De acuerdo al relato de Juan Antonio Espinoza, él y su hermano se dirigían a casa de un familiar montados a caballo cuando fueron interceptados por un grupo de policías que venía de disolver una reunión de vecinos que participaba de unas carreras cuadreras en la localidad de Melcho, departamento de Simoca.

Creyendo que ellos dos también venían del evento ilegal llevado adelante durante la cuarentena, el grupo de efectivos los atacó y comenzó a golpearlos hasta que Juan cayó desmayado por un golpe policial, poco después de ver cómo un efectivo apuntaba contra su hermano y disparaba.
Luego de la denuncia de Juan Antonio, tomó intervención en el caso la fiscal 1 del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, quien dispuso una serie de medidas para localizar al trabajador rural desaparecido. El miércoles de esta semana también ordenó la detención de nueve policías y un civil, a quienes responsabilizó del hecho. Poco después dos de los efectivos, de apellidos Ardiles y Paz, que aseguran haber tenido una participación menor en los hechos y en el encubrimiento del mismo, confesaron que el cuerpo de Espinoza había sido trasladado entre cuatro policías en el auto particular del subcomisario Rubén Montenegro hacia la zona de Alpachiri. Las pericias ordenadas inmediatamente encontraron manchas de sangre en los vehículos secuestrados y los perros adiestrados marcaron el baúl del auto del subcomisario.
Este viernes, bomberos y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) lograron recuperar el cuerpo del peón asesinado, envuelto en bolsas de nylon, del fondo de un precipicio de más de 150 metros de profundidad, en el departamento catamarqueño de Andalgalá, muy cerca del límite provincial con Tucumán, donde los policías lo habían arrojado para intentar ocultar su crimen y alejar las pruebas del mismo del territorio provincial. Estas prácticas remiten a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia por el general genocida Antonio Domingo Bussi con el llamado Operativo Independencia de 1975 y luego en dictadura (lo que no impidió que en 1995 fuera elegido como gobernador después de ser beneficiado por el Punto Final).
El hermano y la esposa de Luis Espinoza, que se acercaron al lugar del hallazgo en compañía de su abogada y de funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ya reconocieron el cuerpo, mientras que el titular del ECIF Eugenio Agüero Gamboa se trasladó al puesto caminero El Clavillo para notificar a la policía catamarqueña y a la justicia de esa provincia del hallazgo del cuerpo.
Durante la semana en la que Espinoza permaneció desaparecido ninguna de las autoridades políticas de la provincia hizo declaración alguna al respecto ni se comunicó con la familia de la víctima, como así tampoco lo hizo el presidente Alberto Fernández, quien este jueves visitó la provincia de Tucumán y compartió diversos eventos con el gobernador Juan Manzur.
Más allá de que la fiscal García de Targa asegure que “con la localización del cadáver de Espinoza, el hecho estaría en vías del esclarecimiento total en lo que respecta al modo en que se produjo el crimen y la posterior localización de la víctima”, exigimos una investigación a fondo, con participación de los familiares, para determinar todas las responsabilidades policiales y políticas sobre este dramático hecho.
El asesinato de Luis Espinoza desnuda brutalmente una de las facetas más preocupantes del nefasto rol que pueden cumplir unas fuerzas de seguridad que no han hecho cuentas con su histórico compromiso con la dictadura cívico-militar de 1976 en el marco del estado de excepción de la cuarentena, en el que las fuerzas políticas eligieron apoyarse en la Policía, la Gendarmería y el Ejército para reforzar el control social, relajando aún más los siempre escasos controles sobre estas fuerzas y permitiéndoles desplegar su vocación represiva con total libertad. Hace ya dos meses que venimos denunciando numerosos hechos de violencia y abuso de las fuerzas de seguridad en todo el país, pero hoy la situación llegó a un límite trágico que debiera obligar a un replanteo profundo de atribuciones y responsabilidades.
¡Juicio y castigo inmediato a los responsables directos del crimen!
Investigación exhaustiva sobre las responsabilidades políticas a nivel provincial y nacional.
Redefinición del rol de las fuerzas de seguridad en el marco de la cuarentena y maximización de los controles civiles sobre las mismas.

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