A media tarde del martes finalmente se confirmó que el juez de Garantía de Cañuelas Martín Risso accedió al pedido de la administración provincial bonaerense y postergó la fecha de desalojo de la toma de tierras de Guernica hasta el próximo 1 de octubre. La fecha original fijada por el magistrado era este miércoles 23, por lo que las 2500 familias y las organizaciones políticas y sociales que las apoyan ya se encontraban listas para resistir el gran operativo policial preparado, que involucraba a más de 500 efectivos.
La prórroga busca evitar el costo político que una escena de desalojo violento podría implicar para la ya golpeada gestión “progresista” de Axel Kicillof, especialmente después de la costosa insurrección policial de hace algunas semanas. Esto explica por qué el gobierno bonaerense se involucró directamente en las gestiones para conseguir una postergación a un desalojo potencialmente dramático.
Entre las opciones que se evaluaron se cuentan la posible reubicación de parte de los ocupantes en otras tierras fiscales, pero la intendenta massista de Presidente Perón Blanca Cantero niega que haya territorios disponibles para tal fin en el distrito. Sin embargo, sí los hay en cantidades para desarrollos inmobiliarios como el Country & Club San Cirano, iniciativa para ricos que posee el 90% de las 100 hectáreas en conflicto. También se evaluó la posibilidad de mudar los ocupantes a la vecina La Matanza, pero allí ya existen numerosos conflictos de tierras, lo cual sitúa a Guernica como parte de una problemática mayor a nivel provincial.
Otra de las posibilidades con la que se especuló, relativizada luego por el ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, era la de que el Estado provincial cree un fideicomiso para adquirir 9 de las hectáreas ocupadas, que se cederían a los ocupantes como “lotes sociales” a pagar con facilidades, garantizando también una serie de mejoras en los futuros barrios (bajadas de luz, trazado de calles, cloacas, acceso al agua potable, etc.). Las viviendas se construirían por medio de cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales involucradas. Esta posible salida es la mejor entre las que se barajan, pero parece estar perdiendo fuerza con el correr del tiempo y las múltiples presiones en torno a una resolución violenta del conflicto.
Las declaraciones de Larroque, que insiste con desocupar el predio y menciona sólo lateralmente la formación del fideicomiso implica que el objetivo oficial sigue siendo el desalojo, aunque aparentemente con una intervención policial menos brutal. Sea cual sea el grado de violencia ejercido en el posible desalojo, repudiamos el ejercicio de la represión contra quienes reclaman derechos básicos y el cumplimiento inmediato de las demandas policiales conseguido a través de una extorsión inaceptable. Asimismo, consideramos que un desalojo de las tomas de tierras envalentonará más a la derecha política y social que hoy criminaliza las tomas, así como sectores dentro del FdT que presionan por más medidas antipopulares. Por último, resaltamos que entre quienes habitan el territorio hoy ocupado hay muchas mujeres, disidencias y niñeces que no buscan especular con la tierra para construir casas de lujo, sino para asegurar condiciones mínimas donde garantizar la subsistencia y la vida. Si en situaciones de “normalidad” son las identidades no masculinas quienes cada día aseguramos el trabajo en el hogar, habitar una toma de tierras implica una multiplicación de estas tareas, en un contexto de criminalización y hostigamiento. Una vez más la violencia se ensaña con quienes más opresiones sufrimos. Y bajo ningún punto de vista se puede excusar el desalojo en una decisión judicial, ya que estamos viviendo un problema que hunde sus raíces en el patriarcado capitalista que expropia de los medios de vida más básicos a quienes poco tienen y pueden obtener y se sigue privilegiando el lujo y la opulencia de unxs pocxs.
El derecho a la vivienda no puede quedar a la libre disposición del mercado, la especulación inmobiliaria y las condiciones de pobreza que fuerzan a alquileres muy altos en relación al ingreso. No hay posibilidad de paz social mientras que millones no tengan vivienda o mes a mes esten inseguros sobre si van a tener tierra para vivir y un hogar para habitar.
Sumamos nuestras voces a la de todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que desde un primer momento acompañan la toma para exigirle al gobierno provincial una salida digna para los miles de ocupantes de las tierras de Guernica, garantizando el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la vivienda.
Será crucial, entonces, que en los próximos diez días se rodee de la mayor solidaridad popular a la asamblea de delegados y delegadas de la toma de tierra de Guernica para evitar el avance de cualquier tipo de resolución represiva del conflicto.
Por el derecho a la vivienda digna gritamos: ¡No al desalojo!
