2003
Han sido numerosos los debates sobre diferentes modelos de socialismo, partiendo de la crítica del hipercentralismo estalinista y en relación con los intentos de reformarlo [1]. La autogestión yugoslava fue objeto de una gran admiración (en Francia especialmente alrededor de la CFDT y el PSU). Las corrientes marxistas antiestalinistas ponían el acento en los elementos de la auto-organización de los trabajadores, subrayando la aportación y los límites de la autogestión yugoslava en ese sentido [2]. En el mundo anglosajón, una parte de los debates, desde los años 1960, se desarrolló a partir de modelizaciones matemáticas inspiradas en aproximaciones “neoclásicas” [3] (admitiendo como “eficiente” el mercado concurrencial de los productos). Mediante un cierto número de hipótesis sobre los comportamientos “racionales” de las firmas, se ha intentado “demostrar” la superioridad de la empresa capitalista frente a la firma autogestionada; y tambien lo contrario … Los defensores de la autogestión han afinado sus modelos [4]. Estos debates se han seguido tambien a partir de otros enfoques marxistas o neo-keynesianos [5]. Las controversias más recientes han revalorizado el interés sobre la autogestión, especialmente sobre la base de una crítica a los criterios de eficacia y a las hipótesis discutibles de los modelos standards o, tambien, subrayando el rol esencial del ambiente institucional y de las lógicas colectivas en el comportamiento de los agentes sociales implicados en las firmas [6]…
No es mi objetivo presentar aquí todos los debates. Sin embargo, pretendo resaltar al menos una certeza: no existe ninguna “prueba teórica” de la superioridad de una forma de propiedad sobre las otras; todas y cada una de ellas puede producir “comportamientos racionales” diferentes según los contextos institucionales … En otras palabras, la crisis de la autogestión yugoslava “prueba” únicamente que la autogestión no estaba dotada de instituciones adecuadas a la coherencia y aspiraciones de los defensores de la autogestión.
El análisis concreto de los estragos humanos y ecológicos asociados a la burocratización de las sociedades llamadas socialistas o en el capitalismo realmente existente enseña que en la habilidad de los trabajadores, en la inteligencia humana, persisten fuentes hasta entonces no explotadas. Frente al liberalismo destrozador, en el que los puntos de apoyo sólo están para transformar las innovaciones en ganancias de productividad progresistas; es decir, para someter las máquinas y el dinero, las conquistas científicas y los recursos naturales a criterios de gestión éticos, feministas y ecológicos.
Es justamente la propiedad del capital y sus criterios de beneficio (que impone una flexibilidad regresiva tal que una reducción de costes traducida en accidentes para la salud o a causa de los transportes) la que es necesario cuestionar, si bien incorporando tambien en este balance en cuestión tambien a los fracasos de los paises llamados socialistas.
¿Cuáles son las instituciones adecuadas a un proyecto socialista autogestionario y que han faltado en la URSS y en Yugoslavia, en China y en Cuba? Creo que es necesario tener en cuenta el estatuto de los seres humanos (es decir, las relaciones de propiedad) y la democracia económica en el centro de la reflexión. Porque se trata de encontrar los instrumentos necesarios para tomar en cuenta los fracasos y la resolución de conflictos entre (y por) los seres humanos en cuestión, liberados de las relaciones de explotación y de alienación. Los medios deben ser coherentes con los fines.
Alec Nove se planteaba tambien sus preguntas de un “socialismo realizable” [7]. Pero rechazaba de entrada lo que consideraba como una utopía (en el sentido de irrealizable) en Marx: el rol del juicio directo, de la asociación de productores. Todos los análisis del comportamiento y de las motivaciones en el trabajo muestran, al contrario, que hay un potencial imposible de desarrollar plenamente en el seno de las relaciones de propiedad capitalista [8]. Y, en el centro de la crisis de los paises llamados socialistas, se encuentra igualmente un burocratismo, una dictadura de partido único que impide tambien la movilización de lo que debía ser la superioridad del socialismo: la habilidad o destreza humana puesta al servicio de la satisfacción prioritaria de las aspiraciones y necesidades de los propios seres humanos.
Si retomamos el debate de entonces sobre los “fracasos” yugoslavos a partir del criterio de la lógica democrática autogestionaria, se puede conocer en cada fase qué instituciones caricaturizan las aspiraciones autogestionarias o las vuelven y ineficaces, para deducir así algunos hilos conductores. Comencemos por ahí.
COMPRENDER LA CRISIS DE LA AUTOGESTIÓN YUGOSLAVA
La introducción de los derechos de autogestión en las empresas yugoslavas a partir de los años 1950 dió, hasta los primeros años 1980, “márgenes” de democracia sin comparación posible con lo que toleraba la planificación soviética hipercentralizada o con lo que puede tolerar el propio sistema capitalista. Pero, a pesar de su evolución en el tiempo, se puede extraer un limite constante en sus márgenes: el sistema jamás dió a los autogestionarios los medios de una coherencia de conjunto, articulando los derechos de gestión en el plan de la empresa y de la economía en su conjunto.
La primera fase (1953-1965) conoció las más altas tasas de crecimiento. Pero fue interrumpida, a pesar de su éxito, bajo la presión de una gestión “sofocada por el plan”, y también bajo la presión de las repúblicas más ricas contra las cuestionadas formas de redistribución (a menudo opacas). La encrucijada era, entonces, o bien democratizar o bien desmantelar el plan … El Partido/Estado eligió la segunda opción, preservando de esa forma el monopolio de su poder y ensanchando los mecanismos de mercado …
La segunda fase (1965-1974) fue, al contrario, la de una “autogestión sofocada por el mercado”: los mecanismos de la planificación fueron desmantelados en provecho de un incremento del poder de los bancos y de la incorporación de mecanismos de competencia entre las empresas (dotadas, a la vez, de mayores derechos de gestión) que concurrían al mercado. La ampliación de las diferencias de rendimientos entre empresas y regiones, el crecimiento del paro y el aumento de la inflación suscitaron una multiplicación de huelgas obreras y universitarias entre 1968 y 1971, contra las crecientes desigualdades, contra “la burguesía roja” y por una “autogestión de abajo a arriba” (es decir, substancialmente por una planificación autogestionaria que encuadrase y limitase las relaciones de mercado). Una de las principales cuestiones, a menudo analizada en las investigaciones, fue entonces el aumento de los poderes tecnocrático y bancario, con formas de “delegación de poder” de los autogestionarios en favor de los “expertos”. Los derechos de gestión de los trabajadores se concentraba sobre lo que ellos conseguían dominar mejor: lo que se deducía del corto plazo y de lo concreto: la dedicación de las rentas logradas a los beneficios y fondos de consumo colectivo. Sin embargo, las cuestiones de “estrategia” de inversiones, de financiamiento, de relaciones con las otras empresas, fueron presentadas de tal manera por los “expertos” (cantidad de textos, lenguaje, etc.) que la delegación de poder se las llevó consigo … Hasta el momento en que las consecuencias de la elección se hicieron sentir y provocaron todo tipo de resistencias (perversas para la eficacia del sistema en su conjunto aunque legítimas) y, finalmente, las huelgas. El régimen respondió a las resistencias intentando contenerlas localmente (sin permitir nunca su toma de conciencia colectiva). Paralelamente, la desagregación de las solidaridades entre las regiones se expresaba por las direcciones de las repúblicas más ricas (Eslovenia y Croacia) cuyas reivindicaciones intentaban conservar la integridad de sus recursos en divisas provenientes de sus intercambios. La ausencia de transparencia y de control público de los fondos de ayuda a las regiones menos desarrolladas, en lugar de desembocar en una democratización de su gestión, condujo a la dislocación de los lazos entre las repúblicas.
La última fase (1974-1980), antes de la crisis de los años 1980, se caracterizó por las típicas respuestas titistas frente a los conflictos: después de reprimir a los sindicatos, a los intelectuales marxistas de la escuela de Praxis y a los jóvenes socialistas de izquierda, el régimen reprimió a los nacionalistas liberales … para acabar dando un nuevo giro constitucional en 1974: las reformas otorgaban lo que habían reivindicado (de forma contradictoria) unos y otros. Por un lado, en respuesta a las movilizaciones de la izquierda marxista, se limitó el mercado con formas de planificación contractual y con el desmantelamiento del poder de los tecnócratas y banqueros, tan autónomo en la fase anterior: la autogestión de los trabajadores adquirió mayores derechos de gestión pero, al mismo tiempo, descentralizados al nivel de las “unidades de base” (talleres); y por otro lado, en respuesta a los nacionalismos emergentes, se acentuó la descentralización económica en aspectos de control de los recursos, fiscalidad, comercio exterior … La represión favoreció todos los mecanismos de repliegue y de la corrupción; se tenían, pues, todos los ingredientes de un sistema eminentemente conflictivo, sin coherencia, compartimentado hasta el extremo, cuyas fragilidades se acentuaron con su incorporación al mercado mundial.
Con la década de 1980, Yugoslavia conoció una deuda exterior de 20 millones de dolares, hiperinflación (hasta tres cifras), y un alto nivel de paro, especialmente en las regiones de fuerte crecimiento demográfico (como Kosovo). La política de austeridad impuesta por el FMI puso punto y final a los derechos autogestionarios; la lógica de las privatizaciones y de la adhesión a la Unión Europea acabó de desagregar el sistema.
En relación a la cuestión central que señalábamos más arriba (¿como rectificar los fracasos? ¿cómo resolver los conflictos?), el balance es claro: no hubo nunca debates públicos, políticos en el sentido más rico de la palabra, sobre cuáles podrían ser los criterios de eficacia (es decir, los fines) adecuados a la sociedad yugoslava autogestionaria. Tampoco hubo nunca debates sobre los medios por y para el porvenir. Las reformas (tres sistemas diferentes de autogestión en tres décadas, entre los años 1950 hasta la crisis de los años 1980) desde arriba, bajo la presión de las contradicciones y de los conflictos -y después de reprimir a las disidencias, se reclamasen del marxismo o del liberalismo, surgiesen en las fábricas o en las universidades. Las mismas reformas fueron igualmente interrumpidas desde arriba, sin un debate público pluralista sobre los balances y los problemas encontrados [9]. En resumen, los derechos reconocidos a los trabajadores yugoslavos hasta los primeros años 1980 les habían otorgado una cierta dignidad a la cual se atenían y que se tradujo en millares de huelgas, impotentes y dispersas, durante la década de 1980. Los derechos adquiridos – y en adelante desmantelados – en el mejor de los casos los habían dejado en el seno de “su” empresa o de “su” taller. Este era el único horizonte de gestión y de organización algo controlable por los interesados. Si bien los intereses sociales comunes y la propiedad social habrían podido ejercer de contrapeso al aumento de los nacionalismos, no hubo nada que permitiese administrar colectivamente esa propiedad. Ninguna institución (sindical o política) ni ninguna forma global de representación de los autogestionarios en el plan federal no hubiese tenido permiso para sobrepasar el horizonte limitado a los talleres o a las repúblicas.
La Liga de los Comunistas no ha tolerado en ningún momento el pluralismo político, ni fuera de ella ni en su seno (reprimiendo claramente a las corrientes socialistas críticas). Los valores y los fines socialistas fueron desvalorizados, reprimidos, en lugar de se utilizados como puntos de apoyo para la resolución de los conflictos y de la crisis. Los objetivos socialistas y las aproximaciones emancipatorias marxistas fueron masivamente populares en los años 1960 en el seno de la intelligentsia, de la juventud y de la clase obrera yugoslavas. La acumulación de giros represivos, de reformas y de contra-reformas sin balance alguno significaron la degradación moral, el descrédito del proyecto socialista y del partido. El giro hacia el liberalismo y el nacionalismo en los años 1980-1990 fue el terrible precio a pagar por esta ausencia de democracia: los “valores” nacionalistas se convirtieron en los puntos de referencia de las diversas burocracias “comunistas”, cada una de las cuales reivindicaba más poder y privilegios en nombre de “su” nación. Este escenario preparó la transformación de las burocracias en la nueva burguesía, en busca del control de la apropiación de las riquezas merced a la formación de Estados-nación sobre bases étnicas.
Sin embargo, otra lógica hubiese sido posible apoyándose sobre las aspiraciones autogestionarias que el mismo sistema había alimentado: las reestructuraciones del empleo no podían ser aceptadas y aceptables para los trabajadores más que preservando el derecho al trabajo, en un marco de justicia social. Era preciso, pues, tener presente costes y derroches, incluyendo la puesta en cuestión de los privilegios burocráticos que iban proliferando (a la par que los mismos burócratas exigían a los trabajadores apretarse el cinturón). Y hacía falta un proceso de decisión y de reconversión solidario, a escala del municipio, de la comarca, de la región, del país. El problema era irresoluble desde el nivel de la empresa, peor aún desde el taller. Las resistencias contra las reestructuraciones injustas no podían más que provocar una hiperinflacción, reflejando la incapacidad del sistema a reabsorber sus costes según mecanismos y criterios socialmente aceptables. En resumen, la autogestión yugoslava no se dotó de instituciones que le diesen una coherencia global y adecuada a las aspiraciones espontáneas de los trabajadores (seguridad en el empleo, responsabilidad, mejora solidaria de los niveles de vida y libertades).
Las instituciones adecuadas a un proyecto socialista autogestionario no pueden discutirse independientemente del fin emancipador de ese proyecto.
MEDIOS COHERENTES CON LOS FINES: ¿QUÉ ESTATUTO PARA EL TRABAJADOR/CIUDADANO?
El derecho al empleo y a la gestión del trabajo debe ser una obligación constitucional para cualquier sociedad socialista, un derecho del ser humano dentro de una nueva carta universal (y no debe ser el resultado aleatorio de los mecanismos de mercado y de la propiedad privada [10]. La puesta en cuestión del salario como relación capital/trabajo significa el rechazo del estatuto de “mercancía” (comprable o “desechable”) para la fuerza de trabajo, consecuencia del rechazo del “mercado de trabajo”. Sin embargo, se impone una distinción: derecho al trabajo, o pleno empleo, no significa rigidez y permanencia en el puesto del trabajo … Es posible estar, a la vez, contra el mercado de trabajo (en el sentido antes indicado); por el mantenimiento de beneficios monetarios asociacios al trabajo según baremos a debatir (permitiendo la elección de consumos descentralizados); y por la mobilidad y la libertad en el empleo. Multiples proposiciones giran alrededor de la idea de “contrato de actividad”, de “derechos sociales” o de “seguridad de empleo-formación” [11]: un beneficio universal de actividad estaría asegurado en función de actividades de formación, de un empleo bajo diversas formas posibles y de la incorporación de actividades sociales (especialmente en el cuidado de niños, jubilados o discapacitados) a lo largo de su ciclo vital. Una “bolsa de los trabajos” (privados y públicos) que podría administrarse por una oficina pública dotada de delegaciones regionales y locales, vinculadas a los Fondos sociales de inversiones-formación. Su objeto sería aplicar los objetivos planificados (al nivel local, regional o nacional) aunque también de recoger los proyectos, y las demandas y ofertas de trabajo. Las colectividades locales, las direcciones de empresas privadas y públicas, los sindicatos, los movimientos de mujeres, de jóvenes, las asociaciones de usuarios, el Estado, los organismos de formación continua, … podrían participar en ese modelo de gestión. Los estímulos adecuados a un sistema autogestionario socialista deben excluir el derecho al despido. Otra cosa sería la investigación colectiva, solidaria por una mejor organización del trabajo, o por una reconversión de las actividades obsoletas, que pudiesen derivarse de los planes de reconversión-formación, en relación con los Fondos sociales de inversión. Los estímulos deben incitar a mejorar la calidad física de los servicios y productos así como de la organización del trabajo (debiendo permitir la confrontación del punto de vista de los productores y de los usuarios). Las ganancias en productividad, la disminución de los costes coherentes con una lógica autogestionaria deben medirse en función de toda la cadena de “trabajo asociado” que los produce; deben permitir ahorros de energía, disminuir los elementos dañinos y el trabajo penoso, mejorar las condiciones de los puestos de trabajo (en el sentido antes indicado, permitiendo reconversiones e innovaciones). Todo eso demanda una organización autogestionaria de los trabajadores y usuarios sobre un nivel espacial más amplio que el de la empresa o el taller: los vínculos (y no la competencia) entre trabajadores a un nivel sectorial o territorial (municipal, regional, con mecanismos asociados a los usuarios y poderes locales) deben permitir el derecho a la participación igual para los trabajadores interesados y los usuarios (aclarando las evaluaciones cifradas). Es una lógica contraria a la de la competencia depredadora que invita a restringir los beneficios de las innovaciones y a triunfar sobre los demás; y se opone a criterios únicamente monetarios en la evaluación de los resultados. La responsabilidad, el incremento del tiempo de ocio y de la formación, la mejora de las infrastructuras disponibles en el lugar de trabajo, el aumento colectivo de los beneficios monetarios en función de los incrementos colectivos de productividad son otros tantos medios posibles para estimular la innovación según distintas modalidades.
LA PROPIEDAD SOCIAL: ¿QUÉ DERECHO DE CONTROL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DE LOS OBJETOS DEL TRABAJO?
El derecho de gestión de los medios de producción es un derecho de la persona asociado a su derecho al trabajo, un derecho político, de ciudadano-trabajador (sea cual sea el estatuto jurídico de la empresa en la que trabaja). No debe depender de la disposición de un capital-monetario (salvo en el caso de una empresa individual, evidentemente). La autogestión socialista (en tanto que derecho universal de los ciudadanos-trabajadores) es contradictoria con la lógica del accionariado popular.
Tal derecho, sobre todo el ciclo vital, implica formas complejas de control de “la sociedad” entera a partir de las múltiples facetas de los seres humanos autogestionarios (trabajadores-usuarios, jovenes, jubilados, hombres, mujeres, …).
Globalmente, no existe ninguna razón para limitar la propiedad social a la empresa donde se encuentra, por azar, un trabajador dado: esa limitación le conduciría a la exclusiva voluntad de conservar el empleo en esa empresa y a no tener el derecho de opinar sobre otras producciones de bienes o servicios. Igualmente, no existen motivos para que sólo los trabajadores de correos determinen el precio de los sellos (o los mineros del carbón determinen el precio del carbón), en el conjunto de posibles opciones. La lógica del mantenimiento del empleo en una empresa dada es una lógica defensiva, necesaria cuando las reglas del juego (de la inversión) escapan a los trabajadores. Pero se convierte en un callejón sin salida en el cual cae cualquier trabajador autogestionario que limita su horizonte de gestión a “su” taller.
La propiedad “social” sólo puede administrarse eficazmente a partir de diferentes niveles combinados: el taller, la empresa (con la rotación posible en los cargos y el uso de la formación para que los trabajadores se conviertan cada vez más capaces en dirigir la organización); pero también la rama o el sector (en el cual las mejoras comprobadas de producción puedan ser generalizadas); el municipio (donde aparecen los problemas del desarrollo local en su conjunto y confluyen los diferentes puntos de vista usuarios-trabajadores), el país entero (donde se deciden las prioridades y los medios de financiarlas, entre varias alternativas); la región (infraestructuras, desarrollo equilibrado); el planeta (cuestiones ecológicas, …). El principio de la “subsidiariedad” deberá ser aplicado (toda decisión deberá traspasarse al escalafón inferior cuando pueda tomarse más eficazmente en ese nivel).
Los trabajadores-ciudadanos “existen” como autogestionarios bajo diferentes sombreros: asociaciones de consumidores, de ecologistas, de productores, de mujeres, … Deben tener (conquistar) un derecho de supervisión sobre la producción sea cual sea el estatuto jurídico de las compañías. La gestión (tanto privada como pública) está sujeta a los derechos reconocidos en la Constitución (el respeto a los objetivos sociales, ecologistas, feministas, …), los cuales legitiman las diferentes modalidades de control de las empresas privadas, cooperativas, empresas públicas, el deber de la transparencia contable, … Se podrán así modificar, precisamente, los derechos de propiedad privados que no respeten las necesidades y los bienes colectivos.
SOCIALIZAR EL PLAN, DEDICAR LOS RECURSOS VINCULADOS AL TRABAJO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS, SUPRIMIR EL ACCIONARIADO
Afortunadamente, el socialismo no tiene la necesidad de planificarlo todo (lo que tampoco podría hacer). Pero sí se decide planificar la producción de cierto número de bienes y servicios, se trataría de determinar públicamente, por medio de debates plurales cuales corresponden a necesidades prioritarias.
Diferentes formas de planificación local, regional y nacional de los objetivos a satisfacer pueden incluir de forma contractual a las empresas privadas, a las empresas públicas y a las cooperativas. La “socialización de la planificación” pone el acento sobre las dimensiones contractuales, sobre las modalidades de las tomas de decisión (pública, después de un debate plural en el que se presentan las diversas opciones) y de control. Desde este punto de vista, no se trata de una “estatización” de la planificación, ni siquiera si los poderes públicos o las organizaciones públicas ad hoc son revestidos de misiones específicas.
Los Fondos sociales de inversión territorial pueden completarse por fondos públicos específicos correspondientes a las necesidades de base (sanidad, transportes, vivienda, cultura, …). Alimentados por “tasas” o contribuciones específicas, deberán ser administrados según criterios públicos por los organismos asegurando la representación de los usuarios, de los productores y de las colectividades territoriales. Distintos del presupuesto, estos fondos conforman la noción de propiedad social así como los derechos de los ciudadanos-trabajadores a una planificación autogestionaria, y no solamente a la gestión de su empresa, en el sentido antes analizado.
La informática abre posibilidades antes impensables para combinar una mayor descentralización de los mecanismos de gestión con su coordinación entre los diferentes niveles, partiendo del escalón en el cual la financiación y la evaluación de los recursos es más adecuado. Facilita los debates a distancia y la toma de decisión democrática teniendo en cuenta la interacción de las opciones. Actualmente, las firmas privadas capitalistas han incorporado formas diversas de planificación (si bien limitadas por su horizonte y sus criterios de gestión): tanto en las peticiones informatizadas adaptables a los gustos individuales como operando sobre las opciones en los almacenes virtuales, en los que uno puede “ver” los productos ofrecidos en su ordenador. La producción puede asimismo realizarse “just in time”, reduciendo los stocks. Pues bien, todos esos procedimientos pueden ser utilizados por las empreses y las colectividades públicas.
En el momento en que las necesidades de base necesiten ser aseguradas, planificadas, la financiación deberá ser, también, controlada públicamente, sean cuales sean sus modalidades. En consecuencia, será necesario excluir la financiación por acciones y el mercado de valores, cuya ineficacia (señalada y denunciada por Keynes en su momento) para la estabilidad de la economía así como para la asignación de los recursos se ha puesto de manifiesto en el cuadro de la globalización financiera más actual. Las estrategias financieras deben ser fiables, controlables y no reversibles segun los criterios de la especulación mercantil.
La creación monetaria regulada por las autoridades públicas, las tasas bajo diversas formas sobre los fondos de inversión mutualistas, la fiscalidad para alimentar los gastos presupuestarios y la eventual mobilización del ahorro existente a los fines acordados (mediante una tasa de interés fija) representan pues, además del autofinanciamiento, otras modalidades compatibles con la lógica de una economía sumisa a las decisiones éticas, sociales y ecológicas. Los bancos cooperativos mobilizando un ahorro popular a los fines acordados podrían participar asimismo de esta problemática. Contrariamente a las imposiciones actuales de la construcción de la Europa liberal, la Banca Central no debe obedecer a una lógica “monetarista”, supuestamente al márgen de las decisiones públicas; otra cosa (no siempre evidente para las políticas de izquierda) es no subestimar las cuestiones de la inflación, aunque es falso afirmar que se trata de “un fenómeno puramente monetario” como pretende Milton Friedman. Tanto los costes no cubiertos con los ingresos como los desequilibrios entre el poder de compra y la oferta de productos y servicios impone una actitud vigilante; pero no soluciones únicas.
Las oficinas públicas de control de los precios deben poder no solamente analizar y devolver a lo público la evolución de los precios en los diferentes sectores de la económia, sino también proponer interpretaciones para analizar los procesos y sugerir propuestas diversas en relación a las modalidades de control de los precios y de la inflación. En su conjunto, estas estrategias deben permitir no la supresión del control político (en sentido amplio) de las decisiones económicas y monetarias, sino de someter el Estado mismo a este control.
SOCIALIZAR EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS
El paro, las desigualdades provocadas por el mercado, las necesidades no resueltas por el mercado, el horizonte limitado y opaco de las relaciones de mercado: no existe ninguna razón para atenuar todas estas críticas, a menudo repetidas en relación al mercado, en una sociedad autogestionaria y socialista. Sin duda, la mayor limitación de ciertos “modelos” de socialismo autogestionario es la aceptación del mercado como “regulador” entre empresas atomizadas (en competencia unas con otras): el riesgo de paro se hace presente e inevitable, asociado a la “libertad” de gestión de las empresas. El objetivo de analizar matemáticamente el modelo así como la aceptación de los criterios de optimización de los modelos neo-clásicos están, a menudo, en el horizonte de estos modelos contestables.
Es preciso rechazar que las grandes opciones (prioridades, criterios) y que las relaciones humanas dependen de las relaciones de mercado; rechazar tanto el mercado de trabajo como el de capital. No se trata, sin embargo, de suprimir el papel de la moneda y del mercado de bienes y servicios, ni de subestimar el interés de la pequeña producción mercantil (flexibilidad de adaptación a una demanda y de innovación). La utilidad del dinero radica en permitir a cualquier individuo tomar sus opciones; la venta de los productos puede ser una forma de verificación parcial de la adecuación de la oferta (entre ella, la planificada) a la demanda. Lo que no implica considerar que la información condensada en los precios es suficiente para determinar las inversiones y reestructuraciones necesarias, ni que el mercado debe ser “libre”. De hecho, constatamos diariamente el desarrollo, frente al propio mercado capitalista, de exigencias de control, desde un punto de vista ecológico y humano, de lo que recubren los precios y la calidad de los productos. Estas lógicas deben ser estimuladas por los medios (información, derechos de organización y de expresión, …) de su ejercicio.
La necesaria “socialización del mercado” [12] de los productos está en las antípodas de la “mano invisible del mercado” y de su “atomicidad” (individuos y empresas aislados). Debe desarrollarse a la vez que la socialización del plan (las relaciones mercantiles serán, como he dicho, una forma de verificación de los objetivos de la planificación). Una y otra responden a las exigencias de transparencia de los costes, de las condiciones de producción, y de la calidad de los productos y servicios. Tanto si esos productos son planificados o suministrados según una lógica de mercado, los usuarios y los poderes públicos y las diferentes asociaciones deben poder apoyarse en institutos estadísticos independientes y en las oficinas de los precios arriba evocados.
La iniciativa individual debe ser posible siempre para dar respuesta a una necesidad – en tanto que ella no contradiga los derechos y los objetivos reconocidos por otra parte. Tomar en cuenta los conocimientos, la satisfacción de las necesidades, la planificación del territorio y el respeto del medio ambiente pueden conducir a dar un espacio importante a la pequeña agricultura – ayudándola en el plano de la formación, de los abonos, de las tecnologías adaptadas ( “revolución verde”). Propiedad privada no significa necesariamente ausencia de responsabilidad hacia la sociedad ( y de derechos socials adquiridos en contrapartida por los pequeños propietarios): las relaciones contractuales harán mucho más por la socialización que la colectivización forzada…Lo mismo sirve para todo tipo de actividades artesanales y de pequeños comercios que tienen cualidades duraderas desde el punto de vista de los usuarios, adaptadas a determinadas necesidades…
Otras esferas de la producción de bienes y servicios pueden escapar a las relaciones monetarias y ser estimuladas: intercambio directo de servicios, autoconsumo. Experiencias de “economía solidaria” existentes pueden, con sus fracasos y éxitos, inspirar todo tipo de propuestas …Pero la gratuidad como modo de distribución de algunos bienes y sevicios no significa sin embargo la supresión de la esfera monetaria.
La tarificación pública puede asegurar una distribución solidaria para todos regulando el uso de un bien o servicio para reducir los despilfarros o las “sobrecargas” (consumos concentrados en horas concretas como en el agua o en el teléfono). Brevemente, hay que distinguir diferentes usos de la moneda y no confundir rechazo de lo dominación de las relaciones monetarias y economía sin moneda. Se puede considerar más justo y más cómodo no hacer pagar los transportes públicos por los usuarios. Però entonces será necesario que sus costes sean cubiertos por partidas sacadas de otras partes: impuestos o contribuciones diversas. Se puede proyectar bajar los precios de los bienes culturales aumentando el del alcohol… O finaciar los transportes públicos con tasas sobre los automóbiles… Muchas variantes de todo ello son posibles y discutibles. Pero si el objetivo es respetar una gran flexibilidad de elección, y el derecho a tener preferencias, la moneda continuará siendo útil de forma duradera. Los criterios de distribución deberán ser periódicamente revisados en función de la evolución de las capacidades productivas y de los efectos imprevistos del modo de distribución adoptado – en función de criterios colectivamente admitidos y revisables.
¿ QUE INSTITUCIONES?
Ningún “partido de vanguardia” no es portador de “respuestas científicas” por encima de los interesados. Un partido burocrático y represivo – o un mercado dictatorial aún menos. La ventaja histórica de una sociedad socialista continúa siendo la posibilidad de poner en causa el horizontes de corto plazo, local y limitado del mercado y de las relaciones mercantiles y de abrir una pluralidad de opciones. Es necesario poder tomar en cuenta necesidades no expresables por relaciones monetarias, abrir una multiplicidad de opciones incorporando criterios cualitativos ( relaciones humanas rechazando toda relación de opresión o de explotación; protecciones sociales con derecho imprescriptible a un empleo; opciones sobre los ritmos de trabajo, protección del medio ambiente, desarrollo del tiempo de ocio, de formación y de democracia…) En realidad, en el cuadro de una democracia económica que penetraría todas als esferas de la vida cotidiana, se plantearían opciones en todos los aspectos: del ocio a la formación pasando por el trabajo; del consumo a la producción desde el puesto de trabajo y el municipio hasta las relaciones internacionales pasando por las regiones y las ramas de la producción…
Los trabajadores /ciudadanos autogestionarios tienen necesidad para ser eficaces, para formular opciones, para evaluar sus costos y beneficios, de un conjunto de instituciones capaces cada una de ellas de expresar lo que otras ocultan, de tomar en cuenta las opresiones persistentes, en fin de ampliar los horizontes y de hacer aparecer todo que que està en juego:
-Contra la idea que por si sola, la democracia directa podría resolverlo todo sin conocimientos previos, es necesario contar, en cada escalón donde sea necesario, con los expertos ( economistas, científicos, sociólogos…que rindan cuentas ante la poblaciones concernidas de las posibilidades alternatives y de las consecuencias de cada opción) . Pero las opciones de sociedad no dependen solamente de los simples saberes científicos. Los expertos, sean cuales sean sus cualificaciones, están, al mismo tiempo influidos por sus convicciones personales éticas o sociales; cualquier asociación puede presentar sus propios contraexpertos: el derecho de información económica, científica, médica, de las opiniones públicas, de los parlamentos locales o nacionales, de los órganos de autogestión a todos los niveles debe acompañarse de todos los medios materiales ( medios de comunicación, derecho de expresión) que permitan clarificar las opciones. Las redes informáticas, la televisión, los diversos medios de comunicación deben asegurar el conocimiento y la circulación de estos debaes y puntos de vista. Pero no deben reemplazar las “conferencias ciudadanas” permitiendo un juego de cuestionamiento publico directo de diversos expertos por representantes diversps de los ususarios y trabajadores, hombre y mujeres.
– Contra el poder de los expertos, que explotan muchas veces su saber para aplastar las opciones pluralistas de la sociedad, la democracia autogestionaria y las luchas actuales necesitan de un pluralismo de los partidos políticos.
– Pero las opciones políticas no provienen solamente de los partidos. Éstos asfixian a veces algunos puntos de vista: las organizaciones de mujeres, los sindicatos, las asociaciones de parados o de usuarios, las comunidades diversas que se sienten dejadas de lado deben de tener los medios para organizarse y para expresarse para que se amplien los horizontes antes de la toma de decisión – o para que ella pueda ser contestada.
– Contra los peligros del substituismo de los partidos, pero también contra las pretensiones abusivas de las asociaciones existentes de hablar en nombre de todos y todas, el socialismo autogestionario tienen necesidad de instituciones de democracia directa que sean bases reales para la toma de decisiones…
– ¿A través de qué mecanismo democrático se puede proceder a la elección? ¿Quien debe decidir y a qué nivel? Se sabe bien que hoy no hay respuesta única ( y estable) a esta cuestión que exige un examen concreto. Se pude avanzar un principio de “subsidiaridad” democrática ( partir del escalón local y delegar el poder de decisión al escalón superior en todos los casos en que esto parezca más eficaz). Se puede tambien retener en una primera aproximación, que aquellos y aquellas que son los más concernidos por una elección dada deben poder beneficiarse de un procedimiento privilegiado ( derecho de veto..?). Muchos debates ( desde la famosa “paradoja de Condorcet”) han subrayado la dificultad de hacer aparecer un criterio y un mecanismo democráticos que permitan pasar de la expresión individual de las opciones a un “optimum social”. Una de las cuestiones previas sería saber qué se entiende por esto: se sabe que el optimum llamado de Pareto implica que ningún individuo se sienta humillado por una elección ( aunque sea preferido por millares de otros individuos…). Amaryta Sen, y bastantes otros con él, han señalado la pobreza de una definición del optimum y de las aproximaciones basadas sobre un tal “individualismo metodológico”. La ampliación de los horizontes ( en los procedimientos de decisión por consenso por búsqueda de consenso en muchas cuestiones); las prioridades de formación ( para reducir los efectos de la delegación del poder y permitir una mejor conducción de las elecciones); la reducción de las diferencias de riqueza y de formación y más ampliamente el acceso de todos a los medios de información y de existencia de base ( para no convertir en formal la igualdad de oportunidades y de derechos fundamentales)…todos sos elementos han sido subrayados como exigencias éticas, colectivas, puntos de apoyo sólidos de una democracia económica. La apertura de oficinas públicas, pluralistas, de evaluación ( por encuesta, balances) de los resultados de un determinado procedimiento en relación a sus objetivos debe ciertamente permitir de hacer periódicamente el punto sobre les efectos perversos, no previstos, de un determinado mecanismo de decisión. En cualquier circunstancia, los derechos de organización y de expresión permitirán hacer aparecer los puntos de vista sofocados- acompañados de propuestas. La cuestión de las cuotas o de la paridad de las mujeres, pero tambien las representaciones de comunidades nacionales ( y sus eventuales derechos de veto) son otros tantos ejemplos donde el procedimiento democrático llamado “universal” ( un individuo es igual a otro individuo y la mayoria decide) puede ser contestable. Los efectos perversos de las soluciones propuestas pueden y deben ser analizados oportunamente.
Una lógica transitoria autogestionaria en las luchas
La aspiración a subordinar la economía a opciones humanas, éticas, se expresaba en 1968 en Yugoeslavia en la reivindicación de una “autogestion de abajo hacia arriba” por una planificación autogestionaria. Ella se expresa hoy en la diversidad de movimientos asociativos que quieren afirmar las exigencias de la puesta en cuestión de la tiranía de los mercados financieros de la Organización Mundial del Comercio ( OMC); o los que resisten la privatización de los servicios públicos y denuncian los criterios de “eficacia” sostenidos por los intereses de los accionistas.
Pero la extrema dificultad de un proyecto autogestionario consiste en que no basta “nacionalizar” la propiedad y “tomar el poder” para que ella se realice. Debido a que ese proyecto autogestionario combate el substituismo del partido o del estado, tiene mayor necesidad del aprendizaje de la democracia que cualquier otra experiencia de masa. ¿ Cómo adaptarse a ello dentro del capitalismo sin caer en las rutinas de una adaptación a las reglas del juego capitalista?
Las experiencias del “presupuesto participativo” en la gestión de las municipalidades como la de Porto Alegre en el Brasil muestran como las opciones de futuro marcan las posibles resistencias actuales, y sus límites: resistencias, pero no islotes del socialismo. Puesto que el peso de las instituciones nacionales ( sus leyes, su fiscalidad), las posibles amenazas de sus aparatos represivos ( si se va “demasiado lejos” en la contestación al orden existentes incluso por medios democráticos, como fué en el caso del Chile de Allende), las relaciones de producción y de propiedad dominantes, en fin el entorno capitalista hace que para garantizar las conquistas de Porto Alegre haya que “remontar” al poder central ( un poder que deberiamos redefinir en su momento, revolucionar por las mismas exigencias de democracia, de responsabilidad humana, de control social). Pero una tal revolución ¿ podría “mantenerse” sin encontrar apoyos regionales e internacionales?
[1] Para citar algunos: la controversia alrededor del lugar de la ley del valor prolongando los debates entre Bujarin y Preobrazhenski; la controversia Oscar Lange/F. Hayek en los años 1930 y las discusiones alrededor de los proyectos reformistas de Ota Sik en Checoslovaquia, o de W. Brus en Polonia; el debate Bettelheim/Mandel. Se puede encontrar bibliografía sobre estos debates y elementos de análisis de diversas reformas acometidas en los países llamados socialistas en C. Samary “Plan, marché et démocratie”, Cahiers de l’IIRE, 1992.
[2] Cf. notablemente la antología recogida por Ernest Mandel: Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion Ed. Maspero, 1970; C. Samary Le marché contre l’autogestion, l’expérience yougoslave Publisud/La Brêche, 1988
[3] Con una óptica liberal, una de las aproximaciones más notables fue la de B. Ward “The firm in Illyria: market syndicalism”, Americal Economic Review, XLVIII, sept. 1958, núm. 4. Este autor “demostraba” la superioridad de la firma capitalista sobre la forma autogestionada. Este tipo de aproximaciones fueron combatidas por un ardiente defensor de la autogestión, Jaroslav Vaneck. Cf. The general Theory of Labor Managed Economies, Cornel University Press, 1970. Estas controversias y los debates entre economistas de diferentes escuelas sobre la autogestión han sido tratadas en una monografía de 1981, L’autogestion, un système économique? Dunod. Allí destacan contribuciones de autores yugoslavos como Branko Horvat, algunos de cuyos trabajos al respecto han sido publicados en inglés.
[4] Cf. especialmente las contribuciones de David Scheikhart, “La démocratie économique, un socialisme véritable et réalisable”, y el de Tony Andréani y Marc Ferray “De l’autogestion au socialisme associatif”, en Nouveaus modèles de socialisme, Actuel Marx, PUF, 1993.
[5] Cf. los debates Alec Nove/Ernest Mandel se han extendido a otros autor/es como Diane Elson en la New Left review, núm. 159 (1986), 161 (1987), 169 y 172 (1988). Algunos de estos textos han sido reproducidos parcialmente en francés en la revista Critique Communiste, núm. 106-107, abril-mayo 1991. Un balance de estos debates se encuentra en mi artículo: C. Samary “Mandel y los problemas de la transición al socialismo”, pp. 158-170, en Le Marxisme d’Ernest Mandel, Actuel Marx (1998).
[6] Cf. especialmente H. Gabrié y J. L. Jacquier La théorie moderne de l’entreprise. L’approche institutionnelle Economica, Paris, 1994. Es preciso incluir entre la gran masa de aproximaciones críticas de las hipótesis dominantes de la eficacia las del Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, contestando la separación de la ética de la economía.
[7] Cf. los debates Alec Nove/Ernest Mandel citados en la nota 5.
[8] Cf. Thomas Coutrot Critique de l’organisation du travail Repères, La Découverte, 1999
[9] Para el estudio de las diferentes fases y conflictos, cf. C. Samary Le marché contre l’autogestion, l’expérience yougoslave La Brêche/Publisud, 1986; tambien “Plan, marché et démocratie”, Cahiers de l’IIRE, Amsterdam, 1992 (f. La Brêche).
[10] Comparto plenamente en este punto un aspecto de los análisis estimulantes de Bernard Friot (cf. especialmente Et la cotisation créera l’emploi La Dispute, 1999): la centralidad y la dimensión universal del estatuto del trabajador a la vez que ser humano, ciudadano (a lo largo de toda su vida, y cualquier que sea el status jurídico particular de su empleo en cada momento). Pero al partir de la idea de “asalariado” para este estatuto, Friot no dice nada de los derechos de gestión de la propiedad. Nos lo encontramos en tanto que combate los plenos derechos del capital y las ilusiones del accionariado popular, pero por qué el estatuto del trabajador no puede llevar aparejado la gestión de los medios de producción. Una gestión que se puede “mutualizar” como B. Frioux propone hacer con la inversión.
[11] Cf. especialmente los debates alrededor de la relación Boissonnat (Le Travail dans vingt ans Odile Jacob, 1996), singularmente A. Supiot (coord) Au-delà de l’emploi. Transformation du travail et devenir du travail en Europe Flammarion, 1999; Thomas Coutrot, op. cit.; Paul Boccara “Pour une sécurité emploi-formation”, Cahiers de Economie et Politique/Espaces marx, nº 47-48.
[12] He tomado esta expresión de Diane Elson, en el marco de un debate de la New Left Review (NLR) iniciado entre Ernest Mandel y Alec Nove, abierto después a otras contribuciones: E. Mandel, “In Defense of Socialist Planning”, NLR, 159, septiembre-octubre 1986; Alec Nove “Markets and Socialism”, NLR, 161, enero-febrero 1987; Mandel “The Myth of Market Socialism”, NLR, 169, mayo-junio 1988; Diane Elson “Market Socialism or Socialization of the Market?”, NLR, 172, noviembre-diciembre 1988.