Comentarios en la presentación de Democracia Socialista
Facundo Nahuel Martín (Frente Popular Darío Santillán)
 
Escribimos estas líneas a modo de saludo fraterno para las compañeras y los compañeros de Democracia Socialista en la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha. Varios puntos de su documento programático merecen ser destacados. La crítica a cierto exagerado espontaneísmo movimientista, la apuesta por complementar la construcción de la más estricta democracia de base con organizaciones políticas de mayor dinamismo, la propuesta de una dialéctica virtuosa entre reivindicaciones inmediatas y programática política; la rediscusión de la estrategia revolucionaria; son algunos de los aspectos de mayor interés en el documento fundacional. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con todos sus puntos, la constitución de Democracia Socialista ofrece algunas respuestas posibles a varios interrogantes que atraviesan a toda la “izquierda independiente” argentina, colocándose como una referencia intelectual y política para el conjunto de las organizaciones. Voy a intentar contextualizar el surgimiento de esos interrogantes a partir de una lectura entre histórica y estratégica sobre la situación de la nueva izquierda en nuestro país.

El legado del 2001: el doble carácter del poder popular

Somos hijos de la revuelta popular del año 2001 y permanecemos fieles al ciclo de luchas que nos vio nacer. Durante esas jornadas históricas (así como en los años previos y posteriores) se expresaron, paralelamente con la crisis capitalista, una serie de procesos de construcción e interrogación política abiertos por organizaciones de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles, movimientos de base territorial y otras expresiones populares. Esas interrogaciones pusieron en el centro de sus definiciones estratégicas el problema de las formas de organización. Las múltiples formulaciones políticas de la izquierda “heredera del 2001” presentan algunas notas comunes en torno a la apuesta por la participación popular directa en la política y la búsqueda de una relación tensa con el Estado. Frente a las jerarquías partidarias de la izquierda tradicional, así como frente a la contienda electoral como horizonte dominante de la política burguesa, las jornadas del 2001 abrieron el juego a una vertiente de izquierdas que se basa en la auto-actividad popular y que, por lo tanto, pone en discusión las formas de representación política.
En el Frente Popular Darío Santillán concebimos el poder popular como medio y fin fundamental de la lucha revolucionaria. El poder popular se construye a partir del protagonismo directo de los oprimidos en la toma de decisiones. Constituye la principal directriz para la lucha contra las formas de dominación de la sociedad capitalista, así como el objetivo estratégico de esa lucha. Como medio de lucha y lógica organizativa, el poder popular supone que el antagonismo contra el capital debe articularse, aquí y ahora, a partir de la prefiguración del socialismo. Esto implica que no alcanzaremos una sociedad sin clases organizándonos en lo inmediato con prácticas burocráticas y verticalistas, sino que los medios de lucha por el socialismo deben ya contener los gérmenes del fin perseguido. A la vez, el poder popular es la finalidad estratégica de la lucha por el socialismo, concebido como un orden social sin clases donde los propósitos y formas de la vida humana sean definidos democrática y colectivamente. En la sociedad capitalista, el poder popular se constituye a partir de un conjunto de núcleos de antagonismo hacia las relaciones de producción y dominación vigentes. De cara a la construcción del socialismo, el poder popular aparece como promesa de una sociedad capaz de autodeterminarse. A esta correspondencia entre medios y fines en la construcción del poder popular la llamamos socialismo desde abajo. El socialismo desde abajo es la definición estratégica de nuestras organizaciones y se basa en la participación directa del pueblo en la toma de decisiones.
La democracia de base implica para nosotros que el poder se ejercita a partir de instancias asamblearias. Esto no es necesariamente incompatible con la formación de cuadros militantes o incluso referentes y dirigentes políticos. Se trata en cambio de disponer las articulaciones orgánicas y medidas contrarrestantes que eviten la conversión de los referentes en una casta burocrática autonomizada. Esto implica cruzar permanentemente compañeros más formados y referenciados con compañeros menos formados o que empiezan a tomar tareas orgánicas. También supone, evidentemente, que todo militante de la organización debe respetar los acuerdos orgánicos refrendados en asamblea, sin que una dirigencia especializada pueda digitar por sí los destinos de todo el conjunto. Obviamente, lo anterior no significa que los peligros de la burocratización puedan resolverse de una vez y para siempre con la adopción de algunos contralores organizativos. El riesgo de la autonomización de un grupo dirigente sea probablemente inevitable en toda organización humana y, por lo tanto, la formulación específica de las formas adecuadas para contrarrestarlo exige un afinamiento político continuo, antes que fórmulas establecidas previamente.


La apuesta por el poder popular y el socialismo desde abajo tomó vigor a partir del ciclo de luchas que pusieron fin al neoliberalismo pero debe comprenderse en el marco de un balance histórico del desempeño de la izquierda en el siglo XX. Los desafíos que el presente propone al pensamiento y la acción socialistas son muy grandes. El proyecto de la emancipación del capitalismo sale maltrecho del fin de siglo, con la derrota o degeneración burocrática de la mayoría de las experiencias socialistas. Esto nos exige un serio esfuerzo de reconstrucción (y parcial reinvención) de nuestra estrategia política. Por un lado, desde la caída de la Unión Soviética el capitalismo acabó por expandirse finalmente al conjunto del globo, configurando un vigoroso régimen de dominación histórico-mundial. Por otro lado, parece que la revolución socialista fracasó incluso donde triunfó. Los Estados erigidos bajo las banderas del socialismo no lograron configurar una alternativa durable y socialmente superadora frente al capitalismo. La descomunal concentración del poder en las cúpulas partidarias y los aparatos estatales llevó a esas experiencias por la senda del totalitarismo y la burocratización, lejos de la autodeterminación colectiva y la abolición de las clases sociales. Por otra parte, la socialdemocracia y el reformismo, que se proponían la paulatina introducción de mejoras progresivas en el régimen del capital; acabaron por integrarse como una variante suave de la explotación, claudicando en toda perspectiva emancipatoria.


Con ese balance histórico en mente, apostamos al socialismo desde abajo como una estrategia de cambio social basada en el compromiso y protagonismo inmediatos de los oprimidos en la lucha por liberarse. Rechazamos el dirigismo vanguardista que es semilla de la deformación autoritaria. Pero también descartamos de plano cualquier funcionalización de las organizaciones revolucionarias en la lógica oportunista de la socialdemocracia que, golpeada tras décadas de neoliberalismo, se limita a festejar cualquier mínima concesión de los dominadores como si fuera un salto revolucionario, olvidando toda aspiración programática al socialismo.


La construcción de nuevas formas de institucionalidad basadas en la democracia de base configura la principal directriz estratégica de esta nueva izquierda, a la que también podríamos llamar, de modo más preciso, “izquierda por el poder popular” o “por el socialismo desde abajo”. Lo órganos de poder popular y democracia de base son nuestro reaseguro estratégico que contra las deformaciones burocráticas o reformistas que han empantanado el proyecto emancipatorio y socialista a lo largo del siglo XX.


Con todo, no podemos conformarnos con caracterizar el poder popular en términos exclusivamente organizativos y procedimentales. Construir poder popular no es sólo realizar asambleas periódicamente y organizarse con criterios de democracia de base. El poder popular, junto con sus inclaudicables aspectos organizativos, supone también una finalidad política y social: la ampliación de los márgenes de intervención, articulación y dirección política de las clases subalternas en el conjunto de la sociedad. Tener prácticas genuinas de democracia de base que sólo referencien a una minoría de convencidos también refrenaría la construcción de poder popular. El poder de las clases subalternas necesita formas organizativas democráticas e independientes del Estado; pero no puede realizarse al margen de la incidencia concreta en los destinos de la sociedad como un todo. Así como no hay poder popular sin participación directa del pueblo en mecanismos de democracia de base; tampoco hay desarrollo de poder popular que no contemple la construcción de hegemonía de las clases subalternas.
Por esto hablamos de un doble carácter del poder popular: como conjunto de formas de autoorganización de los oprimidos en una institucionalidad original pero también como proyección del poder de la clase desposeída en el conjunto de la sociedad, como incremento de la capacidad de los de abajo para incidir en la realidad y apropiarse de trazos de la sociabilidad cada vez mayores. El poder popular, por lo tanto, no puede definirse en términos procedimentales sino que es un concepto político y social amplio que apunta a la ampliación general del poder de los sectores subalternos para incidir en el conjunto de la sociedad.

Ahora bien, en toda vindicación de una herencia se esconde una operación crítica, un cribado entre aquellos elementos cuya continuidad se afirma y aquellos que se pretende dinamizar, cuestionar o incluso abandonar. Debemos plantear seriamente la pregunta: ¿qué hubo de aciertos estratégicos y qué de aciertos tácticos en la “política del 2001”? La apuesta estratégica por el socialismo desde abajo va exigiendo un constante afinamiento político a medida que van cambiando las circunstancias, pero también a medida que se desarrolla la lucha política y social. Con la intención de precisar ese afinamiento político planteamos tres delimitaciones políticas. La primera concierne a la delimitación entre la idea de poder popular y ciertas formas extremas de horizontalismo o autonomismo. La segunda hace a una revisión estratégica del rol del Estado en eventuales procesos de transición socialista. La tercera concierne a las condiciones para formular una alternativa electoral desde la nueva izquierda en Argentina. Desarrollaremos la primera delimitación primero porque tiene un carácter más general, mientras que enmarcaremos las otras dos en una contextualización histórica más precisa.

Primera delimitación: el poder popular es poder

Durante las jornadas de lucha del año 2001 se expresó a menudo una hostilidad no sólo al Estado, sino directamente a la representación y organicidad política como tales. Cierto autonomismo principista afirmó entonces lógicas de organización no-representativas, basadas en pensamientos como el de Negri o Holloway, que obturan directamente la construcción de prácticas prefigurativas del socialismo con genuina proyección estratégica.


Es indispensable dejar de oponer la construcción de formas de centralización política orgánicas a la democracia de base. Por el contrario, la democracia de base debería pensarse como una forma de centralización, centralización controlada mediante mandatos de base, representaciones escalonadas y mandatados revocables, pero que no por eso deja de ser centralización política.


El poder popular como concepción orientadora del pensamiento y la acción política de los oprimidos se diferencia de la negación o dispersión de todo poder o la apuesta en las lógicas puramente horizontalistas. Elaborar esto supone interrogar el concepto de representación democrática en toda su radicalidad. La representación política, implicada aún en la democracia directa, se alza sobre el hiato insalvable entre lo particular y lo universal. Ese hiato funda un concepto de lo “común” de mayor intensidad, que no remite a una mera red horizontal de articulaciones inmanentes y contingentes, sino que incluye la toma de decisiones de conjunto, orgánicamente, en instancias centrales con primacía sobre los particulares. La construcción de poder popular supone siempre una vertebración política que no se agota en la proliferación de devenires o experimentaciones singulares descentralizados.


Lo anterior significa también que es imposible construir unidades políticas desde criterios de consenso estricto. Suponer que siempre se va a llegar al consenso implica suponer un horizonte armonicista para la coexistencia humana que no carece de aristas homogeneizantes o al menos ingenuas. Los criterios orgánicos de mayorías y minorías, en cambio, habilitan condiciones para tramitar políticamente la posibilidad del disenso sin suponer un horizonte armónico, ni llevar a la disolución de la unidad en derivas particulares.


Entendemos que el concepto de poder popular se monta sobre el carácter paradójico de la representación democrática. La representación democrática es paradojal porque evidencia que la sociedad no coincide consigo misma, que la estructuración política de la coexistencia humana excede la mera yuxtaposición de una multiplicidad de elementos, pero a la vez no se encarna en una mera unidad trascendente. Representación democrática es el acto por el cual un conglomerado humano delega la toma de decisiones en el propio conjunto. La sociedad se desdobla, se reduplica en la representación, componiendo su propia trascendencia. Cada uno acepta, entonces, el carácter vinculante de las decisiones tomadas de conjunto. En ello radica la delegación: las partes políticas deponen su autonomía a favor del conjunto. Sin embargo, esa delegación no se corporiza en un individuo o grupo que monopolice la toma de decisiones sino que el monopolio pertenece al conjunto. La representación democrática permite tramitar el conflicto en la medida en que asume el carácter no-coincidente de la sociedad consigo misma, introduciendo esa no-coincidencia en cierta forma de institucionalidad.


Esta breve aclaración sobre las diferencias entre el poder popular y las formas extremas de autonomismo u horizontalismo es importante porque hace a la solvencia del proyecto emancipatorio socialista. Es indispensable dejar de concebir el post-capitalismo como el logro de una sociedad plena, espontáneamente armónica y transparente, como hacen no sólo los anti-representacionistas Negri y Holloway sino también buena parte de la tradición marxiana. La sociedad sin clases, librada de la explotación, no será probablemente una sociedad sin conflictos, sin poder o sin instituciones representativas y mediadoras. El balance del siglo XX no sólo nos exige redefinir la estrategia de construcción del socialismo, sino repensar el sentido mismo de la apuesta socialista más allá de la promesa mitológica de una sociedad plena, absoluta y autocoincidente. Es preciso asumir hasta el fondo la inevitabilidad del conflicto en toda forma de coexistencia humana para dejar de proyectar el sueño utópico de una sociedad armónica, sueño utópico donde se esconde la pesadilla totalitaria de la clausura de las diferencias. El poder popular responde, pues, a la necesidad de precisar la idea de prefiguración del socialismo dejando de concebirla a partir de la imagen horizontalista de una sociedad sin instituciones, sin mediaciones políticas y sin formas de representación.

Poder popular y disputa del Estado ante los cambios de etapa

Sin abandonar nuestras definiciones fundamentales de largo aliento debemos ir reorientando nuestras responsabilidades y prioridades militantes de acuerdo con la lectura de las mutaciones históricas que condicionan las formas de la lucha de clases. La asunción de Néstor Kirchner en 2003 marcó un cambio de etapa para la política argentina. En los más de 10 años que nos separan de aquellas jornadas del año 2001 asistimos a una significativa recomposición del capitalismo argentino, tanto política como económica. Políticamente, el kirchnerismo lanzó una serie de iniciativas progresistas (rechazo del ALCA, nacionalización de YPF, creación de planes sociales, juicios a los genocidas, matrimonio igualitario) que le ganaron la simpatía de amplias franjas de la población. Económicamente, gracias a la masiva devaluación del peso efectuada por Duhalde y el aumento de precios de las mercancías agrícolas exportables, la Argentina asistió a un crecimiento económico importante durante los años 2003-2008. Esto permitió una recuperación del nivel de empleo y del salario. En resumen, en el 2001 vivimos tanto una formidable crisis del capitalismo argentino como un duro cuestionamiento a la legitimidad de la democracia burguesa. Desde 2003 en adelante se dio un proceso de recomposición de la acumulación de capital y una notable regeneración de la dominación de clase, encarnada políticamente en la masiva legitimidad del kirchnerismo. Estos nos impone, nuevamente, desbrozar los aciertos tácticos de los aciertos estratégicos a la hora de definir la herencia del 2001.
Durante la crisis del neoliberalismo, cuando la movilización de masas volvía a ponerse en pie tras años de derrota histórica, era un acierto táctico apostar todas las fuerzas militantes a la construcción de base. Los movimientos de trabajadores desocupados constituyeron entonces el sector más dinámico del conjunto de la clase trabajadora y el piquete era la medida de lucha política y socialmente más disruptiva, eficaz y visible de la etapa. En ese marco, concentrar todos los esfuerzos en la construcción territorial y la lucha callejera de masas, dejando en segundo plano las cuestiones más político-superestructurales, permitía una perspectiva de desarrollo político eficaz. En otras palabras, en la crisis del neoliberalismo tuvieron primacía la militancia de base y el desarrollo territorial, enmarcados en un ciclo de estallidos de masas. Hoy se da una situación doble. Por un lado, tras 10 años de recomposición del Estado capitalista, enfrentamos la necesidad de preguntarnos por la integralidad del poder popular, por la combinación entre la indispensable ampliación de los órganos de base fundados en el protagonismo directo del pueblo trabajador y el despliegue de las iniciativas políticas (incluso superestructurales y electorales) que den la mayor proyección y dinamismo a la lucha de clases. Al mismo tiempo, la propia maduración de las organizaciones de la nueva izquierda provee algunos terrenos firmes sobre los que redoblar apuestas y profundizar líneas de avance.
En otras palabras, el cambio de etapa, así como el avance organizativo de la nueva izquierda, imponen una interrogación estratégica y una interrogación táctica. En términos estratégicos, en términos de las coordenadas básicas de nuestra apuesta de cambio social, decimos: socialismo desde abajo, de acuerdo ¿pero hay socialismo puramente desde abajo? ¿Cómo concebimos al Estado y qué rol puede jugar en las tareas preparatorias y transicionales de la construcción del socialismo? En relación con lo anterior, nos hacemos también una pregunta táctica: ¿qué rol pueden tener hoy las herramientas político-electorales de los movimientos populares argentinos?

Segunda delimitación: ¿socialismo puramente desde abajo?

La pregunta es, en verdad, casi retórica: no concebimos ningún socialismo puramente desde abajo. Los órganos de democracia de base, donde el pueblo trabajador es protagonista directo de sus luchas históricas, son el reaseguro estratégico fundamental de nuestra lucha por el socialismo, pero no son la única instancia de esa lucha. Nuevamente, el poder popular tiene un sentido doble: órganos de democracia de base, pero también construcción de hegemonía de los sectores subalternos. Y esto segundo exige indefectiblemente que avancemos hacia alguna clase de complementariedad entre la construcción de la más amplia democracia de base para favorecer la articulación del conjunto de las clases subalternas y la constitución de organizaciones capaces para disputar en el seno de la estatalidad y la institucionalidad burguesa.


Lo anterior responde a la necesidad de revisar algunos lineamientos de la construcción estratégica. En las versiones clásicas, la revolución es concebida como un acontecimiento violento, brusco y puntual, en el que un partido de vanguardia toma el poder del Estado modificando súbitamente la correlación de fuerzas entre las clases. La estrategia centrada en la toma del poder por un partido de vanguardia, como dice el documento programático de Democracia Socialista, se corresponde con escenarios históricos y sociales que difícilmente se repitan en el mundo actual. La difusión generalizada de la democracia burguesa parece ofrecer poderosas vías de contención y asimilación de la protesta social que hacen improbable un escenario insurreccional que permita a una vanguardia jacobina tomar el poder. Las propias formas de la lucha de clases mutan en sociedades con Estados capitalistas consolidados y dotados de capacidad hegemónica. Mientras que las estrategias insurreccionales triunfaron generalmente en escenarios de Estados fuertemente autoritarios o despedazados por la guerra imperialista, hoy nos vemos en la necesidad de luchar ante Estados capitalistas formalmente democráticos, que tienden a presentarse como espacios de negociación de los intereses del conjunto de las clases sociales. Experiencias como el kirchnerismo nos enseñan que, aún en países periféricos sometidos a crisis cíclicas agudas, las burguesías conservan una no despreciable capacidad hegemónica para hacer aparecer las condiciones de su propia reproducción como clase dominante como garantía de la reproducción de todas las clases, a través de la negociación colectiva mediada por el Estado y el recurso al voto como instancia de legitimación de la conciliación social.


Lo anterior significa que es difícil esperar, aún en momentos de crisis y alzamiento de la movilización de masas, que triunfen las estrategias insurreccionales dirigidas a la toma del poder. La capacidad de adaptación y reinvención del capitalismo, mediada por la variación de las formas de Estado y las estrategias de construcción de hegemonía de la burguesía, hacen difícil esperar que encontremos escenarios como el de Rusia en el 17 o Cuba en el 59. La fase histórica en curso nos exige volver a interrogarnos sobre el posible rol del Estado en la transición al socialismo. Como se dice en el documento programático, los gobiernos latinoamericanos del Socialismo del Siglo XXI expresan escenarios de transformación social conducidos por fracciones nacionalistas o reformistas, pero que no parecen, empero, operar como meros garantes de la recomposición del capitalismo sino que apuntalan crecientes conflictos de clase. Es importante apoyar estas experiencias sin perder la más estricta autonomía organizativa, mientras se profundiza una discusión estratégica todavía abierta sobre la posibilidad de articular la construcción desde debajo de poder popular con la ocupación de lugares parciales en el Estado e incluso la consolidación de gobiernos populares durante un largo proceso de acumulación histórica de los oprimidos.


Con todo, nada garantiza que los gobiernos populares del socialismo del Siglo XXI puedan mantener la senda al socialismo indefinidamente sin enfrentar rupturas o reacciones conservadoras. En términos estructurales el Estado capitalista tiene un carácter de clase que no se ve suspendido por una conducción popular. No debemos abandonar la perspectiva de una ruptura revolucionaria con la burguesía y su Estado o la posibilidad de nuevas confrontaciones violentas, que se vuelvan necesarias ante situaciones de crispación política y social por el alza en la lucha de clases. Con todo, las circunstancias parecen indicar que los comunistas y socialistas deberemos luchar por un largo tiempo “dentro y contra” de la democracia burguesa antes de construir organizaciones de vanguardia insurreccionales, al menos durante la larga fase de acumulación de fuerzas que enfrentamos.

Tercera delimitación: condiciones para disputar el Estado en Argentina

Como se desprende de lo reseñado arriba, países como Venezuela o Bolivia constituyen ejemplos interesantes para las hipótesis estratégicas de acumulación de fuerzas de los oprimidos en la actualidad, a pesar de estar transidos de contradicciones profundas y de que nada garantiza que la transición al socialismo acabe por desarrollarse efectivamente allí. Con todo, debemos ser cautelosos con la pretensión de trasladar inmediatamente la estrategia chavista a la Argentina, donde las condiciones son bien diferentes.


No podemos esperar que la adhesión generada por el kirchnerismo vaya a cambiar rotundamente en lo inmediato y mucho menos que ese cambio signifique un crecimiento de la legitimidad y referencia de los sectores políticos de la izquierda. Por el contrario, el kirchnerismo logró recomponer el orden burgués y desactivar o subordinar a los sectores populares al punto de que, si es sucedido por una nueva fuerza política, ésta se instalará sin duda a su derecha.


En otras palabras, actualmente no hay condiciones para avanzar hacia un “gobierno popular” que lleve a nuestro país en la senda del socialismo del Siglo XXI. En nuestro contexto nacional, la necesidad de participar en el Estado y las elecciones responde en cambio a necesidades tácticas de crecimiento político y propaganda y no a la apertura de una posibilidad histórica excepcional para los de abajo. De lo anterior se sigue que construir herramientas electorales en el contexto actual es importante para proyectar el crecimiento político de las organizaciones de la nueva izquierda, aunque al mismo tiempo no están produciéndose grandes rupturas políticas que puedan capitalizarse inmediatamente desde una apuesta electoral.


Nuevamente, vemos que la recomposición del Estado y la economía en los últimos 10 años no nos permiten seguir manteniendo sin más todas las coordenadas de la “política del 2001″. No podemos seguir pregonando un rechazo frontal del Estado o pretendiendo que todas las conquistas populares se obtendrán en la calle. La “forma-Estado” capitalista se deriva estructuralmente de las necesidades de auto-reproducción del capital y tiene por lo tanto un carácter histórico y de clase inexorablemente burgués. Simultáneamente, existen diferentes “formas de estado” determinadas a partir de la variación de los patrones de acumulación de capital y dominación de clase a lo largo de la historia del capitalismo.


Durante el período neoliberal, sobre la base de la derrota histórica mundial sufrida por la clase trabajadora y los sectores populares en los años 70, asistimos a patrones de dominación de clase más duros, donde el Estado aparecía más directamente como garante inmediato de los intereses del capital. En ese marco, como dijimos arriba, la concentración de todos los esfuerzos políticos en la militancia de base y la generación de lazos de resistencia entre los oprimidos era un acierto táctico primordial. El abstencionismo electoral fue probablemente una apuesta correcta para la resistencia al neoliberalismo en la medida en que permitió delimitar política e incluso moralmente las experiencias organizativas de los oprimidos de las roscas y transas palaciegas de la política de los de arriba.
Ahora bien, el ciclo de luchas de la resistencia al neoliberalismo, condicionado a la vez por el agotamiento objetivo de los esquemas de acumulación entonces vigentes, impuso nuevas condiciones para la reproducción del capitalismo argentino. El cambio de la correlación de fuerzas forzó una modificación de la forma de Estado que pudiera garantizar del compromiso entre clases. El kirchnerismo logró hacer aparecer la reproducción del capitalismo como fundamento de la reproducción de todas las clases sociales, relanzando el rol del Estado como árbitro entre sectores sociales. La construcción de hegemonía por parte del gobierno modificó la manera como el Estado se presenta al conjunto de los trabajadores y el pueblo: ya no como un agente inmediato del capital, sino como el asegurador de un acuerdo tenso, pero “vivible”, entre las clases. Pasados 10 años de kirchnerismo, y dado el nivel de aprobación que las medidas progresistas del gobierno generan en la sociedad, afirmar que participar en el Estado constituye inmediatamente una claudicación política nos lleva al sectarismo, alejándonos de la experiencia y los avances concretos del pueblo trabajador. Necesitamos, por lo tanto, darnos un debate serio sobre cómo responder de manera original a la recomposición del capitalismo argentino, sin abandonar nuestros principios pero sin caer en prácticas autorreferenciales o principismos rígidos.


Es necesario para la etapa en curso tener algún tipo de intervención político que permita ofrecer al conjunto de los oprimidos un proyecto de sociedad global ligado a alguna forma de intervención en el Estado. La construcción de una herramienta electoral no constituye, por sí, desarrollo del poder popular. Sin embargo, para profundizar el poder popular es necesario (en las condiciones actuales) construir esa herramienta. Esto es necesario porque vemos que, tras la recomposición de la legitimidad del Estado lograda por el kirchnerismo, apostar exclusivamente a la militancia de base nos condena a la invisibilidad. Hoy, para el conjunto de la sociedad, la política pasa principalmente por las elecciones. Esto nos obliga a plantear, de cara a ese conjunto, una alternativa que referencie e instale nuestra política; aún cuando el fundamento estratégico de nuestra construcción no esté en las elecciones sino en la creación de una nueva institucionalidad en los barrios, sindicatos y ámbitos de estudio.


Vemos la necesidad de una táctica electoral a partir de una lectura de la etapa. No pensamos que siempre ni en toda circunstancia los revolucionarios tengamos que conformar partidos políticos para ir a elecciones. Dada la naturaleza de la etapa actual, vemos que rechazar la disputa electoral nos lleva al sectarismo porque implica desconocer la necesidad de interpelar claramente a amplias franjas del pueblo trabajador que hoy ni siquiera saben de la existencia de nuestras organizaciones.


Ahora bien, no podemos cerrar estas consideraciones sin algunas advertencias. A veces los revolucionarios corremos el riesgo de enfrentar la etapa en curso con una mentalidad adecuada para la etapa previa, ya cerrada o a punto de agotarse. La capacidad hegemónica de la burguesía no es meramente política sino que depende del ciclo de acumulación de capital. Y nada indica que los patrones de acumulación “neodesarrollistas” enarbolados en los últimos 10 años sean demasiado solventes. A partir de la crisis económica internacional iniciada en 2008 el crecimiento económico del país se desaceleró notoriamente. Del mismo modo, vimos al kirchnerismo perder una dura batalla con las patronales agrarias e incluso sufrir una derrota electoral en las legislativas de 2009 (recordemos que ese año, en la Provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por el derechista Francisco de Narváez sacó más votos que el FPV, con Néstor Kirchner al frente). Estos elementos, a los que se suman otros como la persistente inflación y la incapacidad del gobierno para contener a fracciones de la burocracia sindical, nos dicen que la legitimidad política y la solidez económica del proyecto kirchnerista distan de ser pétreas. En otras palabras, tenemos que considerar que probablemente esta “década dorada” de la burguesía argentina se esté agotando y es posible que nos encontremos cada vez más con un Estado más decididamente represivo, menos permeable a los intereses populares, al que debamos enfrentar en luchas callejeras de masas. En ese sentido, sería un profundo desacierto estratégico desconocer la prioridad de la construcción de poder popular por sobre cualquier apuesta táctico-electoral. Cuando las limitaciones estructurales del ciclo capitalista aprieten y los márgenes de construcción hegemónica de la burguesía se debiliten, los órganos de poder popular serán no sólo un reaseguro estratégico sino también una herramienta de lucha prioritaria. En los años venideros, probablemente, las líneas de acumulación política del pueblo trabajador pasen por la articulación entre luchas callejeras sostenidas desde la creación de poder popular en los barrios y sindicatos y la disputa parlamentaria por la referencia simbólica de un proyecto político integral anticapitalista y antiimperialista.