Desde Democracia Socialista participamos este miércoles por la mañana de la movilización que se llevó adelante en la Ciudad de La Plata, desde Plaza Italia hacia la Municipalidad, para repudiar el nuevo intento del gobierno local de avanzar con la implementación de un nuevo Código de Convivencia, caracterizado por sus fuertes sesgos antipopulares, racistas y LGBTIfóbicos.
Desde la llegada de Juntos por el Cambio a la Municipalidad de La Plata, el gobierno del dirigente PRO Julio Garro buscó ya en otras dos oportunidades aprobar este nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que cuenta con 359 artículos y viene a reemplazar el actual Código Contravencional Ordenanza 6147. La iniciativa oficial apunta con claridad a profundizar las políticas represivas y punitivistas ya inauguradas a nivel local con la implementación de las policías locales durante la gobernación de Scioli, prácticamente el único eje de la política de seguridad oficial.
Este código busca potenciar la criminalización de los sectores más postergados (entre ellos lxs trabajadorxs informales callejerxs, manterxs, vendedorxs ambulantxs y otrxs), que deben recurrir a este tipo de changas para sobrevivir el día a día, especialmente en la grave situación económico social que la pandemia no hizo más que profundizar. En ese contexto, los beneficios oficiales para estos sectores fueron absolutamente insuficientes y sólo sirvieron para dejar más en evidencia la dimensión de la tragedia cotidiana que atraviesan miles de familias que no cuentan con ingresos estables.
Entre otras tareas habituales a las que recurren los sectores populares, el Código de Garro criminaliza el lavado de autos en la vía pública, penándolo con hasta 78.000 pesos de multa; la venta callejera de alimentos, pasible de hasta 500.000 pesos de multas y 30 días de cárcel, y la recuperación de basura, a la que le caben multas de hasta 390.000 pesos y un mes de detención.
Además, se pone especial acento en criminalizar a aquellos trabajadores informales afrodescendientes (que suelen trabajar como manteros), lo que confirma un clarísimo sesgo racista además del profundo odio de clase, pues tras la excusa del uso sin autorización del espacio público se proponen penas de cárcel y multas impagables para quienes cometan este “delito” de intentar rebuscarse la vida, mientras que no se aplican las mismas penalizaciones a los cientos de bares y comercios que ocupan y obstruyen el espacio público con sus mesas, canteros y decoraciones estrafalarias que habitualmente obstaculizan las rampas para discapacitados o complican la circulación de peatones.
Otro de los puntos del cuestionado Código, apunta contra los centros culturales a los que busca impedirles la realización de actividades al aire libre, incluso en sus propias veredas, atacando el derecho a la manifestación y a la protesta. En el mismo sentido, incluso se condena el simple reparto de volantes, una actividad habitual de organizaciones políticas y sociales que cuentan con esta forma de comunicación básica casi como única forma de propaganda, cuya ilegalización implicaría una clara ofensiva contra un derecho elemental de la vida democrática.
Si un centro cultural proyecta una película al aire libre puede ser multado con hasta 1.000.000 de pesos y recibir hasta 90 días de clausura; mientras que el reparto de volantes en la vía pública prevé el pago de 390.000 pesos de multa y hasta 30 días de cárcel, pena similar a la que le cabría a quien prenda fuego una cubierta en la calle.
La repudiable iniciativa del gobierno platense, además re criminaliza y marginaliza aún más al colectivo de trabajadorxs sexuales, exponiéndolxs a una mayor persecución y potencial violencia, empujándolxs a una creciente clandestinidad y a las subsecuentes violencias derivadas de ello, tanto por parte de clientes o mafias como de las propias fuerzas policiales (que es sabido que extorsionan, cobran coimas para autorizar las actividades o en muchos casos directamente regentean el negocio). Este aspecto, además implica un claro ataque patriarcal y de LGBTIfobia, ya que muchxs de lxs integrantes de este colectivo son quienes se ven obligadxs al trabajo sexual ante la falta de opciones laborales. En el proyecto de Garro, se condena esta actividad con hasta 234.000 pesos y 15 días de cárcel.
Como si esto fuera poco, según la iniciativa reaccionaria y criminalizante, todas las penas de cárcel serían de cumplimiento efectivo en comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de las que no es necesario abundar en cuanto a sus históricos problemas de hacinamiento, infraestructura y violencia institucional.
Por otro lado, para dejar claro el sesgo clasista y brutalmente antipopular del proyecto de Garro, en la comparación con el código anterior se aprecia una reducción de las multas para grandes empresas por posibles casos de contaminación ambiental.
Todos estos elementos dejan claro que el proyecto de nuevo código del gobierno platense no sólo implica mayores perspectivas represivas contra el elemental derecho popular de buscar sus ingresos cotidianos con trabajos callejeros informales sino que también apunta a restringir el derecho al uso del espacio público y a vulnerar garantías básicas de pluralidad democrática. Por ello acompañamos la masiva protesta contar el proyecto del PRO y, junto con todas las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas, organizaciones de trabajadoras sexuales y centros de estudiantes que se movilizaron este miércoles para repudiarlo, gritamos: ¡No al nuevo Código de Convivencia de Garro!
