Intervención de Claudio Katz en el taller del EDI de diciembre de 2013[1]
Claudio Katz[2]
La economía argentina transita por un peligroso desfiladero de alta inflación, demanda de dólares, desplome de reservas y déficit fiscal solventado con emisión. Estos desequilibrios despiertan recuerdos de las repetidas debacles que sufrió el país, pero hasta ahora el nivel de endeudamiento privado, el grado de solvencia de los bancos y los precios de las exportaciones se mantienen estabilizados. Incluso están llegando fondos internacionales para adquirir empresas, en un clima de euforia bursátil con los grandes negocios de los próximos años.
Esta disparidad de escenarios convive con el giro político que introdujo la derrota electoral del kircherismo. El ocaso del proyecto reeleccionista ha reducido la autoridad presidencial y varios gobernadores e intendentes se disputan la sucesión. Cristina optó por un cambio de gabinete, entregó la cabeza de Moreno y le otorgó mando al cacique justicialista Capitanich para timonear la llegada al 2015. El gobierno se propone aguantar durante dos años las agudas tensiones de la economía para traspasarle el ajuste a su sucesor.
Pero el establishment no acepta ese gradualismo. Exige una gran devaluación inmediata, severos recortes del gasto social y un brutal achatamiento de los salarios. Plantea estas exigencias con mensajes de advertencia para que “Cristina termine bien su mandato”. El termómetro de esta pulseada es el comportamiento de las reservas. Al ritmo actual de desplome la estrategia del gobierno no es viable.
DÓLARES Y DÉFICIT FISCAL
La corrida hacia el dólar es la arista más explosiva de la coyuntura actual. En dos años la cotización oficial de la divisa saltó de 4 a 6 pesos y ya supera los 10 en el mercado paralelo. El gobierno ha intentado contrarrestar esta demanda vendiendo reservas, pero generó una hemorragia que reduce peligrosamente el respaldo de los pesos en circulación. Durante el 2013 año se esfumaron 11.000 millones de dólares del Banco Central y los 32.000 millones restantes sólo cubren cinco meses de importaciones.
Los neoliberales atribuyen este descalabro a la instauración del “cepo”. Consideran que el despótico intervencionismo gubernamental desató la “reacción natural de los mercados”. Pero olvidan que el control sobre las divisas fue instaurado en forma defensiva, repitiendo la reacción que tuvieron incontables gobiernos, para detener presiones devaluatorias que siempre desembocaron en mayor inflación y recesión. Como Argentina no fabrica los dólares que utiliza para solventar sus compras externas, necesita algún tipo de regulación cuando las divisas comienzan a escasear.
Ese manejo no introduce sofocantes torturas (“cepo”), sino simples contrapesos del “mercado libre” que manejan los bancos y los exportadores. No viola las leyes de la naturaleza, ni vulnera los principios de una economía sana. Ha fallado desde el 2011 por la evidente incapacidad del gobierno para aplicarlo seriamente. El control fue introducido en forma tardía y es manejado con total arbitrariedad. En lugar de penalizar a los especuladores, los funcionarios toleran la apropiación bancaria de los dólares y luego se desesperan por la desaparición de esos billetes.
Otro flanco crítico de la coyuntura actual es el déficit fiscal que se aproxima al 3% del PBI. El gobierno ensayará una reducción moderada de este bache hasta el fin de su mandato. El presupuesto dibujado que aprobó Parlamente le asegura el control del ejercicio, pero no la financiación del agujero fiscal. Logró prorrogar la emergencia económica y la recaudación de impuestos no coparticipables, pero es inocultable el deterioro de las cuentas públicas. Este desbalance afecta duramente a las provincias, que ya destinan la mitad de sus presupuestos al pago de salarios.
Kicillof intentará algunos recortes para calmar las presiones del establishment. Seguramente retomará el programa de la “sintonía fina” que Cristina abandonó luego de la tragedia de Once. Este plan incluye podas en los subsidios al transporte y la energía que encarecerán los servicios.
Los funcionarios presentarán el incremento de las tarifas como una penalidad limitada a los sectores enriquecidos. Pero el corte de subsidios para esas minorías ya empezó y no alcanza para equilibrar las cuentas del estado. Afirmarán que el ajuste es equitativo, puesto que excluye a los beneficiarios de planes sociales. ¿Pero acaso el grueso de la población trabajadora constituye un sector privilegiado?
Los voceros oficiales se indignan con el alto costo de una garrafa en comparación a los servicios corrientes de gas y denuncian las altas tarifas vigentes en el interior frente a la zona metropolitana. Pero podrían resolver esa inequidad abaratando el primer tipo de precios. Con toda naturalidad suponen que el problema se corrige ajustando hacia arriba. Utilizan el mismo argumento de los neoliberales contra la gratuidad de la universidad pública “que no está poblada por pobres”. Con esos razonamientos, cualquier logro social es descalificado recordando las carencias de los más humildes.
LAS CAUSAS DE LA INFLACIÓN
Es evidente que la inflación es el problema más acuciante de la economía. Ya se acumulan seis años con promedios que superan ampliamente la media global o latinoamericana. La aceleración de los últimos meses tiende a situarla por encima del 25% y a diferencia del 2008-09 los incrementos no decaen en las coyunturas recesivas.
El mamarracho del INDEC terminó afectando la gestión cotidiana de las empresas, que necesitan estadísticas creíbles para evaluar la inversión y la rentabilidad. Los funcionarios que reemplazan a Moreno han optado por reconocer las “variaciones de precios”, pero sin esclarecer cual es la tasa de inflación reinante.
Con otro lenguaje y otros modales, el nuevo equipo económico seguirá intentado limitar la carestía, mediante acuerdos de precios con las grandes empresas. Estos convenios fracasaban al principio y ni siquiera llegaron a implementarse últimamente. Kicillof ha sugerido que extenderá las negociaciones a una evaluación de toda “la cadena de valor”. Pero esta acción requeriría por lo menos cierta disposición a aplicar las sanciones previstas por la ley de abastecimiento. Y este endurecimiento no sería compatible con el giro “amigable hacia los negocios” que se está ensayando. Mientras se define el nuevo esquema las empresas remarcan a toda velocidad.
Algunos economistas del oficialismo reconocen la gravedad de la inflación, pero también resaltan la existencia de mecanismos de compensación salarial, que preservan el poder de compra. Olvidan que ese paliativo es posterior e insuficiente, como lo demuestra la actual exigencia sindical de un aguinaldo adicional y complementario de la reapertura de las paritarias. Los trabajadores informales han quedado muy desprotegidos, frente a una escala de precios que encarece la canasta alimenticia básica por encima de la asignación universal.
Al presentar la inflación como un resultado de la “puja distributiva”, los economistas K suponen que su impacto final es neutro para los trabajadores agremiados. Pero omiten que los empresarios y los asalariados no participan en igualdad de condiciones en esa disputa. Los capitalistas aumentan primero los precios y los trabajadores deben atenuar posteriormente ese impacto.
Esta inequidad se reforzará con la tendencia a inducir un techo de los salarios en la negociación de un Pacto Social. Estas conversaciones ya han comenzado con la burocracia sindical e implican instaurar una “política antiinflacionaria” a costa de los salarios.
En esas tratativas se oculta la responsabilidad prioritaria de los capitalistas que remarcan para asegurar beneficios. El estado interviene en la regulación de los precios, pero no en su formación. Al difundir la creencia que “Moreno fijó discrecionalmente” esas valuaciones, los medios de comunicación oscurecen quiénes han sido los artífices de la carestía.
Los capitalistas recurren a la inflación cuando enfrentan obstrucciones a la generación corriente del lucro. Estos obstáculos reaparecen periódicamente en la economía argentina bajo distintas modalidades. El reducido nivel de inversión frente a una demanda recompuesta determinó inicialmente la actual oleada inflacionaria. La recuperación del nivel de actividad y el consumo no fue seguida desde el 2007 por la correspondiente renovación de la maquinaria.
Ese cuello de botella se reforzó con el manejo concentrado de numerosos sectores. La remarcación permitió mantener la rentabilidad con baja inversión, una vez disipada la capacidad ociosa. Este retrato de la “inflación por oligopolio” ha sido objetado por los intérpretes de la carestía por “puja distributiva”. Argumentan que en otros países la misma concentración del capital no se traduce en inflación.
Pero tampoco la disputa social por el ingreso genera allí el mismo incremento de los precios. En otras economías desequilibrios equivalentes desembocan en otro tipo de tensiones, porque el recurso inflacionario no está tan incorporado al manejo de los negocios. Por simple experiencia los capitalistas argentinos apelan a la remarcación como primer reaseguro de sus ganancias.
Los rebrotes inflacionarios obedecen, además, a la preeminencia de una estructura exportadora de alimentos, que encarece el consumo local al compás de la valorización internacional. Para contrarrestar este efecto se instalaron hace décadas las cuestionadas retenciones. Cuando el país vendía trigo y carne el impacto de esa “inflación por exportaciones” era muy visible. En la actualidad rige el mismo efecto a través de la apreciación de la soja, que opera como referencia de rentabilidad mínima para cualquier otra actividad agropecuaria.
La inflación se intensificó adicionalmente en los últimos dos años por la decisión oficial de sostener el consumo a través de una intensa emisión. Este ritmo de creación de moneda quedó divorciado del respaldo en divisas y del volumen requerido para la producción. Por esta razón se acentuó la depreciación del peso. Los bancos receptan grandes masas de dinero que convierten en créditos, utilizados por la población para proteger sus ingresos multiplicando compras.
Los neoliberales despotrican contra esta emisión para culpabilizar al gobierno, oscureciendo la responsabilidad primaria de los capitalistas. Promueven un corte abrupto del abastecimiento monetario que deprimiría la economía.
ETAPAS Y ENDEUDAMIENTO
Los desequilibrios en curso tienden a desacelerar el ritmo de actividad. Este año el crecimiento del PBI (próximo al 3%) será semejante al resto de la región. Hubo una recuperación frente al 2012 por la buena cosecha, los precios de la soja, la venta de autos a Brasil y la expansión del consumo.
Pero todas las estimaciones para 2014 son más modestas, en un marco de inflación y devaluación más elevadas. El gobierno ensaya más de lo mismo, esperando que esas variables no se disparen. Si recurre a un encarecimiento del crédito para evitar ese descontrol, las perspectivas de estancamiento se afianzarán.
El principal freno del nivel de actividad proviene de la inversión. La creación de puestos de trabajo se ha estancado y la tasa de desempleo se mantiene en torno al 7%, en un marco de alta informalidad laboral. Este contexto se ubica muy lejos de la depresión del 2001, pero el modelo se ha quedado sin combustible.
Ya quedó atrás el periodo de alto crecimiento, baja inflación y creación de puestos de trabajo (2003-2007). Tampoco prevalece la fase siguiente de sostenimiento del consumo, motorizado con la introducción del ingreso universal y la estatización de las AFJP (2008-2010). El intento más reciente de mantener la demanda a través del control de cambios, la pesificación y la emisión no ha dado resultado.
Para oxigenar las múltiples asfixias que afronta la economía el gobierno busca retomar el endeudamiento externo. Pero no aclara los pesados compromisos que asumirá el país. Estas obligaciones llegarán con la decisión oficial de pagar las sentencias que emitió el tribunal del Banco Mundial (CIADI), a favor de cinco empresas afectadas por la pesificación que sucedió a la convertibilidad.
Ese sometimiento fue acompañado por la tercera reapertura del canje, que el Parlamento aprobó para ofrecer un nuevo acuerdo a los fondos buitres. Estos financistas adquirieron por moneditas las acreencias argentinas desvalorizadas y ahora demandan su pago integro en los tribunales de Nueva York. Los jueces de esa jurisdicción avalaron el reclamo y emitieron un ultimátum de pago.
Por el simple arreglo de estos litigios pendientes, la deuda externa aumentará un 20%. Además, retornaría la custodia del FMI sobre las finanzas argentinas. El Club de Paris ha condicionado cualquier convenio a esa auditoría y el gobierno ya dio el primer paso, al aceptar la supervisión del Fondo en la elaboración un nuevo índice de precios.
Ahora buscan créditos externos luego de varios años de cancelación suicida de deuda. Han exhibido como un gran logro ese traspaso de fondos a los acreedores y presentaron el consiguiente desplome de las reservas como un acto de “soberanía financiera”.
Los oficialistas afirman que a partir del canje los pasivos totales del estado declinaron de 166% al 45% del PBI (2003-2012). Pero olvidan mencionar el dramático costo social previo que tuvo ese recorte y restringen la comparación al peor momento de la crisis. Ocultan el sostenido incremento posterior de la deuda, que ha elevado el pasivo total a 200.000 millones de dólares.
LA FACTURA ENERGÉTICA
Otro contundente indicio del giro emprendido por el gobierno es la decisión de indemnizar a REPSOL. Primero se toleró el vaciamiento de reservas que consumó la empresa española para extraer crudo y expatriar ganancias sin invertir. Frente al colapso energético generado por este saqueo se decidió nacionalizar la compañía, proclamando que el país no pagaría por la depredación padecido. Ahora anuncian una significativa bonificación a los responsables de esa descapitalización.
Kicillof ha sido la cara visible de ambas decisiones. Prometió una auditoría para evaluar el estado de los pozos y el impacto de los daños ambientales. También delegó en un tribunal la eventual estimación de un precio por los litigios pendientes. Ahora declara que la empresa recibirá varios miles de millones de dólares en títulos públicos. En esta exhibición de pragmatismo, la palabra empeñada vuelve a depreciarse.
La atracción de los nuevos pozos de Vaca Muerta explica el gran protagonismo que tuvo la mexicana PEMEX en el acuerdo de indemnización. Esta empresa estatal ha quedado bajo el mando de una gerencia privatista, que se apresta a repetir el desguace padecido por YPF durante el menemismo.
Como tienen una importante participación accionaria en REPSOL aceleraron el acuerdo, mediante la directa intervención del presidente neoliberal Peña Nieto. La tratativa final incluyó todas las intrigas que rodean a un negocio turbio.
Algunos economistas K describen esta capitulación como un logro, asumiendo los argumentos de la derecha sobre las inversiones necesarias para recuperar el faltante energético. Olvidan que bajo el actual gobierno Argentina exportaba combustible, mientras las reservas de petróleo y gas se desplomaban hasta generar el actual bache de importaciones. Este déficit no obedece al crecimiento de la economía. Hubo permisividad oficial y visto bueno con los planes prometidos e incumplidos por las compañías.
Los neoliberales que impugnaron la nacionalización se sienten ahora reivindicados y se congratulan por las nuevas concesiones recibirá el capital extranjero. Pero quiénes tanto resaltan la centralidad de esas inversiones, olvidan que el desarrollo petrolero de Argentina nunca se asentó en capitales foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre exploración y explotación, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización.
El kirchnerismo ha pasado de la intervención tardía en YPF a un giro privatista, luego de varios meses de indefiniciones. En lugar de estatizar plenamente la compañía se afianzó la sociedad mixta, no se revisaron los contratos y se recrearon las viejas relaciones con el sector privado.
EXPLICACIONES Y FANTASÍAS
Muchos kirchneristas suelen atribuir los desajustes en curso a la crisis mundial. Afirman que el modelo permitió contrarrestar el temblor global, pero sin neutralizar todos sus efectos. Establecen comparaciones con Europa y remarcan las virtudes del crecimiento nacional frente al resto de Sudamérica.
Pero la crisis iniciada en el 2008 impactó de forma muy diferente a cada región o país. Basta comparar la prosperidad de China con el derrumbe de Grecia para notar esas disparidades. El contraste que se establece entre Argentina y Europa del Sur no tiene sentido, puesto que nosotros atravesamos en el 2001 lo que ellos padecen en la actualidad. Los ciclos de prosperidad y depresión global no están sincronizados.
Ciertamente el divorcio del mercado financiero internacional y la prioridad asignada al consumo, diferencian al modelo K de la apertura neoliberal imperante en otros países de Sudamérica. Pero el impacto de la crisis global ha sido limitado y semejante en ambos casos, dada la afluencia de divisas común que generó la apreciación de las exportaciones. Para atribuir los desequilibrios de la economía argentina al temblor externo hay que olvidarse de los precios récord de la soja. La suma de ingresos por agro-exportaciones durante la última década superó en cinco veces al promedio de los 90 y en diez veces la media de los 80.
Por su parte, los neoliberales despotrican contra el “estatismo kirchnerista”. Afirman que este gobierno “nos ha hecho perder las oportunidades que aprovecharon nuestros vecinos”. Pero los elegidos para esta comparación cambian cada semestre. Como ya se les pasó la euforia con las privatizaciones de España o Irlanda, ahora elogian a Perú o Chile, exhibiendo sesgados indicadores de crecimiento o inversión. Nunca hablan de la vulnerabilidad financiera que afrontan todos los modelos abiertos al ingreso y salida de capitales especulativos. Tampoco mencionan la dramática primarización que sufren las economías minero-exportadoras.
La derecha utiliza la amnesia colectiva para difundir el mito del endeudamiento indoloro. Pondera a los países que toman crédito internacional, ocultando las gravosas consecuencias a la hora de cancelar los préstamos. América Latina ha padecido numerosas coyunturas internacionales de alta liquidez, que concluyeron en tormentosas crisis de la deuda.
Toda la oposición derechista augura una lluvia de dólares cuando se “recupere la confianza en un buen gobierno”. No dicen quién se embolsará esas divisas y cuánto costará su repago. Este ensueño de divisas a cambio de nada, es muy semejante a la promesa de erradicar la inflación con un acto de magia, cuando se normalice el INDEC. Auguran el automático declive de los precios por el simple sinceramiento de las estadísticas, como si la enfermedad se curara utilizando un buen termómetro.
Estas divagaciones se parecen también a la promesa de recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. La Alianza difundía la misma creencia durante el ocaso del menemismo. Intentan crear la ilusión de un saneamiento capitalista de las cuentas públicas sin recorte del gasto social. Es la forma de encubrir el ajuste y la mega-devaluación que promueven la UIA, ADEBA y la Mesa del Enlace.
El anti-chavismo es otro emblema de esa campaña. Presentan a Venezuela como el anticipo del desastre que padecerá Argentina, si no alcanzan la presidencia en el 2015. Pero esta confesión de afinidad con los golpistas que sabotean la economía caribeña, confirma el atropello que preparan contra las conquistas sociales.
Los neoliberales se proponen extirpar el “populismo económico” y erradicar la perversa “intervención del estado”. Pero olvidan el intenso estatismo que caracterizó a todos los gobiernos pro-mercado. El gasto público nunca se redujo significativamente bajo esas administraciones. También ellos utilizaron los recursos estatales para subsidiar a los empresarios afines.
LÍMITES Y FALLIDOS
El oficialismo y sus críticos derechistas no ofrecen explicaciones consistentes de la crisis actual. En el primero caso no registran los límites que alcanzó un esquema exclusivamente asentado en el empuje a la demanda. Inspirados en la heterodoxia keynesiana supusieron que mediante el simple aliento del consumo, el capitalismo se deslizaría hacia un círculo virtuoso.
Pero lo que funcionó en el 2003-07, perdió consistencia en el 2008-2010 y se ha tornado inviable desde el 2011. Un sistema económico basado en el lucro no se asienta sólo en la demanda. Requiere altas ganancias que no emergen automáticamente de la expansión de las ventas. El empuje del consumo incrementa los beneficios en ciertas coyunturas, pero obstruye la rentabilidad en otras circunstancias.
Los heterodoxos suelen cometer una ingenuidad simétrica al imaginario neoclásico, al esperar grandes expansiones de la oferta productiva por el mero repunte de la demanda. Suponen una reacción inviablemente positiva de los empresarios frente a esa mejora, olvidando la gravitación de otras variables como el riesgo o la rentabilidad. Como idealizan al capitalismo no pueden percibir las contradicciones de este sistema.
Por eso apuestan a una nueva auto-corrección del modelo renovando la demanda. En los últimos dos años este aliento ha requerido incentivos inflacionarios, elevado gasto público y una emisión superior al 30%. Los estímulos de este tipo solo gravitan con intensidad cuando una depresión deja muchos recursos inutilizados.
La política anti-cíclica del 2009 generó resultados de corto plazo por la preexistencia de un gran colchón de fondos públicos y privados. Pero esos recursos se han disipado y el gobierno juega con fuego, al aceptar un alto nivel de inflación como dato permanente de la economía.
Kicillof intentará repetir una fórmula ya desgastada. Pero esta gestión tiene muy poco espacio para adoptar medidas progresistas. La etapa de nacionalizar las AFJP e YPF quedó atrás y ahora sólo se intentará moderar el ajuste. Habrá que ver cuánto margen tiene para hacer malabarismos. Si las reservas siguen cayendo al ritmo de los últimos meses, el gobierno quedará encañonado entre espada y la pared y afrontará los dilemas de todas las crisis precedentes.
Bajo la gestión kirchnerista se ha puesto de relieve los límites de un intento neo-desarrollista. Este ensayo introdujo cambios en la política económica, en los equilibrios entre las clases dominantes y en las modalidades de la regulación estatal, pero terminó generando inflación, tensión cambiaria y déficit fiscal. Una vez alcanzados los techos de la recuperación salarial, se afianzó la desigualdad social y la inserción internacional del país como exportador de soja.
El modelo se distanció de la ortodoxia neoliberal, pero sin incluir medidas que permitieron comenzar la redistribución real del ingreso y el cambio de la matriz productiva. Al cabo de una década el neo-desarrollismo tambalea.
Esta asfixia obedece, en primer lugar, a la incapacidad política que demostró el gobierno para incrementar la apropiación estatal de la renta sojera. Pretendió aumentar la absorción de ese excedente subiendo las retenciones, pero fue derrotado en la confrontación del 2008 y abandonó la batalla. Ese desenlace marcó un punto de inflexión. No le impidió al kirchnerismo preservar (y recrear) su hegemonía política, pero le quitó al estado los recursos requeridos para la reindustrialización. Una vez agotada la recuperación pos-2001, el PBI mantuvo varios picos de ascenso, pero los motores estratégicos del desarrollo se apagaron.
Argentina es una economía agro-exportadora asentada en la extraordinaria fertilidad de la tierra. Este ventajoso acervo de recursos naturales constituye una maldición bajo el capitalismo, puesto que establece un alto piso de renta comparativa para cualquier otra inversión. Ninguna actividad ofrece un nivel de rendimiento semejante al agro. Esta asimetría determinó la preeminencia inicial de la ganadería y los cereales y su reemplazo actual por la soja.
La inversión industrial no pudo competir durante la centuria pasada con el latifundio terrateniente y no logra rivalizar en la actualidad con los Pools de Siembra. Un sector primario que ofrecía escasas ofertas de trabajo a los chacareros se ha tornado expulsivo del empleo, en la era de la siembra directa. La aglomeración en villas miserias que generaba el éxodo rural del interior ha devenido en informalidad laboral masiva.
Los distintos proyectos de industrialización que se implementaron desde la segunda mitad del siglo XX apuntaron a contrarrestar esta tendencia a la primarización estructural. Pero todos afrontaron el mismo límite que impone la elevada renta agroexportadora al estrecho beneficio fabril. Como la fertilidad natural de la tierra asegura costos muy inferiores al promedio mundial, la vieja tentación de privilegiar el agro invariablemente se renueva.
Esa jerarquización agroexportadora reapareció con fuerza en las últimas décadas de modernización de la producción (agroquímicos, modificaciones genéticas, maquinaria de última generación) y aumento de la demanda internacional (por especulación financiera, compras de China-India y agro-combustibles). Este escenario volvió a disuadir el tibio intento kirchnerista de sostener la actividad fabril, más allá de alguna sustitución de importaciones. Los capitalistas sojeros mantuvieron su renta y el estado se quedó sin los ingresos necesarios para desenvolver un modelo productivo.
Esta preeminencia de la agro-exportación genera, además, una fuerte afluencia de dólares que socava la estabilidad cambiaria. Esa oferta encarece la producción local y recrea las quejas empresarias contra la “vigencia de una paridad semejante a la convertibilidad”. Estos desequilibrios estructurales volvieron a descolocar a la política económica y han impuesto el terrible correctivo devaluatorio en curso.
DECEPCIONES Y DESEQUILIBRIOS
Pero el kirchnerismo no ha fallado sólo por renunciar a la apropiación estatal de la renta agro-exportadora. También apostó al comportamiento productivo de la burguesía, olvidando los reflejos que ha desarrollado este sector para fugar capitales, remarcar precios y desinvertir. Las expectativas que todos los gobiernos depositaron en esa franja, siempre concluyeron en estruendosas decepciones. La vieja frase del político radical Pugliese sintetiza esa frustración (“les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”).
Esta conducta de los capitalistas argentinos obedece a numerosas razones. Han influido la formación histórica del sector, la dependencia de la financiación estatal, la debilidad frente a la oligarquía y el temor a la clase obrera. También incide la frustrada experiencia con la sustitución de importaciones, la pérdida de posiciones frente a Brasil, la mutación del mercado interno hacia la exportación y la estrecha asociación con el capital transnacional.
Muchos autores suelen constatar periódicamente estos fenómenos, sin extraer ninguna conclusión. A los sumo sugieren que el estado amplié su presencia económica para sustituir esa deserción. Pero ese reforzamiento también genera tensiones y no puede atravesar ciertos límites, puesto que un capitalismo estatal sin capitalistas carecería de sentido.
La frustración actual del kirchnerismo es proporcional a las expectativas depositadas en la burguesía local. Néstor y Cristina ponderaron a ese sector y lo beneficiaron con cuantiosos recursos del estado, esperando como contrapartida mayores inversiones. Pero esos subsidios volvieron a engrosar el patrimonio de los amigos del poder, sin ningún rédito productivo para la economía.
Cada vez que este uso parasitario salió a la superficie, el gobierno reemplazó a un favorecido por otro. Cambiaron a Ciriglaino por Roggio en el ferrocarril, a Eskenazi por Bridas en el petróleo, a Báez por Cristóbal López en la obra pública, a Pérez Companc por Eurnekian en distintos emprendimientos. Todos los grupos favorecidos aumentaron su riqueza a costa del erario público y protegieron su dinero en el exterior.
La burguesía local participó de todos los negocios rentables que le ofreció el kirchnerismo y se retiró cuando debía aportar capital propio. El ingreso y la salida de los Eskenazi de Repsol es un ejemplo de este patrón de conducta, que se repite en la telefonía. En lugar de “enterrar capital” en inversiones de largo plazo han preferido asociarse con negocios de alta rentabilidad inmediata. Con esta conducta participaron de las privatizaciones en los 90 y ahora observan con atención el regreso de los fondos de inversión, al lucrativo negocio de reestructurar empresas.
Transcurrida una década es evidente, además, que las tensiones afrontas por el modelo no son coyunturales, ni obedecen a la impericia. Son desequilibrios estructurales de un esquema que no modificó los pilares de una economía dependiente con gran desigualdad social. En numerosos terrenos estratégicos estas contradicciones se acentúan día a día
EXTRACTIVISMO
El acuerdo con REPSOL apunta a despejar el camino abierto con Chevron para extraer el crudo obtenido con productos químicos contaminantes (shale-oil). Este sistema (fracking) ha sido prohibido en varios países de Europa y su aplicación en el yacimiento de Vaca Muerta fue negociada con cláusulas secretas, limitado compromiso de inversión, nula transferencia de tecnología y autorización para remitir utilidades al quinto año de explotación.
El convenio con Chevron ha sido el primero de un nutrido menú de concesiones que llegarían en los próximos años, a cambio de mayores precios. Este encarecimiento es un dato incorporado a la estrategia de YPF, que en los últimos dos años lideró un incremento de los combustibles que duplica el alza de precios al consumidor. Se ha convertido en generadora de inflación y socava la “competitividad” que tanto preocupa al equipo de Kicillof. Este aumento del combustible será complementado por una reorganización de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, que también transitaron la década sin invertir.
El tipo de explotación que augura el shale oil se asemeja a la minería de cielo abierto que está devastando la Cordillera. Más de 70 empresas instaladas bajo la gestión K dinamitan montañas para extraer mineral, mediante una disolución de las rocas con compuestos químicos contaminantes. Esta actividad destruye el medio ambiente sin crear empleo, ni generar desarrollo. Engrosa las ganancias de corporaciones internacionales que tributan bajos gravámenes.
El avance de la minería sintoniza con el perfil extractivo de una economía cada vez más dependiente de la soja. Este cultivo se expande podando bosques y fumigando superficies, con agro-tóxicos que despojan a la tierra de sus nutrientes. Garantiza enormes beneficios a los proveedores de esos insumos y refuerza el monopolio de Monsanto, que impuso una modificación de la ley de semillas para asegurarse ese control.
La soja afianza su preeminencia a costa de la ganadería, los cultivos provinciales y el trigo. El precio del pan se disparó recientemente por la reducción del volumen cosechado, como directa consecuencia de la primacía que ejerce la vedette de las exportaciones. La Mesa de Enlace continúa culpando del problema a las “retenciones”, para ocultar el enorme lucro que el sector obtiene mediante su pasaje a la soja.
Con un hipócrita discurso “en defensa del pequeño productor”, Buzzi y De Angeli promueven una mega-devaluación que empobrecería al grueso de la población. Están siempre dispuestos a reiniciar la sublevación patronal del 2008 juntos a sus aliados de la sociedad Rural. Sólo cuestionan de palabra a los grandes intermediarios.
¿REINDUSTRIALIZACIÓN?
Los economistas del kirchnerismo reconocen la continuada gravitación de la agro-exportación, pero afirman que la reindustrialización ha sido el dato descollante de la última década. Contraponen este avance con la liberalización financiera de los 90 y estiman que Argentina ha sido el único país de la región que evitó la primarización.
Pero esta caracterización se basa en una repetida comparación con la depresión del 2001. Como pocas economías padecieron un colapso tan agudo, resulta muy sencillo demostrar la inédita envergadura de la recuperación fabril que tuvo Argentina.
Lo ocurrido simplemente ratifica que un derrumbe mayúsculo tiende a ser sucedido por una recomposición significativa. Una vez repuestos los niveles tradicionales de producción y empleo, quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado. Por eso reapareció la elevada importación de insumos y la escasez de divisas para solventarlos. El déficit comercial del sector se expandió al compás de crecientes compras externas de bienes y equipos.
La recuperación cíclica de la última década reforzó, además, la concentración y extranjerización de la industria. Como se mantuvo una ley de inversiones extranjeras que otorga total libertad para remitir utilidades, las ganancias fueron inmediatamente giradas a las casas matrices.
Las empresas trasnacionales controlan el grueso de la actividad industrial y no realizan transferencias de tecnologías. Como el mercado argentino es marginal a sus estrategias globales, el nivel de reinversión local o creación de empleo son muy bajos.
Estas tendencias se verifican con nitidez en el emblemático sector automotor. Con un sistema de fabricación reordenado en torno a la importación de autopartes, esta rama genera un enorme déficit comercial. A diferencia de los años 60 o 70, las multinacionales ya no lucran utilizando vieja maquinaria para abastecer un mercado interno protegido. Ahora priorizan la exportación y el intercambio de partes con sus filiales de otros países.
En esta articulación con el mercado externo, la rentabilidad depende mucho del costo salarial y del tipo de cambio. Por eso las empresas acompañan todos los pedidos de ajuste cambiario. La gravitación del sector automotor condiciona el perfil de una producción industrial divorciada de las prioridades nacionales. El país se está indigestando con vehículos que agravan la congestión urbana, imponen un alto consumo de energía y terminan obstruyendo el propio transporte de individuos y mercancías.
El contraste entre el boom automotriz y el desplome del sistema ferroviario retrata hasta qué punto están invertidas las prioridades del desarrollo. El excedente de vehículos convive con la secuencia de tragedias anunciadas que se registra en las vías. Se privilegió el negocio automotor, mientras se convalidaba el “ferrocidio” iniciado por el menemismo, con el desmantelamiento de 37 talleres, 800 pueblos y el 80% de los servicios. Esta devastación produjo más accidentes desde la privatización que en toda la historia previa del sistema.
El kirchenerismo continuó esta destrucción al preservar las concesiones que enriquecieron a Cirigliano, Jaime y sus secuaces. Esos desfalcos incluyeron la compra de material inutilizable, contratos sub-ejecutados y obras paralizadas. Cuando afloraron las consecuencias de estos desastres, el gobierno se limitó a cambiar un concesionario por otro. Ni siquiera la reciente estatización anula los negocios de esos grupos. Últimamente se han improvisado, además, compras directas de unidades a China, en desmedro de un plan de fabricación interno.
La desarticulación del transporte retrata el estancamiento de una reindustrialización, que se encuentra adicionalmente bloqueada por la consolidación de un sistema financiero pro-consumo y anti-inversión. Las pocas regulaciones heterodoxas que se introdujeron para ordenar el mercado de capitales o actualizar la Carta Orgánica del BCRA, no alteraron la carencia de préstamos de largo plazo. Sólo multiplicaron la liquidez que manejan los bancos para motorizar la demanda.
UNA BATALLA DE IDEAS
El importante avance logrado por una parte de la izquierda en las últimas elecciones incorpora un nuevo elemento al escenario económico. Ese sector tendrá un inédito espacio para actuar en el parlamento, las legislaturas provinciales y los medios de comunicación.
El nuevo contexto involucra también a otras vertientes radicalizadas que participan en los sindicatos y movimientos sociales, en un momento de viraje en la conciencia popular. Hay gran receptividad para propuestas de toda la izquierda. Pero estos planteos requieren un acertado diagnóstico de la situación económica y una batería de argumentos contra las justificaciones derechistas u oficiales del ajuste.
La izquierda enfrenta el desafío de legitimar las demandas sociales frente a las impugnaciones oficiales. Debe confrontar con la descalificación habitual de esas luchas, que son identificadas por el gobierno con el “corporativismo”, las “maniobras sindicales” o los “privilegios de empleados estables con buenos ingresos”.
La derecha suele recurrir a la demagogia, cuestionando con más frecuencia al gobierno que a las movilizaciones sociales. Como la gestión de Cristina tiene fecha de vencimiento, su prioridad es condicionar al próximo presidente. La izquierda necesita polemizar con el gobierno, sin adoptar los argumentos regresivos que difunden los medios de comunicación. Sería terrible reproducir con otro lenguaje el discurso neoliberal contra el “intervencionismo”, el “cepo” o la “patota anti-empresaria”.
La mejor forma de evitar esta confusión es formulando propuestas nítidas. Si la mera denuncia siempre fue insuficiente, actualmente podría convertirse en una adversidad. Demostraría que la izquierda carece de proyectos económicos propios o realizables.
El punto de partida de nuestros planteos es la oposición frontal al ajuste encubierto que promueve la oposición derechista y al ajuste dosificado que intenta el oficialismo. “Ni sinceramiento de precios”, ni “sintonía fina”. Ambas estrategias transitan por la fijación de un estricto techo al aumento salarial, con el argumento de facilitar una “paulatina reducción de la inflación”. En ambos casos se oculta que esa disminución exige comenzar por el recorte de los beneficios.
Todos los economistas que convocan a la suscripción de un “pacto social” para frenar la escalada de precios, presuponen implícitamente que la carestía es culpa de los asalariados. Como se olvidan quién remarca, desechan contener esa escalada limitado el lucro el patronal.
Frente a esta actitud es indispensable defender el salario real, reclamar su ajuste al nivel de la canasta familiar y batallar por la revisión de los convenios colectivos. Esta actualización se ha tornado insoslayable a medida que la carestía carcome cualquier mejora. La reciente suba del mínimo no imponible carece por ejemplo de movilidad periódica y por eso tiende a quedar deglutida.
La defensa de los ingresos salariales del sector formal es la mejor forma de limitar el empobrecimiento de los precarizados. Las conquistas que obtienen los asalariados sindicalizados tienden a extenderse a los trabajadores en negro. No siempre ocurre pero lo contrario conduce a la miseria. Cualquier retracción del salario formal induce a la involución del informal.
La batalla por regularizar al 35% de los trabajadores precarizados (que cobran salarios cuatro veces inferiores) no transita sólo por la fiscalización de la cadena productiva (principalmente de las grandes compañías que sub-contratan). Todas las promesas oficiales de reducir la informalidad por esa vía han fallado. Se requiere avanzar en la sindicalización de los precarizados.
Pero es evidente que el ingreso popular no podrá preservarse si no decae la inflación. Cualquiera sea el diagnóstico sobre las causas inmediatas de este flagelo hay que frenar primero la escalada de precios, para poder actuar sobre la inversión, la comercialización, la exportación o la emisión.
Esta acción impone los controles que tanto detesta la derecha. Los precios no se disparan por el exceso de supervisión, sino por el carácter timorato de una regulación centrada en el número final y no en la formación de esas cotizaciones. En esa gestación la rentabilidad es tomada como un dato sagrado, que sólo conocen los dueños de las empresas y sus gerentes. Si esta información no se democratiza, la inflación continuará siendo una enfermedad misteriosa para todos los consumidores.
Es evidente que para contener los precios hay que conocerlos normalizando de inmediato el INDEC. No sólo los funcionarios que dejó Moreno deben retirarse. Tampoco se necesita a los técnicos del FMI. Pero también hay que desenmascarar el carácter mítico de la “libertad de precios” en una economía concentrada y la inoperancia de los acuerdos con las cúpulas empresarias.
Sólo una efectiva fiscalización de costos y ganancias puede desactivar la espiral inflacionaria sin generar padecimientos populares. Esta acción requiere intervención popular genuina y no la farsa de controles que ensaya el kirchnerismo. Existen leyes suficientes para contrarrestar el desabastecimiento, pero se necesita voluntad política para aplicarlas.
ÁREAS PRIORITARIAS
Con la disparada del dólar ocurre algo semejante. Existen numerosas causas estructurales del problema, pero no hay corrección posible del perfil del comercio exterior si no se contiene de inmediato el derrumbe de las reservas. Los neoliberales prometen resolver el problema “recuperando la confianza”. Pero no aclaran que esa seguridad de los capitalistas se nutre siempre de agresiones contra los trabajadores.
En este terreno el gobierno continúa experimentando todas las alternativas. Un día aumenta los controles y al otro los alivia. Pero ya comparte implícitamente los cuestionamientos de la derecha al “cepo” y trabaja para su eliminación futura. Esta política contradice la necesidad de un control de cambios eficaz, que actué sobre los peces gordos y no sobre el pequeño ahorrista o viajero. Este tipo de acciones efectivas nunca fueron instrumentadas por el kirchnerismo. En lugar de forjar un sistema protección de divisas para actividades prioritarias armó un barroco dispositivo de medidas inútiles.
El colmo de estas contradicciones ha sido el orgulloso pago de la deuda con reservas del Banco Central. Han rifado el principal resguardo de la economía para exhibirse como “pagadores seriales”. Este absurdo comportamiento se explica por la expectativa en una respuesta amigable del mercado. El kirchnerismo ha supuesto que los banqueros reingresarían las divisas que les entregaban los funcionarios. La misma ilusión tuvieron todos los presidentes del pasado.
La deuda que puntalmente se abona con fondos públicos es un viejo producto reestructurado de múltiples canjes, cuya legitimidad jamás fue investigada. Es indispensable suspender esos pagos, para distinguir los compromisos genuinos de las simples estafas.
Los dólares faltantes se encuentran en manos de grandes grupos que han difundido una imagen de omnipotencia. Han generalizado la impresión que nadie puede actuar sobre ellos. Pero se olvidan de los recursos que maneja el estado para imponer el reingreso de las divisas al circuito formal. En lugar de re-endeudar al país sería necesario transparentar el dinero de quiénes localizan sus patrimonios y desenvuelven sus actividades en Argentina.
La principal fuente de recaudación del dinero que necesita el estado debe provenir de la reforma impositiva progresiva, que tantas veces se ha discutido y nunca se implementó. Hay incontables propuestas para gravar la renta financiera o agro-exportadora, el juego y las actividades minero-extractivas. Existen también detallados proyectos para reintroducir los aportes patronales en la previsión social.
Estas propuestas de acción inmediata de la izquierda sobre la inflación, el dólar, la deuda y el sistema impositivo constituyen el punto de partida para comenzar a remediar los problemas estructurales de la economía.
REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
El control estatal sobre las divisas es imprescindible para superar el status agroexportador de Argentina. No alcanza con subir retenciones o incrementar la supervisión sobre las exportaciones. Se necesita introducir el monopolio estatal del comercio exterior, para gestionar de manera unificada las operaciones que generan y consumen dólares. Esa entidad podría suscribir distintos contratos, pero debería asegurar la comercialización centralizada de las divisas.
Otras instituciones que ya existieron en el pasado -como la Junta Nacional de Granos o el IAPI- podrían complementar esta labor, para negociar los precios y financiar la siembra y la cosecha. Esas entidades permitirían, además, desvincular los precios locales de las cotizaciones internacionales y contribuirían a contrarrestar la inflación por exportación de alimentos.
Esos instrumentos son insoslayables para cortar la especulación cambiaria y la facturación tramposa de mercancías. Mediante la apropiación plena de la renta comenzaría la desprivatización de un ingreso que pertenece a todo el país y se abriría un camino para desactivar la maldición de los recursos naturales.
Con el monopolio estatal del comercio exterior comenzaría a socializarse la gestión del subsuelo y se remodelaría la producción agropecuaria. La prioridad es frenar la expansión de la frontera sojera para diversificar actividades, recuperando la ganadería y recreando la vitalidad de los cereales y los cultivos regionales. El país no puede depender de la mono-exportación de un producto destinado al engorde de animales.
El segundo pilar de la reorganización económica es la constitución de un sistema financiero que permita canalizar el crédito hacia las actividades prioritarias. Sin control estatal sobre ese reparto, los préstamos continuarán guiados por principios de rentabilidad divorciados de las necesidades populares. Una gestión pública genuina necesita, además, la nacionalización de los bancos o el control de los depósitos, para apuntalar la construcción masiva de viviendas populares, obras de infraestructura, hospitales y escuelas.
Esos emprendimientos son impostergables en una economía que ha malgastado recursos en las torres de Puerto Madero, los barrios cerrados y los shoppings para pocos. El crédito de consumo (que está endeudando al grueso de la población) no puede el único destino de la estructura bancaria. Los préstamos hipotecarios y de inversión deben ocupar un lugar relevante.
La reorganización crediticia contribuiría, además, a consolidar las prioridades de la reindustrialización. Aunque los economistas kirchneristas pregonan la regulación estatal, en los hechos dejaron librado el devenir de la industria al patrón mercantil. La intervención indirecta sobre las empresas a través de los paquetes accionarios del ANSES no alteró esa primacía.
Varios sectores deberían transformarse en prioridad industrial. La reconstrucción de los ferrocarriles podría servir como cimiento de ese proyecto, a partir de la nacionalización del sistema bajo control de los trabajadores y los usuarios. En este terreno habría que desplegar un plan antitético a todo realizado por el gobierno.
Antes de pintar unidades y colocar pantallas en las estaciones habría que concretar la renovación de vías y el demorado soterramiento. En lugar de culpabilizar a los trabajadores por las tragedias, habría que instalar el sistema de señales que impide los accidentes, mediante frenos automáticos ante el descontrol de la velocidad. En lugar de compras llave en mano habría que reconstruir la fabricación local. El principio de financiar el transporte de pasajeros con los réditos de la carga facilitaría esta reconversión.
HORIZONTE SOCIALISTA
El punto más crítico de cualquier proyecto de largo plazo se ubica en la esfera energética. Con el ritmo actual de importaciones no hay forma de sostener un crecimiento sostenido. La nacionalización integral del sector es tan urgente como la conversión de YPF en una empresa plenamente estatal.
Los distintos contratos de exploración deben renegociarse a partir de esa nueva estructura, priorizando las alianzas estratégicas con compañías de la región. El anillo energético sudamericano que promovía Chávez debe ser retomado como una meta zonal. Al igual que la renta agro-sojera, el petróleo y el gas son recursos que debe manejar la nación, poniendo fin al régimen de propiedad provincial que instauró el menemismo.
Antes de embarcarse en la extracción de crudo no convencional habría que agotar la exploración tradicional de pozos. En torno al shale hay que abrir un debate, transparentando todos los datos y peligros en juego. Las denuncias sobre el fracking son muy serias.
Los neoliberales desechan estos cuestionamientos porque vislumbran un gran negocio para sus socios transnacionales. También los economistas del kirchnerismo se burlan de esas advertencias, argumentando que bajo el capitalismo todas las actividades económicas deterioran el medio ambiente.
Pero esa constatación no los induce a revisar su reivindicación de un sistema social tan destructivo. Al contrario, asumen como propios los argumentos tranquilizadores que difunden las empresas para adormecer la resistencia popular. Olvidan la trituradora de montañas que se ha instalado en la Cordillera y la destrucción potencial de cultivos y recursos acuíferos que podría generar el fracking.
Hay que abordar este problema con sumo cuidado y sabiendo que Argentina necesita petróleo. Con un tercio de la población bajo la pobreza y una economía ubicada en la periferia del planeta, el país no puede darse el lujo de “decrecer”, ni “retornar a la naturaleza”. Pero este realismo no implica reducir todas las opciones a la aceptación o rechazo del shale.
Nuestro país tiene un consumo energético por habitante que supera el promedio mundial, para una estructura productiva que se ubica a años luz de la frontera tecnológica. Una reorganización en este plano es tan indispensable, como la reconsideración de viejas alternativas (nuclear e hidroeléctrica) y la exploración de la opción eólica y solar. Sólo por el momento estas últimas variantes presentan graves problemas de discontinuidad e inviabilidad económica.
En cualquier caso un proyecto productivo implica llevar a cabo lo prometido y nunca realizado por los economistas K. Su principal desacierto ha sido apostar a la renovación del capitalismo, en lugar de bregar por la erradicación de este sistema. Aquí estriba en última instancia la principal diferencia con la izquierda, que promueve desarrollar la economía junto a una reducción simultánea de la desigualdad social. Como estas dos metas son inalcanzables bajo el capitalismo, un futuro de prosperidad y justicia exige bregar por la transición socialista. Durante la última década el neo-desarrollismo fue contrapuesto al neoliberalismo como la única opción en juego. Ahora debemos concebir otra posibilidad.
29-11-2013