El 28 de agosto fue presentado formalmente el demorado “impuesto” a las grandes fortunas llamado “Aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. A meses del inicio de su discusión y signado por la recesión agravada por el coronavirus, valoramos positivamente la posibilidad de su concreción y aunque observamos insuficiencias y limitaciones, consideramos que es un paso acertado.
En un año marcado por la pandemia de la CoViD-19 y las necesarias restricciones sanitarias, la situación económica argentina se ha deteriorado fuertemente, agudizando una crisis preexistente. Creemos necesario poner en el centro esta situación para enmarcar qué medidas son imprescindibles para que esta vez su peso no recaiga sobre los sectores populares. La pobreza, según estimaciones de la OIT (y en una proyección que podríamos calificar como optimista), aumentará del 35,6% al 40,2%, mientras que la pobreza infantil, según cifras de UNICEF, crecerá del 53% al 58,6%, mostrando una vez más cómo las crisis económicas afectan de manera desigual a las poblaciones más vulnerables. En términos de empleo, alrededor de 800.000 trabajadorxs se sumarán a lxs trabajadorxs desempleadxs, al tiempo que se han permitido bajas salariales nominales, aún en sectores sindicalizados, con aval del Ministerio de Trabajo.
En este panorama, un impuesto a las grandes fortunas permite generar nuevos recursos al Estado, que deben ser puestos al servicio de las necesidades de lxs más afectadxs por la crisis. Allí es donde observamos la primera limitación de la propuesta firmada por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner: su carácter extraordinario. La grave recesión que atravesamos, sumada a 4 años de ajuste macrista, hacen de sentido común que el propuesto impuesto no puede ser extraordinario, ya que muy probablemente convivamos con graves necesidades sociales por varios años. Por otro lado, que el gravamen sea realizado sobre la valuación fiscal y los bienes declarados implica que las grandes fortunas no serán tasadas a su valor real, lo cual afectará aún menos a quienes han construido su riqueza personal en base a la explotación laboral de lxs trabajadorxs, la timba financiera, herencias, etc. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que siempre lxs millonarixs han ejercido una gran capacidad de evasión sobre sus obligaciones impositivas, mientras que las mayorías siempre pagamos el 21% en nuestros consumos, al que van casi todos nuestros ingresos. Sostenemos la necesidad de transformar la estructura impositiva argentina, para que el grueso de la recaudación estatal recaiga sobre quienes más ganan y terminar con la “viveza” de la evasión de lxs ricxs.
Aunque diversos informes remarcan que el “aporte” tiene una gran mayoría ciudadana a su favor, vemos necesario pelear por su aprobación y radicalización. La demora en la presentación del proyecto revela las pujas políticas al interior del Frente de Todxs, seguramente similares a las que hicieron fracasar el proyecto de expropiación de Vicentin. Debemos generar organización y movilización que asegure su aprobación, frente a la abierta oposición de la derecha política y mediática, que ha recurrido a las calles en los últimos meses, en defensa de los intereses de los sectores dominantes como los que se propone gravar. La tibieza y los retrocesos políticos del presidente Alberto Fernandez frente a la derecha, propia y ajena, son signos que preocupan y alertan a quienes luchamos en pos de un futuro mejor para millones de habitantes de nuestro país. El discurso económico dominante en los medios de comunicación intentará presentar a las 12.000 personas alcanzadas por el proyecto de ley como pobres inversores violentados por un Estado de corte comunista que viene a frenar las inversiones. Para empezar, el gravamen se aplica sobre riquezas que ya fueron retiradas del circuito productivo, no sobre capitales activos. Una cuenta simple nos basta para desmentir esto: para llegar a pagar el “impuesto” se debe tener 300 millones de pesos, lo cual implica que para quien gana un salario mínimo ($16.875 a septiembre 2020) se necesitarán no gastar nada durante ¡1481 años! Por ende, nadie puede acumular tamaña fortuna tan sólo “trabajando duro”, sino que ésta es producto de la apropiación del trabajo ajeno.
Frente a esta fabulesca victimización de los sectores poderosos, debemos ser conscientes de que la riqueza es generada por millones de personas que todos los días trabajan y consumen el casi total de sus ingresos. Por ende, vemos necesario comprender que hacer pagar una parte del costo de la crisis a las clases dominantes es un importante paso adelante no sólo en lo económico sino también en la conciencia de millones, y debe ser ganado con la movilización popular y ratificado en el Congreso. La aprobación del impuesto a las grandes fortunas debe ser un punto de apoyo fundamental para que las grandes mayorías sean protagonistas de las disputas que se avecinan en nuestro país para que la crisis la paguen los que más tienen.
