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¿Que está pasando en Andalgalá? 2

Luego de las masivas detenciones de ciudadanxs y militantes que expresaban su rechazo contra la autorización del Gobierno provincial de San Juan de autorizar la explotación minera, entrevistamos a Ana Chayle, ciudadana andalgalense y miembro de la Asamblea El Algarrobo.

-¿Cual es la situación de lxs detenidxs? ¿De que se los acusa?

Aún hoy, luego de dos semanas continúan privadxs de su libertad 10 vecinos y vecinas de Andalgalá que se manifiestan públicamente contra la megaminería desde hace muchísimos años. Tres de esos vecinos y vecinas están hoy con detención domiciliaria. Se tratan de un jubilado, que hoy está cumpliendo 74,  y de dos mujeres que son estudiantes. Otras dos personas, un jubilado  y un joven de 25 años fueron excarcelados días atrás, pero continúan imputados en la causa. Por otra parte 7 jóvenes continúan, desde hace dos semanas ya, privados de su libertad y alojados en muy malas condiciones en la comisaría  departamental de Andalgalá.

La causa que determinó la detención de estas personas es la que investiga los incidentes ocurridos en las oficinas de la empresa Mara, que es la fusión de la empresa Aguarica y la minera La Alumbrera,  tienen en el centro de Andalgalá. Estos incidentes se produjeron el día 10 de abril último, en el marco de la caminata número 583,  que se realiza de manera histórica y pacífica todos los sábados desde hace más de 11 años en la ciudad. 

-Con tantos años de lucha ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se desata el actual conflicto?

La resistencia contra el proyecto Agua Rica en Andalgalá lleva más de 11 años y mas de 20 años de lucha contra la megaminería. Todos estos años el pueblo y la distintas asambleas ciudadanas hemos realizado numerosas actividades para expresar que no hay licencia social para la megaminería.  Por enumerar algunas hemos llevado más de 600 caminatas, numerosas presentaciones judiciales, bloqueo selectivos y acampes, inclusive en ciudad de Buenos Aires.  Hemos organizado encuentros con científicos, especialistas y técnicos.  Hemos organizado cursos de lectura y de formación y también hemos fundado nuestra propia radio comunitaria. Se han hecho muchísimas acciones para expresar nuestro descontento con el modelo extractivista desde hace más de una década puntualmente contra proyecto de agua rica. Sin embargo, el gobierno de la provincia hizo oídos sordos al reclamo popular y a nuestras espaldas autorizó la perforación de 11 Pozos y la construcción de 2700 metros nuevos de huella minera en la zona del yacimiento de Aguarica.  Esto lo hizo ante el descontento popular. Cuando lxs andalgalenses nos enteramos, gracias al trabajo de la asamblea El Algarrobo, qué las máquinas perforadoras ya estaban en el cerro (esto está documentado) y que esto era una amenaza y una realidad, el pueblo reaccionó al sentirse vulnerado y violentado en sus derechos, burlado por el gobierno de la provincia. Esto comenzó el día 7 en horas de la tarde noche y el día 8 ya todo el pueblo estaba en conocimiento a través de la página de nuestra asamblea. El descontento fue inmediato y la tensión se comenzó a sentir en el aire. Hubo muchas manifestaciones individuales y colectivas en contra del inicio de actividades mineras. Tanto el jueves 8 y viernes 9 se realizaron sentadas organizadas por mujeres frente a las oficinas de Agua Rica, con gran acompañamiento de todo el pueblo. El sábado 10, que se hacía la caminata histórica, el pueblo se volcó masivamente a la calle. Había miles de personas cuando pasamos frente a las oficinas de Agua Rica, por ser el centro simbólico de la corrupción y el saqueo, y se produjeron incidentes. Esto fue envuelto por numerosas irregularidades. Se incendiaron las oficinas de la empresa, ya que había mucha bronca y fue un estallido popular. Esto es completamente responsabilidad del gobierno de la provincia, por desobedecer el mandato del pueblo y autorizar actividades ilegales en nuestro cerro, poniendo en serio riesgo la vida y la supervivencia de Andalgalá.

-Contanos un poco mas de estas “irregularidades” que mencionas

Fueron tres. En primer lugar, cuando el pueblo se anotició de la aberrante decisión de autorizar la explotación del cerro, el gobierno envió un cuerpo de 60 policías provenientes de la capital provincial con la excusa de obligarnos a cumplir la cuarentena por un sospechoso estallido de casos de Covid-19.  Estos policías tuvieron prácticamente militarizada la ciudad durante los días previos a la caminata. Se encontraban en todas partes y uno no podía salir a la calle sin que te pregunten hacia dónde ibas e inclusive hubo denuncias públicas por abusos policiales.  Es por eso que llama la atención que el día de la caminata, conociéndose la bronca popular que había, no había ningún policía se habían desvanecido de la faz de la tierra. Andalgalá paso de estar practicamente militarizada a estar completamente  desierta de policías. En segundo lugar, la empresa había mandado la mañana de ese sábado hacen enrejar las únicas ventanas que quedaban sin ellas, ya que la misma estaba prácticamente blindada por el descontento que provocan el pueblo.  Es sospechoso qué a la hora de la caminata no hayan puesto trabas en las puertas y el porto se abrió a las patadas. En tercer lugar, el camión de bomberos nunca llegó cuándo se iniciaron los incendios. El cuartel se encuentra a una cuadra y media en línea recta de las oficinas.  Desde la Asamblea hemos denunciado que había personas que estaban infiltradas entre los vecinos y vecinas, que arengaban a la violencia y empezaron los incendios.  Esto no quiere decir para nada que no se haya tratado de una protesta social legítima frente a tanta violación y vulneración de nuestros derechos.

Todas estas regularidades existieron y llama mucho la atención que la fiscalía jamás investigó todos estos sucesos.  Jamás investigó porque la policía libera la zona, jamás investigo las denuncias por infiltrado, jamás investigo que papel jugaron los bomberos. Nosotros creemos que la causa fue Armada y que de alguna manera intentaron instigar a la violencia conociendo que el pueblo estaba enojado. De todas maneras, insisto, fue una reacción lógica ante la violencia estatal.

-¿Cómo ven el desarrollo del conflicto en los próximos días y meses? ¿Cuál es la batalla que están dando?

Nosotros no solamente estamos pidiendo la libertad de nuestras vecinas y vecinos sino que también nosotros y nosotras consideramos que el verdadero objetivo de la criminalización de la protesta es ocultar el foco verdadero del problema, lo que da origen a toda esta escalada de violencia, que es la autorización que realizó el Gobierno de la provincia para el inicio de actividades de exploración avanzada en el cerro, esto es la perforación del cerro y la construcción de nuevas huellas mineras.

Estas actividades son totalmente ilegales e inviables. En primer lugar, el yacimiento que está en cuestión, que genera tanta resistencia en la población, se ubica a sólo 17 kilómetros de nuestras casas, está en la cuenca alta del río Andalgalá, que abastece a todo el departamento, está enclavado además en una zona de glaciar y periglaciar. Esto no lo digo yo, lo dicen los organismos oficiales, lo dicen el Instituto de Geología y Recursos Minerales SegemAR y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pero además ha sido constatado por el Ministerio de Minería de la provincia y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que realizaron inspecciones a la zona y lo confirmaron en sus informes.

Es decir, todo esto que acabo de mencionar da cuenta de porqué Agua Rica es inviable y también porqué es ilegal. Al decir que está en un ambiente glaciar y periglaciar quiero contarte también que cuando la comisión del Ministerio de Minería inspecciona el lugar, además de reconocer que hay glaciares, recomienda que se investigue cuál es la extensión de la zona glaciar y periglaciar. Y es un estudio que, según ellos mismos dicen, llevaría más de dos o tres años. Sin embargo, el Ministerio autoriza la perforación de los pozos y uno de esos pozos autorizados está a sólo 700 metros de un glaciar. Entonces queda pensar que el Gobierno no solamente es cómplice de las empresas megamineras sino que es partícipe necesario del saqueo.

Dije que es ilegal también, porque está violando el Artículo 41 de la Constitución Nacional y demás tratados internacionales. Cae de maduro que está violando la Ley Nacional de Glaciares, además está violando la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosque Nativo. También hay dos medidas cautelares vigentes que están siendo violadas, que refieren a que en Andalgalá no puede haber ningún tipo de actividad megaminera hasta tanto no haya paz social. Los últimos acontecimientos, no sólo los recientes incendios, demuestran que aquí no hay paz social ni tampoco hay licencia social. No están dadas las condiciones sociales para la megaminería. Pero además se está violando la ordenanza 029 que fue aprobada de manera unánime en 2016 para proteger la cuenca alta del río Andalalá. Esta ordenanza, que prohibe la megaminería en todas sus formas en esa cuenca, fue sospechosamene declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca horas antes de la Nochebuena del año pasado. Pero esto fue apelado y actualmente está en litigio y, por lo tanto, está vigente porque no hay sentencia firme. Y nosotros vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias, incluídos tribunales internacionales.

Por lo tanto, la empresa está obligada a respetar las leyes y el Gobierno es responsable de que la empresa cumpla. Y hasta tanto no haya solución definitiva no puede mover una piedra. Es decir, las actividades que hoy están realizando en el cerro son ilegales, y las están realizando, las máquinas ya subieron, ellos están perforando el cerro. El Gobierno debería frenar ya esta actividad ecocida.

Por eso pedimos que la Justicia actúe, que se paralice esto hasta tanto estén todos los estudios, que se cumplan las leyes, pero el Gobierno apaña a la empresa y favorece sus intereses por sobre el bien común. Es tristísimo pensar que si algún día la Justicia se decide a actuar y a dictar una sentencia, que si lo hace acorde a derecho va a ser favorable al pueblo y no a la minera, puede ser demasiado tarde porque los daños que se produzcan ahora con esta etapa de exploración avanzada y peor aún con la etapa de explotación, que es la siguiente, sean irreversibles. Son irreversibles, no hay forma de remediar el daño ambiental. Por eso exigimos que se paralice ya.