planificada.
En este contexto, el Gobierno se enfrenta a una disyuntiva de magnitud: ¿qué sectores sociales son los que van a pagar los costos de la crisis? En lugar de utilizar las circunstancias particulares para impulsar reformas que apunten a que paguen los sectores más enriquecidos de nuestro país, las medidas efectivas y las inacciones del FdT están logrando un empobrecimiento de amplias capas de la clase trabajadora y una sobreexplotación de quienes aún conservan sus empleos, mientras continúa invisibilizando la esfera de la reproducción social con una sostenida falta de políticas frente a la privatización y sobrecarga de las tareas de cuidado que se agregan a la jornada laboral de miles de personas sin licencia.
La pandemia y el consenso inédito alrededor de las políticas gubernamentales durante los primeros meses de cuarentena abrían una ventana de oportunidad política para avanzar en medidas progresivas, pero, en cambio, la crisis sanitaria se utilizó como razón ineludible para justificar cualquier avance contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo.
La estrategia del gobierno y el enfrentamiento con la derecha
El aislamiento social para frenar los contagios generó que la clase trabajadora organizada (formal o de la economía popular) y el movimiento de mujeres y LGBITQ+, dejaran momentáneamente las calles. Ante esto, el espacio público y la visibilidad mediática fueron paulatina y crecientemente ocupados por expresiones minoritarias de la derecha y la extrema derecha. Estas movilizaciones fueron en su inicio respuestas a anuncios como el de expropiación de Vicentín para luego cobrar un impulso propio que ya no era meramente reactivo. La asonada policial de septiembre se enmarca en este fenómeno más general de envalentonamiento de los sectores reaccionarios.
Así, el cuadro político pasó de un escenario en el mes de marzo donde la mayoría de las fuerzas políticas de oposición y el grueso de la población “acompañaban” al gobierno y la figura de Alberto Fernández alcanzaba niveles de aprobación inéditos, a una situación actual donde las fracciones más poderosas de la burguesía, de la derecha y de la corporación mediática enfrentan abiertamente al oficialismo. Esta ofensiva de la derecha es uno de los motivos que explica, en amplias capas del movimiento feminista y de la clase trabajadora, un apoyo al gobierno (probablemente en grados variables), que se combina con desencanto y achatamiento de las expectativas sociales y políticas. En esta dinámica, el gobierno termina debilitando su propia incapacidad para impulsar políticas progresivas, justamente a raíz de dicho desencanto, mientras que se fortalecen figuras más conservadoras y políticas más represivas. El papel que desempeña Berni y el apoyo del que goza no constituyen un dato menor. Especialmente cuando el apoyo político al cuestionado ministro bonaerense fue de la mano con una millonaria línea de financiamiento para equipar a las fuerzas de seguridad. E incluso una política de “reconciliación” con las fuerzas armadas y la creación de un substancioso Fondo Nacional de la Defensa Argentino (FONDEF).
Esta situación, paradójicamente, pareciera ser la justificación que diversas fuerzas provenientes de la izquierda popular y la centroizquierda usan para sostener su integración al FdT, aún a costa de ser parte de un gobierno que está siendo agente (por acción y por omisión) de la pauperización del pueblo. Todo se legitima por la necesidad de enfrentar el asedio de la derecha.
Cuando un gobierno progresista evita medidas progresivas en un contexto de crisis económica para “no confrontar”, lo que produce de hecho es un deterioro de las condiciones de vida de las mayorías. Mientras tanto, las clases dominantes y la derecha social no toman las sucesivas concesiones a sus reclamos como un motivo para aplacarse sino, todo lo contrario, para exigir más. Es lo que vimos en las últimas semanas respecto de la baja temporal de las retenciones. Una medida como ese claro beneficio a terratenientes y grupos dominantes en el mercado exportador fue desestimada, a la espera de una dinámica devaluatoria que le permitan vender mejor las miles de toneladas de granos que mantienen a resguardo en sus silos. No confrontar y seguir haciendo concesiones a los “poderes fácticos” en este contexto de crisis, con la ilusión de “no alimentar la grieta”, tiene como consecuencia una constante pérdida de apoyo de sectores populares y progresistas, cuyas condiciones de vida se ven cada vez más deterioradas, y un envalentonamiento de las clases dominantes que celebran la disposición del gobierno a conceder. En un escenario de extrema debilidad de las alternativas por izquierda, esta dinámica deja una base social disponible para ser ganada por la derecha política, interna o externa al frente del gobierno. De esta manera, el ambiente es cada vez más propicio para el despliegue de programas y propuestas políticas conservadoras y derechistas. Recordemos que Cambiemos no abandonó el gobierno con una derrota definitiva sino con más del 40% de los votos, lo que prueba la existencia de una importante base social para el discurso de derecha.
En este escenario, el “posibilismo progresista” se desliza progresivamente hacia un “probabilismo de centro”. Estas dinámicas ya las hemos visto, por ejemplo, durante el último gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. El empobrecimiento popular, el ajuste y las concesiones a las clases dominantes del país limítrofe, lejos de ampliar la base del gobierno envalentonaron a la “centro derecha”, limaron el apoyo popular y generaron condiciones para un golpe institucional ilegítimo, que luego se coronó con la victoria en las urnas de la ultraderecha bolsonarista (que, lamentablemente, conserva un amplio apoyo popular aún en el marco de desastre sanitario).
Sin desconocer la avanzada de la derecha política y del establishment económico contra una gestión que no sienten como propia, queremos insistir en que la hegemonía del bloque en el gobierno es ejercida, aunque con tensiones, por una dirección pejotista que, en última instancia, defiende intereses de clase antagónicos con los de los sectores subalternos. Esto ayuda a comprender que muchas de las definiciones políticas más conservadoras que se expresan cada vez más frecuentemente no responden únicamente a las presiones opositoras por derecha sino que son un legítimo producto intereses y concepciones propios.
Los intereses antagónicos que aglutina el FdT reeditan el viejo proyecto peronista de conciliación de clases con incorporación parcial de demandas populares. En el actual contexto, las enormes limitaciones objetivas de esta concepción se tornan evidentes: si la propia composición del FdT dificulta desde el comienzo cualquier expectativa de radicalización de tipo “bolivariano” en el seno de este proyecto político, la deriva actual del gobierno para campear la crisis sanitaria y económica no hace más que clausurar las expectativas respecto de reformas progresivas, abriendo el camino para políticas de ajuste sobre la clase trabajadora. Pero esto no es un efecto de circunstancias contingentes, que eventualmente podrían cambiar. El proyecto de conciliación social, con un capitalismo en crisis y una política pública devastada, no es viable sin atacar la posición social y económica de la clase trabajadora y los sectores subalternos. Pero aún cuando el FdT decidió descargar la crisis fundamentalmente sobre los sectores populares no logró ahorrarse los embates de la derecha.
Desde nuestra orientación estratégica, tanto la derrota del macrismo como el enfrentamiento a la derecha constituyen condiciones imprescindibles para imaginar cualquier proyecto popular de corto, mediano o largo aliento. Una reelección de Macri hubiera legitimado un rumbo de profundización de las reformas de mercado, con la consecuente desmoralización política de importantes sectores populares. Pero de esto no se deriva que el FdeT constituya el instrumento que necesitamos para radicalizar la experiencia de las masas y avanzar hacia un horizonte emancipatorio.
Entendemos que cualquier expectativa de radicalización “desde adentro” por parte de las organizaciones progresistas que integran el FdT y los sectores de la izquierda popular que apostaron a la integración orgánica del gobierno se ha visto frustrada en los últimos meses. El poder del aparato tradicional del PJ, incluyendo al partido y sus sucedáneos, a las burocracias sindicales, al empresariado del régimen y a quienes ocupan cargos, ha mostrado su templanza y su impenetrabilidad, con una mesa de varones que define el curso de la historia. La integración orgánica en un gobierno común bloquea la posible construcción de un proyecto político anticapitalista y debilita la organización para luchar contra la derecha más rancia, toda vez que los compromisos orgánicos exigen subsumirse a una lógica de negociación con sectores de intereses contrapuestos a los de los sectores populares y las organizaciones progresivas que integran esa alianza.
Lo más preocupante
Como apuesta estratégica para lograr algún alivio económico, el FdT sólo apuesta a la profundización del modelo extractivista de explotación de nuestro suelo y aguas. Para nuestras organizaciones, este elemento es un parteaguas definitivamente infranqueable. Este modelo no sólo constituye una de las políticas propias del gobierno que busca beneficiar a las clases dominantes, independientemente de las presiones por derecha, sino que además implica la dilapidación del planeta, de la salud del pueblo y de nuestras condiciones de vida. Una vez más, la estrategia oficial busca que los sectores más explotados y empobrecidos paguemos los costos de la crisis. Llevamos meses con diversos conflictos ambientales (la megaminería y las quemas intencionales de montes y selvas para la expansión sojera son los de mayor repercusión), sin embargo el ecocidio se extiende a prácticamente todo el territorio con diversas problemáticas. La crisis climática ya no es una novedad ni cosa del futuro. Vemos en el presente los efectos de la política ecoagresiva llevada adelante por gobiernos anteriores, donde los agrotóxicos, el fracking (que ingresó al país con el 51% nacionalizado de YPF en 2013) y la minería a cielo abierto, perjudicaron a amplios sectores de nuestro país. Cómo última novedad, Argentina se convirtió hace pocos días en el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico.
Este modelo extractivista y agroindustrial que se opone a la soberanía y la libre determinación de los pueblos, que implica la extranjerización masiva de recursos y el enriquecimiento desproporcionado de sectores monopólicos con grandes beneficios impositivos, resulta ser la apuesta central del gobierno para salir de la crisis.
Partiendo de esta caracterización, en un próximo texto entraremos a un debate en el que profundizaremos discusiones relacionadas con la actual correlación de fuerzas, los límites del posibilismo y las alternativas reales para una política emancipatoria anticapitalista, no sectaria pero absolutamente ajena a las opciones tradicionales.
