No es el crimen organizado, es crimen de Estado:
¡Fuera Peña Nieto!
Edgard Sánchez
El informe del día 7 sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayonitzapa desaparecidos , presentado por Murillo Karam, Procurador General de la República, en realidad insiste en la explicación del crimen como un asunto local y resultado de la acción de bandas del “crimen organizado” (es decir bandas del narcotráfico). La explicación como un asunto local y del crimen organizado pretende ocultar la responsabilidad del Estado, ocultar que se trata de un crimen de Estado.
Tienen razón los padres de los jóvenes desaparecidos y los compañeros de Ayotzinapa al rechazar las conclusiones de Murillo diciendo que no está demostrado que los 43 hubieran sido asesinados y calcinados como sugiere el informe. En realidad, el propio reporte de Murillo, en la conferencia de prensa, lo reconoce cuando, casi al final, dice que el proceso de investigación continúa bajo el concepto de desaparición, pues aunque las confesiones de los 3 nuevos detenidos describen, según el reporte de Murillo, con mucho detalle lo que dicen hicieron con los 43 compañeros, finalmente no hay evidencia o prueba científica que demuestre que fueron asesinados y calcinados y las cenizas dispersadas en bolsas tiradas al río.
Un informe no creíble
El informe de Murillo está basado en las “confesiones” de dos sicarios. Cuando la PGR reconoce que no pueden demostrar científicamente que estos tipos hubieran asesinado a los 43 normalistas ya que los restos fueron reducidos a cenizas, está pidiendo que se crea esta versión sobre la base de las “confesiones” de estos delincuentes. Creer en su palabra.
Las confesiones en México no son confiables. Evidentemente, las mismas fueron obtenidas bajo tortura. El rostro de uno de los detenidos lo revela. Y, por tanto, la tortura que hace la policía no es simplemente para obtener “la verdad” sino para ajustarse a un guión preestablecido. La policía quería demostrar que los 43 fueron asesinados por este grupo criminal y calcinados de manera de hacer irreconocibles los restos y los expertos policías lo lograron. Murillo Karam presentó el video con fragmentos de las declaraciones de los detenidos y se notan las preguntas inducidas para llegar una conclusión previa.
Así, le preguntan a uno de ellos, cuando dice que los mataron y los apilaron, “y les rociaron algo?”. “Les rociamos gasolina o diesel” para prender el fuego, responde el tipo. ¿Y cómo bajaron los cuerpos de los muertos del camión? Le preguntan. Así, dice el otro cargando un saco. Te ayudo, agrega el policía, cargando el saco.
Al llegar al basurero de Cocula, el grupo de sicarios integrado por unas cinco personas, según se describe, bajaron del camión a los 43 compañeros, cuando unos ya estaban muertos y luego uno a uno de los que bajaban los arrodillaban y los mataban de un tiro. ¿Uno a uno y frente a los demás fueron asesinados sin ofrecer resistencia?
Según Murillo, al trasladar a los 43 en vehículos policiales para entregarlos a la banda “Guerreros Unidos” hubo una confusión en las trasmisiones pues entonces uno de los jefes de sicarios entendió que los detenidos eran de su grupo rival “Los rojos”. Se trataba, para ese capo, según las propias palabras de Murillo de “defender el territorio” al que se querían meter los rivales.
La confusión puede explicar la crueldad, pero no explica por qué los sicarios tomaron muchas medidas para no dejar huellas del crimen. En la guerra entre bandas del narco, si quieren escarmentar a un grupo rival que se mete en otro territorio, no ocultan las evidencias del crimen, sino al contrario. Es conocida la experiencia en varias ciudades del país en que los cuerpos de criminales de un grupo rival aparecen colgados en puentes con letreros advirtiendo y amenazando de que no se metan donde no deben.
En este caso, según el relato de Murillo, los sicarios hicieron todo lo posible por no dejar huellas del crimen (respondiendo más a una preocupación política que hace imposible demostrar la ejecución de los 43 si no es bajo la confesión de estas honorables personas detenidas no se sabe desde cuándo).
Dicen que los incineraron en un horno rudimentario hecho en una orilla del basurero de Cocula. Toda la noche del 26 y hasta las 2 de la tarde del 27 estuvieron quemando los cuerpos con la instrucción de no dejar apagar el fuego para lo cual juntaron llantas, plásticos, papel y cualquier material inflamable que encuentras en un basurero. Los crematorios de una funeraria, que son cámaras en que se utiliza gas y se puede elevar a grandes temperaturas, usan 3 o 4 horas para cremar el cuerpo de una persona adulta hasta entregar en una urna cenizas a sus familiares. Los sicarios confesos dicen haber incinerado 43 cuerpos en un horno rodeado de piedras y llantas a campo abierto durante 12 horas! Y no dejaron nada, solo cenizas para que no pudiera analizarse el ADN. Después de las 2, una vez que ligeramente se hubieran enfriado los restos los reunieron en bolsas negras de la basura (de ésas que venden en Oxxo) y los vaciaron en el río, excepto dos bolsas que uno de los sicarios arrojó cerradas. El policía que interroga le pregunta al sicario “¿dónde compraron las bolsas?” y aquel dice que uno de ellos traía bolsas de basura. Qué casualidad, qué conveniente para la explicación que lleva a la conclusión de que ni modo no puedo demostrar que lo que digo es cierto.
Hace unas horas, adicionalmente, alguien agregó en facebook el reporte del tiempo de esa noche que dice, por cierto, que llovió torrencialmente en esa zona.
Crimen de Estado
El objetivo del informe de la PGR es político: mostrar el caso como local y del crimen organizado. Resultado de un miserable presidente municipal corrupto y ligado al narcotráfico así como su ambiciosa esposa. Dice Murillo que se confirma que Abarca, ex expresidente municipal dio la orden de actuar a la policía bajo el código de A5. No es claro qué ordenó exactamente A5, pero no importa porque los policías actuaron bajo una rutina, un protocolo ahora le llaman, repetido, realizado previamente. Por eso atacaron a balazos a los estudiantes de Ayotzinapa, luego al autobús de los jóvenes jugadores de fútbol, asesinaron a 6 personas, deshicieron la cara uno de ellos, detuvieron a 43 y finalmente los desaparecieron al sacarlos de la estación de policía en vehículos oficiales con rumbo desconocido.
Bastó que A5 diera la orden para que los policías llevaran su acción hasta la desaparición de los 43 porque se trata de una política de Estado. Un crimen de Estado que practican desde hace años y que siguen realizando porque saben que priva la impunidad frente al mismo. Lo inauguraron los del PRI desde los años setentas, pero continúa como política de Estado independientemente del partido que esté en el gobierno siempre y cuando haya aceptado la institucionalidad vigente. Con Calderón lo hizo el PAN y ahora a nivel local lo hace también el PRD, ya comprometido y cooptado en esta práctica como antes lo hizo en el terreno social al firmar el pacto por México que reconoció a Peña Nieto y su programa de reformas neoliberales.
El truco del gobierno de querer convertir el asunto en local y del crimen organizado es lo que explica que desde el principio busquen fosas clandestinas y cadáveres. No buscando desaparecidos, es decir personas vivas detenidas ilegalmente, sino muertos. Porque personas víctimas de una desaparición forzada quiere decir responsabilidad del Estado. ¿Y qué sucede con los desaparecidos según la historia conocida? Son llevados a cárceles clandestinas o a campos militares. Y obviamente ahí no se busca a los 43 compañeros desaparecidos. A pesar de que en Iguala hay, a unos metros de donde fueron atacados los estudiantes por parte de la policía municipal, un cuartel militar con más de 600 elementos del ejército. ¿Y si la confusión de los capos al recibir de los policías a los 43 creyendo que eran de un grupo rival no fue tal, sino la otra historia inventada sobre los de Ayotzinapa de que son un nido de guerrilleros? ¿Y si al salir los policías en vehículos oficiales con los 43 no los llevaron supuestamente a un basurero en el camino a Cocula sino al cuartel militar de Iguala entregándolos como supuestos guerrilleros?
Murillo Karam en la conferencia de prensa dice. a pregunta expresa, que el ejército no participó en los hechos del 26-27 de septiembre. Y agrega respondiendo al periodista “¡Y qué bueno que no participó! Porque si lo hubiera hecho ¿de qué lado crees que hubiera estado? Obviamente del lado de la autoridad constituida”. La cínica respuesta de Murillo da pista sobre lo ocurrido pues hay la evidencia de que el ejército supo de lo que ocurría e investigó (como relatan los estudiantes que fueron detenidos cuando intentaban que uno de los heridos fuera atendido en un hospital privado). Así que si hay 43 desparecidos detenidos por la policía, el ejército actuaría en ese caso, como dice Murillo, del lado de la “autoridad constituida”.
Cada día se va cuestionando más el papel jugado por el ejército en el caso de Iguala. Frente a estos señalamientos, el juicio a que están siendo sometidos algunos militares por el caso Tlatlaya y la parálisis del gobierno que no ha podido contener con su tradicional estilo represivo (pese a provocaciones por aquí y por allá) un movimiento en ascenso que incluso en Guerrero ha incendiado el Congreso local, el Palacio de Gobierno y las sedes del PRD y del PRI, al mismo tiempo que se han tomado más de 30 ayuntamientos, en días recientes el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se ha quejado de las constantes críticas al ejército y ha advertido (amenazado?) que no cejarán de “servir a México” a pesar de todas esas críticas.
Por eso los familiares –y en general el movimiento solidario- ha recuperado y extendido la histórica consigna de Rosario Ibarra y el Comité Eureka! de los años 70 y 80: ¡vivos los llevaron y vivos los queremos!
Murillo y otros voceros del gobierno dicen que México está de luto para insistir en la versión de que los 43 están muertos por la versión de los sicarios confesos. Esta versión busca ocultar la responsabilidad del Estado y la conclusión política, que de mil maneras el movimiento grita: ¡Fue el Estado!
Crisis política, crisis de legitimidad del régimen
El crimen cometido en Iguala ha desatado una movilización de protesta contra el Estado y de solidaridad con Ayotzinapa sin precedentes. De hecho ha abierto una crisis política en el régimen, una crisis de legitimidad. La respuesta del régimen no ha logrado frenar ni desarticular el movimiento de protesta ni con la renuncia de Aguirre al gobierno del estado de Guerrero, ni con el encarcelamiento del presidente municipal, su esposa y varias decenas de policías y sicarios, ni con el informe de Murillo Karam.
Primero los familiares insistiendo “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Luego el movimiento en general con la misma consigna que rechaza el informe de la PGR y agregando “fue el Estado” ha ido escalando la crítica y elevando la crisis política y de legitimidad del régimen todo.
La salida del gobernador Aguirre y el encarcelamiento del presidente municipal, junto al grito de “fue el Estado” hace comprensible a nivel del movimiento que no basta con esas renuncias. Si hay una responsabilidad del Estado y todos los partidos institucionales, PRI, PAN y PRD especialmente, aparecen involucrados, entonces avanza cada vez más la consigna que se hizo muy popular en Argentina el 2001: ¡que se vayan todos!
La sustitución en el gobierno del estado de Guerrero de Ángel Aguirre por el nuevo gobernador Rogelio Ortega Martínez es ejemplo claro de lo insuficiente que resultan estos cambios decididos desde el poder. En vez de imponer un gobernador sustituto identificado con los partidos institucionales, escogieron a Rogelio Ortega que fue parte de la ACNR de los años 80, funcionario universitario y él mismo desaparecido político en los años 70. Se le recordó públicamente que cuando estuvo desaparecido, su madre junto con otras Doñas del Comité de familiares buscaron entrevistarse con el gobernador de aquella época para exigir su presentación bajo la consigna de “vivo lo llevaron, vivo lo queremos” y lo consiguieron lo que permite que ahora sea el gobernador interino. Ortega presumía que por su papel en la Universidad conseguiría rápidamente dialogar con los estudiantes de Ayotzinapa. Para reforzar lo anterior incluso nombró de inmediato a Salvador Martínez della Roca (ex preso político del 68) secretario de educación y a Eliseo Moyao (ex líder de la ACNR y actualmente miembro del PRD) como secretario de finanzas. ¿Y lo logró? Obviamente que no lo logró. Los de Ayotzinapa se han negado hasta la fecha a recibirlo pues representa una decisión, maniobra e imposición del gobierno federal. Desde que llegó al gobierno, en dos ocasiones movilizaciones de protesta han incendiado el palacio de gobierno. El carácter de su nombramiento está marcado por la decisión del gobierno federal pues fue ungido por el propio Peña Nieto en Los Pinos, desde donde en conferencia de prensa conjunta, Rogelio Ortega le dijo a Peña: “si el señor Presidente me apoya, yo le entregaré buenas cuentas al Presidente”. Ortega fue puesto por Peña Nieto y no es resultado de la movilización popular pese a las credenciales de su pasado de izquierda que el nuevo Gobernador presume.
Las tres jornadas de acción global han ido subiendo la mira frente a cada maniobra del gobierno que busca desviar la responsabilidad del Estado en el crimen. Es así que después de la entrevista de Peña Nieto con los familiares y los resultados ofrecidos por Murillo, la consigna de “fue el Estado” o “que se vayan todos” va aterrizando en “Fuera Peña”.
La movilización en solidaridad con Ayotzinapa es inédita. Es una movilización nacional, no solamente en la Ciudad de México como en otros casos (por ejemplo en el 68). Son paros de protesta en centenas de escuelas y universidades, incluidas varias universidades y centros de estudio privados. Es la movilización general de las Normales Rurales, dirigida por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que defienden a su hermana Ayotzinapa, pero en general el sistema de educación rural, al igual que hace hoy el paro general de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) frente a las consecuencias de la reforma energética que quiere convertir a los egresados del Poli en mano de obra barata para las trasnacionales que traerán sus propios profesionales para conducir sus compañías en México.
También la solidaridad internacional y la legitimidad de la causa de Ayotzinapa a nivel internacional está más extendida quizá que la solidaridad con motivo del levantamiento zapatista.
¡Fuera Peña!
Es este nivel del movimiento el que ha puesto a la orden del día la consigna de “Fuera Peña”, en un nivel de confrontación y de crisis de legitimidad del régimen a nivel histórico, sin precedentes recientes.
Fuera Peña es diferente a la consigna de AMLO que plantea que Peña Nieto renuncie antes del 1 de diciembre para llamar a elecciones anticipadas. Atrapado en su visión institucionalista, la misma con que ha construido MORENA, López Obrador insiste en una salida que salva al régimen en un momento en que está cuestionado como nunca. Que Peña Nieto renuncie (el concepto de renuncia implica un acto voluntario diferente a “Fuera Peña”) antes del 1 de diciembre para sujetarse a los plazos establecidos por la Constitución y se llame a elecciones anticipadas, implica varios problemas que se colocan atrás del nivel de protesta del movimiento. Elecciones anticipadas ¿organizadas por el INE? Elecciones anticipadas para elegir entre los candidatos del PRI, del PAN o del PRD? O de MORENA que también ha sido evidenciado cuando es sabido que López Obrador había decidido ya y anunciado que su candidato en Guerrero sería Lázaro Mazón, el padrino de Abarca?
Fuera Peña es el reflejo del nivel actual del movimiento. Fuera Peña es la traducción de “fue el estado”. Fuera Peña es la traducción de “que se vayan todos” no es suficiente con el gobernador y el presidente municipal. Fuera Peña es el cuestionamiento mismo del régimen político responsable no solamente del crimen contra Ayotzinapa en Iguala, sino de todos los agravios cometidos contra el pueblo y los trabajadores por la oligarquía neoliberal que impuso a Peña. Fuera Peña es la cabeza del régimen y sus reformas aplicadas por los partidos del Pacto por México.
Es cierto que el conjunto del movimiento no se pronuncia por igual contra las reformas neoliberales, como lo hace contra el crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada, pero en medio de la protesta e indignación popular contra este gobierno la voracidad de estos no cesa de exhibirse. Sea la “Casa Blanca” de Peña Nieto y su esposa empleada de Televisa, responsable de la manipulación masiva de la opinión pública. Sea el escándalo por la concesión otorgada para la construcción de tren rápido Querétaro-México, aunque apresuradamente se cancele la licitación, generando nuevos conflictos con los inversionistas chinos y el propio gobierno chino. Es la masacre Tlatlaya, realizada por el ejército y en el Estado de México, gobernado por el PRI y cuna del grupo político de Peña Nieto.
Algunos compañeros y compañeras se lamentan de que frente a otros crímenes –como el feminicidio, los crímenes de odio y homofóbicos, los presos políticos, las mismas reformas neoliberales- no haya habido una respuesta masiva, nacional e internacional, de la magnitud de la que ocurre en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Es cierto que hay una serie de circunstancias que han hecho que finalmente la gota que ha derramado el vaso haya ocurrido en Iguala. Pero lo importante es que ha abierto una crisis política sin precedentes que está cuestionando al conjunto del régimen y exigiendo su salida con el grito de Fuera Peña.
Hay quién se pregunta angustiado ¿y después de Peña qué? Son momentos distintos pero la perspectiva política, como hemos explicado, no es la de una salida dentro del mismo sistema, como las elecciones anticipadas que propone López Obrador, sino una perspectiva que está cuestionando al régimen, sus instituciones, incluidos sus partidos, pero también las políticas que han llevado a este desastre nacional. Es el cuestionamiento de un régimen corrupto, descompuesto, podrido por su complicidad con el narcotráfico, su entreguismo al imperialismo, responsable de una desigualdad social escandalosa y de una ola de violencia que parece imparable. Obviamente la salida de Peña, la salida de este régimen político implicaría la búsqueda de un nuevo Congreso constituyente, una asamblea constituyente, que redefiniera un nuevo marco institucional y otras políticas públicas.
El reto para avanzar en esta perspectiva política es que es sostenida, impulsada y comprendida por una parte del movimiento estudiantil que otra vez aparece como vanguardia transitoria del movimiento. Es una perspectiva que muestra una continuidad con el reclamo del movimiento yosoy132 oponiéndose al regreso del PRI y a la imposición de Peña Nieto. Entrar, sin embargo, en esta perspectiva necesita, nuevamente como en el 68, el concurso de las fuerzas del movimiento social en resistencia y lucha, tanto como del movimiento obrero, campesino y popular. A diferencia del 68 sí existen ahora fuerzas y organizaciones sociales independientes del régimen que en estos años se han opuesto y luchado contra diversos aspectos del programa neoliberal. El problema es que se requiere un salto decisivo a la lucha política, la lucha contra el poder y superar así la práctica y visión gremialista –en torno a demandas legítimas pero parciales- para sumarse y acompañar la fuerza política del movimiento de protesta que ahora exige “Fuera Peña”. Ahí está el reto. No es solamente lograr la unidad de un movimiento muy amplio pero desigual y heterogéneo en términos de coordinación de acciones de protesta, sino también de perspectiva política. La perspectiva política de “Fuera Peña”, contra el régimen político, recae en la posibilidad de un bloque social y político de los movimientos populares y sindicales en resistencia, junto con el movimiento estudiantil, pero a condición de superar el gremialismo y la visión parcial de lucha contra el neoliberalismo, para apoyar la perspectiva política.
México, DF a 11 de noviembre de 2014