Una oportunidad para la soberanía alimentaria y cambiaria
La confirmación por parte del Presidente Alberto Fernández sobre la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir por dos meses al Grupo Vicentin y el anticipo del envío al Parlamento de un proyecto de ley para su posterior expropiación sorprendieron, en principio, de manera positiva. Estas medidas se presentan como potencialmente útiles para enfrentar la crisis económica de nuestro país, signada por el peso de la deuda externa y potenciada por la epidemia de coronavirus y la necesaria cuarentena preventiva.
Uno de los efectos positivos inmediatos de esta decisión pasa por la garantía laboral comprometida por el presidente en conferencia de prensa para lxs más de 5.000 trabajadorxs del Grupo Vicentin, actualmente en riesgo por el concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa.
La evaluación del impacto a mediano y largo plazo, en cambio, depende de cuestiones más complejas. En primer lugar, todavía no contamos con el dato clave respecto de qué porcentaje de la empresa pasará a manos del Estado, lo que determinará en gran medida la capacidad de injerencia estatal en el accionar de la empresa.
Vicentin, según el borrador del DNU, concentra el 9% de las exportaciones agroalimentarias del país y es una de las 10 empresas más importantes de un rubro que presenta un alto grado de concentración. Además de este peso clave en la producción, la razón principal argumentada para decidir la futura expropiación pasa por la deuda multimillonaria que mantiene la empresa con el Banco Nación, aprobada durante la gestión del radical Javier González Fraga al frente de la entidad, durante el gobierno de Mauricio Macri. Este dato no es menor si consideramos que el Grupo Vicentin fue uno de los principales contribuyentes a la campaña electoral de Cambiemos en 2019. Entre las PASO y las elecciones generales, aportó más de 16 millones de pesos para el intento de reelección del gobierno que le había prestado miles de millones a través de mecanismos más que cuestionables. Por esto, resulta indispensable que el proceso de intervención apunte a clarificar los mecanismos de obtención y el destino de estos préstamos del Banco Nación, para determinar las responsabilidades que correspondan, en paralelo al avance de la causa judicial ya en curso, por la que se encuentra imputado González Fraga.
En este marco, el contenido del proyecto de ley de expropiación (aún no publicado) será decisivo para comprender cabalmente el alcance de la medida. Para que este mecanismo implique un avance efectivo en el camino de garantizar la soberanía alimentaria y el necesario ingreso de divisas al país se debe priorizar la regulación del sector agroalimentario. Esto se puede realizar por medio de una intervención estatal general, apoyada en el peso de esta empresa en un sector como el cerealero, que hoy se encuentra concentrado en pocas empresas y con alta presencia de capitales extranjeros.
En ese sentido, que Fernández anticipara que el grupo empresario sería controlado por YPF Agro no parece una buena señal. Aunque se invocó al pasado de YPF como modelo de gestión, lo cierto es que YPF Agro es una empresa mixta que provee de insumos a productoras agropecuarias pero que potenciada por Vicentin podría jugar un rol determinante en el sector. Sin embargo, su carácter mixto deja abierto al beneficio empresarial el destino de un grupo económico estratégico, ya que por esta constitución está obligada a dar beneficios a sus accionistas. Peor aún, el recién designado interventor de Vicentin, Roberto Delgado, ya dijo que Vicentin podía convertirse en la “Vaca Viva” de YPF, en referencia al megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que constituye un desastre ambiental y laboral de dudoso rendimiento frente a los actuales vaivenes del precio internacional del crudo. El extractivismo y la fuerte presencia de agrotóxicos en la producción agropecuaria constituyen realidades que afectan a miles de trabajadores y pueblos fumigados. En nombre de la crisis no se debe avalar desde el Estado una gestión con el mismo modelo de negocios que del gran capital extractivista, hipotecando el valor de la tierra y la salud de miles de personas en vistas de la obtención de una renta rápida. Por otra parte, el acuerdo secreto de YPF con Chevrón tampoco constituye un buen antecedente, ni en términos de gestión ni como modelo productivo.
La expropiación de Vicentin debe ser un puntapié para el inicio de un proceso de transformación productiva, así como un disciplinamiento para los grandes capitalistas que especulan con los precios internacionales y retienen la producción cerealera en busca de mejores precios. Para que el Estado no se convierta en un actor más dentro de un mercado oligopólico, la nueva empresa pública deberá marcar las pautas de producción y comercialización con estricto apego a los derechos laborales y ambientales, mientras que también se constituye en ejemplo de inversión de sus rendimientos en la satisfacción de las necesidades básicas de quienes hoy sufren el peso de la crisis económica.
La expropiación anunciada este lunes venía siendo reclamada por numerosas organizaciones campesinas y movimientos sociales desde enero de este año, apenas estallado el escándalo por el “estrés” financiero de la empresa por el que se declaraba en default respecto de algunas millonarias deudas con la banca extranjera. Ya entonces las organizaciones firmantes (que incluían al Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, el MTE-Rural, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras) habían incluso ofrecido “acompañamiento de las organizaciones de productores/ras de la agricultura familiar, campesina e indígena” para convertir a Vicentin en una empresa al “servicio de las mesas de todos y todas”.
Consideramos que este rol de las organizaciones populares también será central para garantizar una gestión beneficiosa para las grandes mayorías. En el mismo sentido, si realmente se pretende alcanzar la soberanía alimentaria, esta medida debería enmarcarse en un plan integral que incluya medidas en torno al problema de concentración de la tierra y un cuestionamiento a la lógica de los modelos productivos extractivistas.
Por este motivo, es necesario mantenernos atentxs y activxs durante el largo proceso de intervención y posterior estatización del grupo empresario para garantizar que todas las potencialidades de una medida de este tipo se hagan efectivas. Más allá de los grandes titulares, los “detalles” de este proceso serán los que revelen qué modelo de desarrollo nacional apuesta a construir el Gobierno para la post pandemia.
