Desde Democracia Socialista nos solidarizamos con la gran cantidad de periodistas, académicxs y militantes de organizaciones políticas y sociales que han sido víctimas del espionaje ilegal llevado adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la dirección de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de las investigaciones ilegales previas a la Reunión Ministerial de la OMC de 2017 y a la Cumbre del G20 de 2018 que tuvieron lugar en nuestro país. Consideramos inadmisibles las intervenciones de los servicios de inteligencia sobre actividades militantes y periodísticas como las que volvieron a ponerse en evidencia en estos días después de las denuncias judiciales presentadas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Además del hackeo a cuentas de mail de decenas de políticxs, tanto oficialistas como opositores, sindicalistas, periodistas y académicxs, se denunció que el organismo estatal confeccionó fichas de “afinidad ideológica” de cientos de periodistas acreditadxs para estos eventos, así como también de compañerxs como lxs economistas y docentes Federico Whalberg y Luciana Ghiotto, también integrante del colectivo Argentina Mejor sin TLC, quien apenas conocida la noticia tuiteó: “Parece que dar charlas y talleres para orgs populares sobre cómo funcionan los organismos internacionales como la #OMC o el #G20 es actividad terrorista digna de ser espiada. Le daremos batalla legal”.
Por su gravedad, merecen un párrafo aparte las tareas de inteligencia realizadas sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), del que constaban informes realizados con “fuentes propias” (léase “espías infiltrados”) acerca de un plenario realizado en Hotel Bauen en septiembre de 2017, incluyendo detalles sobre los temas abordados y un informe con nombre, documento y domicilio particular de lxs coordinadores. CAdjunto se encontró un listado de presuntos aportantes a la organización en territorio bonaerense y otro sobre “Personal de Cuadros formados y Capacitados del PTS, Provincia de Buenos Aires”.
Además de constituir una violación explícita de la Ley de Inteligencia (que prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales), estas prácticas estatales representan ataques directos a la libertad de expresión y de organización política en democracia, remitiendo a prácticas de la última dictadura cívico-militar.
La pervivencia de estas prácticas ilegales en democracia es indiscutible y se explica porque, más allá del cambio de nombre, los gobiernos electos posteriores a 1983 hicieron poco y nada para desmontar el enorme aparato de espionaje que constituía lo que entonces se conocía como Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los partidos del régimen hacen uso de ellos pactando implícitamente su conservación. Desde Alfonsín en adelante, todos los gobiernos democráticos siguieron apoyándose en sus investigaciones espúreas para acumular información por vías ilegales, en muchos casos con fines de chantaje y extorsión sobre políticos y empresarios. Un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos ha sido el de “apertura de los archivos”, que pueden seguir existiendo en los laberintos burocráticos del espionaje, para hacer pública la información sobre el destino de lxs desparecidxs, la identidad de hijxs y nietxs apropiadxs y muchos otros detalles sobre el terrorismo de Estado en nuestro país.
El rol de la Unión Cívica Radical (integrante central de la alianza Cambiemos, bajo cuyo gobierno se llevaron adelante estos ilícitos) en este entramado de ilegalidades es clave, particularmente desde el nuevo perfil que se le da a la inteligencia interna después del Pacto de Olivos con el menemismo, etapa en la que se profundizó la cada vez más turbia relación de los “servicios” y la Justicia. Más allá de que el PRO presumía de “venir de afuera” del sistema político tradicional, sus prácticas también se encuentran íntimamente ligadas al espionaje ilegal. Baste con recordar el escándalo por las escuchas ilegales de 2009, que vinculó al entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri con Jorge “El fino” Palacios en numerosas intervenciones telefónicas extrajudiciales, que incluso apuntaron a familiares del futuro presidente.
En consonancia con el evidente uso político que el gobierno del Frente de Todos pretende darle a estas denuncias para golpear a una alianza opositora que busca retomar la iniciativa política, los medios de comunicación se han enterado de ellas antes que las propias víctimas. Debemos exigir intervenciones concretas y profundas frente a esta situación, con la participación de referentes y organizaciones populares y de derechos humanos para avanzar con una limpieza efectiva de lo que el propio Alberto Fernández definió como “los sótanos de la democracia”, comenzando por la desactivación de organismos como el llamado “Proyecto X” de Gendarmería (creado por el kirchnerismo y vigente hasta la actualidad, llegando a ser utilizado para espiar a la familia de Santiago Maldonado).
Ante esta constante y consecuente vocación estatal para espiar, reprimir y controlar a individuos, colectivos de todo tipo y agrupaciones políticas que nos organizamos para luchar por una vida mejor, apostamos por la fuerza emancipatoria de lxs de abajo para enfrentar los poderes represivos que son constitutivos del Estado patriarcal y capitalista, más allá de la fuerza política que coyunturalmente se encuentre al frente del Gobierno.
Acompañamos el reclamo de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC de acceso inmediato a toda la información en manos de la AFI por parte de las víctimas del espionaje.
Asimismo, aseguramos que esto volverá a suceder sino se inicia una profunda reforma de estos organismos que abra archivos vinculados con violaciones de derechos humanos y democráticos.
