En un nuevo aniversario de la aparición del cuerpo de Santiago seguimos reclamando juicio y castigo a lxs responsables políticos y materiales de su desaparición y muerte, así como a los de la de Rafael Nahuel. Asimismo, es urgente la restauración de las tierras ancestrales de las comunidades mapuches y la expropiación de lxs terratenientes especuladores.
Este 17 de octubre se cumplieron 4 años del hallazgo sel cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, después de más de 70 días de búsqueda posteriores a la brutal represión de Gendarmería contra miembros de la comunidad mapuche del Lof Cushamen y activistas que los acompañaban.
Desde el gobierno de Cambiemos se inventaron las operaciones más descabelladas para encubrir las responsabilidades de las fuerzas de seguridad, desde afirmar que Santiago estaba en Chile (como dijo la ex diputada Elisa Carrió) hasta el planteo del subjefe departamental de la policía de Gualeguaychú Cristian Hormachea que sostuvo que en su ciudad “hay un barrio donde todos se parecen a Maldonado”, pasando por actuación del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich que desplegó un operativo de encubrimiento mediático-judicial para los responsables materiales del hecho, en una investigación marcada por infinitas irregularidades y parcialismos, que dejó pasar cosas tan graves como la falsificación de libros y la adulteración de posible evidencia.
Al mismo tiempo que se ensuciaba discursivamente la imagen de Santiago y de la comunidad mapuche con la invención del inexistente grupo guerrillero indígena RAM (usando como prueba de su actividad subversiva la incautación de herramientas como serruchos y martillos), se desató una caza de brujas contra lxs activistas originarios. Esta criminalización derivaría en más asesinatos a manos de las fuerzas represivas, principalmente el del joven mapuche Rafael Nahuel, otra brutal evidencia del gatillo fácil de las fuerzas de seguridad que el macrismo busco justificar y encubrir.
Es necesario recordar que el origen del conflicto con la comunidad mapuche fue la defensa estatal de los intereses de un puñado de estancieros locales y extranjeros, encabezados por el grupo Benetton o el empresario amigo de Macri Joe Lewis, que se apropiaron ilegalmente de tierras públicas en algunos territorios tan preciosos como el Lago Escondido, con la complicidad de las autoridades que nunca intentaron defender los bienes públicos.
La desaparición de Santiago también fue parte de la campaña electoral de 2017, como recordó su hermano Sergio recientemente en Twitter. Unidad Ciudadana, fuerza constituida por el kirchnerismo, filmó una película “documental” que no sólo no contaba con permiso de la familia, siendo esto una total falta de respeto, sino que además se estrenó en forma cerrada para la militancia y con figuras electorales del frente hablando antes y después de la proyección, en una especie de acto de campaña.
Tras la vuelta del peronismo al Gobierno nacional, poco se ha hecho por el avance de la causa, que permanece cajoneada. Ni siquiera se apartó de la fuerza a los gendarmes investigados y no hubo consecuencias para los responsables políticos. Poco avances pueden esperarse hacia adelante, con la designación de Aníbal Fernandez en Seguridad, uno de los responsables políticos del plan represivo contra los movimientos sociales que terminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho que después justifico públicamente como “enfrentamiento entre piqueterxs”. Unos años después, en 2006, el actual ministro actuó como operador mediático durante la desaparición de Julio López, de quién dijo que estaba en casa de una tía. Posteriormente, en 2011, como responsable de la PFA, dejó una zona liberada que las patotas de Pedraza y el sindicato de ferroviarios usaron para reprimir a trabajadorxs precarizadxs y asesinar a Mariano Ferreyra.
Esto no es una casualidad, sino una muestra de lo poco que le importa al actual Gobierno esclarecer la muerte de Santiago y brindar justicia a la familia Maldonado, una intención que queda en evidencia al nombrar como responsable del área de Seguridad a alguien caracterizado por la consecuente justificación de diversos hechos represivos, en quien no se pueden depositar esperanzas de esclarecimiento.