Desde la destitución de Martín Vizcarra por parte del congreso, Perú ha vivido una serie de revueltas que resultaron en la renuncia del derechista Manuel Merino y un nuevo intento de recomposición insititucional por parte de un desprestigiado Congreso. Para poder adentrarnos mas en la realidad peruana, entrevistamos a Johnatan Fuentes y Daniel Siguas de la Corriente Amarú.
¿Cuál es la situación actual después de la destitución de Vizcarra y la asunción de Merino?
El gobierno de Manuel Merino fue un gobierno espurio, producto de las maniobras y acuerdos de distintos sectores de la derecha política, incluidos sectores conservadores y de ultraderecha. Su gobierno duró apenas 6 días, producto de la gran movilización popular que inició el 9 de noviembre, el mismo día de la vacancia, hasta el domingo 15, que Merino anunció su renuncia. La gente ha continuado movilizándose hasta hoy lunes 16.
Luego de la renuncia de Merino, las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la República se embarcaron en elegir un nuevo presidente del Congreso que, por la línea de sucesión, va a ser quien asuma la presidencia de la República hasta abril del año próximo, en que se llevarán a cabo las elecciones generales.
Finalmente, tras negociaciones y acuerdos entre distintas bancadas, hoy el Congreso ha elegido como presidente a Francisco Sagasti, del centro-derechista Partido Morado, quien cuenta con el apoyo de sectores liberales, de centro-izquierda e incluso algunos partidos comprometidos con la vacancia que han tenido que retroceder ante las protestas y la presión de la población.
Este acuerdo político se basa en el consenso de la clase empresarial, que quiere evitar un escalamiento de la indignación y la movilización popular, no solo porque un clima de inestabilidad afecta sus negocios, sino porque además amenaza el recambio neoliberal en las elecciones generales del 2021 e inclusive puede terminar abriendo caminos mucho más impugnadores y de ruptura con el régimen neoliberal.
¿Cuáles son los reclamos de las grandes movilizaciones callejeras de estos días y qué respuesta tuvieron?
Las protestas se iniciaron el 9 de noviembre contra la decisión de la mayoría del Congreso de vacar a Martín Vizcarra, no porque exista un apoyo a su gestión (que ha sido abiertamente antipopular durante la crisis sanitaria, económica y social por la COVID-19 y tiene ahora serios cuestionamientos de corrupción), sino porque representaba el retorno al gobierno de sectores que eran rechazados por la mayoría de la población. Ello quedó evidenciado con la conformación de su gabinete, donde había personajes vinculados a lo más rancio de la derecha peruana y a sectores ultraconservadores.
En ese sentido, la movilización popular, que alcanzó sus puntos más altos los días 12 y 14 de noviembre, con protestas en varios puntos del país y a diferentes momentos del día, demandaba de manera unánime la salida de Manuel Merino. Junto a ello, está el hartazgo y la indignación por ver cómo las élites políticas se disputaban el control del Estado, mientras las clases trabajadoras y populares sufrimos aún los embates de la crisis por la COVID-19, donde el gobierno de Vizcarra, con el apoyo de toda la derecha, liberales y conservadores, ha privilegiado los intereses empresariales por sobre la salud, el empleo y los ingresos de la población trabajadora.
Es por ello que, dentro de las movilizaciones, varios sectores manifestaban también un rechazo generalizado a la élite política, incluido Vizcarra. Aquí se ubica la consigna “Qué se vayan todos”. Inclusive, sectores más avanzados, levantan la consigna de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, en oposición a las “salidas” que ofrecen los partidos del régimen neoliberal, quienes plantean una defensa de las instituciones neoliberales y un cambio en las reglas de juego, pero manteniendo los pilares del modelo.
Las movilizaciones no han contado con una conducción ni una articulación a nivel nacional, pero vienen siendo masivas y cuentan con la participación de sectores de las clases populares y de sectores medios, más propensos a los valores democráticos. Lo masivo y también heterogéneo de las movilizaciones ha hecho que estas cuenten con la participación y el impulso no solo de las izquierdas, tanto de la izquierda anticapitalista como de las fuerzas institucionales, sino también del Partido Morado y sectores de la derecha liberal.
La respuesta del gobierno de Merino ante las protestas ha sido brutal, sobre todo los días 12 y 14 de noviembre, con decenas heridos, muchos de ellos de gravedad, y el asesinato de dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, de 24 y 22 años respectivamente, quienes fallecieron producto de armas de huego. Además, hasta el momento, se ha reportado la desaparición de siete personas, por lo que ya la Fiscalía de la Nación ha dispuesto el inició de las investigaciones y la búsqueda en las dependencias policiales por el temor a que hayan sido golpeados o torturados. Este nivel de violencia estatal no se veía desde hace años en Lima; generalmente, han sido los movimientos sociales de las regiones del país quienes, en respuesta a su nivel de movilización y combatividad, han sido duramente reprimidos por las fuerzas estatales, silenciados e invisibilizados por los grandes medios de comunicación.
¿Qué perspectivas de transición serían deseables hacia las elecciones de abril 2021?
Mañana martes 17, Francisco Sagasti debe estar asumiendo la presidencia de la República y formando un gobierno que muchos llaman de “transición”. Se espera que su gobierno, además de garantizar el normal desarrollo de las elecciones de abril 2021, atienda temas urgentes como la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y la lucha contra la corrupción.
Los sectores de derecha y la clase empresarial esperan que haya estabilidad tanto política como económica para un recambio de gobierno que garantice la continuidad y viabilidad del régimen neoliberal. El gobierno de Sagasti inicia con un claro compromiso con esa continuidad, si hablamos de “transición”, se espera una “transición neoliberal”, que cierre un ciclo de inestabilidad y crisis políticas que terminan afectando el proceso de acumulación capitalista bajo hegemonía neoliberal.
En ese contexto, apostamos por mantener la movilización y la lucha en las calles, organizándonos desde nuestros barrios, sindicatos y comunidades, para exigir medidas urgentes a favor de la salud pública, el trabajo y la economía popular. Es necesario luchar por acceso universal a la salud, con medicamentos y vacunas de calidad, un bono o ingreso universal frente a la crisis, la imposición de un impuesto a las grandes fortunas, la prohibición de los despidos y cortes de contrato, apoyo al agro y atención prioritaria a los pueblos originarios, a las mujeres y LGBTIQ víctimas de violencia, a las personas con discapacidad y adultxs mayores en situación de necesidad. Son cosas que no pueden esperar a abril 2021, que se elija un nuevo gobierno. Junto a ello, creemos que las tareas políticas y organizativas de las izquierdas, incluida una eventual participación o apoyo electoral, deben orientarse a construir, desde nuestros territorios, trabajos y barrios, una fuerza social que plantee la necesidad de abrir un proceso constituyente, amplio, participativo, protagonizado por las organizaciones populares y movimientos sociales, que se proponga avanzar hacia una Asamblea Popular Constituyente para una nueva Constitución, en reemplazo a la Constitución aprobada por la dictadura cívico-militar de Alberto Fujimori y mantenida intacta por los sucesivos gobiernos en democracia.