Luis Rangel
Seis meses, y contando. Pero los seguimos esperando vivos…
No se trata de hacer otro recuento de hechos ni otro artículo o posicionamiento ante lo ocurrido en la ignominiosa y muy oscura noche del 26 y 27 de septiembre del, ya pasado, 2014. Pero, no se puede obviar que no dejaremos de exigir, seguir exigiendo, la presentación con vida, inmediata,¡para ya!, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tal y como desde el mismo 27 de septiembre venimos haciendo.
Y que no quepa la menor duda: continuaremos reclamando hasta que el último de nuestros compañeros y hermanos sea devuelto con vida por el Estado. Porque por supuesto que Fue el Estado, como se ha demostrado y como quedará escrito en la Historia, porque ésta no conoce de “verdades de Estado” ni registra a la “desaparición forzada” política como un fantasma de un pasado olvidado y superado por grandiosas “transiciones democráticas”, sino como una realidad cotidiana, presente y desgarradora, que es política de Estado, con todo lo que ello implica. Una política represiva de este tipo, no sólo es la peor forma con la cual un régimen pretende acallar las voces dignas y disidentes sino un método abiertamente terrorista que trata de deshumanizar a las víctimas hasta el punto de borrarlas y dejarlas en la indefensión completa. Ante este inadmisible terrorismo de Estado, ante la “naturalización” de la “desaparición forzada”, ante este crimen de lesa humanidad que se busca minimizar, se hace más necesario que nunca el reclamo y la memoria indomable de los pueblos. Porque hablar de la detención-desaparición forzada también es hablar de los motivos e intereses que llevaron a un Estado a implementar estrategias de control social tan draconianas y a la vez meditadas y preparadas por una razón fría, antihumana.
Porque este crimen desnudó a un Estado mexicano inmerso en una descomposición inédita, dónde los escándalos de corrupción y tráfico de influencias son sólo una surreal cubierta de una putrefacción mucho más profunda, una que no se percibe en las Lomas, ni desde los aviones-castillos. Lo que observamos es el derrumbe del sistema de derechos básicos, el desenmascaramiento de una supuesta “democracia” que cada vez cubre menos a la dictadura del capital, la compra-venta de México, la ilimitada ambición y prepotencia de los gobernantes.
Mientras el Estado mexicano sólo sirve para entregar las riquezas de la nación a los capitalistas y para dominar con métodos terroristas, una tragedia económica afecta a millones de mexicanos que se manifiesta por niveles de informalidad laboral alarmantes, por una creciente, y mediáticamente silenciada, devaluación del peso ante el mismísimo dólar (que, como anunció el propio Banco de México se hará más evidente casualmente a partir del 8 de junio, un día después de las elecciones), por un endeudamiento galopante (también silenciado) que obliga a recortar programas sociales públicos. Al tiempo que los precios petroleros se desploman, amenazando la sustentabilidad económica de lo que queda del cascarón estatal. En fin: las siempre falsas ilusiones del mexican moment acaban de derrumbarse ante los ojos impotentes del gobierno, que no puede sino responder de la única forma que sabe: extremando el empobrecimiento social y la violencia estatal.
Todo tiende a empeorar: se imponen drásticas medidas de precarización del trabajo contra las enfermeras y trabajadoras sociales de todo el sistema de salud, privado y público (enmarcadas en planes de privatización global de la salud); se aplican recortes en plazas de muchas dependencias públicas; se intenta profundizar el proceso de privatización del agua en un sentido amplio, es decir: de todos los recursos hidrológicos y las actividades económicas derivadas del manejo, extracción y consumo de agua. Por si fuera poco, las amenazas reformadoras buscan liquidar los últimos resabios del proyecto educativo pos-revolucionario en todas sus dimensiones: desde la implementación real de la reforma educativa a profesores (eliminando sus derechos laborales), la supresión definitiva de la educación rural y agraria (por eso la la guerra a muerte contra las normales rurales por parte del Estado), la tentativa de socavar al propio Politécnico Nacional y el regreso del fantasma de las cuotas en la UNAM, que vuelve a rondar bajo la mirada de Narro y todo el priísmo universitario. ¿Y qué decir de la realidad porfiriana que viven las y los trabajadores agrícolas, no sólo en Baja California sino en todo el campo mexicano, donde la situación ha generado una marea popular que empieza a rebelarse? ¿Qué decir ante la creciente violencia contra los sindicatos independientes, combativos y solidarios que, entre otras cosas, alarga aún más, el retorno al trabajo para los dignos electricistas en resistencia? Y hay mil cosas más que podrían mencionarse, como la creciente desigualdad, pobreza, desempleo, violencia contra las mujeres, confusión entre narcos y gobernantes.
Y todo esto justo cuando –según nos decían (nos mentían) los gobernantes y sus marionetas comunicativas- nos encontrábamos a las puertas (‘ahora sí’) del brinco que llevaría al Progreso, cuando podríamos disfrutar (‘en serio que ahora sí’) las mieles que traerían consigo la privatización y re-venta de los recursos energéticos y naturales del país a empresas trasnacionales y metrópolis imperiales que sólo han podido sobrevivir a la crisis (que no se acaba) a costa de acelerar, con mayor desenfreno del habitual, las tendencias de saqueo, despojo y privatización de todo lo lucrativo posible, y lo que no también.
En realidad, México se hunde en la violencia generalizada, la militarización del país, el fortalecimiento desenfrenado de la economía criminal y sus cuerpos armados (disimulada por la captura mediatizada de un par de sus capos de vez en cuando), la escalada de feminicidios y de desapariciones forzadas no sólo políticas. Se respira un clima de guerra en donde el Estado y lo “fuera de la ley” funcionan formando una amalgama negra que es, en el fondo, el verdadero gran obstáculo para no sólo evitar que se derrumben derechos sociales todavía consagrados en la Constitución (trabajo, educación, salud, etc.) sino además para poder ejercer derechos políticos básicos (tránsito, manifestación, reunión, expresión, imprenta, etc.). Y sin derechos políticos se cierran posibilidades para poder andar caminos hacia transformaciones sociales y los cambios que los trabajadores y el pueblo exigen.
Todo este recuento somero tiene, sin embargo, un factor común: sigue siendo el Estado el verdadero culpable de todo ello.
Al rascar un poco en las causas de cada una de las tragedias nacionales arriba referidas, y las que faltan, se observa una política común transexenal (del PRI y del PAN, de todos los partidos institucionales, cómplices de la aplicación de las políticas neoliberales). Una política común que hoy precariza el empleo en el sector salud y avanza en privatizar al conjunto del sistema salubre, de la mano de mafiosos acuerdos con quienes dicen representar a los trabajadores y sus intereses (burocracias sindicales). Pero esto viene de atrás, de la imposición en las empresas privadas y las dependencias públicas de formas de contratación flexible y subrogación de servicios. Hoy la privatización se visibiliza en los servicios del agua, pero ayer era el petróleo y antier las minas. Los proyectos privatizadores de la educación ya no son ningún secreto y también trascienden gobiernos en turno y partidos. Estas políticas se mantienen independientemente de si ganó el PAN, el PRI o el PRD. Lo mismo podemos decir de las historias de despojo, los ataques a los sindicatos o la permisividad para que empresas (algunas ligadas al expresidente Fox) instauren regímenes laborales esclavistas en el campo.
Cuando la tragedia de Iguala, hace seis meses, finalmente nos alcanzó un grito colectivo se levantó: Fue el Estado. Seguimos convencidos de la justeza y verdad de lo que decíamos. Para nosotros, los que salimos a las calles, no había duda, no es una exageración.
La sacudida que ha significado la irrupción de la movilización solidaria e indignada, que ha acuerpado a las y las madres y padres de nuestros 43 compañeros, ha roto algo en este Estado putrefacto. Acorraló al régimen. Le obligó, por un par de semanas, a “ser también Ayotzinapa” (mintiendo, como siempre, pero lo declaró). Contra sus propias pasiones, tuvo que contener temporalmente sus instintos represivos, ya que la solidaridad internacional hizo que todo el mundo volteara a ver a México. Esto, sin embargo, no quiere decir que el régimen nos haya concedido una tregua. Sólo cambió su táctica. La represión nunca se fue, cambió de caminos. La barbarie continuó estando ahí. La consigna ¡Fuera Peña! de repente, no parecía tan lejana.
Y sin embargo, cumplimos seis meses luchando por la presentación con vida de nuestros estudiantes. Y a pesar de hacer tambalear al Poder, vagamente si se quiere, no hemos conseguido justicia. Si bien la profundidad de lo que ha significado Ayotzinapa para la historia del país es aún incierta, seguimos exigiendo su presentación, el castigo a los culpables, que se vaya Peña Nieto. Sin embargo, el medio año que ya nos separa del detonante de la tragedia, creo, es suficiente para marcar que otro momento en la lucha se abre. Hay que aclarar que esto no significa, de ninguna manera, que, como quisieran los personeros del régimen, “demos por cerrado el caso”. Por el contrario: se trata de valorar las condiciones en las que estamos en la lucha hoy, no sólo para no cerrar el caso, sino para que nos regresen a nuestros compañeros en un primer momento y para frenar la escalada de barbarie en que estamos inmersos. Para impulsar un cambio histórico.
Primero, el Shock se ha cerrado. La ‘sorpresa’ de la noticia de la desaparición de los compañeros ha pasado. Esto ha significado una relativa ventaja para el régimen, pues al no ser ya la noticia principal en diarios, han podido maniobrar para, con su aparato comunicativo, tratar de ir sacando el tema de los medios y de las declaraciones públicas de gobernantes y funcionarios de alto nivel. Al mismo tiempo, las amarras a su voracidad represiva, comienzan a aflojarse.
La mirada nacional e internacional, por desgracia, no puede mantenerse fija en un solo caso. Como Ayotzinapa no fue un caso aislado, en estos seis meses nuevas historias tan desgarradoras siguen sucediendo. Los feminicidios no dan tregua, las ciudades en el golfo (particularmente Tamaulipas y Veracruz) continúan inmersas en una situación de guerra, la violencia contra migrantes (mexicanos y centroamericanos) continúa, activistas y miembros de diversos movimientos sociales, como en Morelos, siguen siendo objeto de asesinatos y desapariciones. Pese a todas esas atrocidades, fue Ayotzinapa “la gota que derramó el vaso”. Pero tal vez este shock, la sacudida ha pasado ya. Lo que no significa, empero, que la trascendencia del hecho haya pasado. En todo caso, este hecho que desnudó al Estado y su fría y violenta realidad ante miles de personas en todo el país y en el mundo, ahora debe de ser digerido en la profundidad de todas sus implicaciones. No podemos seguir viviendo bajo un Estado vuelto contra nosotros.
Segundo, el movimiento social que exige y ha exigido en las calles la presentación con vida de los 43, está fatigado. Eso no significa, como algunos llegaron a declarar, que “quienes antes apoyaban, se vayan luego con otra moda”. Es una dinámica muy común en los movimientos de masas, sobre todo cuando el cuerpo de los mismos, no está organizado, a pesar de que todos los sectores organizados y en lucha antes del 26 de septiembre se han sumado a la exigencia de presentación con vida. Si no hay canales de discusión y organización tan masivos como las mismas manifestaciones, es de esperarse que la rabia, más que desaparezca, se diluya. Y ello no tiene nada que ver con el discurso conservador (reproducido incluso por sectores de una izquierda ciega) según el cual “marchar no sirve para nada”. Así como a las campañas mediáticas por dividir al movimiento entre los ‘ciudadanos ejemplares’ y ‘agitadores profesionales’, que tienen no poco eco dentro del mismo.
Tercero. El ciclo de movilizaciones estudiantiles, acotado más por los calendarios académicos que por los tiempos políticos, también ha cerrado un período. Las recientes manifestaciones estudiantiles en torno a Ayotzinapa han mostrado una evidente menor participación masiva. Sin embargo, esto no significa de manera alguna que la solidaridad se haya disipado, que hayamos olvidado. Decenas de iniciativas de organización y acción en grupos más pequeños se han detonado, tras la explosión masiva solidaria. En todo caso, lo que hay es una incapacidad de construir organicidad permanente en el movimiento estudiantil. En todo caso, no podemos dejar de subrayar que el movimiento estudiantil se volvió, otra vez, un actor político que impuso con fuerza el tema de Guerrero en la agenda. Pero es claro que actualmente está experimentando un desgaste y cansancio a nivel masivo, lo cual no implica una derrota ni despolitización. También, estamos asimilando todas las implicaciones de los eventos de septiembre a la fecha.
Cuarto. Nos damos cuenta ahora que los referentes organizados no son suficientes. Al lanzar las consignas: Fuera Peña, Fue el Estado, Fue el ejército, hemos puesto, correctamente, la vara en lo más alto que exige la crisis del país: un cambio de políticas, de régimen, de sistema. Poner en evidencia la descomposición del régimen los movimientos balbucean la necesidad de otro régimen, de otro gobierno. Sin embargo, el autoritarismo intrínseco del Estado mexicano, así como las casi infranqueables barreras institucionales para la construcción de referencias alternativas legales, nos llevan a una encrucijada: cómo se puede expresar la indignación, la solidaridad y el rechazo al régimen en opciones políticas que le planten cara. Tras seis meses, la sociedad no organizada ha comenzado a retirarse, no sin perder la solidaridad ni, repetimos, digerir lo que han significado las jornadas de lucha entre septiembre y noviembre.
Estamos convencidos de que en el largo plazo, la expresión del descontento podrá encontrar y construir sus propios cauces, abrir sus propias brechas, más allá de la suma de siglas y referentes hoy existentes. Pero, para el momento actual, está claro que cada vez más las movilizaciones y acciones en solidaridad con Ayotzinapa son sostenidas por los diversos referentes organizados, sindicales, sociales y políticos. Eso es muy positivo en tanto que existe hoy un punto en común para todas las luchas y espacios de organización: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, la discusión política de cómo cambiar al régimen político. Del lado del régimen esto es una buena noticia, pues le resulta más fácil controlar una crisis cuando se tienen plenamente delimitados sus alcances, cosa que estando millones de personas en las calles le resultaba imposible.
Quinto. Las elecciones intermedias de Junio confluyen con la crisis política del régimen abierta por las movilizaciones en torno a Ayotzinapa. Si la crisis política del régimen es profunda no se ven posibilidades de que este gobierno sea capaz de cerrar el caso de Ayotzinapa. Por eso, el gobierno y el régimen político le apuesta a tratar de hacer volver a la normalidad la vida del país y sustituir las movilizaciones populares por las urnas. En esta apuesta las elecciones de junio de 2015 son centrales. Incluso, para dar la idea de “pluralidad”, en éstas elecciones se presentarían (según el régimen), cuatro partidos de “izquierda” (lo cual es falso).
Pero uno, MORENA, se nos pretende presentar como la única oposición relativamente independiente de un sistema de partidos funcionales al sistema. Sin embargo, el papel de MORENA en esta coyuntura no puede ser otro (incluso más allá de la voluntad de quienes leal y honestamente consideran a éste como una alternativa) que el de relegitimar a un Estado que ha sido cuestionado por un espectro muy amplio de la población hasta sus mismos cimientos. Si ahora MORENA pretende mostrarse diferente, sabemos (porque sus dirigentes políticos así lo han hecho) que sólo buscan insertarse en el sistema de partidos, mantener su registro con miras al 2018, para luego “proponer y hacer acuerdos” en los marcos institucionales de una supuesta “democracia” procedimental que legitima políticas neoliberales al servicio del capital.
En todo caso, este próximo momento electoral, con la memoria de Ayotzinapa y la perspectiva de un boicot electoral en Guerrero, debe ser cuestionado: si en efecto, Fue el Estado, ¿por qué votar en sus comicios? Si queremos que se vayan todos, ¿por qué votarlos de nuevo? ¿Para qué votar si muchos sólo se renueven en cargos (incluidos no pocos candidatos de MORENA)? Si queremos que se vaya Peña Nieto, ¿es ese el camino? Y si respondemos que no, la pregunta se complica aún más, pues entonces ¿cómo?
Seis, seis meses. En cualquier caso, un episodio de ésta lucha se ha cerrado. Toca ahora hacer corte de caja de lo que se ha logrado (pues se ha conseguido mucho) y lo que falta, que es lo más importante. Queda por delante un panorama incierto pero la experiencia de esta movilización de masas apuntando hacia lo político nos da un punto de partida para seguir intentando hacer un México independiente y justo, soberano e igualitario, verdaderamente democrático, con un Estado al servicio del pueblo y los trabajadores.
El paréntesis electoral se cerrará y emergerán nuevas cámaras, con políticos profesionales institucionales deslegitimados por una abstención de más del 50%, como sucede en este tipo de elecciones intermedias. Mientras tanto, la violencia continúa, la represión se extiende, las políticas de privatización se mantienen, la precarización laboral echa raíces y, en todos los casos, no sin problemas, existen movimientos que resisten. El reto es agrupar este descontento inédito en una nueva alternativa política de la cual la OPT, si se reaviva, puede ser una plataforma base. Mientras tanto, seguimos exigiendo justicia, presentación con vida de los 43 compañeros y gritamos que ¡Fue el Estado! y ¡Fuera Peña Nieto!
El parteaguas que significó Ayotzinapa no se ha cerrado; no se cerrará. El hecho ha calado tan hondo en toda la sociedad mexicana que tiene sus más impresionantes e imprevistas consecuencias por delante. El infatigable pero cansado andar de los padres de los desaparecidos, los sindicatos irreductibles y combativos, como el electricista, y, más recientemente, la rebelión plebeya de San Quintín, son junto con muchos otros la base de la esperanza para poder jalar el freno de emergencia del tren macabro que es la tragedia mexicana.