Hace 18 años, un 2 de septiembre de 2003, el entonces Presidente Néstor Kirchner promulgaba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que había sido votadas durante el mes de agosto de ese año en ambas cámaras del Congreso.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habían sido votadas y promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, entre 1985 y 1987, en un cambio de rumbo luego del histórico Juicio a las Juntas Militares, un auténtico hito en cuanto a transiciones democráticas tras una dictadura militar, que se llevó adelante a pocos meses después de su llegada a la jefatura de Estado en 1983. En paralelo se fueron abriendo miles de causas particulares por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura.
Ante esta situación que se estaba yendo de las manos, el alfoninismo intentó cerrar esta verdadera avalancha de causas contra los militares e impulsó estas dos leyes de la impunidad. Primero la ley de “Punto Final” puso un límite de 60 días a partir de la promulgación de la misma para asentar nuevas denuncias por delitos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciario bajo mandos militares. Luego, la “Obediencia Debida” estableció que las ordenes emanadas por la oficialidad superior eximían de responsabilidad penal a quienes las había llevado a cabo, dejando fuera de posibles juzgamientos y castigos a buena parte de los militares que ejecutaron el plan de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983.
Ambas leyes fueron fuertemente rechazadas por el movimiento de derechos humanos, uno de los puntales, junto con el movimiento obrero, de la recuperación de la democracia. Sin embargo, recién serían derogadas en 1998, para ser declaradas nulas en 2003, abriendo la posibilidad de enjuiciar en nuestro país a los militares responsables de los crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, se incluyeron los delitos cometidos desde 1975, en el marco de los “decretos de aniquilamiento” dictados por María Estela Martínez de Perón, como crímenes de Lesa Humanidad, entendiendo que fueron el ensayo general del plan represivo instaurado por el poder militar, empresarial y religioso a partir del 24 de marzo de 1976.
La nulidad dictada en 2003 debe ser puesta en su justo contexto histórico. A la lucha inclaudicable llevada adelante por los organismos de derechos humanos como Madres, Abuelas, ex detenidxs desaparecidxs y, a partir de 1995, HIJOS, se le suma el estado de rebeldía y movilización que desde las puebladas y los piquetes iniciados en 1997 impugnaba al neoliberalismo menemista y aliancista. En aquellos años, la crisis económica y social rápidamente desembocó, por acción de pueblo movilizado, en una crisis de estatalidad que motivo la renuncia del Presidente De la Rúa y sus sucesores en la cadena de relevos establecida en la Constitución Nacional. La presidencia de Eduardo Duhalde también se vería truncada por la movilización social después de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
La llegada a la presidencia de Kirchner se da entonces en un marco de continuidad de la crisis social, política y económica, al mismo tiempo que la baja participación electoral marca un quiebre en el lazo de representación entre el pueblo y la clase política. La nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entonces, debe también entenderse, más allá de las sinceras disposiciones de algunas personalidades y fuerzas del establishment político, como un intento por recomponer la autoridad estatal y reconducir por todos los caminos posibles un estado de situación que era alarmante para la clase dominante de nuestro país. El objetivo del alfonisinismo nunca fue un cuestionamiento global al rol de las Fuerzas Armadas sino una reconversión que les permitiera volver a actuar en democracia.
Aunque numerosos proyectos habían sido presentados por lxs diputadxs que las fuerzas de izquierda habían tenido desde el retorno democrático, fue el encabezado por Patricia Walsh (hija del escritor y militante Rodolfo Walsh, asesinado por la Dictadura en 1977) el que sirvió como base para la votación.
La nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abrió la puerta a una gran cantidad de procesos penales (muchos con grandes demoras y aún en curso), pero también a la reparación a familiares y amigxs de lxs detenidxs desaparecidxs, a la busqueda de nietxs apropiadxs y al avance en la identificación de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. También se amplificó discusión pública sobre el terrorismo de Estado, planteándose su abordaje en escuelas primarias y secundarias, así como el fortalecimiento de los estudios de memoria. Estos últimos, empujados por organizaciones de la disidencia sexual, lograron visibilizar, conocer y juzgar también los delitos sexuales perpetradxs por lxs represorxs, así como situar sumar a la lista histórica de desaparecidxs a 400 miembros de la comunidad LGBT.
A 18 años de la promulgación de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuamos la lucha por memoria, verdad y justicia. Frente al negacionismo reiterado por importantes sectores políticos, defendemos el recuerdo inclaudicable de nuestros 30.400 detenidxs desaparecidxs y emplazamos al Estado a abrir los archivos y a acelerar los procesos de juzgamiento en curso.
Solo la perseverancia y el ejercicio de una memoria activa y militante no permitirá que el negacionismo, en sus múltiples formas, haga retroceder una de las luchas más emblemáticas que el conjunto del pueblo argentino ha dado en estos 38 años de vida democrática.