Después de que un comité de planificación del Ministerio de Defensa israelí aprobara planes para construir casi 5 mil nuevas viviendas en territorio palestino, donde ya viven cerca de 450 mil “colonos” israelíes, el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en territorio palestino Michael Lynk denunció en un informe especial que mientras “los asentamientos israelíes continúan devorando la tierra destinada al Estado palestino independiente, la comunidad internacional observa pero no actúa”. Y añadió: “Es hora de rendir cuentas”.
Hace décadas que es hora que el sionista Estado de Israel rinda cuentas por su indiferencia hacia las resoluciones internacionales, sus permanentes violaciones de los derechos humanos sobre hombres, mujeres y niñxs palestinxs y el constante intento de avanzar con su política fascista de limpieza étnica contra una población íntegra, lo que se enmarca claramente en la figura de genocidio.
“El último anuncio significa que el gobierno israelí, en lo que va del año, ha aprobado más de 12.150 asentamientos”, sostuvo Lynk. Esa cifra representa el mayor número de aprobaciones anuales de Israel desde que se comenzaron a llevar registros en 2012. “Si bien Israel puede haber archivado sus planes para la anexión de los asentamientos en agosto, continúa con su ocupación de facto del territorio palestino a través de este implacable crecimiento de los asentamientos”, añadió Lynk.
Este avance impune de Israel sobre territorio palestino, en violación a todos los acuerdos internacionales, no puede entenderse sin tener en cuenta a su principal aliado: los Estados Unidos. Especialmente después de la asunción de Donald Trump, EEUU multiplicó las señales de apoyo a su principal operador en la región, garantizándole un apoyo incondicional para sus políticas más criminales de ofensiva contra Palestina. Una de las señales más claras en este sentido fue la decisión estadounidense de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalen, en mayo de 2018, convalidando así la pretensión del gobierno de Benjamin Netanyahu de sostener a la ciudad como exclusivamente israelí, cuando según el status internacional la parte Este de la ciudad está ocupada ilegalmente por Israel desde 1967.
El apoyo a la ocupación ilegal de Jerusalem también se expresa en decisiones diplomáticas como la anunciada en los últimos días por el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de aceptar que los ciudadanos judíos nacidos en Jerusalén este puedan registrar Israel como país de nacimiento en sus pasaportes, a pesar de que legalmente se trata de un territorio palestino ocupado: Al-Quds.
Pero el apoyo a los asentamientos ilegales por parte de EEUU no es sólo político sino también financiero, ya que Trump también decidió modificar acuerdos científicos bilaterales entre ambos países para sostener económicamente este tipo de proyectos, en abierta violación a las resoluciones de la ONU que establecen que todos los estados miembros deben reconocer la ilegalidad de los asentamientos, limitando sus acuerdos internacionales a proyectos dentro de las fronteras de 1967.
El avance de los asentamientos ilegales en territorio palestino constituye una violación tanto de Carta de las Naciones Unidas y como del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero esto para Israel es irrelevante, ya que desde 1979 acumula por lo menos seis declaraciones del Consejo de Seguridad respecto de la “violación flagrante del derecho internacional” que constituyen esos asentamientos, que además, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), “no tienen validez legal”. La Resolución 2334 del organismo exigió en 2016 que Israel “cese de manera inmediata y completa todas las actividades de asentamiento”. Pero la indignación por las violaciones a las leyes internacionales sólo se aplica para los países que no son aliados de los Estados Unidos.
En este sentido, el relator de la ONU llamó a boicotear a los productos elaborados en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos y pidió una resolución al respecto de la Corte Penal Internacional (CPI): “Los productos hechos en los asentamientos deberían prohibirse en el mercado mundial y todos los contratos y acuerdos existentes con Israel deberían revisarse”.
La brutal ofensiva contra el pueblo palestino se complementa con una aceleración en el ritmo de las demoliciones de casas y propiedades palestinas en territorio israelí (que luego nunca obtienen permisos legales para la reconstrucción, lo que apunta a multiplicar el éxodo de lxs habitantes palestinxs). Según Lynk, las demoliciones no solo violan el derecho internacional humanitario, sino que también “contribuyen a la atmósfera coercitiva en el territorio palestino ocupado”. En febrero la ACNUDH publicó un listado con las 112 empresas (94 israelíes, pero también estadounidenses como Airbnb, Expedia, Tripadvisor o Motorola, de los Países Bajos como Booking o francesas como Alstom) establecidas ilegalmente en los territorios (incluyendo nombres como los de Airbnb).
En ese marco, los crímenes del Estado de Israel contra hombres, mujeres y niñxs palestinxs siguen multiplicándose con dolorosa normalidad, desde los cientos de menores detenidxs, torguradxs y encarceladxs como adultxs hasta los constantes disparos y asesinatos injustificados e impunes de los soldados sionistas. Este mismo viernes tres adolescentes palestinxs de 15 y 16 años fueron ametrallados por las fuerzas de seguridad israelíes en los alrededores de la ciudad cisjordana de Jenin, en un episodio más de los cientos de disparos contra ciudadanxs que múltiples organismos internacionales de derechos humanos han definido como una política masiva de “ejecuciones extrajudiciales”.
Por un compromiso internacional para que finalmente Israel cumpla con las leyes internacionales.
Apoyo a la iniciativa internacional Boicot, Desinversiones, Sanciones.
Nuestra más plena solidaridad con la lucha histórica y la heroica resistencia del pueblo palestino contra la criminal ofensiva sionista.