Este viernes, el Tribunal Oral de Menores N°2 condenó a dos años de cárcel y a cinco de inhabilitación al policía Luis Chocobar, el agente de la Policía Local de Avellaneda que en diciembre de 2017 asesinó a tiros por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un joven que huía después de haberle robado a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.
El resto de la historia es conocida: la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, junto con el ex presidente Mauricio Macri (que llegó a recibir a Chocobar en Casa Rosada), le brindaron un apoyo inclaudicable, defendiendo su accionar e incluso alentando a otros policías a actuar de la misma manera. Recordemos, por ejemplo, la publicación de la Resolución 956 del Ministerio comandado por Bullrich en la que se autorizaba a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos en fuga o en situaciones de resistencia a la autoridad. Fue el comienzo de la llamada “doctrina Chocobar”, un guiño a las fuerzas policiales para que gatillen sin miedo de reprimenda por parte de superiores en una Resolución que claramente violaba los principios elementales de cualquier Estado de Derecho, comenzando por la exigencia de un uso racional y oportuno de la fuerza pública.
Si bien esta Resolución fue rápidamente derogada por la actual gestión de la cartera de Seguridad encabezada por Sabina Frederic; la derogación de la misma no impidió la construcción de un paradigma de acción en los funcionarios judiciales, que en este escandaloso fallo hablan de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” y le imponen al agente que disparó por la espalda una condena irrisoria.
Es tan horroroso el tiempo que estamos viviendo, que resulta imprescindible explicar lo obvio. Posicionarnos por el rechazo irrestricto a una condena de este tipo no implica justificar ni romantizar un robo violento. Dejando de lado momentáneamente los cuestionamientos a la violencia que ejerce el sistema penal y carcelario sobre toda persona detenida, creemos que Juan Pablo Kukoc debería haber sido detenido y procesado para determinar su grado de culpabilidad en el hecho delictivo, gozando de su legítimo derecho a defensa. En el Código Penal la condena por un robo violento no es la muerte. Esta premisa es tan elemental como la defensa de los preceptos mínimos que cualquier democracia debería tener.
La alianza estratégica de un sector mayoritario de los funcionarios judiciales con sectores políticos de derecha y la absoluta mayoría de los medios de comunicación, implica una casi unánime celebración de este fallo nefasto porque saben que en el blindaje a Chocobar se jugaba una partida clave respecto del accionar de las fuerzas policiales. Y este frente en defensa de la “mano dura” no se va a contentar con esto sino que buscará la absolución del policía en segunda instancia.
Para quienes militamos por condiciones de vida digna para los jóvenes de los barrios populares, este fallo es un baldazo de agua fría, la enésima confirmación de que para la Justicia la vida de los pobres no vale ni siquiera una condena ejemplar.
Pero hay que seguir militando en defensa de la vida, lo que no es otra cosa que luchar para que los pibes tengan oportunidades de estudio y de laburo digno, para que el robo no sea la única salida desesperada ante la falta de oportunidades para enfrentar la profunda crisis económica y social que atravesamos.