Por Facundo Lastra

Introducción
El 20 de Octubre del 2010, integrantes de la Unión Ferroviaria se disponían a desalojar una manifestación de trabajadores tercerizados de la línea de ferrocarril Roca, quienes querían realizar un corte en las vías. Con armas de fuego, personas que formaban parte del sindicato que dirigía José Pedraza asesinaron al joven estudiante Mariano Ferreyra e hirieron de gravedad a Elsa Rodríguez, ambos militantes del Partido Obrero que asistían a la manifestación en solidaridad con los tercerizados.
Este brutal ataque puso de manifiesto una amalgama de hechos que forman parte de la vida cotidiana de parte de los trabajadores argentinos. La tercerización laboral, las malas condiciones de trabajo y el proceder de la burocracia sindical apañada por el Gobierno Nacional, son algunos de los fenómenos que estuvieron por algunos días en la agenda a partir de la repercusión que tuvo este asesinato, pero que en realidad conforman el día a día de gran parte de la clase trabajadora de nuestro país.
Pero como todo acontecimiento de la lucha de clases, la muerte de Mariano Ferreyra no fue algo casual, sino que expresa una síntesis de procesos sociales que contribuyeron a que sucediera. Uno de estos procesos fueron las reformas estructurales que permitieron nuevas formas de contratación más precarias de la fuerza de trabajo, como lo es la tercerización. Estas tendencias tomaron formas específicas en nuestro país, que se diferencian de los países adelantados. Otro elemento fue la previa consolidación de la burocracia sindical, que se dio a la par de la revitalización de la conflictividad laboral, de fuertes cambios en los patrones de la negociación salarial y del surgimiento del sindicalismo empresarial. En este texto reflexionaremos sobre estos fenómenos para contestar, al menos parcialmente, a la pregunta de ¿por qué asesinaron a Mariano Ferreyra?
Con ese objetivo, en el primer apartado se describe el significado del término “tercerización” y el proceso mundial que explica su difusión como una nueva práctica empresarial, así como también el caso particular de los tercerizados del Roca. En el segundo apartado, mostramos qué forma específica tomaron estas nuevas estrategias empresariales en Argentina, a la luz de la especificidad de la acumulación de capital en el país y, nuevamente, cómo aparecen estas estrategias en el caso del ferrocarril. Después, analizamos el rol de la burocracia sindical como representante político de un sector de la clase trabajadora argentina y, por último, ofrecemos algunas conclusiones.
 
 ¿Por qué “tercerizados”?
 
A partir de la década del ´70, bajo la lógica del paradigma empresarial “toyotista”, se operaron una serie de modificaciones a nivel internacional que significaron un deterioro en las condiciones de reproducción de la clase trabajadora. En este proceso, los trabajadores de gran parte del mundo comenzaron a perder la estabilidad de sus relaciones laborales, a la vez que se restringían parte de sus derechos protectorios. Se asistió desde entonces a un progresivo debilitamiento del sujeto colectivo de los trabajadores, que fue posible a partir de innovaciones tecnológicas en el proceso productivo y cuya expresión política fueron las reformas neoliberales.
Desde mediados de los ´70, el capitalismo deja de desenvolverse homogeneizando la fuerza de trabajo y la comienza a reproducir de manera más diferenciada. Desde entonces, “busca sobretodo una gestión diferenciada de la fuerza de trabajo, la cual puede asumir formas bastante distintas, a partir de la naturaleza de las actividades, los espacios de actuación, el desempeño tecnológico o financiero de las unidades productivas”[1]. En este proceso, un sector de los asalariados pierde los beneficios propios de la denominada “relación salarial fordista” (como son la seguridad social, el seguro de desempleo, entre otros) y se mantiene en esa situación. Por eso, distintos autores sostienen que estamos asistiendo a un proceso de “precarización social”, donde los efectos de la endeblez de la relación laboral se extienden a la vida familiar, cuando el desempleo es de largo tiempo o es interrumpido por situaciones de inserción endeble con salarios muy bajos, para después volver al desempleo otra vez.
Las innovaciones tecnológicas que se aplicaron desde entonces buscaron, entre otras cosas, sustituir la mano de obra, creando procesos productivos cada vez más complejos y flexibles. A esta flexibilidad productiva se la conoció también como el modelo toyotista de organización de la producción, la cual incluye, entre algunos de sus elementos, al just in time, la polivalencia funcional y la externalización del trabajo.
Dentro de la externalización de la fuerza de trabajo se incluye la tercerización, por lo que resulta interesante analizar su génesis a nivel mundial para entender la forma particular que adopta en Argentina. Ben Wattanabe[2], sindicalista japonés, describió la implementación del modelo también llamado “Ohnista” de la fábrica Toyota, explicando cómo la externalización de la producción podría significar, al mismo tiempo, una reducción de la plantilla laboral estable, despido de trabajadores en las empresas principales y un aumento de las ganancias para éstas. Es decir que el aumento de la productividad dejaba de estar vinculado con el gran tamaño de las empresas de estilo fordista. Ahora, el nuevo desafío de los gestores del capital pasaba a ser la producción eficiente de series cortas de productos diferenciados, subcontratando eficientemente etapas del proceso productivos a otras empresas que pueden operar tanto dentro como fuera de la empresa principal.
Así es que puede establecerse una distinción clara entre los modelos empresariales propios del fordismo y el toyotismo, por ejemplo en la búsqueda de subcontratar las etapas más simples del proceso productivo. “La mayor ventaja del modelo japonés es lograr los beneficios de la integración (seguridad de entrega, calidad, etc.) para la empresa subcontratante sin tener que arriesgar capital en esas otras actividades. Ahora bien, aunque tampoco es cierto que las relaciones entre las empresas líderes y sus subcontratistas sean idílicas; éstas se establecen de tal manera que permiten cierta acumulación de capital por parte de los proveedores asegurando su estabilidad, de no ser así difícilmente podría producirse de manera desintegrada sin complicaciones”[3].
Con la difusión de estos nuevos modelos empresariales, la externalización de actividades comenzó a ser cada vez más común como estrategia para el ahorro de costos laborales. La externalización “en sentido amplio”[4] es un concepto que agrupa a diversas formas de sustituir la gestión de la mano de obra por una colaboración exterior: la subcontratación interna o externa, la tercerización, la contratación de servicios como si fuera un trabajador independiente, el teletrabajo, entre otras.
El discurso ideológico que defiende este tipo de formas de contratación afirma que la mayor facilidad para subcontratar mano de obra genera más puestos de empleo, ya que las empresas se ven incentivadas a tomar trabajadores cuando son menores los costos para hacerlo. Según esta visión, la flexibilidad en la subcontratación permitiría que las empresas contraten trabajo ante períodos de demanda excepcionales o para actividades extraordinarias, contrataciones que no se realizarían en caso de haber regulaciones “rígidas” al mercado de trabajo. Este argumento tiene como basamento la visión neoclásica del mercado de trabajo, según la cual la disminución de los costos salariales directos e indirectos acercaría el nivel de empleo al “equilibrio”, generando más puestos de trabajo.
 
Los trabajadores del Roca que realizaban la protesta aquél 20 de Octubre estaban tercerizados y la gestión de su fuerza de trabajo era realizada por una cooperativa donde, como señalaremos más adelante, la dirigencia del sindicato tenía intereses económicos, aunque también existen varias empresas privadas de poco tamaño que incurren en las mismas prácticas que estas cooperativas. Como tercerización o subcontratación interna se entiende generalmente a este tipo de casos, pero también a “todas las formas de contratación donde no existe una relación de dependencia o subordinación entre el contratante y el contratado, o bien esta responsabilidad es transferida a un intermediario, por lo que también es definida como externalización (…) La subcontratación interna comprende básicamente a quienes prestan servicios a una empresa, pero dependen laboralmente de otra”[5].
Si se observa la tercerización del Roca, es fácil demostrar que el argumento ideológico que defiende este tipo de prácticas empresariales no tiene correlato con la realidad. La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) era la encargada de gerenciar este ferrocarril y, para ello, subcontrataba en el momento del asesinato de Mariano Ferreyra a 21 empresas, más las mencionadas cooperativas integradas por miembros de la Unión Ferrioviaria (UF)[6]. Entre las tareas subcontratadas se encuentran: las obras, limpieza, control de boletos, el mantenimiento de vías, corte de pasto y reparaciones de cabinas. Todas ellas actividades indispensables para la continuidad del funcionamiento del servicio, es decir que son constitutivas del proceso productivo que integran y son imposibles de definir como actividades que no son propias de la empresa.
Es así que la tercerización, lejos de generar nuevos puestos de trabajo en actividades “extraordinarias”, sólo logra disminuir los costos de contratación en actividades normales, que la empresa debe realizar para prestar su servicio. Es decir que la empresa no “aprovecha” los menores costos laborales para aumentar su demanda de empleo, sino que tan sólo ahorra dichos costos, transfiriéndoselos a sus empleados.
Este ahorro que consigue la empresa partir de la tercerización no es nada despreciable. Por ejemplo, en una entrevista realizada a trabajadores tercerizados, un empleado del sector de vigilancia del Roca mencionaba que, mientras un tercerizado trabajaba 8 horas descontando los descansos, uno de planta que trabaja a reglamento lograba finalizar sus actividades asignadas en 4 o 5 horas. Además, los beneficios sociales son mucho menores. Por ejemplo, los subcontratados no tenían derecho a la licencia psicológica luego de un accidente ferriovario, no se pagaba por horas extras, no se les otorgaba extras por trabajo en fin de semana y sus salarios eran menos de la mitad del sueldo de un contratado. “Trabajar en una empresa tercerizada es estar en una cornisa. Hoy estamos acá y mañana no sabemos”[7], afirmaba este trabajador.
 
El toyotismo en Argentina… ¿es toyotismo?
 
Como mencionábamos más arriba, la difusión de la tercerización se inscribe en una tendencia de más largo alcance a nivel mundial. A estas formas de contratación más precarias se las ubicó, generalmente, como un paso necesario para instaurar en nuestro país nuevos modelos organizacionales más desarrollados y de mayor productividad, vinculados al toyotismo. Se argumentaba entonces que la flexibilización laboral no sólo aumentaría la demanda de empleo e incentivaría las inversiones, sino que también se daría lugar al enriquecimiento de los trabajadores, a partir de mecanismos tales como la polivalencia funcional, aumentando a la vez la productividad del trabajo.
La legislación debió cambiar para poder dar lugar a este tipo de prácticas, comenzando en 1976 con la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Por aquél entonces, la dictadura militar modificó el articulado de esta ley, estableciendo que las empresas principales deben responder solidariamente con los subcontratistas sólo en caso de que exista un conflicto con respecto a los “trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento”[8]. De esta manera, se dejaba en manos de las justicia establecer qué era y qué no una “actividad normal y específica” en caso de un litigio laboral.
Ya en democracia, la llamada “corte automática” de la década del noventa se basó en la doctrina laborista tradicional para sentar jurisprudencia avalando las prácticas empresariales externalizadoras, que se legalizaron durante el golpe militar. En un famoso fallo, la Corte Suprema definió que la mayor parte de las empresas que prestan servicios a otras empresas no deben responder solidariamente con la empresa principal en caso de un litigio judicial[9]. Luego, con la Ley Nacional de Empleo[10] sancionada a fines de 1991 se introdujeron nuevas modalidades de contratos por tiempo determinado, se otorgaron aumentos salariales por productividad[11], además de la posterior disminución de los aportes patronales y la firma de convenios colectivos por empresa, en lugar de por actividad. En la actualidad, la mayor parte de estas leyes regresivas siguen vigentes, pudiéndose sólo notar un cambio en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación Argentina con respecto a la interpretación sobre qué son las actividades “normales y específicas” de los establecimientos productivos en el articulado de la LCT[12].
¿Pero es posible afirmar que la “legalización” de la externalización fue la expresión en el terreno jurídico de cambios económicos hacia un esquema de organizar la producción más productiva y eficientemente? Diversos estudios para el caso argentino encontraron que la flexibilización laboral es la forma que tomó la heterogeneización de la fuerza de trabajo y el avance del capital sobre el derecho de los trabajadores, pero no la tecnificación de la producción, ni un mejoramiento productivo. A partir de la década del `80 las empresas con mayor escala comenzaron a aplicar de manera parcial y aislada algunas de las innovaciones propias del modelo toyotista en algunas etapas del proceso productivo, ya sea los círculos de calidad o los regímenes de just in time. Pero “se trata muchas veces de pequeños cambios que no modifican de manera sustancial la organización de la producción, pero que se relatan como si la empresa estuviera en el ‘modelo japonés’ (…). Las actividades ligadas al enriquecimiento de tareas están menos difundidas que la simplificación y/o rutinización de tareas.”[13]
Así fue que las modificaciones operadas en los procesos de trabajo tendieron a constituir una polivalencia “multitarea” (es decir la suma de actividades simples para un mismo trabajador) y no a una polivalencia “multicalificada”. Es por ello que puede decirse que “El cambio realmente importante en el mercado de trabajo ha sido desde los ochenta en América Latina el crecimiento del sector informal y no tanto la constitución de una nueva clase obrera polivalente de calificaciones amplias, con trabajo enriquecido”[14].
 
En el caso del Roca y la generalidad del transporte urbano, es fácil observar que la tercerización no tiene como objetivo una mayor eficiencia, ni el desarrollo productivo. De hecho, el servicio de transportes de pasajeros no muestra signos de revitalización, sino todo lo contrario. Parecería ser que los nuevos paradigmas empresariales, supuestamente vinculados al toyotismo, se difundieron en esta región, pero sin el componente tecnológico que caracterizaría al “modelo japonés”. Por el contrario, la polivalencia, la subcontratación y otros mecanismos sólo sirvieron para disminuir los costos laborales sin significar un avance productivo. La principal consecuencia de estas prácticas empresariales fue la reproducción diferenciada de la fuerza de trabajo, la cual hizo que el mercado laboral argentino se vuelva más polarizado, fragmentado, heterogéneo y segmentado, tal como lo denominan distintos autores.
Las prácticas empresariales precarizantes tuvieron como consecuencias un aumento de la ya tradicional desestructuración del mercado de trabajo, el aumento del empleo sin registro (que se multiplica en las pequeñas empresas de menor escala), el aumento de diferencias entre grupos sociales, la dualización del mercado de trabajo entre insiders y outsiders, y una gestión más individualizada del trabajo. Así es que “a nivel de proceso de trabajo se ha venido produciendo una tendencia a la polarización en la división del trabajo entre los trabajos complejos, que implican capacitación, polivalencia y estabilidad, y los trabajos simples, que suponen baja calificación e inestabilidad”[15]. En la misma línea, Katz encuentra que “La dualización del proceso de trabajo es la forma capitalista actual de combinar el ‘trabajo informacional’ con el degradado. Esta polarización entre actividades intelectualizadas y brutalizadas no es nuevo, pero se ha reforzado notablemente en las últimas dos décadas”[16]. Para el autor, la dualización afecta a la fuerza de trabajo, que se ve segmentada en un sector con mayores aptitudes productivas y en otro degradado, que se encuentra sometido, por tanto, a una “descalificación relativa”.
Esta tendencia hacia la reproducción diferenciada del trabajo se ve acentuada en el capitalismo argentino por la poca escala en la que opera el capital nacional. La gran cantidad de pequeños capitales que existen en el país dependen de la mano de obra precarizada para subsistir como tales, sin sucumbir en la competencia y utilizan esto como una de las fuentes de compensación a su baja productividad[17]. Este es el caso también de las empresas que trabajan como subcontratistas en el Roca, ya que muchas de ellas son pequeños capitales que tienen como actividad principal el abastecimiento de mano de obra a otras empresas y sus ganancias dependen de la posibilidad de evadir impuestos y cargas sociales de sus trabajadores.
Esto no implica que esos pequeños capitales contraten fuerzas de trabajo de menor valor, es decir, de menor calificación, “sino que particularmente reducen sus costos mediante la evasión de sus responsabilidades frente a la seguridad social, eludiendo las condiciones de medio ambientales de trabajo y/o directamente abonando menores salarios directos. De allí la necesidad de reconocer a la segmentación laboral como una forma de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor y, por ende, como fuente de compensación.”[18].
Es decir que a la diferenciación antes mencionada entre el trabajo simple y el complejo, también  hay que agregarle la diferenciación que afecta a trabajadores de similares características, remunerados de formas diferentes, sin importar el tipo de actividad que realicen. En el caso de los ferrocarriles, la tercerización se realiza para establecer una diferencia entre las condiciones de trabajo de empleados que ejecutan las mismas actividades. Así se llega a situaciones tales como que compañeros/as de trabajo tengan jornadas laborales de distinta duración, beneficios sociales diferentes y hasta que la suma nominal del salario recibido difiera de manera importante, aunque realicen la misma tarea.
Así es que podemos decir que los paradigmas organizacionales que ideológicamente aparecen como nuevas tendencias modernizantes llegaron a nuestra región, pero como la forma de diferenciar la reproducción de la fuerza de trabajo y no necesariamente para  aumentar su productividad a estándares mundiales. El principal efecto de esto no fue un “desarrollo” del capitalismo argentino, sino la acentuación de la sobreexplotación del trabajo, como una fuente de plusvalía extraordinaria para el capital que opera en el país.
 
Neo-corporativismo segmentado y burocracia sindical
 
Este proceso de diferenciación en el seno de la clase trabajadora tuvo un significativo efecto en sus formas de representación política. Un gran conjunto de autores trató de conceptualizar la dinámica sindical actual, encontrando que el decenio 2003-2013 presenta características muy novedosas en relación con toda la historia del movimiento obrero argentino.
Un componente central es el aumento de la conflictividad sindical en los últimos diez años, si se lo compara con el decenio anterior. Con el estallido de la crisis del 2001-2002, un gran número de experiencias organizativas tomaron presencia pública, muchas de ellas representando al sector de la fuerza de trabajo desocupada o a trabajadores que sobrevivían de empleos temporales y precarios, por lo que no encontraban un espacio de representación política en los sindicatos tradicionales. Muchas de estas experiencias formaban parte de una acumulación de largo plazo que se dio durante toda la década del ´90, resistiendo despidos, las privatizaciones y tomando como medida paradigmática de lucha el “piquete”, dada la imposibilidad de realizar paros por su carácter de trabajadores de desocupados.
Pero ya en el año 2003 el terreno de conflicto volvió también a aparecer en el sector de los trabajadores formales ocupados en establecimientos productivos de mayor escala, dando lugar a una revitalización de la conflictividad sindical con características peculiares. A partir de esto, algunos autores caracterizaron que esta mayor conflictividad fue acompañada por un nuevo rol del Estado, que habría restablecido la negociación colectiva en paritarias y habría recompuesto su rol de “arbitraje” entre el empresariado y las representaciones sindicales.
Otro elemento importante para analizar el sindicalismo de este último período es la “herencia” que de la década precedente, en la cual, como decíamos más arriba, se difundieron las nuevas prácticas empresariales y se extendió la precarización del trabajo y la vida.  En el plano sindical, la década del ´90 estuvo signada por la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, por la normativa que incentivó a negociar salarios “por productividad” y la eliminación de las metas antiinflacionarias en la negociación sindical. Estos procesos fueron acompañados por el aumento del desempleo, el trabajo no registrado y por una mayor heterogeneización y fragmentación de la clase que vive de su trabajo en Argentina.[19]
 
Esta nueva realidad llevó a distintos autores a utilizar el concepto europeo de neo-corporativismo para explicar la evolución del sindicalismo argentino, ubicando su surgimiento en el marco de un intento de supervivencia organizativa. Así fue que investigadores centrados en el análisis político describieron al sindicalismo argentino como un neo-corporativismo segmentado, dado que los sindicatos sólo representan a una porción inferior al 40% de la población económicamente activa. Por neo-corporativismo se entiende a “una modalidad de negociaciones a nivel de cúpulas en las cuales sindicatos de carácter monopólico, asociaciones empresarias y gobierno pactan un mínimo general y salarios sectoriales acordes a metas de inflación, que se aplican sólo a una minoría sustancial de la fuerza de trabajo.”[20]. Bajo esta nueva lógica, los líderes sindicales reaparecen en la escena como interlocutores cruciales del gobierno, en representación de una porción de la clase trabajadora del país.
En esta dinámica, el sindicalismo opera con una práctica centrada sobre todo en la defensa del salario real y desatiende la exigencia de política social para el conjunto de la clase trabajadora. Es decir, que se reafirma el carácter corporativo de los sindicatos tradicionales, quienes raras veces colocan en su agenda demandas más generales por política social o por medidas en contra del trabajo informal o precario. A su vez, hay una fuerte presencia del intercambio corporativo, dando lugar a beneficios organizacionales particularistas, como ser cambios pro-sindicales en la legislación, en la regulación de las obras sociales de los sindicatos y beneficios a los sindicatos más grandes. Siguiendo esta visión, estas políticas sindicales se enmarcarían en el intento de consolidar una “supervivencia organizacional” en el marco de condiciones objetivas que son desventajosas para la acción sindical y que significan una pérdida de poder de negociación por parte de los trabajadores[21].
 
Pero este tipo de estudios sobre el sindicalismo, centrados en las formas de negociación y en el trato que el estado brinda a empresarios y sindicatos, se vuelve insuficiente si no se atiende a las formas contradictorias que toma la acción sindical, en el marco de la lucha entre capital y trabajo, es decir realizando un análisis del sindicalismo desde la economía política[22]. El sindicalismo que estamos estudiando, el de la Unión Ferrioviaria, podría reconocerse como un caso concreto del neo-corporativismo segmentado en el plano descriptivo de los intercambios entre el sindicato y el gobierno. Pero para entender por qué un sindicato puede también cumplir un rol represor contra sus mismos representados, es necesario tomar en cuenta cómo la contradicción entre el capital y el trabajo se reproduce en el seno mismo de los trabajadores y sus herramientas organizativas.
En este sentido, es necesario no quedarse en un análisis institucionalista centrado en la tipología de la negociación, sino también tomar en cuenta las contradicciones que las mismas instituciones tienen dentro de sí y el rol que éstas juegan en el proceso nacional de acumulación de capital. Es necesario entonces incorporar al análisis el papel de la burocracia sindical en el marco del  sindicalismo empresarial que se consolida durante los años ´90.
Entendemos como burocracia a un grupo dentro de la clase trabajadora, que opera como representante de los intereses de la patronal, en el seno mismo del sindicato. El término “burocratización” “hace referencia a dinámicas identificables en las que la estructura sindical institucionalizada en acuerdos con el estado y los empresarios ofrece una resistencia violenta a tendencias revolucionarias emergentes en la clase trabajadora. La dinámica de la guerra civil se traslada en los conflictos armados entre fracciones sindicales y obreras”[23].
En este caso, la Unión Ferrioriavia operó directamente como aparato represor de un sector de los trabajadores que debería teóricamente representar. Particularmente, como represor del sector más desplazado de los trabajadores del Roca: los tercerizados que realizaban las mismas tareas que trabajadores de planta a cambio de salarios y beneficios sociales mucho menores. Aquí el carácter “segmentado” (y a la vez burocrático) del sindicalismo no sólo se pone de relieve por una actitud pasiva de no-representación de los intereses de los trabajadores, sino que también aparece por su actitud activa, al reprimir a esos trabajadores cuando llevan a cabo una medida de fuerza.
Pero el carácter burocrático de la Unión Ferrioviaria no es un atributo mecánico y ni abstracto. Es decir, que definir a un sindicato como burocrático, no quiere decir que automáticamente estas herramientas organizativas sean un representante directo de los intereses de la empresa en el seno de la clase trabajadora de una vez y para siempre, o que sus mecanismos organizativos sean de por sí antidemocráticos. “Aunque la burocracia de las organizaciones está interesada en el acuerdo puede ir a la confrontación frente a los ataques antisindicales de los empresarios y del estado. Este momento confrontativo de parte de organizaciones comprometidas con el capital y el estado puede pensarse como una de las fases en una secuencia del ciclo de ‘oportunismo’ en las organizaciones obreras.”[24]
A partir de ello podría entenderse que, en pocos años, parte de la burocracia sindical haya roto relaciones con el Gobierno Nacional, para mostrarse como oposición utilizando reclamos genuinos de los trabajadores. Una acción política que quiera construir otro sindicalismo democrático y de base deberá mantenerse en una posición por lo más incómoda, reconociendo y luchando consecuentemente por esos reclamos, sin diluirse con las cúpulas burocráticas que, de manera oportunista, defienden a sus afiliados.
Otro elemento interesante para entender la burocracia sindical es el introducido por Belkin y Ghigliani (2010), quienes estudian la burocracia sindical sin suponer que los intereses de las bases son algo dado y preexistente. Así es que realizan una conceptualización de la burocracia sin entenderla como un mero obstáculo de los intereses ontológicamente revolucionarios de sus representados. En cambio, la analizan como un producto de complejas determinaciones históricas, donde los intereses objetivos de los trabajadores se combinan con liderazgos personales, demandas colectivas mediatas de carácter gremial y, con un factor importante, la pasividad de sus representados.
En el caso de la Unión Ferrioviaria, como en otros sindicatos burocráticos del país, entre estas determinaciones históricas se encuentra la consolidación del sindicalismo empresarial durante la primera presidencia de Carlos Menem. En este período, frente a la desregulación de las obras sociales y de las aseguradoras o frente a la privatización y tercerización de actividades, muchos sindicatos tradicionales aprovecharon esas “oportunidades” para crear actividades rentables para la propia organización. Pero ahora ya no con el fin de brindar mejores beneficios sociales a sus afiliados, sino con el fin de acumular en términos empresariales para otorgar un rédito económico a sus dirigentes. Así es que “una institución social que tiene sus orígenes en la asociación solidaria de los trabajadores para la autodefensa y la satisfacción de necesidades sociales termina acumulando capital (esto es, reproduciendo capital) a partir de la explotación comercial de esas mismas necesidades, a las que contribuye a extender y dar forma.”[25].
En este marco, el mismo sindicato ferrioviario actuaba a la vez como la patronal de grupos de trabajadores de tercerizados y como asociación gremial. Como patronal, actuaba activamente en la conformación de las “cooperativas” que eran constituidas por los mismos dirigentes del sindicato, quienes empleaban mano de obra más barata para realizar tareas tercerizadas. Como asociación gremial, actuaba por omisión, al no representar el interés de los trabajadores tercerizados, ni siquiera reconociéndolos como parte del sindicato mismo.
 
Conclusiones
 
El asesinato de Mariano Ferreyra es sin duda una expresión sintomática, y trágica, de este doble papel que juega la burocracia sindical. Cuando un grupo de trabajadores desplazados toma conciencia de su situación y decide organizarse para luchar por mejores condiciones de vida, la burocracia no cumple sólo el rol de una simple patronal, sino que también actúa como aparato represor, en el seno mismo de la empresa y el sindicato.
En este texto vimos que la tercerización y la externalización del trabajo en general son prácticas empresariales que se registran hace tiempo y que a nuestra a región llegaron como la forma de reproducir de manera más diferenciada la mano de obra, ahorrando costos laborales. Muchas veces el discurso ideológico que acompañó la difusión de estas prácticas afirmaba que la flexibilización de las relaciones laborales vendría acompañada por un despegue productivo y el aumento del empleo.
Mientras se llevaban a cabo estas transformaciones en el mundo del trabajo, muchos sindicatos consolidaron nuevas formas burocráticas, transformándose en verdaderas empresas, que rinden rédito económico a sus dirigentes. Estos tomaron parte del botín que significó el avasallamiento de derechos laborales, las privatizaciones de servicios públicos o la desregulación de las obras sociales, transformándose algunos en “sindicalistas” millonarios, como lo es Pedraza.
La conmoción política que creó este crimen terminó con una victoria parcial: la policía yendo a buscar a Pedraza a su casa de Puerto Madero y alguno de los autores materiales también presos. Sin embargo, la sentencia judicial tuvo gusto a poco: en este momento está en curso el pedido de disminución de la pena a Pedraza y, lo que es más importante, los funcionarios del poder ejecutivo de la Nación no estuvieron ni cerca de ser condenados. En particular, las escuchas telefónicas entre Pedraza y Carlos Tomada dejan de relieve que el ministro estaba al tanto de la “dureza” con la que iban a ser tratados los manifestantes, pero la justicia prefirió ignorar el tema.
Como decíamos al comienzo, la muerte de Mariano no fue algo casual, ni tampoco fue un accidente provocado “por enfrentamientos entre facciones sindicales”, como lo definieron algunos medios de comunicación. Muy por el contrario, es el resultado de la lucha desigual que realizan los de abajo contra los atropellos del capitalismo de nuestro tiempo. Hoy, a cuatro años del asesinato de Mariano Ferreyra, el mejor homenaje es seguir su lucha.
 
 
Bibliografía
 
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“Vivir en la cornisa. La situación de los obreros tercerizados.” en El Aromo, nro. 57, “20


[1] Leite, Marcia  “El trabajo y sus reconfiguraciones: las nuevas condiciones de trabajo discutidas a partir de conceptos y realidades” en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Año 14, Nº 21. Primer semestre, 2009, p.15.
[2] Watanabe, B., “Organizar a los desorganizados” en Japón ¿milagro o pesadilla?: Una visión crítica del toyotismo, Ediciones TEL, Buenos Aires, 1997.
[3] Graña, Juan Martín,  Las condiciones productivas de las empresas como causa de la evolución de las condiciones de empleo, Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Económicas UBA, Buenos Aires, 2013, p.157
[4] Ermida Uriarte, O. y  Colotuzzo, N., Descentralización, Tercerización, Subcontratación, Oficina Internacional del Trabajo, págs 10-16.
[5] Iranzo, Consuelo y Leite, Marcia “La subcontratación laboral en América Latina” en Enrique de la Garza Toledo (coord.): Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques, Antrophos, México, 2000, p. 404.
[6] Entre estas empresas y “cooperativas” se encuentran: Confer SA, Ecocred SA, Expervias SRL, Aumont SA, Mapra SRL, Herso SA, Rottio SA, Hunter, Sap SA, Limba, Aceros Zapla, BR-T, Amanci, Copacre, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, entre otros.
[7] “Vivir en la cornisa. La situación de los obreros tercerizados.” en El Aromo, nro. 57, “2012”, 2012.
[8] Ley 20744, artículo 30.
[9] Nos referimos a “Rodríguez,  Juan R. c/Compañía Embotelladora Argentina SA y otros”  del 15 de Abril de 1993, donde se denunciaba que la empresa Pepsi, utilizaba a la empresa Compañía Embotelladora para descentralizar su proceso productivo.
[10] Ley 24013
[11] Decreto 1334/91
[12] En “Benítez, Horacio O. c/Plataforma Cero SA y otros s/despido” del 22 de diciembre de 2009, donde se afirma que la jurisprudencia de “Rodríguez c/Embotelladora” ya no forma parte de la doctrina de la Corte
[13] Novick, Martha, “La transformación de la organización del Trabajo”, en De La Garza, E. (comp.), Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, México, Edit. Fondo de Cultura Económica, p.  135, 2000.
[14] De la Garza Toledo, Enrique “La flexibilidad del trabajo en América Latina” en De la Garza, E. (coordinador), en Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, FCE, México,  pp 148 – 178, 2000.
[15]Iranzo, Consuelo y Leite, Marcia, “La subcontratación laboral en América Latina” en Enrique de la Garza Toledo (coord.): Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques, Antrophos, México, 2006, p.404.
[16] Katz, Claudio,  “Teoría del control patronal: balance de una discusión”, Revista Estudios del Trabajo, N° 19, pp. 3-34, Ed. AAEET, segundo semestre, Buenos Aires, 2000, p.7.
[17]Para un mejor desarrollo de la necesidad de los flujos de compensación por parte del capital que opera en Argentina ver Iñigo Carrera, J.; La formación económica de la sociedad argentina, Ed. Imago Mundi, Vol. 1, Buenos Aires, 2007
[18] Graña, Juan Martín,  Las condiciones productivas de las empresas como causa de la evolución de las condiciones de empleo, Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Económicas UBA, Buenos Aires, 2013, p.127
[19] Otras características del sindicalismo en este momento histórico es que “Se interrumpió la negociación imititativa/competitiva, y las negociaciones centralizadas al nivel de las grandes actividades perdieron peso en la determinación de los slariario de las subramas y empresas que las componían. (…) Se produjo una ruptura con las tendencias históricas en las formas de intervención sindical en la negociación de salarios, que se manifestó principalmente en la pérdida de coordinación y la fragmentación” (Marshall y Perelman, 2004: p.412).
[20] Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth, “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007), publicado en Politics and Society, Vol. 35, Nº 3, publicado en español en PostData 13, agosto de 2008.
[21] Ver Murrilo, V. (1997, 2001)
[22] Retomamos así el planteo realizado en Ghigliani, P., Grigera, J. y Schneider, A. (2012), “Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato”, en Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, Ano 17, nº 27, pp. 141-164 y en Belkin, Alejandro y Ghigliani, Pablo (2010) “Burocracia Sindical: aportes para una discusión en ciernes”, en Nuevo Topo Revista de Historia y Pensamiento Critico N° 7. Argentina: Ediciones Prometeo libros, 2010.
[23] Santella, Agustín (2013) “Un aporte al debate teórico sobre la burocracia sindical“, en Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, nro. 8, pp. 133-148, extraído de www.democraciasocialista.org.ar.
[24] Ídem.
[25] Ghigliani, P., Grigera, J. y Schneider, A., “Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato”, en Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, Ano 17, nº 27, pp. 141-164, p.145, 2012.