La crisis desatada por la pandemia de coronavirus pegó con especial dureza en los sectores más postergados de las clases populares y lxs trabajadorxs precarizadxs. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos meses, en Argentina y en el mundo, es que la amenaza del Covid-19 -aun cuando el virus no discrimine entre sus portadores- no afecta a todxs en la misma medida sino que su peligrosidad modulada inter-seccionalmente. A la vulnerabilidad a la que quedan expuestxs lxs adultxs mayores y quienes presentan patologías de morbilidad previas se suma la que deriva de las condiciones materiales de subsistencia y de la feminización y el no reconocimiento del trabajo reproductivo y/o de cuidados.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) instaurado por el Gobierno nacional el pasado 20 de marzo, que tuvo una indiscutible efectividad sanitaria en lo que hace a “aplanar la curva” y “ganar tiempo” para que no colapse el sistema nacional de salud, también tuvo como limitación estructural el ser una medida pensada para barrios consolidados de los sectores medios y altos de la población. Pero los asentamientos informales en barrios populares están sujetos a condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos que no son compatibles con el “distanciamiento social” y la cuarentena como únicas estrategias de prevención del contagio. La realidad específica latinoamericana, con sus bolsones de pobreza y ña precariedad de la vida en villas y favelas obstaculiza la aplicación sin mediaciones de este tipo de medidas restrictivas, que se probaron como eficaces en otras partes del mundo.
En las últimas dos o tres semanas se aceleraron los contagios en villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad de Buenos Aires, al 25 de mayo ya se alcanzaron los 2500 casos positivos confirmados en villas (más del 43% de los casos totales de infección), siendo la 31 y la 1-11-14, las más afectadas. Más allá de los anuncios sobre operativos de detección temprana, en Provincia de Buenos Aires no hay datos claros sobre la cantidad de contagios en estos hábitats vulnerables y en los últimos días nos hemos enterado de un brote importante en Villa Azul en Quilmes. La respuesta inmediata ha sido la militarización del barrio, cuando las denuncias de quienes allí viven eran por agua potable y elementos básicos de higiene. No se borra con policía donde hizo falta jabón, agua y alimentos. Aunque en territorio bonaerense la fisonomía de los asentamientos no es idéntica a la de la Ciudad, está claro que comparten condiciones de vida similares, que hacen que los riesgos sean igualmente elevados. En este sentido, queda en evidencia la falta de una agenda del Estado (a nivel nacional, bonaerense y porteño) que otorgue efectiva relevancia a las necesidades y derechos de estos sectores más postergados de las clases populares. La famosa urbanización de las villas, celebrada como un hito sin precedentes por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no guarda relación alguna con la realidad efectiva en estos barrios. Una serie de medidas orientadas al sector, como el IFE y el incremento de las partidas alimentarias, que sin dudas cumplen un importante rol paliativo, muestran un marcado desacople entre lo discursivo y la ejecución real de políticas concretas que logren llegar a todxs lxs que las necesitan. Ante la visible improvisación, la desidia burocrática, y la falta de respuestas concretas de los organismos estatales; lxs habitantes de las villas, las organizaciones territoriales y lxs trabajadores de la salud han sido capaces de articular redes comunitarias de contención que intentan cumplir el rol de asistencia y prevención allí donde el Estado no llega.
Sin este rol activo de los movimientos sociales (y algunos grupos religiosos), el impacto de la pandemia en los barrios populares sería incluso más profundo y extendido de lo que pudimos apreciar en estas últimas semanas. Fueron los movimientos sociales los que propusieron adaptar el aislamiento social preventivo a la lógica y la geografía propia de los barrios populares, cumpliendo el rol de amplificadores de esas políticas públicas que el Estado no llega a garantizar efectivamente (en lo que hace a la distribución y entrega de elementos sanitarios, el sustento de ollas y merenderos populares cada vez más demandadas y un sostenimiento de redes de cuidados colectivos). En el mismo sentido, la presión de estas organizaciones fue clave para la implementación de los testeos amplios en las villas de CABA a partir de la segunda semana de mayo.
Sabemos que estas respuestas -aún tardías, parciales e insuficientes- no se hubiera concretado sin una presión popular desde abajo. El fin de semana del 16 y 17 de mayo nos enteramos de la muerte de Victor Giracoy y Ramona Medina y el 25 de mayo de la de Agustín Navarro. Desde Democracia Socialista queremos hacer llegar todo nuestro amor y solidaridad a sus compañerxs de militancia y familia en este doloroso momento. Frente a la conmoción que estas dolorosas pérdidas implican para el campo popular, nos sumamos al pedido de justicia y a la denuncia de las responsabilidades que tienen tanto el gobierno de la Ciudad como el nacional en lo que hace a la desidia con la que se han comportado respecto de los barrios más vulnerables.
En este contexto, se percibe una creciente legitimidad de los movimientos de estos barrios, conquistando otra visibilidad y valoración ante distintos sectores de la opinión pública y construyendo un contrapeso a la estigmatización de larga data que pesa sobre ellos (algo que se nota incluso detalles tales como el aumento exponencial en la cantidad de donaciones destinadas a esos sectores). Sin embargo, a los movimientos sociales les sigue costando mucho que el Estado responda en tiempo y forma a las demandas ante casos sospechosos de contagio, una situación que es aún peor para las personas no organizadas.
Actualmente, se está dando la pelea por las condiciones en que se implementa el operativo DEteCTAr, particularmente en lo que hace a la falta de lugares de aislamiento para las personas infectadas; a la desinformación, la incertidumbre sobre los tiempos de espera y los innecesariamente complicados circuitos implicados; a la falta de claridad y contradicción entre los protocolos de intervención de las distintas instancias; al maltrato, la desidia y las malas condiciones a las que someten a las personas; a la insuficiente infraestructura para enfrentar la crisis y las altas otorgadas absurdamente antes de tiempo, que permiten la multiplicación de los contagios, entre muchas otras cuestiones.
En lo que respecta a los casos de violencia de género y los femicidios, no sólo persisten sino que el confinamiento y la obligación de compartir vivienda con el potencial agresor supuso un recrudecimiento de los mismos que también pone en evidencia la desidia de las políticas estatales sobre el tema.
Muchos movimientos están abocados a paliar la emergencia, lo que complica la posibilidad de avanzar en las discusiones de fondo. Pero en la medida en que la comida y algunos recursos sanitarios vayan llegando a los barrios puede comenzar a abrirse un debate sobre el empeoramiento de las condiciones de vida generales debida a la dificultad del sector informal para mantener sus ingresos en época de pandemia, cuarentena y crisis económica. Es indiscutible que hay una nueva oleada de desocupación en el marco de una situación compleja que va para largo, por lo que resulta estratégico pelear por la prioridad del sector. ¿Cómo lograr que se destinen más recursos económicos para paliar esta necesidades? A nivel nacional está el Fondo de Emergencia y en la Ciudad se está peleando en esa misma dirección. Pero frente la cuestión central de quién va a pagar la crisis, es central profundizar la batalla por el presupuesto y la puja por la distribución de recursos estatales a los barrios.
En este sentido es razonable conjeturar que este sector pueda adquirir aún mayor relevancia en futuros escenarios, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los sectores que gravitan en torno a ella uno de los factores clave de las disputas actuales y por venir. Ahí podemos ver una dialéctica abierta entre la resistencia y la ofensiva, entre la necesidad de hacer frente a las urgencias de la supervivencia y la necesidad de plantear una agenda más radical que apueste a ir por más en la perspectiva de reformas no reformistas que afecten directamente la redistribución de la riqueza y reorganicen las prioridades político-económicas en tiempos de crisis.
En ese sentido, reclamar la aprobación y aplicación efectiva del impuesto a las grandes fortunas es una alternativa para que dejen de tener coronita los mismos de siempre y para que las vidas en los barrios populares sean dignas de ser vividas. En este escenario, también se impone una revalorización de las tareas de cuidados, de las labores reproductivas y del trabajo doméstico en un sentido amplio -desde el cuidado de niñxs y ancianxs, hasta la elaboración de la comida, las tareas de limpieza y el sostenimiento de las redes afectivas- a la hora de considerar qué es un trabajo esencial. En momentos de crisis, el antagonismo entre el sostenimiento de la vida y la acumulación del capital se agudiza y el trabajo reproductivo gana centralidad en la medida que el cuidado debe garantizarse a través del distanciamiento físico pero no social. Sin solidaridad y sin redes no hay forma de enfrentar la crisis sanitaria y económica.
