Dialogamos con Iván Paillalaf, integrante de la comunidad mapuche tehuelche Laguna Fría Chacay Oeste, quien actualmente reside en Trelew y participa de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, sobre la masiva resistencia popular a las iniciativas megamineras que pretende imponer el Gobierno provincial, en el marco de una intensa campaña de ataque y criminalización contra lxs activistas por la defensa del ambiente.
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-¿Cuál es el conflicto planteado en Chubut respecto a las iniciativas vinculadas con la megaminería?
-Mari Mari kom pu che. Inche Iván Paillalaf pingen. Laguna Fría – Chacay Oeste Lof tuwün. Inche Mapuche Tehuelche ngen ka fewla mülen Trelew waria mew. (Soy Iván Paillalaf de la comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría Chacay Oeste, soy Mapuche-Tehuelche. Estoy actualmente en Trelew y participo de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses).
Desde el año 2003, gracias a la resistencia popular, está prohibida la actividad de explotación megaminera, de minería metalífera a gran escala con uso de cianuro, porque es una actividad que genera una gran contaminación, utiliza una gran cantidad de agua, destruye mucho territorio, contamina el aire de diferentes maneras, expone a la población a enfermedades causadas por la falta de agua o por el agua contaminada con metales pesados u otras substancias químicas peligrosas, lo mismo que por respirar o exponer la piel al aire contaminado con químicos, así como también genera desastres ambientales como los derrames de substancias químicas, la rotura de tanques de relave que son muy posibles y que hemos visto que han sucedido en distintos lugares de Latinoamérica. Y también afecta a diferentes elementos del ecosistema, impactando sobre la biodiversidad, en los animales y plantas que conforman todo un equilibrio natural que al verse destruido también termina afectando sobre los seres humanos.
Eso por el lado ambiental, pero la megaminería también está relacionada con diferentes problemáticas del tipo social, como por ejemplo la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas puesto que muchas empresas van a realizar sus actividades afectando directamente a las comunidades Mapuche-Tehuelche de la provincia. En la meseta centro norte de la provincia está la empresa PanAmerican Silver, que quiere explotar el proyecto Navidad, el que afectaría a estas comunidades. Y ahí no se respetó el derecho a la consulta previa libre e informada de las poblaciones, no se está respetando la participación de las comunidades o de los pueblos indígenas en aquellos temas que los afectan y además las estrategias de la empresa para imponer la actividad extractivista implica que se generen divisiones en las comunidades, que son muy dañinas para poblaciones tan chicas que se basan en un estilo de vida comunitario, de reciprocidad, de una relación estable con el otro. Las empresas suelen realizar este tipo de maniobras para dividir a las comunidades y poblaciones porque así es más fácil meterse y explotar un lugar, porque ellos saben que siempre va a haber resistencia cuando la gente está informada de la cantidad de desastres que producen.
Asimismo, la megaminería también se relaciona con la corrupción de funcionarios públicos que aceptan este tipo de actividades tan dañinas para el territorio, muchas veces por las coimas que ofrecen las empresas, por tener algún tipo de rédito económico ellos, con lo que también se terminan permitiendo muchas otras cosas, dejando de lado la seguridad de la población.
Desde el punto de vista cultural también la megaminería afecta a las comunidades, al estilo de vida de la gente porque, hablando de las comunidades indígenas nuevamente, donde se destruye territorio y también la relación que tienen las comunidades con el territorio, sin la cual no pueden ellas vivir su cultura, su identidad. Porque, como sabemos, las poblaciones indígenas tienen una relación particular de respeto y armonía con la naturaleza, el territorio y los distintos elementos que la conforman. Asimismo, está toda esta cuestión espiritual que tiene que ver con que los mapuche-tehuelche tenemos la misión de proteger la naturaleza, los elementos de la naturaleza, los dueños, los nehuén, las fuerzas que nos permiten vivir en el territorio de una manera sana y armónica. Nosotros, a cambio, también tenemos que cuidarlos y defenderlos.
Y también, algo que ha sido analizado por distintas organizaciones, hay problemáticas que tienen que ver con el aprovechamiento que realizan distintas organizaciones delictivas de los focos donde se juntan trabajadores del extractivismo, como por ejemplo las redes de tratas de personas o el narcotráfico que aprovechan estos focos de corrupción para llevar adelante sus negociados ilícitos que ponen en riesgo a la población local, una población que nunca recibe beneficios de esta actividad, puesto que nunca genera trabajo para la población local. Por otra parte, la megaminería es una actividad que necesita más dinero que trabajo, porque está muy mecanizada, porque los procesos que utiliza son complejos desde el punto de vista químico y se basa en la utilización de maquinaria pesada.
Otra de las cuestiones es que la megaminería no genera un desarrollo o progreso económico para ningún territorio, provincia, país o estado, puesto que en los países donde se suele desarrollar esta industria las empresas suelen tener muchos beneficios fiscales sin los que no podrían solventar la cantidad de gastos que tienen para llevar adelante estas actividades tan dañinas, entonces suelen tener leyes que los benefician con la baja o quita de impuestos. Acá, por ejemplo, no pagan impuesto al cheque ni a la importación, tienen estabilidad fiscal por 30 años y las provincias sólo le pueden cobrar el 1% de los impuestos. Eso está todo en la Ley 24.196, la misma ley que dice que para las provincias sólo queda el 3% de las regalías de boca de mina, que tienen que ver con cómo sale el mineral del yacimiento, sin todo el proceso de fundido, de transporte, de refinamiento, etcétera, que es lo que le da valor agregado. Y también las empresas suelen tener beneficios en el control ambiental. Aquí en Argentina, la ley 24.585 de Protección ambiental para la actividad minera, una ley especial para las megamineras, es una ley que termina permitiendo que las empresas contaminen ya que en su artículo 25 dice que cualquier daño o efecto negativo al ambiente, inevitable o irreversible que genere esta actividad nunca será una razón para impedir el desarrollo de la misma. Y en el artículo 19 dice que solamente se puede pedir que se cierre una mina después de tres daños graves al ambiente, cosa que obviamente genera conflicto, porque cuando la gente conoce estas leyes, las rechaza, pero por la cantidad de intereses financieros y económicos que hay de detrás gobiernos y empresas siempre están tratando de imponerlas.
-¿Cuáles han sido las tareas o apuestas políticas realizadas por las asambleas ambientalistas en los últimos años?
-En los últimos años las asambleas han realizado diferentes acciones políticas y legales para intentar frenar los intentos de embestida minera de imposición del extractivismo que se han querido realizar desde las empresas, con la complicidad de los estados nacionales y provinciales. Así, por ejemplo, a comienzos de este año se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de las cuencas de toda la Patagonia, desde la Unión de Asambleas Patagónicas.
También se han realizado distinto tipo de amparos ambientales y se han denunciado públicamente irregularidades en la forma en que se manejan las empresas megamineras en el territorio chubutense, con la complicidad del Gobierno. Este año se dio un permiso especial para el uso del agua para la empresa PanAmerican Silver, a través de su filial argentina Minera Argenta. Esto se hizo sin respetar la consulta a los pueblos originarios, sin tener en cuenta audiencias públicas. Hay muchas irregularidades que fueron denunciadas y tuvieron estado público. Se presentaron diferentes escritos para tratar de denunciar también ante el Instituto Provincial del Agua (IPA) y también las asambleas han tratado de generar, junto con otras organizaciones, marcos legales para toda la provincia que extiendan la prohibición a la megaminería, que actualmente está prohibida en su etapa de explotación, con el uso de cianuro a cielo abierto, por la Ley 5001, que es una ley que está desde 2003. En 2014 se presentó una primera iniciativa popular realizada por la Unión de Asambleas Comunales Chubutenses, que juntó 13.007 firmas, el 3% del padrón electoral, lo que pide la ley para la presentación de proyectos de ley por iniciativa popular. En aquella ocasión los legisladores cometieron fraude, cambiaron toda la ley y terminaron permitiendo la megaminería en el territorio, con un mamarracho jurídico ilegal, recibiendo dictado de las propias mineras. Esto fue un escándalo que tuvo difusión a nivel mundial y finalmente esa ley se tuvo que derogar, porque era un mamarracho, no se podía hacer algo así, menos traicionando así la voluntad del pueblo.
Este año estamos llevando adelante una segunda Iniciativa Popular. El 22 de junio se comenzó nuevamente con la juntada de firmas y hasta octubre se juntaron 30.916 firmas válidas, de gente que vive en diferentes lugares de la provincia, en la costa, en la cordillera, en toda la meseta… Estas firmas son el doble de lo que pide la ley, es más del 7% del padrón electoral, y fueron presentadas en octubre después de cien días de juntada de firmas. El Tribunal Electoral tenía 30 días para pasar las firmas a Legislatura y a mediados de noviembre entró el proyecto de ley junto con los 30 mil avales a Legislatura y ahora los legisladores tienen seis meses para tratar la ley.
También la movida que realizan las asambleas para que se apruebe esta ley y para evitar que impongan la minería a través de otros proyectos de ley (como el de Zonificación minera, que está queriendo llevar adelante actualmente el Ejecutivo provincial), pasa por convocar a la gente a que se movilice, a que marche y haga suya la lucha por sus derechos, que ponga el cuerpo, que se manifieste de todas las maneras posibles en defensa del ambiente, del territorio, del agua, porque esto es algo que nos va a afectar a todos y, si realmente queremos vivir en un ambiente sano y dejar un buen futuro para las nuevas generaciones, no podemos permitir esto.
-¿Qué rol pensás que juega la vía represiva en la actual coyuntura?
-La fuerza represiva del Estado, hoy encarnada en la policía, en esta coyuntura ha respondido constantemente a los intereses de las empresas extractivistas y a los gobiernos cómplices que quieren imponer esta actividad megaminera y contaminante. Desde hace muchos años que los asambleístas han venido sufriendo distinto tipo de persecuciones, que se han incrementado durante los últimos dos años con el ministro de Seguridad provincial Federico Masoni. Este tipo de persecuciones tiene que ver con la criminalización de la protesta. Ha incluido detenciones ilegales, golpizas, allanamientos, entre otras situaciones. Algunas han salido a la luz pública, mientras que otras quedaron otras más veladas, ocultas por los medios, aunque sin dejar de ser vías para amedrentar a la población que se manifiesta en defensa de su territorio, en defensa del agua. Siempre respondiendo, como decíamos, a los intereses de las empresas extractivistas y los gobiernos cómplices.
Nosotros entendemos que es así porque la resistencia de la población a la imposición de la megaminería es mucha. Es claro que no tienen licencia social en la provincia para llevar adelante la actividad. Porque la población de la provincia está muy informada respecto de qué es la megaminería y qué efectos tendría sobre el agua. O, mejor dicho, sobre la importancia de cuidar y proteger el agua porque sin ella no se podría desarrollar la vida. Entonces los gobiernos tratan de doblegar a través del hambre y la violencia, esta visión que tiene la gente respecto del cuidado del agua, pero no van a poder. A través del hambre creando estas crisis, como la que tenemos actualmente en Chubut, que nosotros creemos que es un diseño que apunta solamente a doblegar a la población haciéndole creer que no hay otra salida más que la megaminería. Con situaciones como la actual donde no se les pagan los salarios a los empleados públicos desde hace meses, donde se les debe aguinaldos y la calidad de vida es cada vez peor, donde se ejerce un abandono sistemático de ciertas regiones, como la meseta centro norte, en la que se quiere imponer la zonificación minera. Y también a través de la violencia, movilizando las fuerzas represivas para que persigan, hostiguen, amedrenten y generen ese estado de miedo. Porque también saben que el pueblo en las calles es muy poderoso, tiene mucha fuerza.
-¿Desde las asambleas se proponen alternativas ante el discurso oficial de definir a la megaminería casi como única opción económica viable para la provincia?
-Nosotros decimos que esa no es una opción económica viable, ni una opción sustentable, ya que no genera verdadero desarrollo, ni progreso, ni ninguno de esos conceptos que utilizan para querer engatusar a la gente, para querer comprar a la gente engañándola. Al contrario, es una actividad contaminante y de saqueo, por las razones antes mencionadas. Que no deja nada económico, ni desarrollo. Porque la megaminería no es una actividad productiva sino extractivista, ya que no produce nada y solamente extrae los minerales del subsuelo para exportarlos, a través de procesos contaminantes. Donde se instala la megaminería vos después no podés realizar ninguna otra actividad productiva porque sin agua no se puede trabajar más la tierra, porque el territorio está contaminado porque la gente está expuesta a diferentes elementos químicos peligrosos. Esas se vuelven zonas de sacrificio.
Entonces nosotros planteamos que hay que generar proyectos productivos, políticas de desarrollo productivo que tengan en cuenta lo que saben hacer las comunidades, entre ellas la comunidad mapuche-tehuelche y las diferentes poblaciones que ya viven en el territorio, que conocen el territorio, que lo aman. Y que también tienen ganas de poder potenciar sus actividades, de que haya un verdadero desarrollo. Para esto hay que generar políticas públicas con una mejor administración, que permita que estas actividades que ya se desarrollan (como puede ser la ganadería o la agricultura familiar) se potencien. Asimismo, no abandonar las actividades que hay en la meseta y no permitir que los grandes capitales y los grandes terratenientes sean siempre los únicos beneficiarios. Así se podría lograr un desarrollo real para las comunidades, para la gente, para mejorar su calidad de vida. Y esto no es algo que solamente plantean las asambleas, lo plantea la comunidad mapuche-tehuelche y diferentes organizaciones de trabajadores.
Entonces decimos que la megaminería no es la única opción. Ni es una opción. La opción son los desarrollos productivos con participación de la gente, comunitarios, alejados de estas lógicas mercantilistas, capitalistas, que solamente benefician a unos pocos, lo opuesto a un desarrollo sustentable y duradero.
-Desde tu perspectiva ¿de qué manera se entrecruzan el despojo al que pretenden someter a Chubut, las luchas de los pueblos originarios y las posibles alternativas productivas frente al extractivismo?
-El despojo al que se pretende someter a Chubut, obviamente es combatido por la comunidad mapuche-tehuelche, por los pueblos originarios que luchan por la reivindicación de su cultura, de su modo vida y por la recuperación de sus territorios robados por el estado. Y todo este sometimiento también es una continuación de ese proceso genocida que el estado argentino comenzó hacia fines del siglo XIX y que continúa hasta nuestros días. Porque para poder llevar adelante la imposición del extrativismo se violan, se vulneran y se violentan diferentes derechos de la comunidad mapuche-tehuelche. Se violenta aquello que los pueblos originarios consideran tan sagrado y tan importante como es el territorio, como es el agua, como son los diferentes elementos de la naturaleza. Como los pueblos originarios dependen también del territorio para poder vivir, para poder tener su modo de vida en un territorio sano y libre, no pueden no combatir esta embestida de ofensiva minera. Es nuestro deber y también es parte de nuestra lucha defender el territorio de cualquier cosa que pueda dañarlo, que pueda destruirlo, que pueda contaminarlo o afectarlo negativamente, a él y a su gente. Por eso también esta lucha de los pueblos originarios está relacionada con las alternativas productivas frente al extractivismo, porque la visión del pueblo originario respecto de la productividad y de los modos de trabajar está atravesada por nuestra cosmovisión. Y en nuestra cosmovisión es fundamental la cuestión del respeto por los elementos de la naturaleza, por la naturaleza, tratando de no dañar la naturaleza, de no modificarla en desmedro de los diferentes seres que la habitan. Y también de trabajar comunitariamente, no en beneficio de unos pocos que se quedan con todo, no en base a la explotación de la mayoría sino de manera recíproca, comunitaria, integral. Entonces es en esa cuestión que se relacionan la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, por la recuperación y la defensa de los territorios contra el despojo que se quiere llevar a cabo. Y hay alternativas productivas para Chubut, respecto de las que los pueblos originarios pueden ofrecer toda esta mirada, lo cual enriquecería mucho el debate, por lo que también debe ser escuchada, garantizando su participación.