El gobierno de Salvador Allende y la lucha por el “poder popular” (1970-1973), por Franck Gaudichaud

Fue en estos términos  que la Coordinadora  Provincial  de Cordones Industriales  de Santiago se dirigió, el 5 de septiembre  de 1973, al primer mandatario  de Chile, el Presidente  Salvador Allende.  Se trataba de una carta publicada seis días antes del golpe de Estado que pondrá fin a una experiencia  extremadamente  importante  para la historia del movimiento obrero internacional: la de “la Unidad Popular”. Esta carta terminaba de esta manera:

Le advertimos,  compañero,  que con el respeto  y la confianza  que aun le tenemos, si no se cumple con el programa de la Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y gobernante y que será responsable de llevar al país, no a una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, planificada, de la clase obrera más consciente y organizada de Latinoamérica. Y que será responsabilidad histórica de este Gobierno, llevado al poder y mantenido  con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costo sangriento, de no solo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos latinoamericanos que están luchando por el Socialismo.3

Estas palabras suenan aun hoy día, 30 años después.4  Fueron la expresión de un significativo sector del movimiento obrero y popular chileno que durante dos años intentó desarrollar lo que se denominaría “poder popular”.

Sin embargo hoy, la historia de los Cordones Industriales, así como la de los demás organismos de “poder popular” que surgieron durante el gobierno de Allende (1970-1973), es muy poco conocida. ¿Cuáles fueron sus proyectos políticos, sus logros y debilidades,  sus mitos, discursos, organizaciones  y dimensión? Es justamente esta historia, la del movimiento popular chileno, durante largo tiempo ignorado por las ciencias sociales, la que he intentado hacer resurgir a través de la presentación de una serie de entrevistas realizadas en Chile, en el transcurso de estos últimos tres años. Con el fin de acercarse a la dinámica del “poder popular” chileno, es preciso reflexionar sobre este país con la mirada crítica de la historia. Ya que, aun hoy, se puede percibir el reflejo de ese espejo distorsionado que nos devuelve ese “país-símbolo”,5  arrastrando su cohorte de imágenes mitificadas, incluso mistificadas, que se abrieron paso de la simplificación histórica en el gran libro de las memorias sueltas. Muchas veces no nos quedan más que algunos tópicos, que surgen aquí y allá esbozando la historia chilena reciente: la imagen del general Pinochet como arquetipo de los dictadores latinoamericanos;  la foto de un Salvador Allende, héroe solitario, defendiendo hasta la muerte el palacio presidencial y la legalidad de la transición al socialismo que él proclamaba justamente como pacífica. ¿Y después? Después los contornos siguen siendo difusos.

Pensamos que para comprender realmente el por qué de la dictadura chilena y los intereses sociales que defendió, es necesario examinar más profundamente la historia política y social del país, sobre lo que se podría llamar su razón de ser histórica. Es decir, el proceso de reformas radicales iniciadas por el gobierno de Salvador Allende, la lucha de los trabajadores y del pueblo chileno por el “poder popular” y su derecho de controlar su existencia tanto como el devenir de sus riquezas. Deseos que fueron aplastados violentamente por la Junta Militar el 11 de septiembre de 1973, cuando los generales golpistas hicieron un llamado a extirpar el cáncer marxista del país.6

Al revisar la numerosa bibliografía  relativa a la historia de la Unidad Popular (cientos de obras venidas de distintos  países)7, es sorprendente constatar que, durante mucho tiempo, los elementos elegidos para explicar el fracaso del Gobierno de la Unidad Popular fueron sobre todo la intervención del imperialismo americano, a menudo puesta en relación con un elemento interno: la traición de los oficiales superiores que se alzaron contra el régimen constitucional, apoyados por la derecha y las clases dominantes chilenas. Esta concepción conlleva inevitablemente a una visión reduccionista y maniquea de la Unidad Popular. Es cierto, la presencia de funcionarios de la CIA en territorio chileno, la participación  en el asesinato del general Schneider, el financiamiento de la huelga de los camioneros y, más importante aun, el bloqueo económico internacional contra Chile son hechos probados, cuyas consecuencias son innegablemente  esenciales en la explicación del golpe de Estado.8   Sin embargo,  desde el punto de vista del análisis  histórico,  la intervención norteamericana y la violencia de la represión han tendido a ocultar o minimizar las importantes  fallas del proyecto aplicado por la izquierda chilena. Así, algunos autores se han opuesto a esta simplificación y han destacado que, al estudiar este período, es necesario incluir los propios límites de la izquierda chilena y la dinámica de convulsiones  que implicaron  intensos conflictos políticos en el propio movimiento social.9  Pero aun así, esta visión crítica ha ido separando artificialmente dos polos opuestos dentro de la izquierda: una línea minoritaria, presentada como auténticamente revolucionaria (entre los cuales se encontraban el ala izquierda del Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), y una tendencia mayoritaria, conciliadora y reformista,  personificada  esencialmente  por el Presidente Allende y el Partido Comunista chileno. Esta oposición tradicional ha sido renovada con posterioridad por la actual historiografía chilena con el concepto de un “polo gradualista” opuesto a un “polo rupturista”.10  No intentamos aquí impugnar la verdad de tal diferenciación política durante la Unidad Popular, sino más bien rechazar la validez de esta lectura única para entender la realidad del movimiento obrero chileno. En efecto, todo indica que la clase obrera chilena no se hallaba en su conjunto tras objetivos políticos únicos y directamente representativos  de las orientaciones  de los partidos trabajadores,  más bien ciertas fracciones del movimiento social se encontraron a menudo en desfase con sus direcciones políticas históricas: la historia de los cordones tiende a ejemplificarlo claramente.

Es necesario que el historiador de hoy salga de la lógica que confunde la superestructura política de Chile de este período, sus debates institucionales y sus conflictos ideológicos, con la realidad de la lucha de clases, en la base.11 La historia de los distintos movimientos revolucionarios internacionales nos lleva a esta tendencia de fondo, que parece comprobarse en Chile. En tales momentos de convulsiones  sociales, las diferencias que existen en las organizaciones políticas tradicionales se encuentran desajustadas, incluso en desfase, con la realidad del movimiento social, el que a su vez se ve atravesado por corrientes opuestas.

Es lo que nos dice a su manera la historia del “poder popular” y el proceso de participación de los trabajadores en el Área de Propiedad Social, es decir, el sector nacionalizado  de la economía. Esta historia esencial a menudo se olvidó o fue dejada de lado por las innumerables obras, estudios y relatos que se han propuesto revisar los tumultuosos acontecimientos de los “mil días” de la Unidad Popular (UP).12

Es necesario recordar brevemente  lo que fue la Unidad Popular (UP): una coalición social y políticamente heterogénea, abarcando desde el Partido Comunista (PC) al Partido Radical, pasando por el Partido Socialista (PS) y sectores democratacristianos  en ruptura con su organización (sobre todo el, Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU, y luego la Izquierda Cristiana), o también el API (Acción Popular Independiente).  Constatando  el carácter progresista de esta unión, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), después de numerosas vacilaciones, aporta su apoyo de manera crítica a la Unidad Popular.13  Innegablemente, esta alianza política se encontraba bajo la dirección hegemónica de los dos principales partidos trabajadores del país, el PC y el PS. La UP, al mismo tiempo que se propone sobrepasar los límites de los gobiernos anteriores aplicando una serie de reformas importantes, afirma su deseo de impulsar “la vía chilena al socialismo”. Ésta se presenta, en múltiples ocasiones, como una originalidad auténticamente chilena basada en la especificidad de las instituciones estatales de este país o también en su idiosincrasia.  Con todo, sobrepasando  el mito de un modelo de transición al socialismo  específicamente  chileno, se puede ver el establecimiento  de un modelo claramente influido por el contexto internacional  de la Guerra Fría, seguido de la “distensión”,14   así como por el peso ideológico y político del PC sobre la coalición. Intelectuales orgánicos de la UP como el catalán Joan Garcés prefieren la denominación de “vía política” (que se opone a la vía insurreccional)  para presentar la especificidad de la UP.15   Por sobre las innegables especificidades nacionales del proceso chileno, el programa de la UP es un ejemplo concreto del modelo de la “vía pacífica” al socialismo y de la “doctrina Brejnev”.16

El objetivo del programa de la UP consistió en facilitar un principio de desarrollo  industrial  duradero  y una modernización  del campo chileno: nacionalización de los recursos naturales esenciales, estatización de los grandes monopolios, en su mayoría en manos de capitales extranjeros, reforma agraria. El programa preveía igualmente diversas medidas sociales, sin precedentes por su amplitud  en la historia  del país, apuntando  a una importante redistribución de las riquezas.17  Es lo que entonces se llamó “la construcción de la nueva economía”. Es un llamado, en particular, a la edificación de un Área de Propiedad Social (APS) formada por la nacionalización  del sector minero (cobre, salitre, hierro, carbón…), la banca y el comercio exterior, “los monopolios industriales estratégicos” y “las grandes empresas y monopolios de distribución”. La idea propuesta por el documento señala que este proceso debe efectuarse  con respeto de la propiedad  privada y de los pequeños accionistas; eso implicaba nacionalizaciones por rescate e indemnizaciones, y no de expropiaciones. En la idea de la UP, el APS debe convertirse en un sector predominante de la economía y el primero de la futura economía socialista. Básicamente, el objetivo de Salvador Allende, médico socialista y francmasón, era responder a la crisis social creciente que conocía Chile en 1970.

Desde un punto de vista estructural, Chile atraviesa en 1970 una crisis social y económica que se acompaña de un aumento del desempleo y el agravamiento de las desigualdades en la distribución de las riquezas. En dicha fecha, para la mayor parte de las clases populares, el único derecho parece ser el de ejercer como fuerza de trabajo barata, rentable tanto para los capitales extranjeros como para la burguesía chilena. País dependiente y periférico, Chile permanece sujeto a las fluctuaciones del mercado mundial y padece de una economía “mal desarrollada”: la mitad de la población activa recibe en 1969 una renta media de

35 dólares per cápita, es decir para la gran mayoría el problema es el de tener un techo, pan y de qué vestirse.18  El mismo año, un 1% de la población percibe más de un 10% de la renta, mientras que en paralelo un 30% de las familias chilenas poseen una renta total inferior a un salario mínimo vital, y un 60% de ellas no ganan una suma equivalente a dos salarios mínimos. En tal contexto, la gran mayoría de las capas populares chilenas están a la espera de un cambio radical de política económica y el gobierno de Allende, aunque es elegido con solo un 36,2% de los votos, suscita numerosas esperanzas y expectativas, en una población ampliamente politizada y organizada. Esta época es realmente la de una movilización colectiva ascendente del pueblo chileno, atravesada por

una profunda voluntad de transformación social. Es también el tiempo de los grandes proyectos emancipadores, de una visión de mundo latinoamericana marcada  por la Revolución  Cubana y del deseo compartido,  construido colectivamente, de cambio de la sociedad. Esta enorme energía político-social que estalla en la sociedad chilena, a principio del año 70, posee como punto común la voluntad de atacar los males del capitalismo dependiente. Es así como encontramos de manera indirecta las huellas de este fenómeno tanto en los discursos de la izquierda como de su opositor populista Radomiro Tomic, candidato presidencial presentado por la DC.

Para llevar a cabo sus reformas democráticas  calificadas como “antiim- perialistas y antimonopólicas”, el gobierno se asentó en una coalición social muy amplia, respetando al mismo tiempo la legalidad, la Constitución y las instituciones  en vigor. Esta coalición es prevista por un sector mayoritario de la UP como un acuerdo con la Democracia Cristiana, que representaba supuestamente a “la pequeña y mediana burguesía”, o también a la llamada burguesía “nacional” o “progresista” (es decir, supuestamente no vinculada al imperialismo). Esta búsqueda de una burguesía autónoma resultó rápidamente ilusoria, puesto que una de las características de las formaciones sociales lati- noamericanas es precisamente la directa interdependencia de los intereses de las clases dominantes con los de los capitales extranjeros.19

En la actualidad, tenemos a nuestra disposición numerosos análisis que permiten  constatar  que los dictámenes  y balances sobre este período no concuerdan. Durante el mandato de la UP, algunos autores marxistas críticos calificaron a la coalición como un nuevo tipo de Frente Popular, aunque bajo la dirección del reformismo obrero y no directamente de la burguesía (presente en la coalición a través del Partido Radical).20 Otros sectores, cercanos al PC chileno, la interpretaron  como una verdadera coalición pluriclasista  anticapitalista, compuesta de varios partidos, pero bajo la dirección democrática de la clase obrera,21 y así se podrían multiplicar los ejemplos de clasificaciones con respecto a la UP. Algunos autores, que fueron igualmente  protagonistas,  intentan defender la concepción de la “vía institucional al socialismo”.22  En efecto, ha sido presentada por muchos historiadores, y afortiori por sus apologistas, como el único intento histórico, de construcción por vía institucional, de un cambio social democrático y radical con perspectiva anticapitalista y socialista. Esta vía hacia el socialismo se señala como adecuada a la situación nacional chilena, a su formación social e idiosincrasia.23  Recientemente, algunos analistas intentaron orientarse más aun hacia un estudio de tipo funcionalista, reanudando así los trabajos pioneros sobre este tema de Arturo Valenzuela.24   Influidos por los conceptos de “sistema político polarizado”, “ausencia de centro pragmático”, estos autores rechazan al mismo tiempo el análisis estructural, y se atienen a un simple análisis de la coyuntura política.25 Según este enfoque, la explicación central de este período debe buscarse en la pérdida del consenso democrático y “del Estado de Compromiso”, que habría sido una característica de Chile.26

Con todo, si se desea seguir siendo riguroso y objetivo, no se puede sino constatar la debilidad de este famoso “Estado de Compromiso”, que se habría caracterizado por una estabilidad democrática (basada en un consenso social) y la institucionalización de las demandas del movimiento obrero. De hecho, si bien no puede negarse el papel central del Estado en la formación social chilena, tal concepto aparece como una reiteración teórica que oculta la multitud de prácticas represivas y autoritarias a lo largo del siglo XX. Además, al abordar el período esencialmente a través de la estrategia de los partidos y sus informes a las instituciones, el análisis funcionalista (o pseudo-funcionalista)  tiende a confundir las consecuencias de la lucha social como su causante y bajo el amparo de este análisis se atiene finalmente a una presentación de tipo descriptiva. Deja de lado el terreno donde el historiador debe profundizar para comprender la raíz de un fenómeno y no permanecer únicamente en la superficie de los acontecimientos:  la perspectiva en el tiempo largo de una formación social económica, la dinámica propia del movimiento social y la lucha de clases, las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política, el consenso y la fuerza (en el sentido otorgado por Antonio Gramsci).

Es por eso que pensamos que es necesario volver de nuevo a una visión dialéctica y materialista de la Unidad Popular, utilizando las contribuciones teóricas de las ciencias sociales y políticas contemporáneas, disponiendo así de una visión crítica y fecunda sobre este periodo. Por ejemplo, el economista Héctor Vega mostró perfectamente  las dificultades  de la viabilidad  del programa económico de la UP, que califica de “economía del populismo” en el contexto del Chile de los años 70.27  Sería muy extenso intentar reproducir el conjunto de su argumentación, pero sí tengamos en cuenta que una de sus explicaciones centrales se basa en el estudio del bloque social en el cual intenta basarse la UP y de la coalición de clases que el Gobierno intenta mantener bajo el freno constante de las pretensiones  populares más radicales. En su programa, la izquierda chilena mantiene el viejo “equilibrio populista” de alineación social, heredado de las prácticas gubernamentales  previas y en particular de los Frentes Populares. Esta conceptualización,  por otra parte, es compartida por varios historiadores contemporáneos, por ejemplo Gabriel Salazar y Julio Pinto, que califican a la UP como un proyecto “nacional-populista” en su Historia Contemporánea de Chile y restituyen esta historia en un análisis de mediana duración, es decir como continuación del período que se abre en los años treinta.28  Si bien se puede aceptar como interesante esta calificación de la UP, es con bastantes precauciones y con el afán de discutirlo en términos historiográficos.29  En efecto, el concepto de “populismo” tiende a ser un esquema sociológico que no permite siempre incluir las características específicas de cada situación histórica. Es necesario resguardarse, por ejemplo, de confundir un gobierno como el de Salvador Allende con el “populismo íntegro” de regímenes como los de Vargas o Perón que tuvieron lugar en los países vecinos.30 En este sentido es importante entender el carácter específico de la experiencia chilena, señalando su fuerte antiimperialismo, la hegemonía de partidos obreros en el gobierno proclamando la transición pacífica al socialismo, un programa político de desarrollo industrial nacional y de redistribución de las riquezas radicales, basado en una táctica de compromiso entre clases populares y fracciones de las clases dominantes. Analizando el gobierno de la Unidad Popular hoy día, se podría hablar de un intento de reforma estructural y de desarrollo industrial radical (pero en continuidad con el periodo anterior y con reiteración táctica, bajo un nuevo contexto, de la alianza social desarrollada durante los Frentes Populares). Así, este gobierno fue marcado en una primera fase por una importante política de redistribución de riqueza, por un profundo proceso de democratización  e indudablemente,  también, por fuertes rasgos de “bonapartismo  sui generis”31   en su intento de instrumentalizar  el Estado burgués bajo la bandera de la “vía chilena al socialismo”. El historiador Luis Vitale analiza así este periodo:

Un análisis riguroso conduce a señalar que las medidas del gobierno de Allende constituyeron una continuidad histórica, en un plano de mayor radicalización, del proceso abierto por la Democracia  Cristiana. En términos de sociología política, se trataría de un proceso de revolución democrática que no alcanzó la fase socialista porque la Unidad Popular ganó electoralmente el gobierno pero no el poder real. En rigor, la Unidad Popular no alcanzó a cambiar el carácter del Estado en un nuevo tipo de institucionalidad que formalizara los embriones de poder popular. Conclusivamente  –y ateniéndonos a las tesis de los tratadistas mundiales del Estado como Harold Laski y del carácter de las revoluciones del siglo XX analizadas por el reciente libro de Hobsbawm– la Unidad Popular habría cumplido una parte de su estrategia de la revolución por etapa, la primera etapa, democrático-burguesa,  sin poder pasar a la segunda, la socialista?32

Sin mayoría en el Parlamento, el Gobierno de la UP va a desarrollar una política de alianza social “por la cumbre” es decir de negociaciones  con la cúpula de la Democracia Cristiana, viéndose amarrado paulatinamente en una institucionalidad que le es abiertamente hostil a su proyecto de cambio y a las movilizaciones sociales que favorece. Dada su llegada al poder, en noviembre de 1970, el gobierno de Allende se encuentra muy limitado en su margen de maniobras políticas, en virtud de un acuerdo de “garantías constitucionales”, ante el cual la Democracia  Cristiana  le da temporalmente  su apoyo. En consecuencia, no solamente esta voluntad de alianza no da resultado, ya que ante la crisis económica, las clases medias “progresistas” se alejan cada vez más de la Unidad Popular; pero por añadidura, el partido de Eduardo Frei termina aliándose con el Partido Nacional dirigido por Jorge Alessandri y apoyará activamente el golpe de Estado (recibiendo ayuda de la CÍA y del imperialismo  así como de numerosos otros sectores, tal como el periódico El Mercurio, ferviente defensor de la dictadura).33   El Gobierno popular se encontró progresivamente atrapado en el entramado de la institucionalidad, perdiendo poco a poco la eficacia en el plan mismo sobre el que había elegido priorizar su lucha: el de reformas estructurales que pasaban por el respeto de la Constitución liberal de 1925 y de las fuerzas armadas, declaradas “fuerzas constitucionalistas”.34 La Unidad Popular llega, sin embargo, durante el primer año, a adoptar todo un conjunto de medidas sociales en favor de los trabajadores y el pueblo, tratándose  de las medidas distributivas  más importantes  en toda la historia política de Chile, tanto por su amplitud como por su carácter profundamente antiimperialista. Ejemplo de esto es la nacionalización de la compañía Kennecott-Copper, que se enriquece con el cobre chileno; así mismo del monopolio de comunicaciones ITT o el sector bancario. En el ámbito rural la reforma agraria fue profunda y desestabilizó la soberanía del viejo ámbito latifundista, distribuyendo más del doble de tierra que bajo el gobierno de Frei. Se crea un sector nacionalizado, llamado Área de Propiedad Social, que absorbe alrededor de un 20% de la producción generada por toda la industria nacional. Por último, se inicia una política social en favor de los sectores populares: acelerada política de vivienda, reducción drástica del desempleo, aumento de sueldos, reforma de la educación, política de salud pública, instauración de trabajos voluntarios.35

En este contexto  el Partido Comunista  chileno, primera organización trabajadora del país, desempeña a lo largo del período un papel esencial. Este partido promueve la moderación de los sectores populares más radicalizados, con el fin de garantizar la estabilidad del Gobierno y no asustar “a la burguesía nacional”. El partido, dirigido por Luis Corvalán (de gran importancia por su base social y sus capacidades de movilización), hegemoniza de hecho el gobierno de la Unidad Popular con el lema “consolidar para avanzar”. Este polo conciliador es el que llega a imponer su visión del proceso a partir de los debates políticos de Lo Curro y El Arrayán, a finales de 1972. El Partido Socialista (otra fuerza central de la izquierda) adoptó por su parte una posición más ambigua, herencia de su pasado oportunista,  donde supo combinar múltiples integraciones  al aparato estatal y una fraseología revolucionaria, esencialmente discursiva.36  Ocupando una posición eminente en el gobierno, esta organización mantiene un tono muy crítico respecto a la política de alianza de clases y respecto de la legalidad existente. Así pues, en el Congreso de La Serena, en febrero de 1971, el Partido del “Compañero Presidente” reconocía que el gobierno era “el reflejo de tendencias trabajadoras, pequeño burguesas y burguesas”, y anunciaba que “estas contradicciones de clases serán superadas por la dinámica de las masas revolucionarias trabajadoras”.37  Aunque estuviese cruzado por un ala izquierdista, partidaria de una aceleración de las reformas y de una ruptura con la burguesía, y de la cual su secretario general Carlos Altamirano se hizo eco en parte, el PS permanece a lo largo del período como un promotor de la “vía chilena al socialismo”, es decir, la de reformas graduales en el marco institucional vigente.38  Sus divergencias con el PC no se traducirán pues en la elaboración de un consiguiente proyecto político alternativo. La mantención de la unidad del gobierno, a menudo maltratada por una coyuntura agitada, siempre se juzgó más importante que la aclaración de estas diferencias políticas fundamentales. Así, a partir de sus orígenes, la Unidad Popular se encontró impregnada  de una contradicción  principal: se define como el “gobierno popular” y pretende representar las aspiraciones de un movimiento social radicalizado, pero al mismo tiempo llama a los trabajadores a no poner en entredicho, directamente, a las instituciones chilenas y a su Ejército, como a no sobrepasar las medidas previstas por su programa. Desde este punto de vista, el nuevo orden social, este “poder popular” en gestación, habría debido surgir de una incorporación progresiva de los representantes del pueblo en las instancias del Estado, lo que terminaría de transformarlo “desde el interior”, en paralelo a una acción de lucha de clases en la base.

En esta fase de la explicación,  es necesario hacer un paréntesis teórico destinado a recordar que en la tradición marxista-leninista,  de la cual se proclamaban de una forma u otra todos los partidos de izquierda de este tiempo, la cuestión del “poder popular” se refiere a la teoría del poder de Estado y de las clases dominantes que este último representaba como a la creación de un control obrero y popular (consejos trabajadores), que personificarían la nueva sociedad en gestación. Los bolcheviques habían solucionado esta cuestión por el concepto de “doble poder” o también “la dualidad de poder”, a raíz de la confrontación entre los soviets y el gobierno de Kerensky en Rusia de 1917. Si se sintetiza un debate que causó numerosas polémicas,39  para Lenin y Trotsky, cuando se plantea el problema del poder en los movimientos revolucionarios, es el de la construcción de un poder alternativo al Estado burgués, la “dictadura del proletariado”, remplazando la del capital, resultante de la iniciativa directa y dirigida de las masas populares. En tal coyuntura, el control y la gestión del orden social pasarían a las manos de la clase obrera: control obrero de la producción, armamento del pueblo y sustitución del aparato de represión, funcionarios  revocables en cualquier momento, etc…40   Más ampliamente, esta problemática  fue presentada antes en varios textos de Marx y Engels, más exactamente en el análisis de la Comuna de París, y fue prolongada en los escritos de muchos intelectuales (particularmente de Gramsci), y en el seno de los acontecimientos de la mayoría de las experiencias históricas internacionales de control obrero y de autogestión, de las cuales el continente latinoamericano posee múltiples.41

Durante la Unidad Popular, este debate va a tomar un cariz específico donde la mayoría de la izquierda chilena, proclamándose al mismo tiempo de la teoría marxista “ortodoxa” rechaza la teoría de la dualidad del poder según la cual la lucha de clases en un período prerrevolucionario  causaría una oposición irreconciliable entre el Estado, cuyo gobierno es uno de los representantes, y el movimiento popular. Según los partidos de la UP, más allá de las diferencias, la existencia del gobierno dirigido por Salvador Allende situaba necesariamente el lugar del “poder popular” no contra el Estado burgués (entendido como un todo único), sino solamente contra una parte del Estado (el poder judicial y legislativo). En esta aceptación parcial de la teoría marxista del Estado, el poder ejecutivo, o sea el gobierno de Allende, es considerado como un instrumento en las manos de las clases trabajadoras  en su lucha para la transición  al socialismo. Es en base a esta constatación que los pensadores de la UP tienden a separar mecánicamente  el “gobierno popular” y el “Estado burgués”. En este sentido, cuando surgen embriones del “poder popular” en la base, estos últimos se consideran como un apoyo potencial al gobierno y sus medidas. En fin, la dualidad del poder se presenta como atravesando al propio Estado burgués.42  Así lo declaró Víctor Muñoz (PS), presidente del cordón industrial San Joaquín, durante un debate sobre el poder popular: “Cuando hablamos de la generación del poder popular, no lo estamos planteando como una alternativa al gobierno propiamente tal, sino como una alternativa a un poder dual, el poder de la burguesía’”.43  Esta argumentación teórica estaba lógicamente ligada a la concepción de la “vía pacífica” al socialismo y de una transformación progresiva, por etapas, del Estado burgués.

Ante esta posición  existe la del MIR y la de pequeños  grupos extra- parlamentarios  que pretenden basarse en la concepción marxista-leninista tradicional.  Si bien estos últimos reconocen  la mayor parte del tiempo el carácter progresista del gobierno de Allende, rechazaban la concepción de la revolución por etapas o pacífica, planteando que la dualidad del poder conllevaría inevitablemente a un enfrentamiento violento, que causaría o una destrucción-transformación  del Estado burgués en el caso de una victoria del “poder popular”, o la llegada de una dictadura en el caso de una derrota. En su análisis de la victoria electoral de Allende, el MIR declaraba que a pesar del acceso al Ejecutivo de los partidos de izquierda: “Mientras el aparato de Estado, sus estructuras burocráticas y militares se mantengan intactas […] seguirán cumpliendo su papel de clase”.44 A partir de esta lógica, el MIR, a medida que el debate sobre el “poder popular” toma importancia, esencialmente durante el año 1973, se sitúa por un “poder popular” independiente y alternativo en el Estado chileno. A pesar de eso no niega el papel que podría jugar el gobierno en este proceso de construcción social. Juan Olivares, presidente del Comando Comunal Estación Central, afirmaba así la necesidad de “convertir el poder de la clase en un poder autónomo, un poder independiente del gobierno y un poder autónomo del Estado. O sea una dualidad de poderes. […] Entonces la clase obrera se propone crear un Estado autónomo, un poder de la clase que va a transformar el Estado. El gobierno está dentro de un sistema burocrático y burgués. Es un instrumento de la clase, pero no es parte de ella mientras no se plantee ponerse a su servicio”.45

Este debate sobre el rol del “poder popular” frente al Estado burgués toma a veces la forma de debates sin fin entre algunos círculos militantes (esencialmente PS, MIR y MAPU), discutiendo sobre la historia de la Rusia revolucionaria y el concepto de doble poder en la teoría marxista. Esto a menudo en desconexión con las preocupaciones  directas de los trabajadores/trabajadoras, cada vez más absorbidos por la resolución de sus dificultades diarias, vinculadas a los problemas de escasez y del mercado negro. Con todo, este debate teórico es de vital importancia para entender el período y su desarrollo. En filigrana, encontramos  las grandes líneas de estas distintas concepciones  del “poder popular” a través de los testimonios que presentamos en este libro. El debate parece de manera más o menos elaborado según el entrevistado y su posición pasada y actual, pero se encuentra siempre presente.

Globalmente,  la historia  del poder popular  podría  dividirse  en tres períodos. El primero va desde la elección de Allende hasta la huelga patronal de octubre de 1972: es el concepto de participación  bajo control estatal, tal cual es planteado por el gobierno, que precede y donde se dibujan algunas fricciones entre éste y los trabajadores que reclaman la extensión del sector nacionalizado (ocupaciones de fábricas, Asamblea de Concepción, nacimiento del cordón industrial Cerrillos). El segundo comienza con la huelga de octubre, para terminar en junio de 1973: se caracteriza por un desbordamiento amplio de los partidos de izquierda y la aparición de organizaciones independientes al gobierno, como los Cordones Industriales o los Comandos Comunales. Y finalmente el tercero, que sigue al golpe fallido de junio de 1973: el debate sobre el “poder popular” está entonces en su apogeo y el conjunto de las fuerzas políticas reconocen el potencial de estos organismos, ya sea para condenarlos abiertamente  o para intentar canalizar su fuerza. Al parecer el término de “poder popular” no poseía gran trayectoria histórica en Chile y solo se emplea masivamente por los militantes de izquierda, al final del período, para designar la autoorganización de las masas y las capacidades de control de éstas sobre la gestión de la sociedad.

Se puede encontrar una referencia al poder popular en el programa de la UP, aunque de manera extremadamente vaga y poco precisa. Si nos basamos en los textos programáticos y fundadores de la UP, se puede decir que el “poder popular” transita desde una versión minimalista hasta una más compleja: de un simple apoyo de las bases populares organizadas a la política del gobierno hasta la creación de los gérmenes de un nuevo Estado y de nuevas relaciones de producción en la perspectiva de una transición al socialismo.46  Con todo fue la versión minimalista la que dominó la conducción del proceso en las esferas gubernamentales  y la dirección de los partidos. El proyecto de la UP posee numerosas características  de productivismo  y de “economicismo”  al hacer hincapié constantemente en el factor de la producción y menos en su dimensión política, sobre todo participativa. La utilización máxima de las capacidades productivas del país se coloca bajo la bandera del “poder popular” y del impulso de una política de participación de los trabajadores en el desarrollo económico. El programa de la UP resume también el “poder popular” a una intención general de reformas estructurales sin que se haga mención explícita de cuáles son los agentes sociales que llevarán y controlarán este proyecto, por qué medios concretos, ni sobre todo, en qué método de acumulación se inserta. Se afirma así que la garantía de su aplicación reside, en particular, en la constitución de un amplio sector nacionalizado, es decir “el control por el pueblo organizado del poder político y económico; expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas’”.47  A la cuestión de “¿en qué consiste el poder popular?”, Allende respondía bajo esta forma evasiva: “El poder popular significa que pondremos fin a los pilares en los cuales se basan las minorías que, desde siempre, han condenado a nuestro país al subdesarrollo” y agregaba “es importante que cada uno de nosotros se compenetre de la responsabilidad común. Es tarea esencial del Gobierno Popular, o sea de cada uno de nosotros, repito, crear un Estado justo, capaz de dar el máximo de oportunidades a todos los que convivimos en nuestro territorio”.48

Concretamente, según la UP, el ejercicio del “poder popular” tendría que pasar por los Comités de la Unidad Popular (CUP). Se habían organizado aproximadamente 15.000 de estos comités en las fábricas, en los barrios, con el fin de organizar fuerzas favorables a la UP durante la campaña para las elecciones presidenciales; estos debían más tarde movilizar y formar políticamente a los trabajadores.49  Sin embargo, esto no resultó más que una intención, ya que los CUP desaparecieron con posterioridad casi inmediata a la victoria electoral, a causa de la ausencia de objetivos precisos que se les asignaban fuera de la campaña electoral.50  Siempre en la misma óptica de un “poder popular” bajo control y destinado a apoyar las acciones gubernamentales,  se establece un sistema de participación de los trabajadores en las empresas nacionalizadas. Esta cogestión se preveía por medio de una mayor integración de la CUT (única gran confederación sindical en Chile) en las instancias estatales administrando el sector nacionalizado tanto a nivel central como a nivel local. Con esta perspectiva Salvador Allende declaraba el 1 de mayo de 1971: “Consolidar el poder popular equivale a volver más potentes los sindicatos, volviéndolos conscientes de que constituyen uno de los pilares fundamentales del Gobierno”. Así llamaba a la moderación, disciplina y responsabilidad  a los asalariados: “Queremos que cada trabajador comprenda que la teoría revolucionaria establece que no se destruye absoluta y totalmente un régimen o un sistema para construir otro; se toma lo positivo para superarlo, para utilizar esas conquistas y ampliarlas. Es conveniente que eso se entienda y se adentre en la conciencia de cada uno de ustedes”.51

La participación de los trabajadores respondió a una fuerte demanda de democratización de las relaciones capital-trabajo por parte de estos, significan importantes cambios en las relaciones laborales y una mejora sustancial en la vida cotidiana. Varios son los testimonios que expresan claramente esta impresión de transformación social o de una “emancipación cotidiana” que este sistema introdujo para los asalariados que lo vivieron. Ejemplo concreto de esto fue el debilitamiento de la jerarquía vertical y autoritaria de la fábrica con el nombramiento  de un Interventor, que se elige a veces dentro de los mismos obreros,52   mientras que el antiguo propietario  debe abandonar  la fábrica. Sin embargo, la instauración práctica de este sistema de participación demostró las limitaciones de un proyecto estrechamente encuadrado por el Estado y que nunca alcanzó una verdadera transformación de las relaciones de producción.53   Según los acuerdos celebrados entre la CUT y el Gobierno sobre las normas de participación, en diciembre de 1970 y luego en febrero de

1971, el Estado sigue siendo mayoritario en el consejo de administración de la empresa nacionalizada, mientras que el poder de orientación concedido a la asamblea de los trabajadores (instancia suprema de decisión), se encuentra artificialmente separado del de ejecución, dejado a la nueva dirección de la empresa. Paralelo a este órgano, se crea una asamblea consultiva formada por los comités de producción, cuyo papel esencial fue mejorar la cadena de producción54. En este contexto numerosos dirigentes sindicales pretendieron utilizar su posición dominante en la fábrica para controlar activamente a los nuevos delegados de trabajadores (en los comités de producción) y canalizar las luchas en función de las necesidades emitidas por la dirección de la UP.55

Hay que señalar que el sistema de participación se piensa sobre todo como un instrumento de rentabilidad y productividad de las empresas. Esta voluntad se traduce en la propaganda del PC en torno al tema, reiterando sin cesar la consigna de “la batalla de la producción”. Coherente con su estrategia de extensión progresiva de las conquistas de los trabajadores, tanto la UP como la dirección de la CUT, dominada por el PC, veían en la rentabilidad del sector nacionalizado el mejor aliado para atraerse los favores de fracciones crecientes de la población, al mismo tiempo que el medio de aumentar el poder adquisitivo de las clases pobres (un aumento de un 38% para los obreros el primer año). Sin embargo, el proyecto de nacionalización del gobierno fue dirigido inicialmente a solo un 10% aprox. de los trabajadores industriales (55.800 personas) y a menos de un 1% de las 35.000 empresas chilenas.56  Así olvidaba, sin perspectivas de participación directa, a la gran mayoría de los obreros de la pequeña y mediana industria, dadas como no estratégicas, pero también a amplios sectores de la industria textil, de la construcción y la alimentación: es decir a más de 500.000 trabajadores.57

Del mismo modo, los partidos de la Unidad Popular, en su alianza con la CUT, se apoyan desde luego en la única central sindical del país, pero ella solo representa a una fracción de los obreros chilenos. Esta organización interprofesional nacional se constituyó en 1953 después de una larga crisis del movimiento sindical, con alrededor de 700.000 inscritos, un poco más del 25% de los trabajadores chilenos. A pesar de las declaraciones de sus dirigentes sobre su “legitimidad trabajadora”, la central no es mecánicamente representativa de la clase obrera industrial, que forma en 1970 más del 40% de la fuerza de trabajo del país, pero que sigue estando ampliamente fragmentada entre un sector moderno monopolístico y una multitud de pequeñas industrias artesanales.58 Al estudiar la composición social de los miembros de la CUT, se puede apreciar que apenas la mitad de éstos pertenecen al proletariado industrial y minero, siendo el resto de sus afiliados empleados públicos y campesinos.59  Esto debido, en parte, a las drásticas restricciones legales que controlan el movimiento sindical e impiden todo combate sindical oficial, tanto en las pequeñas empresas como en el campo, situación que se mantuvo hasta la llegada de la UP al gobierno. Además, detrás  de estas cifras, se ocultan las diferencias de los sectores público/privado, que son igualmente significativas: la confederación cuenta en sus filas, en 1971, con más del 95% de los asalariados del sector público (cifra considerable) y solamente con un 23% de los trabajadores del privado, a pesar de que estos últimos constituyen la inmensa mayoría de la población activa (90%).60

Estas estadísticas hablan por sí solas y nos recuerdan hasta qué punto la CUT se encuentra sobre todo vinculada al Estado y a sus prerrogativas. Ella representa a los asalariados directamente vinculados a este Estado mediador que se forjó desde los años treinta, basándose en algunas fracciones trabajadoras del sector privado, en particular los de la gran industria minera, y una plétora de empleados directamente adjuntos al funcionamiento de la máquina estatal. Este vínculo de dependencia se refuerza considerablemente bajo Allende, con la integración progresiva de la central a la dirección del Estado y sus empresas. Da prueba de esto el nuevo gabinete de principios de noviembre de 1972, donde la primera tarea de Salvador Allende “para calmar a sus tropas” tras la insurrección de octubre, fue establecer un gobierno cívico-militar: dos dirigentes de la CUT se encuentran frente a frente con tres altos jefes de las Fuerzas Armadas, Rolando Calderón (secretario general de la CUT-PS) en el Ministerio de Agricultura, y Luis Figueroa (presidente  de la CUT-PC) al Ministerio de Trabajo. Esta “subordinación” favoreció el hecho de que la central sindical desempeñara un papel de canalización del movimiento obrero, mientras que estructuralmente sectores enteros de los trabajadores se encuentran fuera de su influencia directa y sin perspectiva de integración al proyecto allendista.61  Contradicción que se vio acentuada por las dificultades diarias del gobierno, para hacer avanzar su proyecto por la vía constitucional, enteramente bloqueada en el Congreso y las instituciones judiciales. Esto explica, en particular, el fracaso relativo de los partidos de izquierda en las elecciones de la CUT en junio de 1972,62 la captación política por la derecha del descontento de algunos sectores de trabajadores (con la huelga de El Teniente en abril de 1973), o también la multiplicación de críticas de los trabajadores en relación al modelo de participación, donde el Interventor es visto como un nuevo dueño.63  Es necesario también incluir la importancia de los cuestionamientos que emanan del ala izquierda de la UP a menudo unidas in situ con militantes del MIR. Así del manifiesto campesino de Linares en diciembre de 1971 a la asamblea popular de Concepción en julio de 1972, hay una voluntad permanente de ejercer presión sobre el gobierno y de imponer una línea de medidas más avanzadas; en particular, la constitución inmediata de una asamblea única del pueblo. Estas acciones fueron definidas entonces como “una maniobra izquierdista” por el PC, y calificadas como “absurdas e irresponsables”  en una carta abierta del Presidente Allende en el diario El Mercurio.64

Esta relación dinámica de oposición-integración  entre el Gobierno y el movimiento popular está en el centro de la dialéctica del “poder popular”. Recordar estos hechos es destacar la emergencia, fuera de todos los cuadros preestablecidos, políticos e institucionales, de nuevas formas de organización del proletariado chileno. Aumentando el caldero social que comienza a partir de los años sesenta, impulsando una dinámica de reformas que muestran hasta qué punto las relaciones de producción podían transformarse, basándose en un discurso con determinación revolucionaria, neutralizando una parte del aparato represivo, el gobierno va a facilitar y permitir un proceso que poco a poco va a terminar por desbordarlo, mostrando claramente esto el número de empresas ocupadas o, en el campo, la magnitud de las tierras expropiadas y el aumento del número de huelgas contra los dictámenes del gobierno y la CUT.65 Heredera de una tradición de lucha autónoma66   e impulsada por la radicalización del movimiento de pobladores y campesinos, una parte de la clase obrera chilena va a dar nacimiento a un movimiento original, tanto por su amplitud como por su carácter vanguardista de control de la producción, abastecimiento y vigilancia de los barrios populares. En el transcurso de las confrontaciones de octubre de 1972 y las grandes movilizaciones de 1973, las pretensiones de tipo puramente económicas se articulan con solicitudes políticas de algunas fracciones trabajadoras radicalizadas: este encuentro se traduce en la formación de los Cordones Industriales. El “Octubre chileno” se caracteriza por el paso a una etapa superior de la ofensiva de las clases dominantes contra la UP: la de la confrontación de masas y el boicoteo económico generalizado. Nacido de un conflicto corporativista con los propietarios de camiones, este movimiento de oposición aglutina poco a poco a las organizaciones patronales (SOFOFA, Confederación de la Producción y del Comercio), del comercio (Confederación del Comercio), profesiones independientes (abogados, médicos) y los partidos políticos de derecha, en adelante unidos bajo la bandera de la “Confederación Democrática”,  CODE.  Esta prueba  de fuerza  a escala  nacional,  que es ampliamente apoyada por el imperialismo norteamericano,67  se desarrolla en un contexto de multiplicación de acciones terroristas por parte de grupos de extrema derecha, como Patria y Libertad, y de la presión a nivel parlamentario de la oposición para la destitución de ministros e intendentes provinciales.68

Con el fin de permanecer en el marco de la legalidad y consecuente con la teoría de la constitucionalidad de las fuerzas armadas, el gobierno llama a los militares para controlar la situación y decreta el estado de emergencia. La CUT llama también a los trabajadores a la vigilancia y a participar en los trabajos voluntarios de abastecimiento, organizados en colaboración con los camioneros no huelguistas.69  Sin embargo, es fundamentalmente desde la base que surge la respuesta a la huelga patronal.

Una de las mayores originalidades de esta respuesta del movimiento social fue la creación, en las principales zonas industriales y barrios populares del país, de organismos unitarios y transversales que funcionan sobre una base territorial y permiten la conexión entre los distintos sindicatos de un sector industrial determinado o las organizaciones de base de un barrio. Según la amplitud de las fracciones sociales que llegan a reunir, su grado de poder real y la orientación que les dan los militantes presentes, estas organizaciones van a tomar el nombre de “Cordones Industriales”, de “Comandos Comunales” o “Comités Coordinadores”.  Al nivel de la industria, estas coordinaciones trabajadoras  de carácter horizontal responden en masa contra el boicoteo patronal con una ola de ocupaciones de fábricas que entra en relación con la movilización trabajadora en las principales empresas del Área de Propiedad Social. Los asalariados de este sector llegan así a mantener parcialmente la producción haciendo funcionar las fábricas sin su propietario, la mayor parte del tiempo con la ayuda de unos pocos técnicos y sobre nuevas bases de funcionamiento, cuestionando la división del trabajo, la jerarquía de la fábrica y la propiedad privada de los medios de producción.  Organizan también formas paralelas de abastecimiento; en particular, con la ayuda de las Juntas de Abastecimiento y control de los Precios (JAP), multiplicando las brigadas de vigilancia  y defensa de las fábricas…  Este momento  crucial de la UP demuestra sobre todo las capacidades de la movilización popular, la profunda descentralización  de la actividad política y vuelve a poner abiertamente en cuestión las relaciones de producción. Existe entonces una clara tendencia a la ruptura con los esquemas tradicionales de “hacer la política”: el término de “poder popular” reivindicado por toda una parte de la izquierda chilena se personifica como una realidad transitoria: “La democracia de ‘todo el pueblo’ amenaza las formas representativas  y delegativas  de hacer la política. La dinámica de socialización de las luchas se difunde a lo largo de todo el territorio y vuelve multiplicada al interior de las empresas. La ‘participación popular ’ comienza a transformarse en ‘poder popular ’”.70

La movilización social de octubre reveló la debilidad del Gobierno y la UP ante tales retos impuestos por parte de las clases dominantes y también la fragilidad de la acción de organizaciones tan importantes como la CUT en esta coyuntura. La Central solo reacciona tarde votando oficialmente una resolución que llama al refuerzo de la unidad y a la creación de comités coordinadores.71

Este llamado se emite el 21 de octubre, es decir, cuando en los hechos ya existen en la base tal unidad y tales comités. Es innegable que la iniciativa de los cordones no fue espontánea sino el fruto de una acumulación de experiencias de luchas y de hechos cotidianos: lo que el historiador inglés E.P Thompson llama “experiencia de clase”.72  Eso significó la crisis de los organismos de mediación y dirección históricos del movimiento obrero, es decir, la CUT y los partidos trabajadores. En otros términos, si bien las luchas trabajadoras se organizaron siempre en nombre de la defensa del gobierno, lo hacen sobre bases propias que superan las formas tradicionales de estructuración del movimiento obrero: unificación de los asalariados más allá de sus distintas ramas productivas, unificación de sectores afiliados a la CUT con los de la pequeña industria que se excluye, unificación de las pretensiones económicas en un proyecto político mucho más radical que aquél defendido por el gobierno. La presentación del Pliego del Pueblo en octubre de 1972 por los Comandos  Comunales  y los Cordones Industriales de Santiago lo recuerda. Este documento agrupa múltiples pretensiones, de educación, salud, abastecimiento, producción, etc., y muestra claramente la influencia ideológica del MIR que había propuesto tal iniciativa. El documento demanda especialmente que “todas las industrias produzcan para el pueblo, bajo control del pueblo”, “Reforzar la organización de los comités de autodefensa y vigilancia en cada industria, cada fundo, cada manzana de la población, en los servicios públicos, etc.”, el establecimiento del control obrero en las industrias del sector privado y el paso al Área Social de las que estaban ocupadas. El Pliego del Pueblo llamaba en conclusión a la construcción del poder popular y de una asamblea del pueblo.73

Los cordones industriales se forman sobre la base de una coordinación territorial de varias decenas de fábricas y agrupan en su mayoría delegados sindicales de las medianas empresas al lado de algunos representantes  de las empresas del APS.74  Los testimonios que pudimos recoger, el examen de la prensa y los debates de la época demuestran que a pesar de una voluntad reafirmada de estructurarse desde la base a través de la elección sistemática de delegados en asamblea y el rechazo de nombramientos desde las cúpulas de los partidos, esta democratización “total” de los cordones no logró alcanzarse, aunque efectivamente en varias fábricas se elegía a los delegados a los cordones en asamblea. Eran esencialmente dirigentes sindicales y militantes del PS y el MIR quienes participaban y bajaban la información en su fábrica, donde a menudo encontraban el rechazo de los dirigentes sindicales comunistas.

Es el cordón Cerrillos en la comuna de Maipú, en Santiago, el que inicia este proceso de ruptura e insurrección.75   Se había formado a partir del 28 de junio de 1972, tras los pasos de una serie de huelgas industriales en las cuales trabajadores, de la metalurgia en particular, exigían su derecho de pertenecer al sector estatal. Con este fin, no habían dudado en ocupar el Ministerio del Trabajo, en ese tiempo dirigido por la militante comunista y ex dirigente de la CUT Mireya Baltra.76  Una semana más tarde, son los obreros de una treintena de empresas que coordinan su movimiento en el “Comando de coordinación de las luchas de los trabajadores del cordón Cerrillos-Maipú”. Posteriormente, los caminos de acceso al municipio se bloquean regularmente, con el fin de ejercer presión sobre el gobierno, quien, luego del cónclave de Lo Curro, intenta nuevamente atraer los favores de la Democracia Cristiana, fijando los límites del sector nacionalizado. Que la comuna de Maipú fuese la primera en conocer estas formas de democracia directa no es asombroso. En primer lugar, porque se trata de una de las zonas de más fuerte concentración industrial en Chile, donde dominan las industrias medianas pero dinámicas, como la fábrica Perlack, que permanecían al margen del proyecto de la UP. En seguida porque las reivindicaciones trabajadoras pudieron encontrarse progresivamente con el importante movimiento campesino de ocupación de tierras, en esta comuna y las comunas vecinas, Barrancas y Melipilla. Por último, nos encontramos con que igualmente los habitantes de Maipú se movilizan también en esta época, aunque sí más tímidamente que en otros lugares de la capital; en particular, sobre los problemas de transporte y salud.

En su plataforma de lucha del 30 de junio, el cordón Cerrillos llamaba, en particular, al “control obrero de la producción  a través de consejos de delegados revocables en cualquier momento, en todas las industrias, minas y fundos”, así como a la instauración “de una asamblea popular en sustitución del Parlamento  burgués”.  Declarándose  dispuesto  a “apoyar al gobierno y al Presidente Allende en la medida en que éste interpretara las luchas y movilizaciones  de los trabajadores”,  señalando así sus dudas respecto a la política de la UP, pero reafirmando al mismo tiempo la legitimidad popular del gobierno.77  Durante la crisis de octubre de 1972, tras el levantamiento militar del coronel Souper en junio de 1973, llamado Tancazo, y luego de la nueva huelga patronal de julio del mismo año, estas formas de organización popular van a conocer una importante proliferación a través de todo el país. En lo que se refiere a los Cordones Industriales (CI) en Santiago, son los CI Cerrillos y Vicuña Mackenna los que desempeñarán el rol más importante,78  pero siempre al lado de otros menos desarrollados y a veces solamente embrionarios: CI O’ Higgins, Macul, San Joaquín, Recoleta, Mapocho-Cordillera, Santa Rosa-Gran Avenida, Panamericana Norte y Santiago Centro. Igualmente los encontraremos de norte a sur: en Arica en torno a la industria electrónica, en Concepción (CI Talcahuano), Antofagasta,  Osorno y también en Valparaíso (CI El Salto, 15 Norte, Quilpué).79

Hoy sigue siendo muy difícil saber el grado exacto de funcionamiento orgánico de estos Cordones, su número y representatividad  real entre los trabajadores  de su zona de desarrollo;  si bien existió innegablemente  un aumento de Comités Coordinadores, ninguno alcanzó, por ejemplo, el nivel de estructuración  que se puede ver en Cerrillos.80   Los representantes  de la época tendían a confundir, con fines de propaganda, el número de trabajadores existentes en la zona industrial con los que se movilizaban realmente en torno a la idea del CI. Así pues, Armando Cruces, presidente PS del Cordón Vicuña Mackenna, hablaba de 80.000 trabajadores listos para alzarse al menor llamado de la Coordinación de los Cordones,81  lo que parece exagerado si se tiene en cuenta el número de trabajadores que se desplazaban en las manifestaciones o la forma en que se desarrolló el golpe de Estado. Algunos testigos y analistas dan una visión de los Cordones como de organizaciones de masas extremadamente bien estructuradas.82  Es esta versión paradójicamente la que era igualmente argumentada por la Junta Militar para justificar el golpe de Estado contra los “Cordones de la muerte”.83  De manera objetiva, el cinturón industrial de la capital concentraba varias decenas de millares de trabajadores, pero los Cl como organización tuvieron numerosas dificultades para romper su aislamiento tanto político como social, es decir para lograr una inserción real en su medio: se puede pues plantear la idea de un “cordón en sí”, existente como una base objetiva de concentración industrial y trabajadora, y la de un “cordón para sí”, órgano de organización y poder popular que continuó siendo embrionario, y que aparece como una respuesta política, impulsada desde “la base” por los obreros más radicalizados de la izquierda chilena.

Ciertamente  los CI conocieron  un importante  desarrollo a lo largo del período, caracterizado  a la vez por numerosos  retrocesos  estrechamente vinculados a las periódicas medidas de freno dadas por el gobierno, como los planes de restitución de las fábricas ocupadas, los gabinetes cívico-militares, la aprobación de la ley de control de armas que comienza la represión militar en las fábricas mucho antes del golpe de Estado, mantención del diálogo con la DC, ausencia de un plan de defensa de los CI, etc…84 La mayor parte del tiempo, los CI fueron sobre todo organizaciones defensivas contra los permanentes ataques de la oposición, pero que continuaron siendo dependientes de las reacciones y de la política del gobierno. Se puede sin embargo constatar que constituyen, y sobre todo en la capital, los órganos de “poder popular” más potentes y los más representativos de este período. En términos de participación de los asalariados y democratización de las relaciones de producción por ejemplo: varias investigaciones en terreno efectuadas durante la UP nos permiten saber que son las fábricas que estuvieron ocupadas por sus trabajadores y en el seno de las cuales militaban las tendencias políticas que integraban los CI las que demostraron las mejores capacidades para establecer formas de democracia trabajadora  real. Supieron  exhortar  al sistema de participación  previsto por la UP, desbordar el marco sindical tradicional y establecer sistemas de abastecimiento con los municipios populares circundantes, mientras que en comparación, las empresas con una fuerte presencia comunista o demócrata cristiana demuestran inercia y lentitud para hacer participar a los trabajadores en la gestión de la empresa.85

El crecimiento de la organización de la fuerza de trabajo industrial sobre bases autónomas se establece en correlación con la formación de una alianza popular en la base, especialmente  en torno al tema del abastecimiento.  La escasez fue abiertamente utilizada por las clases dominantes para desestabilizar la política económica de la UP. Uno de los métodos para enfrentar el mercado negro fue la creación de las JAP, por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO);86   a través de ellas se trataba de hacer participar a habitantes de los barrios populares y pequeños comerciantes  con el fin de denunciar las prácticas ilegales de mercado negro. El control real permanecía en las manos de carabineros y del Estado con la ayuda de inspectores ad honorem, elegidos en los barrios. Algunas  experiencias  locales de lucha contra el mercado negro, mediante las JAP, dieron resultados sustanciales. La propaganda de la derecha como la de la UP las presentaban incluso, por diversos motivos, como verdaderos órganos de poder local, que podrían transformar la naturaleza del Estado burgués.87

A pesar de la importancia de su acción durante la huelga de Octubre, es evidente que las JAP permanecieron como órganos “periféricos” en la economía, incapaces de poner en entredicho las formas tradicionales  de distribución, ni incluso de causar la adhesión masiva de los pequeños  comerciantes.88

En realidad, un 70% del aparato de distribución permanecía en manos del sector privado, la mayor parte de los alimentos y de otros productos básicos, especialmente  del CENADI,  sociedad  que participaba  activamente  en el boicoteo hacia el gobierno.89 Apoyándose en algunos militantes de las agencias estatales de distribución, como la Agencia Graham, una parte del movimiento popular de los barrios pobres o movimiento de pobladores impulsó entonces nuevas formas de distribución  que propician  el abastecimiento  directo y autogestionado:  es el caso, por ejemplo, de la experiencia  del Comando Provincial de Abastecimiento Directo, dirigido por el socialista Luis Inostroza.90

La lucha para el abastecimiento se organizó también gracias a la acción de los Comandos Comunales, que son organismos creados por una comuna o varias comunas y que permitieron  teóricamente  la reunión, a nivel comunal, de delegaciones de obreros, campesinos, estudiantes, dueñas de casa y de las JAP o Comités de barrios. La formación de los Comandos Comunales fue reivindicada por la propaganda del MIR, quien poseía la dirección de Comandos como el de Estación Central o Barrancas.91   Con mayor precisión esta organización hablaba de “Comando comunal de trabajadores”, considerados como “órganos embrionarios de un poder alternativo”.92  A pesar de su política de apertura y algunos progresos importantes en la industria, el MIR logró arraigarse sobre todo en estos sectores del semiproletariado  urbano o de los “pobres de la ciudad”.93  Estos militantes llegaron a administrar de manera notable barrios enteros, como Nueva La Habana, verdadero pueblo autogestionado dentro de Santiago. Sin duda, hasta hoy la experiencia de Nueva La Habana sigue siendo una de las formas más avanzadas de un poder popular desarrollado a nivel local.94 Uno de los ejemplos de este “nuevo poder” en constitución fue la práctica embrionaria de autoadministración de la justicia a través de lo que entonces se llamaron “los tribunales populares”; a pesar de su importancia como práctica concreta, estos últimos nunca lograron convertirse en una instancia propia y enteramente autónoma de la justicia de Estado.95

Desde este punto de vista, el MIR concibe a los comandos como instancias que “permiten incorporar a la lucha política a los sectores más pobres y más pospuestos, que permiten superar la fragmentación  social actual del pueblo, por unidad de producción o sector social”.96   Esta original forma de desarrollo de democracia directa se vio facilitada, en Chile, por la dinámica propia del movimiento de pobladores, que desde finales de los años sesenta logra una importante auto- organización en las zonas de periferia urbana por medio de la ocupación de tierras con fines habitacionales: los campamentos.97  Los Comandos Comunales son herramientas embrionarias de expresión popular, y sobre todo de gestión directa de los problemas sociales a nivel local.98  Es en las poblaciones donde se establecen y organizan los llamados “almacenes del pueblo”, la Canasta Popular y las cartillas de racionamiento, bajo control popular directo y con anterioridad a que el gobierno les reconozca una determinada utilidad para atenuar el encarecimiento  creciente del precio de los productos de primera necesidad, debido a la explosión de mercado negro. Por otra parte, el Gobierno niega rápidamente  estas formas de abastecimiento  directo para favorecer la reorganización de las JAP y dar, en marzo de 1973, el control del aparato de distribución estatal a un representante de las fuerzas armadas: el general Bachelet.99   Asimismo, esta respuesta negativa del gobierno a las formas de abastecimiento directo contribuyeron directamente a su desmovilización.

Es necesario hacer hincapié en el hecho de que los Comandos Comunales no lograron alcanzar el nivel de organización y desarrollo de los Cordones Industriales.  Hugo Cancino plantea que habrían sido un centenar a nivel nacional, de los cuales 20 estaban en la ciudad de Santiago, pero con grados de organización y base social considerablemente heterogéneos.100  Indudablemente, la gran propaganda del MIR pudo dar una dimensión subjetiva de gran tamaño a estos comandos: la mistificación de los comandos comenzó cuando el MIR y otros dirigentes de izquierda tomaron su postura política olvidándose de la realidad.101 La profusión propagandística del MIR sobre el tema de los Comandos pasa, en particular, por la publicación, en agosto de 1973, del “Manifiesto de los Comandos Comunales” quienes, llamando al mismo tiempo “a la constitución de brigadas de defensa y protección de las industrias y poblaciones” emplazan a “democratizar los comandos comunales que existen”.102 Se trata en realidad de organizaciones compuestas esencialmente de militantes activistas y de sectores de pobladores, quienes apenas llegan a unificar realmente a los distintos sectores populares en torno a la clase obrera. La unión entre los Cordones Industriales y algunos Comandos Comunales solo se efectuó de manera transitoria durante las coyunturas de las crisis de octubre de 1972 y de junio de 1973. El resto del tiempo, el movimiento  social que se proclamaba  del “poder popular” permaneció ampliamente dividido; por una parte la clase obrera industrial que lucha por la extensión del APS y la formación de los CI, y del otro, el combate por el abastecimiento llevada por los sectores de pobladores mas politizados. Esta ausencia de unificación del movimiento popular, sobre bases autónomas, explica que la idea del Comando Comunal, como órgano de poder agrupando a un “frente” de los distintos sectores populares, nunca haya podido tomar cuerpo de manera sustantiva.103

Esto suscita, por otra parte, un áspero debate entre los militantes próximos a la idea del “poder popular” con el fin de saber si la dirección y la prioridad del movimiento revolucionario debiera ser concedida a los Cordones Industriales, voluntad de la izquierda del PS, o a los Comandos Comunales, voluntad del MIR. Todo indica que esta diferenciación  política fue sobre todo el reflejo de la implantación  social de cada partido. En efecto, algunos sindicalistas socialistas dominaban la dirección de los Cordones, como Santos Romero en el cordón Cerrillos o Armando Cruces en el cordón Vicuña Mackenna, mientras que el motor principal de los Comandos, esencialmente  desde el punto de vista ideológico, era el MIR. Por otra parte, el MIR, en los organigramas de los Comandos  Comunales  que propone a finales de julio de 1973, ignora completamente el concepto de Cordones Industriales, prefiriendo hablar de “Comando Comunal de Trabajadores”.104   Para los socialistas, lo importante era organizar  en primer  lugar “la vanguardia  de la clase obrera”  para posteriormente,  emprender  la coordinación  con los Comandos.105   La tesis socialista, sin negar la importancia de los Comandos, presentaba como necesario garantizar la hegemonía de la clase obrera en los comandos: “Es necesario que el cordón asuma un papel de vanguardia de las otras clases revolucionarias del país”, actuando en la organización que agrupa a estas clases o sectores de clases, en el Comando Comunal.106  Los acontecimientos de junio de 1973 confirman que son los CI los que mantienen un verdadero control territorial y político sobre fracciones significativas de la clase obrera y, sobre todo, que poseen un poder de movilización real en comparación con los Comandos Comunales existentes. Con todo, no hay lugar a dudas de que todas las tendencias políticas, incluido el PC, que participan en el debate sobre el poder popular al final del período, poseían conciencia de la necesidad de garantizar la unidad entre estos sectores trabajadores y las demás fracciones del movimiento popular, acción que precisamente  era defendida por la idea del Comando Comunal. Tanto desde el punto de vista orgánico como del proyecto político, esta unidad en la base, lo que Peter Winn o Miguel Silva llaman la “Revolución desde abajo”, no pudo y sobre todo no supo cómo desarrollarse. Al mismo tiempo, los CI como los Comandos eran atacados por la oposición y las clases dominantes como el peligro principal de la “Revolución Chilena” o del “peligro marxista”.

En su conjunto, tal orientación y debate entre Cordones y Comandos ponen de manifiesto claramente toda una serie de problemas cruciales sobre el proceso de transición al socialismo que ya estaba en debate en el seno de la izquierda y especialmente la cuestión del “poder popular” en sus relaciones con el Estado burgués. Como lo recuerda Hugo Cancino, “este debate, sin precedentes en la tradición y la experiencia revolucionaria latinoamericana, se desarrolla en Chile en distintos medios y niveles del movimiento popular”. En efecto, este debate se encuentra en la base, en las fábricas o los comités de barrios, en los partidos, en la prensa y también durante reuniones públicas, consagradas específicamente a esta cuestión. Por supuesto los principales protagonistas de estos debates públicos son los militantes de la izquierda chilena más receptivos y más implicados en la problemática del poder popular: se encuentra en el PS y el MIR y también, fenómeno interesante, en sectores cristianos procedentes directamente  de la Iglesia, como el Movimiento  de los Cristianos  para el Socialismo, o también procedentes de la izquierda de la DC, como el MAPU y la Izquierda Cristiana.107

Otro debate que es objeto de una larga polémica entre distintas tendencias políticas es la cuestión de las relaciones entre la CUT y los Cordones Industriales. Es interesante detenerse sobre este tema, ya que permite denotar la posición concreta de cada uno de los partidos en función del debate más general sobre el lugar del “poder popular” en el proceso de transición al socialismo.

El Partido Comunista vio el desarrollo de los Cordones Industriales con hostilidad,  puesto que impugnaban  abiertamente  el proyecto de alianza política y social de este partido. En efecto, a raíz de los acuerdos adoptados por la UP en las reuniones de Lo Curro y El Arrayán, Allende y el PC buscan a toda costa defender la tesis según la cual la única vía posible era hacer una pausa en el proceso de reformas. Sin la mayoría en el Parlamento, esta táctica significa la continuidad de las conversaciones con la DC, a pesar de la actitud hostil de ésta, pero sobre todo dar garantías de respeto de la propiedad de los medios de producción en el sector privado. Es Orlando Millas, dirigente PC, quien se encarga de esta misión en colaboración con los militares que integran en adelante el Gobierno: el plan Prats-Millas prevé así la restitución de 123 empresas ocupadas o requisadas durante octubre y la reducción a 49 de aquellas integradas al Área de Propiedad Social. Tal proyecto acelera las tensiones entre el gobierno y los CI, que manifiestan, con una fuerte movilización, su desacuerdo. Según estos últimos, el PC y los “sectores reformistas” de la UP actuaban contra el proceso revolucionario.108

Se encuentra aquí la oposición entre los dos polos de la izquierda chilena que se personifica en torno a dos consignas: “consolidar para avanzar” contra “avanzar sin transar”.109  Según el PC, los Cordones hacían correr al movimiento sindical el riesgo del advenimiento de organismos paralelos que debilitarían la CUT.110 Detrás de esta argumentación, se encuentra el rechazo de los comunistas a todo movimiento que pudiese poner en entredicho el control del gobierno y la CUT sobre el proceso.111  De hecho, existen numerosos vínculos orgánicos entre las dos organizaciones, puesto que numerosos sindicatos participantes en las reuniones de los Cordones estaban a su vez afiliados a la CUT.112  Por otra parte, esta posición era apoyada públicamente por Salvador Allende, que en el pleno de las Federaciones de la CUT, celebrado el 25 de julio de 1973, declara: “No puede haber, compañeros,  paralelismo  sindical [… ] como no puede haber dualidad de mando en la dirección político-económica del país”.113  Al mismo tiempo, el PC intentó, al parecer sin éxito, organizar un cordón paralelo directamente adjunto a la CUT, teniendo como base la fábrica Textil Progreso del cordón Vicuña Mackenna. Esta iniciativa es fuertemente denunciada por la dirección del cordón como una “maniobra divisionista”.114

Paradójicamente, el MIR, adversario político del PC, compartió puntos de vista comunes sobre este tema con los comunistas. Tanto el PC como el MIR son opositores a la coordinación de los Cordones Industriales, aunque desde visiones políticas diferentes, que se crean en el transcurso del año 1973. El PC y el MIR llaman a la integración de los Cordones a la CUT como forma de democratización  de la central. Miguel Enríquez, secretario general del MIR, declaraba así: “La CUT debe impulsar independientemente la transformación y democratización  de la actual estructura  sindical,  organizando  los Cordones Industriales como órganos territoriales de base”.115   Esta oposición contribuyó a frenar la centralización de las fracciones más politizadas de la clase obrera en torno a los Cordones Industriales. El MIR lo justificaba porque estos últimos no correspondían  a su pretensión del Comando Comunal, agrupación que teóricamente  reunía a un sector social más amplio. Parece sobre todo que hay allí una posición que es debida al hecho de que esta organización tenía una escasa inserción en el movimiento obrero, de hecho las prácticas de su frente sindical, el Frente de los Trabajadores Revolucionarios, contribuyeron a acentuar las divisiones políticas del movimiento sindical en vez de favorecer su unidad de clase.

Según la declaración de principios de la coordinación  provincial de los Cordones Industriales, que nace en 1973, éstos “en ningún caso se plantean paralelos a la CUT, sino que la reconocen como la máxima organización de los trabajadores chilenos a nivel nacional”. La declaración añade: “Los cordones se plantean el problema del Poder y la constitución  de las organizaciones gérmenes del Poder Popular (Comandos Comunales de Trabajadores), por lo que requieren de la autonomía necesaria para cumplir el papel de conductor de los diferentes sectores sociales aliados del proletariado en la lucha por el socialismo”.116  Esta tesis de autonomía es la que defendían los militantes de la izquierda del PS, que son los que ejercieron la más importante influencia en la dirección de los Cordones. Estos últimos admitían la necesidad de integrar la CUT, y se declaraban incluso listos para la autodisolución en caso de evolución de ésta: así Hernán Ortega, último presidente del cordón Cerrillos y presidente de la Coordinación,  declaraba: “En la medida en que la CUT se dé una nueva estructura y se proponga nuevas tareas, nuestra coordinación no tendrá más razón de existir”.117   Dentro de este mismo espíritu, el periódico La Aurora de Chile, publicado por el Comité regional central del PS (izquierda del PS), recordaba que: “Los Cordones no se incorporan a la legalidad burguesa a diferencia de la CUT” y que esta última “da una imagen de subordinación al Gobierno que los Cordones no poseen”. A pesar de tal constatación, la propuesta de la izquierda del PS era todavía hacer “participar a la CUT en su dirección”.118

¿Qué se puede extraer como conclusiones de este debate? Antes de todo, es necesario recordar que tiene lugar algunas semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A partir de octubre de 1972, el gobierno logró retomar el control de la situación mediante la creación de un gabinete cívico-militar. A pesar de las protestas de los Cordones, la dirección de éstos permanecen en las manos de militantes de la UP que se limitan a emitir dudas sobre el curso tomado por el Gobierno, sin por ello llamar a romper con su orientación política general. El 29 de junio de 1973, se desarrolla el Tancazo, levantamiento militar dirigido por el coronel Souper que es hasta cierto punto un fallido golpe de Estado. En esta ocasión el papel de resistencia de los Cordones Industriales fue como en octubre, fundamental en la contraofensiva. Este día, la CUT recurre a los Cordones y envía incluso delegados a cada uno ellos.119 Es también en junio de 1973 que el PC reconoce oficialmente los Cordones y pide a sus militantes integrarse. La propuesta de los comunistas era que éstos formaran parte de la CUT y que estuviesen orientados por ésta, reconociendo al mismo tiempo que podrían conservar su propia estructura.120

Por último, si las relaciones entre la CUT y los Cordones Industriales son muy discutidas, este debate parece sobre todo formal. Todo indica, en los distintos documentos relativos a este debate, que más allá de las diferencias políticas, los militantes no tienen concepción clara sobre la cuestión del papel exacto de los Cordones: todos están de acuerdo para repetir que la CUT debería ser el órgano supremo de dirección o al menos que la central debe participar en los Cordones, reconociendo al mismo tiempo que ese no era el caso… Tal dilema está claramente sesgado, puesto que en ese momento más que nunca la CUT es una instancia “superestructural”  y burocrática, distante de la concepción territorial del cordón Industrial.121   En realidad, de forma fundamental,  el debate central que instala la aparición de los Cordones, y los distintos Comités Coordinadores,  es el uso del Estado chileno,  la posición  de las Fuerzas Armadas y la cuestión del “poder popular”, como fuerza alternativa posible de la revolución chilena. Detrás de este debate CUT/Cordones, se encuentra la oscilación no resuelta de los representantes de los Cordones entre su apego político con el Gobierno y su voluntad de autonomía e independencia de clase, con el fin de poder superar la vía sin salida en la cual el gobierno de la Unidad Popular y Allende se encontraban.

Los sectores de izquierda  de la UP, sobre todo el PS y el MAPU, que participaban  activamente  en el desarrollo  de los Cordones  Industriales, rechazaban que estos últimos se transformaran en órganos de “poder dual”. Como lo había repetido a finales de diciembre 1972, Julio Benítez, representante del ala izquierda del PS: “No se puede pensar que trabajamos para la creación de un poder sustitutivo. Nosotros somos parte del Gobierno”.122  Por otra parte, esta voluntad se había traducido en octubre en una significativa declaración común del PS y el PC “de ofensiva política”. Esta declara que la CUT comunal debía ser uno de los componentes centrales de los nuevos órganos de poder popular, llamados en esta ocasión Comandos Comunales. Lo menos que se puede constatar en esta declaración es una contradicción con los “porfiados hechos” como lo decía Lenin: ya que se sabe que la CUT al nivel local y comunal fue a menudo poco efectiva o completamente ausente en la organización de las luchas obreras, con excepciones notables en provincia. Pero sobre todo, el PS y el PC llaman a los Comandos Comunales a situarse bajo la autoridad de los intendentes o gobernadores de provincia, con el fin de obtener “una correcta canalización” de estos últimos y que ellos “no aparezcan como poderes paralelos al Gobierno”.123   Así, más allá de la oposición entre dos supuestos polos, los principales partidos de la UP comparten la misma voluntad de canalizar el “poder popular” bajo los auspicios del aparato de Estado y su gobierno. Como lo constató precisamente el sociólogo boliviano Rene Zavaleta Mercado: “Los partidos no iban a los Cordones abandonando el poder estatal si no que existían al mismo tiempo en el poder estatal y en los cordones”.124

Esta relación dialéctica que permitió hacer avanzar el proceso y ayudar al Gobierno  de Allende  explica igualmente  el desarrollo  absolutamente embrionario de los cordones industriales, que a menudo no son más que una coordinación de dirigentes sindicales que no llegan a movilizar realmente a los trabajadores más que en coyunturas de crisis y de manera temporal. La mayor parte del tiempo el movimiento trabajador y sindical permanece en una relación de dependencia hacia el Estado chileno y las iniciativas gubernamentales. Esta falta de una dirección autónoma y preparada para asumir las consecuencias de la profunda convulsión social que la izquierda había comenzado a dirigir, hacen que el movimiento obrero se encuentre sin recursos defensivos ideológicos y político-militares el día del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.125

Si se quiere hacer un primer balance objetivo, es necesario destacar que las distintas formas de poder popular, a pesar de un inicio de dualización de poder, del control de la producción, de la circulación, abastecimiento, vigilancia de los barrios, tuvieron un carácter limitado, en ausencia de una dirección política unificada, combatiente sobre la base de una alternativa al modelo (en crisis) aplicado por el Gobierno. Todo indica que estas organizaciones trabajadoras y populares se encontraron desarmadas tanto a nivel organizativo como político ante los llamados a la moderación y las pruebas de control aplicadas por parte del Ejecutivo. Sus acciones, su potenciación se efectuaron esencialmente de manera defensiva y momentánea, ante la iniciativa de los ataques provenientes de la oposición.

Su coordinación sigue siendo, fuera de estos períodos, una simple super- estructura,  sirviendo  más de lugar de reunión a los distintos  dirigentes sindicales y políticos establecidos en los Cordones que de órgano de expresión masivo del movimiento popular. Su evolución no fue en absoluto lineal sino que conoció importantes reflujos, dependientes de las reacciones del gobierno, de las cuales la mayoría de los militantes permanecieron sujetos, tanto por su militancia partidaria como por sus concepciones políticas. Tras cada crisis, a pesar de una mejora significativa de su capacidad de movilización, se les pide respetar los compromisos contraídos por la UP en 1970. Por lo tanto, se asiste cada vez a un retorno al aislamiento y la atomización política de los trabajadores en sus fábricas respectivas. El MIR, salido de la clandestinidad  desde hace apenas cuatro años, permanece incapaz de hacer cambiar este modelo, oscilante entre un voluntarismo revolucionario y las críticas oportunistas a la Unidad Popular. A pesar del éxito innegable de la difusión de sus ideas, prueba de una verdadera capacidad de análisis de la situación política, los miristas mantendrán la estructura militarista y cerrada de su organización a los “frentes de masas” que no se integran en lo absoluto a estos.

El periodista francés Maurice Najman, quien se encontró in situ observando el poder popular en acción, agotaba en este fenómeno la explicación del golpe de Estado, afirmando que era la causa principal de la intervención del Ejército y el miedo creciente de las clases dominantes.  Una simple revisión de las primeras páginas de la prensa de oposición como El Mercurio o La Tribuna pone de manifiesto que al final de los mil días de la UP, la derecha chilena entiende claramente que el principal peligro que amenaza el orden social y la propiedad privada de los medios de producción se sitúa precisamente en esta “Revolución desde abajo” en gestación. Así como lo advierte el sociólogo James Petras, la instalación de un régimen dictatorial no es una acción irracional sino que corresponde precisamente a la defensa de intereses sociales específicos:

El terror estatal es parte integral de la lucha de clases. A diferencia de acciones fortuitas  y arbitrarias  realizadas  por individuos  enfermos,  la estructura  y dirección del terror estatal son definidas por los intereses políticos de los que la sirven. El grado de intensidad y los objetivos del terror estatal tienen una razón política específica: hacer fracasar las tentativas de los campesinos y trabajadores organizados,  así como  los movimientos  sociales  a punto de modificar  las relaciones de producción y la distribución de la riqueza.126

En el caso de Chile, este blanco contemplado  por la dictadura fueron especialmente  los órganos de “poder popular”.  Los testimonios  sobre la represión en los Cordones Industriales el día del golpe de Estado y también varias semanas antes, lo confirman ampliamente.

En un artículo del periódico Le Monde Diplomatique,  algunas semanas después del golpe de Estado de septiembre de 1973, Maurice Najman escribía: “En definitiva los militares intervinieron en el momento en que el desarrollo del poder popular colocaba y comenzaba incluso a solucionar la cuestión de la formación de una dirección política alternativa a la Unidad Popular”. A partir de esta constatación creía poder pronosticar una fuerte resistencia armada del movimiento popular, aunque prevista para un mediano o largo plazo. Para realizar estas afirmaciones, se basaba en el hecho de que el poder popular ya estaba fuertemente estructurado antes del golpe, y en consecuencia que ofrecería las bases a un polo de resistencia, potente, a la dictadura: “La resistencia armada depende de estos organismos de poder local. Su estructura, que realiza democráticamente la alianza obrero-campesina, el contenido de su acción, el principio de la formación de milicias, hacen las bases privilegiadas de una lucha que en cualquier caso se prolongará”. A la luz de nuestros conocimientos actuales, es claro que esta afirmación es completamente errónea. De una parte, a pesar de una organización que comenzaba a unificarse de manera autónoma, los organismos de poder popular nunca formaron una directiva política alternativa a la UP y al contrario, su dilección se opuso firmemente a tal propuesta. Por otra parte, no tuvieron el tiempo ni la fuerza de resistir verdaderamente a la dictadura, pues no tenían ninguna preparación político-militar y apoyo desde las filas de los soldados. Para resumir, se puede decir que el movimiento  popular y sobre todo sus sectores radicalizados, se encontraron “en un callejón sin salida”, sin poseer los suficientes medios políticos y organizativos para sobrepasarlo. Es a este proceso contradictorio que el movimiento  popular chileno se enfrentó, movimiento  de ruptura a contracorriente de las orientaciones mayoritarias de la izquierda chilena, pero a la vez carente de propuesta política alternativa concreta.

Durante este tiempo, sectores significativos  de la derecha y las clases dominantes,  ahora  mejor  estructurados,  no se entorpecieron  más  con principios legalistas y prepararon abiertamente la intervención militar, con el dinero y material de guerra aportado por el gobierno de los Estados Unidos. Salvador Allende, por su parte, intentaba mantener un arriesgado equilibrio de conciliación y llamaba a la calma, con la consigna de “No a la guerra civil”. Al promover tal conducta en las luchas populares, en ausencia de un trabajo político efectivo de larga trayectoria en las fuerzas armadas y sin planificación de una defensa armada, la Unidad Popular condenaba al fracaso y el aislamiento a toda posterior resistencia armada. La famosa anécdota de un Salvador Allende que el mismo día del golpe de Estado esperaba a su jefe de Estado Mayor para organizar la resistencia nos dice mucho sobre la visión sesgada del Gobierno: este jefe de Estado Mayor, nombrado antes por el Ejecutivo, no era otra persona que el general Augusto Pinochet, hasta allí mostrado siempre como un militar “constitucionalista”…

Se podría pues avanzar de manera más precisa, al decir que la UP es un momento de combinación dialéctica de dos fenómenos contradictorios:  por una parte, una integración-subordinación  del movimiento obrero al Estado chileno y a los proyectos políticos conducidos por los partidos trabajadores tradicionales  y por otra parte, una participación  y creatividad  popular sin precedentes  que tiende a volver obsoletas todas las viejas formas de organización. En el movimiento obrero, estas formas alternativas de sociabilidad y control democrático de la economía, llamadas “poder popular”, corresponden esencialmente a la creación de los cordones industriales.

Más allá de importantes  diferencias  de interpretaciones,127    los escasos investigadores  que han profundizado sobre estos fenómenos concluyen, en su conjunto, sobre la “fuerza potencial” que personifican históricamente los Cordones Industriales como órganos de lucha y transformación social. Esta potencialidad se situaba precisamente en la posibilidad que pudieron ofrecer estos órganos territoriales y transversales  de retomar la tradición histórica del movimiento  obrero chileno de unidad de acción e independencia  de clase. Testimonios  de los trabajadores  chilenos que vivieron este período demuestran  el conflicto  permanente  que se vivió en las empresas  entre identidad de clase y militancia política. Las entrevistas realizadas a varios de ellos nos permiten confirmar que uno de los grandes balances que estos trabajadores han podido realizar de su experiencia vivida durante la UP es esta voluntad de priorizar, antes de todo, la solidaridad de clase mientras que ésta a menudo fue “parasitada”, en particular, por el sectarismo político y las propias vacilaciones de la CUT y el gobierno.128  A pesar de estas críticas, los testimonios de los militantes de izquierda nos muestran que en términos de representaciones, el Gobierno de Allende seguía siendo el depositario de inmensas esperanzas y que los llamados del MIR a la sustitución del Estado burgués mediante el desarrollo del “poder popular” seguían siendo marginales y sobre todo sin representación política concreta. A través de los testimonios recogidos se percibe una fuerte carga emotiva, un cierto menosprecio por el papel de los partidos y una valorización de la imagen de Salvador Allende, aunque crítica, describiéndolo como demasiado “blando” ante la burguesía. De manera reiterada las entrevistas se caracterizan por una autocrítica sobre el papel de los trabajadores y militantes: como que no estuvieron a la altura de la oportunidad histórica de tomar el poder.129  Esta percepción subjetiva es claramente el fruto de un proceso de relectura, facilitada por la derrota de 1973, la violencia que siguió al golpe de Estado y de los traumatismos personales y sociales que se vivieron. Ante las consecuencias de la dictadura y el fracaso de la “vía chilena”, varios militantes vuelven de nuevo sobre su pasado con el gusto amargo de la sangre derramada. A pesar de esto, una gran mayoría de los protagonistas de este tiempo insiste también en valorar enormemente la experiencia vivida, la legitimidad de la lucha y la importancia del balance a extraer de estos acontecimientos para la construcción de nuevos proyectos de emancipación para el siglo XXI.

Si se inscribe este periodo en una perspectiva histórica de larga duración, todo indica que los partidos obreros chilenos fueron ampliamente marcados por las distintas estrategias de participación gubernamentales que practicaron, a intermedios regulares, durante el siglo XX, desde los Frentes Populares bajo auspicios del radical Aguirre Cerda, hasta la Unidad Popular y une relación de dependencia con el Estado. También el viejo fondo de prácticas políticas “substitucionalistas”,  la imposición  del verticalismo  y las concepciones burocráticas fueron facilitados objetivamente por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de sectores enteros de la economía chilena. Estas características propias de la formación socioeconómica chilena deben tenerse en cuenta para explicar la derrota de la Unidad Popular. La llegada al ejecutivo de Salvador Allende no deja por eso de representar un deseo compartido por muchos de justicia social y el ascenso de un movimiento social radicalizado.

La clase obrera chilena  que se forjó en las condiciones  extremas  del capitalismo del enclave minero del norte a finales del siglo XIX, siempre ha sabido demostrar aun más potencia y autonomía que sus vecinos argentinos o brasileños. Desde las “mancomunales” y las “sociedades de resistencia” hasta los Cordones Industriales, hay una continuidad que pone de manifiesto que el movimiento obrero chileno supo forjarse una conciencia y una identidad de lucha, como protagonista  deseoso de conducir su propio destino. Estas luchas por la democracia  social, que atraviesan  el conjunto del siglo XX, tanto en Chile como en otras latitudes, nos dan las claves para analizar las causas fundamentales  del golpe de Estado, explicando la violenta y brutal reacción de la clase dominante chilena contra toda política de redistribución o industrialización encabezada por partidos trabajadores.

Es precisamente la memoria de este pasado de luchas lo que la dictadura militar pretendió hacer desaparecer, al mismo tiempo que reorganizó, por la fuerza y la coerción, a la sociedad chilena. El Manifiesto de historiadores publicado durante el verano de 1999 declara: “La historia no es solamente pasado, sino también y principalmente presente y futuro. La historia es proyección. Es la construcción social de la realidad futura”.130 Así pues, esperamos que esta recopilación de testimonios constituya una contribución para dar a conocer la riqueza de la reciente historia del Chile contemporáneo y también, modestamente, que los relatos de vida de militantes, sindicalistas, obreros, dirigentes políticos que nos ofrecen aquí su experiencia, sean un grano de arena aportado a la reconstrucción de la memoria chilena y la edificación colectiva del futuro de su pueblo.

NOTAS:

2                Este estudio se centra principalmente en el movimiento popular urbano dada su importancia y sus rasgos específicos. Sin embargo deja de lado las múltiples luchas en el campo que surgen en este periodo, bajo el auspicio del mismo “poder popular” y que necesitaría en el futuro un amplio análisis (sobre la especificidad del movimiento popular urbano, consultar: M. Castells, Luttes Urbaines, Maspero, París, 1975, y R. Baño A., Conceptos y proposiciones acerca del movimiento popular urbano, Documento  de Trabajo, Programa FLACSO, Nº 161, Santiago, noviembre 1982). Este texto se basa en parte sobre un estudio previo publicado en: F. Gaudichaud, “Controle ouvrier et dualisation du pouvoir: le cas du Chili de l’Unité Populaire”, Dissidences–Bulletin  d’études des mouvements révolutionnaires, pp. 3 à 8, Nº 7, Nancy, diciembre del 2000.

3                      Carta de la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales de Santiago, enviada al Presidente

Salvador Allende, Santiago, el 5 de septiembre de 1973 (reproducción íntegra en el Anexo).

4                A propósito de los 30 años del golpe de Estado y de los varios análisis que surgieron en esta oportunidad sobre el tema de la UP, entre memoria e historia, se puede consultar la revista electrónica Rebelión, donde coordinamos la sección Chile con el historiador y periodista Mario Amorós (http:/

/www.rcbelion.org/chilc.htm).

5                      Como lo denominan P. Guillaudat y P. Mouterde en Les mouvements sociaux au Chili 1973-1993,

primera parte, París, Coll. Recherche et documents Amériques Latine, L’Harmattan, 1995.

6                      Sobre la represión utilizada por la Junta Militar, ver en particular: E. Rojas, La represión en Chile.

Los Hechos, Santiago, Ed. IEFALA, 1998, y R. Rettig Guisse (comp), “Informe de la Comisión

Verdad y Reconciliación”, Santiago, La Nación, 5 de marzo del 1991, p. 287.

7                Consagrando su bibliografía documentada solo a Salvador Allende, M. Nolff tiene al menos 200 obras. Ver M. Nolff, Salvador Allende: el político, el estadista. Bibliografía comentada y temática de más de 200 libros, Santiago, Col. Estudio, 1993.

8                Ver: A. Uribe, Le livre noir de l’intervention américaine au Chili, París, Seuil, 1974, y sobre todo los archivos desclasificados de la CIA: The National Security Archive, Chile and the United States: Declassified Documents relating to the Military Coup, 1970-1976, Washington in: http:// www. gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm.

9                      Para una visión marxista crítica de la UP escrita en los 70: G. Smirnow, La Revolución Desarmada,

ERA, México 1977; F. Rodríguez (pseudo). Crítica de la Unidad Popular, Ed. Fontamara, Barcelona

1975; L. Evans (éd.), Disaster in Chile: Allende’s Strategy and why il failed, Pathfinder Press, New

York, 1974.

10               Ver por ejemplo: L. Corvalán Márquez, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico, CESOC, Santiago, 2000.

11                    Alain Joxe llamaba a la misma prudencia ya desde 1972, en uno de sus análisis sobre la UP en “Le

Chili entre le freinage et l’affrontement”, Politique Hebdo, pp. 71 à 95, París, 1972.

12               Es necesario resaltar la existencia de dos obras primordiales para entender esta cuestión: H. Cancino Troncoso, La problemática del poder popular en la vía chilena al socialismo, Aarhus Universitet, Aarhus, Danemark, 1988, y M. Silva, Los cordones industriales y el socialismo desde abajo en Chile, Santiago, 1999, al que se le puede sumar la monografía sobre el monopolio textil Yarur, de Peter Winn: Weavers of revolution, the Yarur workers and Chile’s road to socialism, New York, Oxford University Press, 1986, y la tesis de licenciatura de J. Magasich, Pouvoir formel et pouvoir réel au Chili 1972–1973, Université Libre de Bruxelles, Facultad de Filosofía y Letras, 1980.

13               Incluso, el MIR colabora un tiempo con Allende, poniendo a su disposición una parte de sus servicios de seguridad  (ver P. Quiroga,  Compañeros.  El GAP: la escolta de Allende, Aguilar, Santiago,

2001).

14                    J. Fermandois, “¿Peón o actor? Chile en la Guerra Fría (1962-1973)”, Estudios Públicos, pp. 149-

171, n°72, Santiago, 1998. Es necesario precisar que se trata de un error el resumir la historia del PC chileno a la de simple “agente de Moscú”, ya que se trata de un partido popular con una sólida implantación social y larga historia nacional.

15               J. Garcés: “Vía insurreccional y vía política: dos tácticas”, Revista de la Universidad Técnica del Estado, pp. 7-39, Nº 13/14, Santiago, marzo-junio 1973 y El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, Siglo XXI, México, 1974.

16               Esta nueva visión del mundo, esbozada en el XXo Congreso del PCUS de 1956 es sostenida por la “doctrina Brejnev-Kossyguine” que declara la llegada de una evolución pacífica hacia el socialismo y la legítima acción de masas en el marco de la legalidad burguesa (Ver A. Daire, “La política del Partido Comunista desde la postguerra a la Unidad Popular” en A. Varas (comp.), El Partido comunista de Chile: estudio multidisciplinario, pp. 141-239, CESOC-FLACSO, Santiago, 1988).

17                    “Programa de la Unidad Popular”, 17 de diciembre de 1969, Santiago (publicado en línea en http://

www.abacq.net/imagineria/frame5.htm).

18                    C. Casassus-Montero, Travail et travailleurs au Chili, p. 34, París, La Découverte, 1984.

19               Sobre la ausencia de una burguesía  autónoma  en el marco del desarrollo  económico  mundial, desigual y combinado  con la dependencia  norte-sur, ver por ejemplo: F. Henrique Cardoso, E. Falleto, Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, México, 1972; A. Gunter Frank, Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine, Maspéro, París, 1972, y E. Mandel, “Classes sociales et crise politique en Amérique Latine”, Critique de l’économie politique, Nº 16-17, pp.

6-41, París, abril, septiembre 1974.

20                    Ver P. Camejo, “Popular frontism in office. The first years Allende’s Chile: Is it going socialist?”

en L. Evans, Disaster in Chile. Allende’s Strategy and why it failed, Pathfinder Press, New York,

1974.

21                    Ver Sergio Ramos en ¿Chile, una economía de transición?, p. 33, CESO, Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Chile, Santiago, 1972.

22               Es el caso de Sergio Bitar en: Transición, Socialismo y Democracia: la experiencia chilena, Siglo XXI, México, 1979, y Chile 1970-1973:  Asumir la historia para construir  el futuro, Pehuén, Santiago, 1995.

23               Desgraciadamente,  esa tendencia a la apología del gobierno de Allende es aceptada por uno de los escasos especialistas del “poder popular” chileno: Hugo Cancino, según el cual el conjunto de las interpretaciones  pasadas habrían sido marcadas por una lectura sociológica reduccionista, contaminada por el marxismo de la Tercera Internacional, op. cit.

24                    A. Valenzuela, The origins of democracy: theorical reflections on the Chilean case, The Wilson

Center, Washington, 1983.

25               Es por ejemplo el caso de Luis Corvalán Márquez, que aunque pretenda aportar una contribución al “contexto histórico”, se atiene a un análisis esencialmente descriptivo, op. cit.

26                    M. Garretón, El Proceso político chileno, FLACSO, Santiago, 1983.

27               H. Vega Tapia, L’économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l’Unité Populaire, Thèse d’Etat en économie, U. Aix-Marseille II, 1981.Ver también Eder Sader: “Chili: la transition manquee”, Critique de 1’economice politique, pp. 244-259, Nº 16-17, París, abril-sept.

1974.

28               G. Salazar y J. Pinto, “El proyecto de integración hacia dentro: corporativismo,  dcsarrollismo y populismo (1930-1973)”, Historia contemporánea de Chile, Tomo I, LOM, pp. 151-166, Santiago,

1999.

29               F. Gaudichaud,  “Estudios  e investigaciones  sobre la Unidad Popular, 30 años después. Por un balance historiográfico crítico”, presentado en el II Encuentro de Historiografía en Homenaje a Luis Moulian: “El gobierno de la Unidad Popular y la dictadura militar”. Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, 4 de septiembre de 2003, Santiago-Chile.

30               Sobre el populismo chileno, ver Paul Drake: “Socialismo y populismo en Chile 1936-1973”, Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, 1992.

31               El concepto de “bonapartismo sui generis “ fue elaborado por León Trotsky durante su exilio en México, con el fin de explicar las especiales condiciones del poder estatal latinoamericano  y su ubicación entre un capital extranjero omnipotente, clases dominantes relativamente débiles y un proletariado relativamente fuerte. Este tipo de Estado otorga a los gobiernos latinoamericanos un rol casi por “encima de las clases”, es decir un papel de árbitro del conflicto de clases. Tal papel es evidente en el caso chileno con la constitución de gobiernos cívico-militares, especialmente el que sigue la gran crisis de hegemonía de octubre de 1972 (León Trotsky, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, México, 12 de mayo de 1939 en Escritos Latinoamericanos, Ed. CEIP, pp. 11-12, Buenos Aires, 1999).

32               Luis Vitale, “El gobierno de Salvador Allende”, Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet, pp. 174-238, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1999.

33               Ver entre otros: Alain Labrousse, “L’extrême gauche avait démasque les démocrates-chrétiens”, Le Monde Diplomatique,  París, Octubre 1973. El papel central de la dirección de la DC en la gestación de la intervención militar en contra del gobierno de Allende y del movimiento popular es hecho de mucha relevancia y que ha tendido a ser ocultado y poco difundido desde los medios académicos en Chile. Basta leer las declaraciones de altos personajes de la DC durante el último año del gobierno de Allende, la carta de Eduardo Frei a los democratacristianos  del mundo (y en particular a los italianos) para explicar las razones del golpe o recorrer los archivos desclasificados de los servicios de inteligencia de Washington para convencerse de la responsabilidad histórica de la DC en estos acontecimientos.

34               G. Salazar y J. Pinto, “El proyecto de integración hacia dentro: corporativismo,  desarrollismo y populismo (1930-1973)”, Historia contemporánea de Chile, Tomo I, pp. 151-166, LOM, 1999.

35               ODEPLAN, Informe económico anual 1971, Ed. Universitaria, Santiago, y Oficina de informaciones y radiodifusión  de la Presidencia  de la República,  Informe  de ODEPLAN  sobre la actividad económica del primer trimestre de 1972, Santiago, 1972.

36                    F. Casanueva y M. Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, Quimantú,

1972.

37                    Partido Socialista, Resolución Política del Congreso de La Serena, La Serena, enero de 1971 (en

V. Farías, op. cit., Tomo 1, p. 619).

38               Ver el testimonio de Carlos Altamirano en el presente libro y M.N. Sarget, Système politique et parti socialiste au Chili: un essai d’analyse systémique, L’Harmattan, París, 1994.

39                    “Consejos obreros y democracia socialista”, Cuadernos de pasado y presente, Nº 33, Córdoba,

1972.

40                    Ver por ejemplo, Lenin, “La dualidad de poderes”, Obras Escogidas, T. II, Ed. Progreso, Moscú,

1960, y El Estado y la revolución, Quimantú, Santiago, 1972; L. Trotsky, Historia de la revolución rusa, Quimantú, Santiago, 1972

41                    E. Mandel, Control obrero, consejos obreros y autogestión, Ed. C. Mariátegui, Santiago, 1972; R.

Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, Coll. Mínima, Siglo 21 Editores, México,

1974; F. Iturraspe, Participación, cogestión y autogestión en América Latina, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1986.

42               Para tener una idea del debate de la época sobre este tema central: Ver S. Ramos, ¿Chile, una economía de transición?, CESO, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, Santiago, 1972; T. Dos Santos, “Sobre la dualidad de poderes”, Chile Hoy, Nº 8, Santiago, 8 de agosto de 1972, y “Defensa de la legalidad contra la iniciativa de las masas”, Chile Hoy, Nº 11, Santiago, 30 de agosto de 1972; “Los nuevos organismos de poder popular y el problema del doble poder en Chile”, Tarea Urgente, Nº 13, Santiago, 22 de agosto de 1973.

43                    “Foro sobre el Poder Popular”, Chile Hoy, Nº 60, Santiago, 9 de agosto de 1973.

44                    “El MIR y el resultado electoral”, Punto Final, suplemento del Nº 115, Santiago, 13 de octubre de

1970.

45                    “Foro sobre el Poder Popular”, Chile Hoy, Nº 60, Santiago, 9 de agosto de 1973.

46                    H. Cancino, “Concepción y status del poder popular en el marco programático estratégico de la

Unidad Popular”, La problemática…, op. cit., pp. 125-132.

47                    “Programa de la Unidad Popular”, 17 de diciembre de 1969, Santiago (publicado en línea en http:/

/www.abacq.net/imagineria/frame5.htm).

48                    Discurso pronunciado en el Estadio Nacional de Santiago el 5 de noviembre de 1970 (en Patricio

Quiroga, ed.), Salvador Allende-Obras Escogidas (1970-1973), Editorial Crítica, Barcelona; p. 219).

49               Ver por ejemplo: J. Insunza, “Constituir este mes todos los comités de la UP”, “Texto del informe rendido ayer por el miembro de la comisión política, diputado J. Insunza, a la reunión plenaria de CC del Partido Comunista”, en El Siglo, Santiago, 7 de febrero de 1970.

50               F. Castillo y J. Larraín, “Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile”, Cuadernos de la Realidad Nacional, p. 163, Nº 10, Santiago, diciembre de 1971, y V. Farías, La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica, T. 1, p. 353, CEP, Berlín,

2000-2001.

51                    Discurso pronunciado  en la Plaza Bulnes, Santiago, 1 de Mayo 1971 (en Patricio Quiroga ed.,

Salvador Allende-Obras Escogidas…, op. cit., p. 61).

52                    El “Interventor”  era un administrador  nombrado por el gobierno: ver los testimonios de Neftalí

Zúñiga, Tomás Inostroza y Pablo Muñoz en este libro.

53               A. Samaniego, “Los límites de la Estrategia de la Unidad Popular y el Área de Propiedad Social”, Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 109, pp. 21-35, USACH, Santiago, agosto de 1995; J. Silva Luvecce, “La participación: ¿un peldaño hacia el poder ?”, Punto Final, Suplemento Nº 168, Santiago, 10 de octubre de 1972; M. Raptis, Quel socialisme au Chili? Etatisme ou autogestion. Dossier de la participation des travailleurs au processus révolutionnaire du pays, Ed. Anthropos, París, 1973.

54               CUT, Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas de las áreas social y mixta, Publicación del Departamento de trabajadores de Chile, Santiago, noviembre

1971, y Comité ejecutivo CUT-Gobierno de participación, La participación de los trabajadores,

Santiago, Quimantú, 1971.

55                    F. Castillo, J. Larraín y R. Echeverría, “Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile”,

Cuadernos de la Realidad Nacional, pp. 3-70, Nº 16, Santiago, abril de 1973.

56               91 empresas eran previstas en el programa de nacionalización, pero la presión del movimiento social y la ocupación de fábricas sobrepasaron ampliamente este proyecto gubernamental. Ver M. Castells, “Lucha antimonopolística y poder obrero: la constitución del Área de Propiedad Social”, La lucha de clases en Chile, pp. 172-208, Siglo 21 Editores, Buenos Aires, 1974, y Oficina de informaciones y radiodifusión de la Presidencia de la República, El Área de propiedad social, Santiago, 1972.

57                    A. Silva y P. Santa Lucía, “Les Cordons industriels: une expression de pouvoir populaire au Chili”,

Les Temps Modernes, pp. 675-847, París, enero 75.

58               Ver también nuestro estudio general sobre la CUT y su relación con el surgimiento de los Cordones Industriales: F. Gaudichaud, “La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los cordones industriales en el periodo de la Unidad Popular. Ensayo de interpretación histórica”, publicado en http://www.rebelion.org/chile/030804gaudichaud.pdf

59               Estadísticas  del Ministerio  del Trabajo  (citado  en A. Wallon,  “Les perspectives  actuelles  de mouvement ouvrier au Chili”, Les Temps Modernes, pp. 1927 à 2214, París, junio 1973).

60                    F. Zapata, “Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de S. Allende”, Cuadernos del

Centro de Estudios Sociológicos, Nº 4, México, CES, 1974.

61                    A. Cuevas, “La experiencia de la CUT (1953-1973): una visión crítica”, Chile-América, pp. 27 á

34, Nº 84-85, Bruxelles, enero-marzo 1983.

62                    Y la alta votación en favor de la Democracia Cristiana con 26% de los votos.

63               M. Harnecker y otros, “La participación de los trabajadores”, Chile Hoy, Nº 7 y Nº 8, Santiago, julio y agosto de 1972.

64                    Ver “La Asamblea Popular de Concepción”, Chile Hoy, Nº 8, Santiago, 19 de agosto de 1972.

65               Así el número de día/individuos de trabajo perdido por huelga pasan de 138.000 durante el primer semestre del año 1971 a 200.000 durante el semestre del año siguiente (en Alain Joxe, Le Chili d’Allende, coll. Archives, Gallimard, París, 1974). Bajo esta presión social y el movimiento de ocupación de fábricas, más de 30% de los trabajadores industriales están integrados en el APS en

1973, o sea aproximadamente 140.000 personas (H. Cancino, op. cit.).

66               Para una visión sintética de la historia del movimiento obrero: Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile (5 T.), Prensa Latinoamericana, Santiago, 1967; A. Witker, “El movimiento obrero chileno” en P. González Casanova (coord.), Historia del movimiento obrero en América Latina, UNAM, siglo XXI, México, 1984, y P. Milos y M. Garcés (Taller de nueva historia), Cuadernos de historia popular: serie Historia del movimiento obrero, CETRAL/CEAL, Santiago,

1983.

67               Senado de los Estados Unidos (Informe Church), “Acción encubierta en Chile 1963-1973: Informe de la comisión designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia”, Washington, 18 de diciembre de 1975 en http://www.derechos.org/nizkor/chile/ doc/encubierta.html

68               Para una cronología detallada de la huelga de octubre ver: A. Samaniego, “Octubre 1972: triunfo y derrota de la unidad de los trabajadores”,  Investigación  DICYT-USACH,  mimeog., Santiago,

1996.

69               Sobre la huelga de octubre 1972, consultar: A. Samaniego, “Octubre rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores”,  Contribuciones  científicas y tecnológicas,  Área ciencias sociales y humanidades, Nº 130, pp. 1-22, USACH, Santiago, abril 2002.

70               L. Cruz Salas, “Estado, partidos y movimiento obrero” en VV. AA. Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet, pp. 411-412, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1999.

71                    Revista Chile Hoy, Santiago, 27 de octubre de 1972.

72                    E.P. Thompson, The making of the English working class, Pinguin, 1968.

73               Comandos Comunales y Cordones Industriales de Santiago, Santiago, Octubre de 1972 (citado en V. Farías, op. cit., Tomo 5, pp. 3.272-3.288). La referencia a la asamblea del pueblo recuerda al encuentro masivo realizado en Concepción, en julio de 1972, contra “el parlamento y la justicia burguesa”.

74               Por ejemplo, el cordón O’ Higgins reivindica en julio de 1973 la coordinación  de 15 empresas (incluidas grandes empresas como Yarur y Gasco) y la organización de aproximadamente  6.000 trabajadores (“En el cordón O’Higgins, la unión hace la fuerza”, De Frente, Nº 13, Santiago, 6 de julio de 1973 y P. Winn, Weavers of revolution, the Yarur workers and Chiles road to socialism, op. cit.).

75                    Ver el mapa del cordón Cerrillos en Anexo.

76                    Ver su testimonio en este libro.

77                    C. Cordero, E. Sader, M. Threlfall, Consejo comunal de trabajadores y cordón Cerrillos-Maipú: 1972.

Balance y perspectivas de un embrión de poder popular, Documento de Trabajo Nº 67, CIDU-U. Católica de Chile, agosto 1973, y “Cordón Cerrillos, un año de lucha ¡un año de victoria!”, Tarea Urgente, Nº 7, Santiago, 3 julio 1973.

78                    Ver “Cordón Cerrillos, Vicuña Mackenna: la alianza de clase en acción”, Chile Hoy, Nº 59, Santiago, 2 de agosto de 1973.

79               Por ejemplo, consultar sobre la historia del cordón de Osorno: E Zerán, “Osorno. Ejercicio de poder popular”, Chile Hoy, Nº 60, 9 de agosto de 1973, y H. Vega, “Carta abierta del cordón Centro Osorno al Comandante en Jefe del Ejército general Pinochet (Osorno, 24 de agosto de 1973)”, De Frente, Nº 22, Santiago, 7 de septiembre de 1973 (citado en V. Farías, op. cit., Tomo 6, pp. 5.023-5.026).

80               La revista Chile Hoy habla de un centenar de comités coordinadores creados durante el paro de octubre de 1972 (Nº 26, Santiago, 8 de diciembre de 1972). El periódico Clarín (Santiago, 7 agosto de 1973) hace hincapié en la presencia de 80 representantes de los Cordones Industriales en una reunión organizada por la CUT (citado en F. Neghme y S. Leiva, La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria  (MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los obreros y pobladores de Santiago, p. 206, Tesis de Licenciatura en Educación de Historia y Geografía, U. de Santiago de Chile, diciembre 2000).

81                    “Habla la revolución Chilena: en Chile no debe quedar ningún explotador”, Avanza Socialista, Nº

72, Buenos Aires, 22 de agosto de 1973.

82                    Ver el testimonio de Hernán Ortega en este libro. Julio Faúndez sostiene que en agosto de 1973,

50% de los asalariados industriales hacen parte de tales organizaciones, lo que nos parece exagerado

(en Izquierda y democracia en Chile 1932-1973, Ed. BAT, p. 272, Santiago, 1992).

83               A. Pinochet Ugarte, “Los Cordones de la muerte”, El día decisivo, anexo 8, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1980.

84                    Ver el Mapa de la “geografía del poder popular” en Santiago en Anexo.

85                    J. G. Espinoza y A. S. Zimbalist, Economic Democracy: workers ‘participation in Chilean industry

1970-1973,  Studies  in social discontinuity,  Academic  Press Inc., London,  1978, y J. Petras, “Nacionalization, socioeconomic change and popular participation” en A.Valenzuela y J. Samuel Valenzuela (ed.), Chile: politics and society, New Brunswick, 1976. A. Samaniego (en “Octubre el rojo…”, op. cit.) califica de injustificadas tales afirmaciones, lo que nos parece poco acertado y sin fundamento de parte del historiador chileno, pues estos dos estudios de terrenos científicos tienden a demostrar lo mismo (como la monografía de Peter Winn sobre Yarur).

86                    La DIRINCO estaba dirigida por Patricio Palma, cuadro del PC; ver su testimonio en este libro.

87               Se puede constatar que este testimonio de P. Palma es muy cercano a la postura oficial de la época difundida por el ministro P. Vuskovic (ver su discurso en el Estadio Nacional, el 5 de marzo de

1972, extractos en F. Castillo, R. Echeverría, J. Larraín, op. cit., p. 17).

88               F. Zerán y J. Modinger, “La distribución en el banquillo”, Chile Hoy, Nº 32, Santiago, 25 de enero de 1973.

89                    H. Suárez Bastida, “¿La distribución: tarea de las masas o de las fuerzas armadas?”, Punto Final,

suplemento Nº 182, Santiago, 24 de abril de 1973.

90               Luis Inostroza  afirmaba que el comando  entregaba  abastecimiento  a 160.000 familias  (ver su entrevista en revista Punto Final, Nº 179, Santiago, 13 de marzo de 1973).

91               Es el Comando  Comunal  Estación  Central, formado en 1973, que parece haber sido el mejor organizado y permitido la integración de sindicatos industriales  (ENAFRI, ENDESA), (ver: A. Carmona, “Poder popular para unir fuerzas”, Punto Final, Nº 189, Santiago, 31 de julio de 1973).

92               “Opina Nelson Gutiérrez”, Chile Hoy, Nº 26, Santiago, 14 de diciembre de 1972, y MIR, Documentos internos 3-a. Versión ampliada y corregida del Informe de la Comisión Política al Comité Central de enero de 1973, Santiago, Febrero de 1973 (en V. Farías, op. cit., Tomo 5, pp. 3.954-4.114).

93                    V. Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad, Ed. SUR, Santiago, 1988.

94               Ver el testimonio de Abraham Pérez en este libro y E. Sader, S. Quevedo, Algunas consideraciones en torno a las nuevas formas de poder popular en poblaciones, Documento de trabajo Nº 57, CIDU- U. Católica de Chile, Santiago, 1972.

95               J. Fiori, “Campamento  Nueva La Habana: estudio de una experiencia de autoadministración  de justicia “, EURE, Vol. III, Nº 7, pp. 83-101, Santiago, abril de 1973.

96                    Consultar el intercambio de cartas entre el MIR y el PS (presentados en Punto Final, suplemento

Nº 176, Santiago, 30 de enero de 1973).

97                    J. Duque y E. Pastrana, “La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile.

1969-1972”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Nº 4, Santiago, Diciembre 1972; M. Castells, Chile: movimiento de pobladores y lucha de clases, taller de estudios urbanos industriales, Universidad Católica de Lima, Lima, 1973, y M. Garcés, La lucha por la casa propia y una nueva posición en la ciudad. El movimiento  de pobladores de Santiago 1957-1970,  Tesis doctoral en Historia, U. Católica de Chile, Santiago, 1999.

98                    M. Harnecker, “Los Comandos Comunales y el problema del poder”, Chile Hoy, Nº 26, Santiago,

14 de diciembre de 1972.

99                    E. Pastrana y M. Threlfall, Pan, techo y poder: el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973),

Ed. SIAP-Planteos, Buenos Aires, 1974.

100             H. Cancino, La Problemática…,  op. cit., p. 344. Consultar la lista de 29 Comandos Comunales en Santiago  efectuada  por F. Neghme  y S. Leiva (La política  del Movimiento  de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular…, op. cit., p. 219).

101                  J. Magasich, Pouvoir formel…, op. cit., p. 204.

102                  Ver este manifiesto publicado en M. Najman, Le Chili est proche, op. cit., p. 271 –274.

103                  Este proceso de unificación/distensión es descrito en E. Pastrana y M. Threlfall, Pan, techo y poder:

el movimiento de pobladores en Chile (1970-1973), Ed. SIAP-Planteos, Buenos Aires, 1974.

104                  E. Santa Cruz, “Comandos Comunales: órganos de poder del pueblo”, Punto Final, Suplemento

Nº 189, Santiago, 31 de julio de 1973.

105                  “Habla Hernán Ortega”, Chile Hoy, Nº 59, Santiago, 27 de julio de 1973.

106                  “Los Cordones Industriales”, La Aurora de Chile, Nº 33, Santiago, 26 de julio de 1973.

107                  Ver los debates organizados por la revista Chile Hoy (“Foro sobre el poder popular”, Nº 60, Santiago,

9 de agosto de 1973); y por el Movimiento de Cristianos por el Socialismo y el sindicato del periódico

Clarín (en Punto Final, suplemento Nº 172, Santiago, 5 de diciembre de 1972 y Nº 175, Santiago,

16 de enero de 1973).

108             Ver por ejemplo la declaración del cordón Vicuña Mackenna en Tarea Urgente, Nº 1, Santiago, 16 de febrero de 1973.

109             Pensamos hoy día que esta oposición es en parte falsa y que nunca existieron dos polos realmente organizados  dentro  de la UP. La categoría  “polo gradualista  versus  rupturista”  tendría  que ser ampliamente  revisada  por la historiográfica,  pues nunca existió dentro de la UP un polo proponiendo una alternativa política concreta al gobierno y su programa de “transición al socialismo institucional”.

110                  Consultar las declaraciones de G. Escorza, militante PC y dirigente sindical de Textil Progreso (en

F. Zerán, “Los comunistas y los cordones”, Chile Hoy, Nº 61, Santiago, 16 de agosto de 1973).

111                  25 años más tarde, Luis Corvalán, secretario general del PC, no da ninguna cabida al “poder popular”

en sus memorias (L. Corvalán, De lo vivido y lo peleado, LOM, Santiago 1997).

112                  Varios Cordones de provincia fueron creados por iniciativa de dirigentes locales de la CUT (ver por ejemplo, los intentos de organizar un cordón en Talca: “Los trabajadores de Talca ¡A la pelea!”, Tarea Urgente, Nº 10, Santiago, 27 de julio de 1973).

113                  “De la intervención de Allende en el pleno de Federaciones de la CUT”, Santiago, 25 de julio de

1973 (citado por H. Cancino, op. cit., p. 376).

114                  Cordón Vicuña Mackenna, “Alerta trabajadores: a parar las maniobras divisionistas”, El Cordonazo,

Nº 3, Santiago, 12 de julio de 1973.

115                  M. Enríquez, “Un diálogo que desarma”, Chile Hoy, Nº 59, Santiago, 2 de agosto de 1973.

116                  Declaración de la “Coordinadora provincial de Cordones Industriales de Santiago” en Tarea Urgente,

Nº 10, Santiago, 27 de julio de 1973.

117                  Esta influencia es evidente si uno analiza los firmantes de la declaración de la Coordinadora provincial de Cordones Industriales de Santiago: todos son militantes PS (Tarea Urgente, Nº 10, Santiago, 27 de julio de 1973).

118                  “Habla Hernán Ortega”, Chile Hoy, Nº 59, Santiago, 27 de julio de 1973.

119                  “A propósito de los Cordones y la CUT”, La Aurora de Chile, Nº 33, Santiago, 26 de julio de

1973.

120                  “Habla Hernán Ortega”, Chile Hoy, Nº 59, Santiago, 27 de julio de 1973.

121                  “Cordones Industriales: la participación del Partido Comunista”, La Aurora de Chile, Nº 20, Santiago,

26 de abril de 1973.

122             J. Benítez, “La Clase obrera dirige los comandos comunales”, Posición, Santiago, 27 de diciembre de 1972.

123                  Partido Socialista y Partido Comunista, “Propósitos de ofensiva política”, Santiago, Octubre de

1972 (en V. Farías, op. cit., tomo 5, pp. 3.306-3.312).

124             R. Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, p. 258, Col. Mínima, Siglo 21 Editores, México, 1974.

125             Los testimonios que presentamos aquí demuestran claramente que había en el seno de los militantes de izquierda una voluntad de defenderse y que muchos se quedaron con la impresión de que las direcciones  políticas  no hicieron su trabajo político-militar  como lo habían planteado  al nivel discursivo.

126                  J. Petras, “Economía política del terror estatal: Chile, El Salvador y Brasil”, Estado y régimen en

Latinoamérica, pp. 31-66, Ed. Revolución, Madrid, 1987.

127             Ver las críticas efectuadas por Augusto Samaniego sobre la noción de “revolución desde abajo” defendida por Peter Winn o Miguel Silva (A. Samaniego, “Octubre el rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores”,  Contribuciones  científicas y tecnológicas.  Área ciencias sociales y humanidades, Nº 130, pp. 1-22, USACH, Santiago, abril 2002) o la interpretación “allendista” de Hugo Cancino, op. cit.

128             J. Stillermann, después de una encuesta oral acerca de 40 asalariados de toda tendencia política, concluyó: “Trabajadores de base critican aspectos de la vía política hacia el socialismo, articulando sus propias opiniones sobre la naturaleza de clase y las maneras en las cuales el proceso político de la UP frecuentemente obstaculizaba y distorsionaba lo que parecía a los trabajadores haber sido una solidaridad natural entre ellos”, “No estábamos preparados: trabajadores chilenos recuerdan la Unidad Popular”, Alamedas, pp. 59-66, Santiago, abril-junio 1997.

129             Manuel Barrera, en su trabajo de historia oral en los años 80, hizo un balance parecido (“Preocupa- ciones intelectuales de trabajadores de base sobre historia del movimiento obrero. Motivaciones y expresiones”, Proposiciones: Industria, obreros y movimiento sindical, pp. 166-181, Nº 17, SUR, Santiago, julio 1989).

130                  S. Grez y G. Salazar (compiladores),  Manifiesto de Historiadores, p. 19, LOM Ed., Santiago de

Chile, 1999.