Seguimos reclamando verdad y justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Hoy se cumplen 6 años de uno de los crímenes de lesa humanidad más impactantes de la historia de México, en el que se puso crudamente de manifiesto el entramado de corrupción política, impunidad de las fuerzas de seguridad y vínculos del régimen priista con el narcotráfico. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cientos de estudiantes entre 17 y 25 años de la Escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de la ciudad de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, regresaban de una manifestación en la ciudad de Iguala cuando fueron interceptados por la policía municipal, que abrió fuego indiscriminadamente contra los autobuses en los que viajaban.
En el tiroteo murieron dos estudiantes y un tercero fue encontrado asesinado al día siguiente con evidentes signos de tortura. Pero el raid criminal no terminó allí, porque la policía detuvo a decenas de estudiantes que no consiguieron escapar. Al cabo de unas horas una parte de los detenidos fue liberada, pero de 43 de ellos no se supo más nada.
La causa judicial que comenzó a investigar estas desapariciones estuvo plagada de irregularidades y complicidades desde un primer momento. Según la primera versión oficial, los policías municipales habrían arrestado a los 43 estudiantes en Iguala para luego entregarlos a una banda de narcotraficantes conocida como Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado en un basurero, arrojado luego sus restos en bolsas de basura al Río San Juan. En ese proceso, se confirmó el hallazgo de los restos de dos estudiantes (Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero de la Cruz) y la investigación oficial se dio por concluida con esa hipótesis.
Pero esa versión generó polémicas y sospechas, siendo rápidamente rechazada por los familiares de los normalistas, que denunciaron un intento de “cajonear” la causa para garantizar la impunidad de los policías involucrados. Al tiempo, la reconstrucción oficial de los hechos fue desestimada por tres investigaciones independientes. En primer lugar, por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que no encontró evidencias físicas y biológicas que dieran cuenta que las víctimas fueran incineradas en el basurero. Y, en tercer lugar, por un informe de la ONU de 2018, titulado “Doble injusticia”, que concluyó que en la investigación oficial se habría torturado al menos a 33 personas para obtener información y confesiones. También se afirmó que la investigación no sólo había sido conducida de manera irregular, sino que apuntó a encubrir a los verdaderos responsables.
En ese marco, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se negó a formar una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, un pedido de un tribunal estatal y de las partes querellantes. Hacia el fin de su mandato, todavía no se había condenado a ninguno de los sospechosos.
Andrés Manuel López Obrador asumió en 2018 con la promesa de descubrir la verdad y condenar a los responsables. En 2019 se nombró al fiscal especial Omar Gómez Trejo para reiniciar la investigación del caso y se convocó al país a otro grupo de investigadores independientes. El fiscal rápidamente ordenó la captura de 46 ex funcionarios, incluyendo al jefe de la investigación pública inicial, Tomás Zerón, quien huyó del país.
La nueva investigación anunció en julio de este año que había logrado identificar en la ciudad de Cocula, y con la ayuda del EAAF, los restos de otro de los 43 estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Sus restos no estaban en el basurero mencionado por la investigación de la “verdad histórica”, sino en una barranca a 800 metros de distancia, lo que generó todavía más incertidumbre sobre el paradero de los restantes estudiantes desaparecidos y volvió a poner en tela de juicio la legitimidad de la versión priis
Pedro Peruca DS, [26.09.20 14:04]
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A la espera de nuevas revelaciones, los familiares insisten en la denuncia sobre el pacto de impunidad y silencio de la policía local, la policía federal, miembros del Ejército y funcionarios, que busca proteger a las autoridades nacionales del gobierno de Peña Nieto.
Al día de hoy, hay oficialmente más de 61.000 personas desaparecidas en México, lo que pone de manifiesto no sólo la sistemática violación de los derechos humanos sino también la persistente connivencia entre el régimen político, el narcotráfico y diversos elementos paramilitares a lo largo de las últimas décadas, así como la utilización sistemática de la violencia para acallar y disciplinar a quienes osan cuestionar o denunciar ese descompuesto entramado de dominación.
A 6 años de la masacre de Ayotzinapa, seguimos exigiendo verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos, así como por los miles de civiles asesinadxs y desaparecidxs a manos de las fuerzas estatales y paraestatales de nuestra hermana nación mexicana.
