El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una campaña internacional anual de sensibilización para promover el trabajo seguro, saludable y decente que desde 2003 impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), haciendo hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, una iniciativa en la estela del Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos en Ocasión de Trabajo, organizado por el movimiento sindical a nivel mundial desde 1996. A cuento de esta fecha que debiéramos tener siempre presente, recordamos que hace pocos días se presentó el informe anual 2020 del colectivo Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que confirmó que durante el año pasado debimos lamentar una muerte laboral cada siete horas, una cifra fuertemente agravada por la epidemia de coronavirus.
La presentación del anuario 2020 de BAL (un colectivo integrado por académicxs, comunicadorxs, gremios combativos y distintas fuerzas políticas) se realizó este sábado 24 en la Clínica San Andrés, del municipio de Caseros, dando cuenta de una gravísima situación laboral nacional en la que a las muertes por causas traumáticas se sumaron cientos de víctimas de la epidemia de coronavirus. La premisa de BAL es que si son evitables, no son accidentes sino asesinatos laborales.
La decisión de presentar el informe en la Clínica San Andrés responde a que se trata de un espacio ocupado por sus 144 trabajadorxs, que reclaman la reapertura del espacio médico que permanece cerrado desde que el dueño muriera en enero por un contagio de Covid. Julio Suna, un enfermero de la clínica, explicó que tiene 90 camas disponibles, lo que sería muy importante aprovechar en el contexto de la segunda ola de contagios por coronavirus. En ese sentido, reclamó que la clínica se reabra con el Estado tomando control de la misma, poniéndola en la órbita del PAMI o alguna alternativa similar.
En la apertura del evento Andrés Godoy, activista de la Lista Roja del Neumático, recordó a Marcelo Ulliaga, trabajador de la empresa Pirelli, fallecido el pasado 16 de abril al ser aplastado por una máquina. Luego Luis Franeschi, delegado de ATE en la delegación porteña del INTA, explicó que BAL tuvo su origen el 9 de septiembre de 2016, jornada en la que fallecieron en distintos hechos David Ramallo (trabajador de la línea 60), Diego Soraire (de INTA Castellar) y Richard Alcaraz (albañil de CABA). Según relató, el proceso se desarrolló en una lucha por el esclarecimiento de las responsabilidades patronales en todas las muertes en los ámbitos de trabajo.
En ese sentido, el activista precisó que las responsabilidades no se limitan a las empresas que no garantizan las medidas de seguridad suficientes sino también al Estado Nacional que muchas veces está “ausente” o es “cómplice, porque mira para otro lado y no controla, porque no hace cumplir las leyes que nos defienden” y a las distintas burocracias sindicales que “no cumplen con su rol de representar los intereses de lxs trabajadorxs exigiendo que se respeten todas las condiciones de seguridad y que todos los compañeros que van a trabajar puedan volver a sus hogares sanos y salvos”.
También se aclaró que las cifras que presenta BAL son mayores a las que registra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) porque ésta última no toma en consideración a la enorme cantidad de trabajadores que se encuentran en la informalidad. En este sentido, destacó el proceso de mejora de la metodología de recolección de datos del colectivo, que en su primer informe anual del año 2018 registró 375 casos, mientras que al año siguiente se pasó a 534 (ya superando los datos de la SRT) y en 2020 se llegó a 1295, una muerte cada siete horas, sobre todo por la incidencia de la epidemia.
Más del 76% (985) de las muertes registradas el año pasado fueron por Covid contraído en los lugares de trabajo. La SRT registra 831 muertes por esta causa, sobre un total de contagios que totalizó 209.073. Según los datos oficiales, del total de los decesos, un 24% corresponde al sector salud, un 11% a trabajadores del transporte y un 7% a los de la seguridad privada, de fuerzas de seguridad, de mantenimiento y limpieza, y, finalmente, un 4% de empleados de comercio. En el sector salud, por ejemplo, hay una notable diferencias de cifras, ya que la SRT reconoce sólo 129 muertes, mientras que BAL anota 399 y desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) elevan la cifra hasta 500.
La lucha contra los asesinatos laborales exige apuntar no sólo contra las empresas que buscan enriquecerse a costa de la vida de sus trabajadorxs sino también contra los distintos estamentos estatales que, por desidia, complicidad o corrupción, avalan estas situaciones de riesgo cotidiano y contra los gremios que para preservar sus negocios se encuentran dispuestos a negociar con patronales y funcionarios para hacer la vista gorda sobre la sangre de nuestrxs compañerxs.