Este lunes 8 de noviembre el juez Javier Ríos, titular del Tribunal Oral en lo Criminal del Fuero Federal N° 3 condenó al militante del Partido Obrero (PO) César Arakaki a tres años y cuatro meses de prisión y al del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) Daniel Ruiz a 3 años, en ambos casos penas de cumplimiento efectivo, por su participación en las jornadas de movilización y lucha popular contra la reforma previsional de diciembre de 2017 (una ley impulsada por Cambiemos pero votada con el apoyo de varios legisladores peronistas).
Estas condenas criminalizan aún más la lucha social y la defensa de nuestros derechos como trabajadorxs, ya que las jubilaciones son una conquista básica para garantizarnos los medios de vida y el acceso a la cobertura de salud después de una vida de trabajo. La sentencia también se dicta en un marco de ajuste económico, tal como lo reconocieron importantes referentes del Frente de Todos, con la derecha nacional y los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI) presionando por ataques contra el nivel de vida aún mayores, proponiendo flexibilización laboral y eliminación de las indemnizaciones por despido, entre otros clásicos. Esta ofensiva se produce en un escenario de fuerte crisis social tras más de un año y medio de epidemia de coronavirus, donde ha aumentado de la pobreza y la desocupación a niveles comparables con los del 2001.
Las condenas a los compañeros del PO y el PSTU ratifican un rumbo cada vez mas a la derecha de un Gobierno del que, si bien nadie creía que fuera a avanzar con cambios sustantivos, al menos se esperaba el cumplimiento de las promesas de campaña electoral acerca de la recuperación de las condiciones de vida tras la devastación macrista.
La crítica a la política de mano dura del macrismo, encarnada en la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue otro de los ejes de campaña del oficialismo, pero también en este punto las promeses de campaña fueron defraudadas. No sólo no buscaron la libertad de propios dirigentes populares detenidos, como Milagro Sala, sino que aún no sabemos dónde se encuentra Tehuel o quienes fueron los asesinos de Facundo Castro. El cambio de Sabina Frederic por el históricamente cuestionado Aníbal Fernández refuerza el clima represivo.
Se sabe que el ajuste sólo cierra con represión y la presencia de uno de los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros Maxi Kosteki y Darío Santilán al frente de la cartera de Seguridad hace pensar en que desde el oficialismo no confían plenamente en el control callejero que pueden garantizar el sindicalismo absolutamente alineado y los movimientos sociales cercanos al Gobierno. A 24 horas de su asunción, Fernández ya debutó con una represión sobre ferroviarios tercerizados que intentaron cortar las vías en Avellaneda y hace pocas horas confirmó la intención oficial de extraditar a Colombia al militante y comunicador popular Facundo Molares Schoenfeld, quien fuera detenido y torturado por el gobierno boliviano de facto de Jeanine Áñez.
Esta seguidilla de hechos implica un fuerte retroceso incluso respecto de lo que era una de las premisas discursivas de los gobiernos kirchneristas (varias veces incumplida): no reprimir a las luchas y la movilización popular. Por eso hoy exigimos la inmediata libertad de los compañeros Arakaki y Ruiz y el fin de la política de criminalización de lxs que luchan.