Después de más de 7 meses en agenda, este martes 17 de noviembre se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto de “impuesto a las grandes fortunas”, presentado por parte del bloque del Frente de Todos. El impuesto, en realidad “Aporte solidario extraordinario”, será por única vez y se cobrará a personas físicas que declararon en 2019 una fortuna personal mayor a los 200 millones de pesos, alcanzando a un total de 9200 personas, lo que representa aproximadamente el 0,02% de la población del país. La alícuota será entre el 2% y el 3,5%, este último para multimillonarios argentinos que hayan declarado más de $3.000 millones de pesos.
Cualquier impuesto que nos devuelva a lxs trabajadorxs lo que los empresarios nos arrebatan tiene que tener un apoyo y un impulso inmediato de las organizaciones de izquierda anticapitalista. Sobre todo con la emergencia económica y sanitaria que atraviesa nuestro país. Este apoyo debe expresarse más allá de lo escueto del impuesto y de su limitación estructural. Sin dudas no trastoca la enorme brecha entre lxs pobres y el salario promedio de la clase trabajadora y la inmensa riqueza de los capitalistas, como también es evidente la descomunal resistencia que genera, aún con sus limitaciones, en los sectores dominantes. ¿Por qué, si es tan limitado, escueto y buena parte va a parar al fortalecimiento de la matriz productiva extractivista, igual lxs poderosxs se oponen? Porque saben lo que todxs deberíamos advertir: Su aprobación será un precedente simbólico de lo que un estado capitalista sí puede hacer sin que por eso se ponga en entredicho el mismo sistema; pero también podrá ser un punto de partida para que los sectores populares interpelen al gobierno sobre la responsabilidad de los sectores privados y empresariales en torno a la crisis de reproducción de la vida que hoy estamos viviendo.
Los ricos quieren hacernos creer que ganan su fortuna producto del esfuerzo, el mérito y el trabajo, pero eso es algo totalmente falso. ¿Alguien realmente piensa que Paolo Rocca trabajó más en su vida y trabaja más cotidianamente que unx enfermerx, unx cartonerx, unx taxista o unx obrerx de la construcción? La enorme mayoría de trabajadorxs s se esfuerza día a día trabajando y su salario apenas alcanza para llegar a fin de mes.
¿Cómo entonces alguien puede tener un trabajo que le permita acumular una fortuna de 200 millones de pesos? Eso no se logra por medio del esfuerzo y el trabajo, y esto lo sabe cualquier empleadx que viva de su salario. Para juntar semejante cantidad de dinero es necesario explotar trabajadorxs, hacer negociados con el Estado, evadir impuestos, recibir beneficios regulatorios por lobby y la mayoría de las veces, contar con una herencia voluminosa que o bien ya garantice ese capital o bien que sea la condición para generarlo. Trabajando, emprendiendo y con esfuerzo no se hace esa fortuna, simplemente se hace explotando trabajadorxs, de otro modo seríamos todxs millonarixs. La situación de precariedad de la clase obrera y las condiciones que impone el capitalismo actual es tal que con esfuerzo lo único a lo que se puede aspirar es a llegar a fin de mes.
También los grandes medios y la bancada de Juntos por el Cambio insisten con la idea que el “impuesto” podría llegar a afectar la inversión. Sin embargo, según los datos de la AFIP, los milmillonarios tienen el 70% de su patrimonio en activos externos y apenas un 30% en territorio local. De ese total, la mitad está en bonos, una cuarta parte en depósitos bancarios, la quinta parte en inmuebles y sólo un 5% se destina a participaciones en empresas. Es decir, la desinversión y la fuga responden a otras variables. Por eso cualquier impuesto que nos devuelva a lxs trabajadorxs parte de lo que nos roban para amasar fortunas es algo que tenemos que apoyar.
Esta visión aparentemente intuitiva, montada sobre la situación de la clase trabajadora argentina, parece estar alejada de la posición de parte de la izquierda, especialmente del FIT-U que ya anunció su voto en las bancas del Congreso: va abstenerse de votar el proyecto. Esta situación puede resultar inexplicable para muchxs. ¿Cómo una organización de izquierda que durante todo el año tuvo como consigna el impuesto a las grandes fortunas se va a abstener de votar un tributo contra los burgueses más ricos? Y en efecto, es muy difícil de explicar, y creemos que es una posición que, con la referencia nacional que tiene el FIT-U, es muy nociva para la construcción de una izquierda anticapitalista. El FIT-U argumenta que el impuesto es un “maquillaje” para hacer pasar un ajuste y que es discutible el destino que van a tener los fondos recaudados. En virtud de ello en vez de disputar por el destino de los fondos, prefiere retirarse de la discusión y quedar al margen absteniéndose. ¿Por qué lo hace?
Esta abstención reviste un problema de gravedad: el FIT-U piensa su política en función de diferenciarse de los bloques tradicionales, en vez de darle un cauce combativo y de masas a su participación parlamentaria.
El gobierno efectivamente viene haciendo un viraje a una política más ortodoxa en términos económicos y politicos: el ajuste a los jubilados, la posición sobre Venezuela, el 7% a los estatales, la negociación con el FMI, el despliegue de 4 mil efectivos policiales con un ministro a la cabeza para desalojar Guernica y otras acciones son hechos públicos, difundidos por el mismo gobierno sin la menor intención de ocultarlos. Pero el principismo del FIT, que plantea que la forma de “develar” estos hechos es absteniéndose frente a otros, no hacen otra cosa que alimentar en los sectores populares la imagen de que la izquierda revolucionaria, motivada por una delimitación ideológica con el peronismo, en muchas ocasiones no combate a las clases dominantes. El FIT-U decide abstenerse planteando que el proyecto no es el que ellxs presentaron y apuesta a delimitarse como principio, sin un análisis de la situación política concreta.
No obstante, creemos que hay que señalar el hecho que el 25% de lo recaudado sea destinado a programas de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos sin mayores precisiones. Resulta bochornoso que la cuarta parte de lo obtenido con este “impuesto” pueda ir a parar, a través de acuerdos secretos que siguen vigentes, como el de Chevron, a las empresas que practican el fracking en Argentina, subsidiando a las empresas transnacionales para que avancen en el saqueo de nuestros recursos, mientras se suspende el cuarto IFE y se limitan los programas sociales. Esta propuesta proviene del mismo modelo de desarrollo que desde el 2013 alienta el ingreso del fracking en el país con la nacionalización del 51% de YPF y que, llamativamente, no se vio interrumpido durante los 4 años de gestión macrista. Quizá lxs sostenedores de la campaña de difamación que se desató en los últimos días podrían reservar una porción de su indignación para denunciar este punto, y/o el hecho de que queden por fuera los sectores empresariales y terratenientes del extranjero como Benetton y Lewis.
Sostenemos que es fundamental que se apruebe este “aporte solidario”. Este debate muestra lo limitado que resulta la medida y la urgente necesidad de avanzar hacia un sistema tributario progresivo. Al mismo tiempo que desnuda los niveles de desigualdad que se vienen agudizando en nuestro país, y en el mundo. La riqueza es limitada, para combatir la desigualdad es necesario arrancarla de las manos de quienes la concentran injustamente. Por eso es fundamental que hoy se apruebe esta medida, pero no puede ser la única, ni la última. El hambre y la pobreza son un crimen. Tenemos que seguir luchando para combatir a este sistema que se nutre de la explotación, la desigualdad y la opresión.