Hace 36 años se producía en la localidad india de Bhopal el peor accidente industrial de la historia, en la fábrica de plaguicidas que el gobierno indio gestionaba a medias con Unión Carbide (empresa estadounidense luego adquirida por su compatriota Dow Chemical que en 2017, tras la fusión con Du Pont se transformó en una de las multinacionales químicas más poderosas del mundo). Un accidente que de casual tuvo muy poco, casi garantizado por los recortes de personal de la empresa, la baja de salarios que desplazaba a los trabajadores calificados y el descuido en las medidas de seguridad industrial. Un cóctel criminal que caracteriza a muchas de las inversiones de las multinacionales en los países periféricos.
La tormenta perfecta en la fábrica química de varias hectáreas, vecina a una localidad densamente poblada, liberó decenas de toneladas de isocianato de metilo que en contacto con la atmósfera se descompusieron en diversos gases de alta toxicidad (fosgeno, metilamina, soda cáustica y ácido cianhídrico, también llamado ácido prúsico o cianuro de hidrógeno). La nube tóxica se expandió durante la madrugada del 3 de noviembre por la ciudad de Bhopal, capital del estado hindú Madhya Pradesh, generando entre 6 y 8 mil muertes en los primeros días, seguidas por otras miles en las semanas posteriores, hasta totalizar cerca de 30 mil. Algunos cálculos estiman la cantidad de afectados en más de 600 mil, un cuarto de los cuales quedaron con graves secuelas.
Según estudios, la inhalación de apenas minutos del isocianato de metilo provoca la muerte por quemadura química de los pulmones. La toxicidad de la nube era 500 veces superior a la del gas empleado por los nazis en sus cámaras y 150 veces superior al gas mostaza. Esto hizo que se registraran otros daños severos, además de las lesiones pulmonares, como pérdida de la vista, el olfato o el oído. Además se produjeron efectos secundarios neurológicos, inmunológicos, cancerígenos y hasta genéticos (miles de mujeres sufrieron no sólo abortos sino que luego alumbraron niños con malformaciones). Los efectos tóxicos se llegaron a percibir hasta a diez kilómetros de la fábrica. La estampida en la madrugada de miles de habitantes de Bhopal también provocó cientos de heridos en accidentes. La muerte de miles de animales también abrió el peligro de una subsiguiente epidemia de cólera.
Los daños ambientales persisten décadas después de la catástrofe. Las aguadas de la zona seguían presentando contaminación química, por metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes (COPs) más de quince años después de la tragedia, con muestras que presentaban una toxicidad 700 veces superior a los máximos aceptados, pese a lo que miles de familias seguían consumiendo agua de pozos contaminados debido a la insuficiente provisión estatal de agua potable.
Union Carbide reconoció en conferencias de prensa que su fábrica de Bhopal, una de las 14 que había instalado en India apostando a monopolizar el abastecimiento de plaguicidas para los millones de campesinos del país, no contaba con las sofisticadas medidas de seguridad que había instalado en otra fábrica del pesticida SEVIN en la localidad estadounidense de Virginia. Como compensación por los daños materiales y humanos, la multinacional le pagó 470 millones de dólares al gobierno indio, tomando en cuenta la cifra de 3.828 fallecidos que el Estado reconocía oficialmente (en contradicción con las demandas familiares y las 4.950 autopsias registradas en el medio año posterior al desastre). Ese dinero además fue dilapidado por el gobierno indio, que derivó buena parte para obras públicas, que no incluían la reparación ambiental, dejando a miles de familiares sin indemnización (casi 4 mil de las más de 15 mil demandas por muerte fueron rechazadas) y en muchos casos haciendo efectivo el pago de unas cifras miserables (algo más de mil euros para los casos fatales y la mitad para lesiones).
Aunque las autoridades indias de entonces, en un gobierno encabezado por Rajiv Gandhi (hijo de la ex Primera Ministra Indira Gandhi, asesinada pocos días antes del desastre de Bhopal), arrestó a los directivos indios de Union Carbide (también al presidente estadounidense de la empresa Warren Anderson, que había viajado para constatar la gravedad del accidente, aunque fue liberado con una fianza ridícula y se dio a la fuga), acusándolos de delitos como homicidio involuntario u homicidio por negligencia, entre otros. La causa tardó décadas en lograr condenas: recién en 2010 se dictaron sentencias insólitas a dos años de prisión y al pago de 100.000 rupias (1.774 euros) para ocho los ex directivos indios, entonces con más de 70 años de edad (uno ya fallecido). La empresa, por su parte, debió pagar 8.870 euros, lo que generó la indignación de las miles de familias que continúan con el reclamo.
Rachna Dhingra, representante de las víctimas, condenó la resolución judicial: “Tan tarde y sin impartir justicia: es una traición del Gobierno para la gente de India. La indemnización impuesta a la compañía es vergonzosa, teniendo en cuenta el daño causado. Por si fuera poco, sienta un precedente terrible”. La activista añadió: “Este es un mensaje a las grandes corporaciones de que pueden matar a miles de personas, dejar afectadas de por vida a miles más y contaminar el agua de una población entera y no van a tener responsabilidades. Los Gobiernos nacional y estatal han fallado: han sido corrompidos por la empresa y, además, su único interés, antes que la gente afectada, es que la inversión extranjera no se vea afectada”.
Está claro que la lógica de la defensa de las inversiones sigue siendo la principal preocupación de los gobiernos periféricos, a los que las lógicas del mercado mundial condenan al endeudamiento eterno y a la dependencia del ingreso constante de divisas. Y la prioridad de las grandes empresas no es nunca la seguridad de los trabajadores ni la de las poblaciones de los territorios que apuestan a depredar. Salvando las distancias con la catástrofe india, la lógica de maximización de la ganancia y el desprecio de la vida que caracteriza al capitalismo siguen cobrándose la vida de cientos de trabajadores al año en nuestro país y dejando graves secuelas en los territorios. Sin ir más lejos, hoy el Gobierno nacional apuesta a facilitar el ingreso de divisas extranjeras para proyectos extractivistas vinculados a la minería o a la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, mientras el agronegocio sigue contaminando tierras y ríos con toneladas de glifosato al servicio de la ganancia de unos pocos. La tragedia de Bhopal también dio lugar a que en todo el mundo se conmemore el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, una problemática más que actual en nuestro país.