Extraído de www.marcha.org.ar
Primera parte: 26-03
El verano quedó lejos después de estas tres semanas de vivir el ajuste, con nombre de “paritaria a la baja” y de salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los maestros y la educación pública provincial.
Es que en diciembre las empresas grandes formadoras de precios armaron su colchón remarcando a placer. El lanzamiento de los llamados Precios Cuidados vino a convalidar buena parte de esos aumentos y así se llevaron de un golpe gran parte de los planes cotidianos.
Esto sucedió porque el gobierno hizo lo que dijo que no iba a hacer: hizo suya las necesidades de los grandes grupos económicos con una devaluación del 25%, seguida por la segunda vuelta de las remarcaciones. A este ritmo todos los anuncios presidenciales por cadena nacional (plan Progresar, aumento a jubilados, ayuda escolar) son aspirinas para enfermos graves. La enfermedad tiene nombre y apellido: ajuste económico y tiene también, víctimas y beneficiarios. Hay una brutal transferencia de ingresos a los más ricos, una redistribución de la riqueza a lo Hood Robin. O sea, saqueo de los bolsillos de las clases populares hacia los grandes grupos económicos comerciales, exportadores y del sistema financiero.
Estas decisiones no se tomaron de un momento a otro si no que se fueron anticipadas por una serie de medidas, que estaban delineando un nuevo rumbo económico. Nos referimos a los pagos de sumas millonarias a multinacionales en “el tribunal del CIADI”, a la entrega del gas no convencional a Chevron, a las modificaciones en la ley de ART a la medida de la UIA, con los 5 mil millones de dólares de indemnización a REPSOL, con la voluntad de reabrir otra vez el canje de la deuda para pagar a los llamados fondos buitres.
Una consecuencia inmediata para educación y salud es que a las provincias endeudadas en dólares, la devaluación les aumenta su deuda y sus déficits y las lleva a un fuerte ajuste sobre sus cuentas públicas. En definitiva la lucha de los docentes es parte de una pelea más integral en la que se juega si son los docentes junto al pueblo trabajador quienes van a pagar los costos de la crisis que generan los de arriba.
La paritaria docente y la inversión educativa desigual
La escalada inflacionaria ya produjo una caída en picada de salarios y jubilaciones. Es el resultado buscado por este plan. El “aumento de la productividad” del que hablan gobierno y empresarios pasa por la rebaja del salario para aumentar sus ganancias. En ese caso, para que las cuentas públicas le permitan al Estado patrón, pagar subsidios a las empresas y pagar a los acreedores externos.
Por eso son inaceptables las propuestas salariales hechas a nivel nacional y provincial en las paritarias. Y también es inaceptable el pedido del 35% de aumento hecho por la dirección del Suteba. Esa cifra no responde a las necesidades reales que tienen los trabajadores de la educación. No sólo no corresponden a un “aumento” salarial, tampoco corresponden a una recomposición, porque queda por debajo de la inflación acumulada entre el año pasado y estos meses devaluados.
En este marco está claro para todos que la paritaria docente se transforma en un caso testigo. Los gobiernos nacional y provinciales desarrollan aquí una política rígida: que los aumentos no superen el 25%. El argumento es el de siempre, no hay plata. Sabemos que no es verdad, la realidad es que la paritaria docente tiene que ser testigo para todas las demás, la del resto de los trabajadores que pronto empezarán con las negociaciones.
Por eso el 30,9 anunciado por los ministros del gobierno de Daniel Scioli es una gran mentira. Ese porcentaje lo es sólo para una minoría de maestros que cobran el salario inicial (y encima será para setiembre). Para el resto el aumento promediaba el 22%. Todo dicho.
Segunda parte: 27-03
La paritaria docente y la inversión educativa desigual
El capítulo del conflicto salarial es sólo uno de los que forman la crisis educativa. En primer lugar, condenar al docente a correr de cargo en cargo es mostrar la indiferencia de los gobiernos por la calidad educativa. El reclamo de salario igual a la canasta salarial es porque sabemos que tener un sólo trabajo es empezar a revertir las deplorables condiciones de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.
En segundo lugar, la diferencias salariales en todo el país se reflejan también en el porcentaje que se gasta por pibe en cada una de las provincias, ¿nadie se preguntó por qué y qué resultados provoca la diferencia salarial y de gasto por pibe entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal? Sin regalarle ningún elogio al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri que en materia educativa es el gran privatizador, es fácil reconocer el enorme porcentaje de niños que concurren a escuelas de doble jornada en la capital porteña, en comparación con provincia. Y con respecto a la diferencia salarial actual, ¿no se les ocurre lo qué va a pasar en los distritos del conurbano? Migración de docentes en busca del mejor salario con el agravamiento de la emergencia que se provocó el año pasado, cuando no se podían cubrir los cargos vacantes por meses.
Podemos seguir con el deterioro edilicio y de toda la infraestructura escolar. O los 5 pesos por niño para el comedor escolar, o la falta de nombramiento de personal faltante o el incumplimiento de la instauración de la doble jornada en las escuelas primarias o la ausencia total de la construcción de salas de Jardines infantes (sólo en Matanza la lista de espera para salitas de 4 y 5 años asciende a los 6 mil niños)
Estos déficits no son sólo responsabilidad de las provincias. El presupuesto nacional dedicado a educación no es tal. Persiste el esquema de la Ley Federal menemista. El 70 por ciento del dinero lo aportan las provincias. Y sólo un 30 por ciento es responsabilidad de la Nación y lo coloca en la forma que le parece: programas, planes, etc. Sin ningún tipo de consulta acerca de las necesidades apremiantes que viven las escuelas.
Los subsidios a las empresas y los pagos de la deuda externa duplican los presupuestos de salud y educación juntos. Es el gobierno nacional el responsable de este cuadro de situación. Es el momento de exigir presupuesto único nacional para la educación destinado a salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Una educación que reduzca la brecha en nuestra sociedad. Al mismo tiempo es necesario poner fin a la injusticia de entregar subsidios a la escuela privada. Todos esos recursos deben ser volcados en el sistema público. Una de las medidas posibles a tal fin es producir una reforma tributaria progresiva y recuperar el control soberano del comercio exterior y la banca para evitar la fuga de las riquezas que le corresponden al país.
Es en este sentido que aparece como válido y es mucho más que una consigna, reclamar un salario acorde al costo de la canasta familiar. Es un derecho para vivir dignamente y mejorar las condiciones laborales y de aprendizaje. Más presupuesto para educación es pensar en un país que garantice a todos el acceso al conocimiento.
Por el salario digno y el derecho social a la educación
La irrupción de los docentes en las calles en la provincia y en buena parte del país tiene como telón de fondo lo que se menciona más arriba.
El dato más relevante de estas dos semanas de lucha es el proceso creciente de autoconvocatorias en el conurbano y de movilizaciones en los pueblos de la provincia. En conjunto, es una irrupción de la base social que retoma en un punto todavía embrionario pero en desarrollo las experiencias del 2001.
Bahía sigue estando en el pico de la protesta con una movilización de 6 mil docentes desde el 12 de marzo que es la continuidad del ciclo que se inició en diciembre del 2012 con la primera marcha de los guardapolvos y se sostuvo durante todo el 2013. Pero lo nuevo ahora, es la multiplicidad de iniciativas que se despliegan por toda la provincia con esa frescura y creatividad que toma la lucha cuando es tomada en sus manos por los propios docentes.
En este punto, la descripción del final de las asambleas de Matanza y Bahía con pequeños grupos organizando las convocatorias de escuelas o de zonales y nucleamientos para hablar con la comunidad, grafica esa disposición característica de estos momentos. Pero si en los lugares donde hay Sutebas recuperados todo se facilita, debe valorizarse más aún la cantidad de acciones que en otros distritos se toman con la conducción del sindicato haciendo silencio de radio.
Este cuadro de situación no escapa al entender del gobierno ni del Secretario General de SUTEBA y CTA Buenos Aires, Roberto Baradel que visualizan cada uno a su manera los riesgos de algo que no controlan. El primero apuesta a las amenazas y al debilitamiento de la protesta. La conducción provincial en este sentido dio un volantazo intentando ponerse a la cabeza sin perder el control de la situación. La imponente movilización provincial del 19 es parte de ese giro.
Y un condimento más. La experiencia realizada con las claudicaciones de la dirigencia oficialista de Baradel y como contraparte el desarrollo de los Sutebas recuperados y de las agrupaciones que apuntan a otro sindicalismo, es el que permite el protagonismo del conjunto de los docentes, en forma unitaria y democrática.
El Encuentro provincial de delegados realizado en Tigre y las incontables asambleas de escuela, zonales y distritales que se vienen llevando adelante en toda la provincia imponen la fuerza de la participación de maestros y profesores tomando las decisiones necesarias para extender y profundizar la lucha. El diálogo con la comunidad permitió darse cuenta que hay un gran apoyo entre los trabajadores y el pueblo y que del otro lado están los medios. Ahí no hay diferencia entre Magneto, el canal oficial, C5N o América. Todos aunados en la dinámica de buscar los culpables en el docente, mandarlos a laburar sin cuestionarse por qué a pesar de tanto amedrentamiento y ataques por distintos flancos, aún están en la calle. El último de los ataques vino de boca del vicegobernador provincial, Gabriel Mariotto quien amenazó con llevar a la legislatura un proyecto de Ley para que se declare a la educación un servicio esencial (con la incoherencia y la muestra de una ausencia absoluta de responsabilidad al comparar la educación con un servicio como la electricidad, el gas, el agua, etc.)
El gobierno ataca el carácter de Derecho social que tiene la educación. Y los derechos están legislados para que el Estado los haga cumplir. Quien no está garantizando el derecho a la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos es el Estado representado en sus gobiernos, nacional y provincial.
Se denuncia constantemente que todas las dilaciones en responder a las demandas de los docentes dejan a los alumnos sin el derecho social a educarse. Es necesario en este proceso profundizar el diálogo con la comunidad para conseguir su apoyo porque se trata de la pelea por la defensa de la educación pública. Y es necesario dar todos los pasos para unir esos reclamos con el conjunto de los estatales, los municipales, los estudiantes, jubilados. El gobierno nacional y los provinciales han demostrado avanzar en criminalizar a quiénes luchan. Es una responsabilidad histórica no permitirlo y denunciarlo.
* Enrique Gandolfo es Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca