Abajo la intervención del lobby clerical en el Renatep
En el día de ayer, lxs trabajadorxs sexuales y quienes apoyamos su lucha, tuvimos un destello de alegría, a partir de un breve anuncio que implicaba un avance en un reclamo de décadas. Lxs trabajadorxs sexuales serian reconocidxs legalemente como laburantes, en el marco de la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Este Registro es un instituto dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que se utilizará como plataforma para la inscripción de aquellxs trabajadorxs “informales”, mayores de 18 años. Más allá de una caracterización profunda sobre los alcances y límites del Registro, la inscripción en el mismo implicaba la posibilidad de acceder a programas de trabajo, de seguridad social, capacitación, entre otros.
Sin embargo, a las pocas horas del anuncio, se suspendió la posibilidad de inscripción para todxs lxs solicitantes. Esto tuvo que ver con el pedido expreso de Gustavo Vera, Director Ejecutivo de lucha contra la trata y la explotación de personas, quien solicitó que se prohíba la inscripción de lxs trabajadorxs sexuales en este Registro. La respuesta del Ministro Daniel Arroyo fue inmediata, y le dio lugar al reclamo del también titular de La Alameda. De los vínculos de Vera con el Vaticano y su derrotero político, ya habrá tiempo de hablar. Lo realmente escandaloso en este caso, es cómo cedió el Poder Ejecutivo ante el lobby abolicionista, un sector totalmente incapaz de diferenciar el ejercicio del trabajo sexual de la trata de personas.
De esta manera, se sigue excluyendo y relegando a la clandestinidad a miles de trabajadorxs. En un momento de crisis aguda como el que comenzamos a atravesar, cualquier mirada política de sentido popular, tiene que ir de la mano de la garantía de mayores derechos y resguardos para la población. En momentos donde muchas personas se encuentran impedidxs de garantizar el ingreso mínimo, la criminalización e imposibilidad del reconocimiento a su trabajo diario, no puede ser una excusa para perpetuar a la clandestinidad y riesgos sanitarios a miles de personas que luchan por el reconocimiento de los derechos mínimos que nos aunan a todxs lxs trabajadorxs. Los debates académicos y morales sobre esta actividad, no pueden significar jamás la desprotección de una enorme cantidad de personas ni el desoimiento de las voces protagonistas de esta lucha
La pelea por el reconocimiento social y laboral de lxs trabajadorxs sexuales, no impedirá que también gritemos, nos organicemos y luchemos contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Porque si hay algo que sabemos las feministas, es que la clandestinidad y la desregulación no impiden nada, solamente perpetúan los círculos de poder que se benefician de este tipo de prácticas. Invisibilizar una realidad no hace que la actividad desaparezca, la lucha colectiva y los derechos conquistados son y serán condición de posibilidad de pensar en qué mundo se llevan adelante.
Desde Democracia Socialista nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos y militancia para conquistar todos los derechos sociales para quienes reconocen lxs trabajadorxs sexuales.
